En un gesto destinado a solidificar el apoyo a los pliegos judiciales enviados por el Gobierno, un plenario de comisiones le dio dictamen favorable a dos proyectos para agilizar el servicio de justicia al ampliar y modificar la estructura de las cámaras federales de apelaciones de Mar del Plata y de San Miguel de Tucumán.

Bajo la atenta mirada de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), los proyectos fueron discutidos esta tarde en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Gonzalo Guzmán (Salta) y Agustín Monteverde (Capital), respectivamente.

Con la firma de sus dictámenes, los proyectos quedarán en condiciones de ser discutidos en la próxima sesión del Senado, junto con unos 60 pliegos de nombramientos judiciales que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Uno de los proyectos fue presentado por Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires) y propone la creación de una nueva sala para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La iniciativa implicará duplicar la cantidad actual de magistrados, tres, que tiene el tribunal.

El otro dictamen modificará la actual estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que se mantiene con cinco miembros, pero se propone su división en dos salas de dos integrantes con un presidente que participaría en los expedientes en caso de empate o de subrogancias. El despacho terminó resumiendo dos proyectos presentados por las senadoras peronistas Beatriz Avila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

“Mar del plata necesita una nueva sala. No sólo se necesita una justicia justa, sino también una justicia rápida, que es lo que pide la sociedad”, afirmó Abad para defender su iniciativa.

Antes había expuesto ante el plenario el juez Alejandro Tazza, presidente de la Cámara de Mar del Plata, quien también había abogado por la ampliación del tribunal al afirmar que “una sala mas beneficaría a todos”.

Al respecto, Tazza explicó que “el 50% de ingresos anuales de expedientes son de carácter previsional y de salud”, razón por la cual destacó “la importancia de resolver a tiempo una cuestión de ese calibre”.

A su turno, el peronista Carlos Espínola (Impulso País-Corrientes) pidió que las comisiones emitan dictamen sin tener que esperar a otra reunión.

Fue cuando intervino Bullrich y alejó cualquier fantasma de una eventual demora en el tratamiento de los proyectos.

“Conocemos bien el distrito, es un distrito en el que desde el 92 hasta ahora la situación cambió mucho, una zona que tiene puertos, típicos lugares de delitos federales, complejos, que tiene una población que crece de manera importante, que ya no es más una ciudad sólo de veraneo, con una complejidad importante en cuanto al tipo de delitos existentes”, sostuvo la senador oficialista para apoyar el proyecto de Abad.

También le dio su respaldo al proyecto de modificación de la estructura de la Cámara Federal tucumana. “Creemos que también Tucumán y las provincias que atiende la cámara puedan contar con la agilidad que tiene que tener la justicia”, aseguró Bullrich, antes de destacar que la provincia norteña “ha avanzado muchísimo en su situación de seguridad”.

Antes, había hablado Patricia Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, quien explicó las diferencias entre los dos proyectos presentados y aseguró que ambas iniciativas “receptaban la necesidad de crear una sala más”.

Al final, el dictamen será un híbrido entre las dos iniciativas. Por lo pronto, dividirá a os actuales cinco miembros en dos salas de dos miembros con un quinto miembro como presidente e interviniendo en casos de disidencia o de ausencia de algún magistrado.

También se le agregará la posibilidad de ampliar el tribunal con un sexto integrante, con lo que quedaría conformada con dos salas de tres jueces, en un futuro cuando el Poder Ejecutivo decida inyectar el presupuesto necesario para sumar un nuevo magistrado.

CÓRDOBA.- El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene una serie de deudas con prestadores que generan tensión en el sistema de atención a sus afiliados. Este martes, después de que la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) planteara la suspensión por tiempo indeterminado de la atención, desde la obra social indicaron que se emitieron las órdenes de pago.

Los reclamos son desde distintos sectores, incluidas administraciones provinciales y municipales. Fuentes del sector de los prestadores sostienen que algunos cobraron una parte de la deuda, pero no toda. Hace un mes desde el Gobierno aseguraron que en mayo estaría solucionada la situación.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que el de las prestaciones del PAMI se contrajo 41,3%. Esa sería la magnitud del recorte en la obra social de los jubilados.

El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explicó a el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el PAMI equivale a 1% del PBI.

Este año por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales y la distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores; 38% para medicamentos; 5% insumos médicos; 2% discapacidad; 4% geriatría; 1% asistencia social; 3% prestadores propios y 7% para administración.

“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado -agrega Colina-. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional. Para tener una idea, estimamos que por esa misma razón en 20 años el pago de jubilaciones equivaldrá a 1% del Producto. Es decir, serán un PAMI”.

Precisa que, en el mundo, los países con obras sociales -como Alemania u Holanda- el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, se desentienden”, define.

Como el 28% de la recaudación del impuesto PAIS iba a la obra social, su desaparición el 23 de diciembre de 2024 (tras cinco años de vigencia) golpeó directamente el financiamiento. En ese contexto, es el Tesoro Nacional el que debe girar ese dinero.