POLITICA
Con Adorni desgastado, suben las acciones de Bullrich en la Capital
El giro fue más rápido de lo que se esperaba. Habida cuenta de que Manuel Adorni acusa el golpe por las sospechas en torno a su crecimiento patrimonial, Karina Milei vuelve a abrazar a Patricia Bullrich, quien había transmitido su malestar por los movimientos solapados de lugartenientes de la hermana del Presidente para diluir su protagonismo y, sobre todo, obturar su proyección como candidata a jefa de gobierno de la Capital.
“Hubo un cambio de actitud. Lo de Adorni hizo que aflojaran; se calmaron”, evaluaron esta semana en la tropa de Bullrich. Hasta hace poco, la exministra estaba inquieta y desconcertada frente al empeño que exhibía subterráneamente el karinismo para empujarla al congelador y limitar su radio de acción.
Está claro que el caso Adorni alteró la dinámica en la cúpula de poder. Si bien los hermanos Milei apostaron hasta ahora a sostener al jefe de Gabinete, el escándalo por sus viajes o nuevas propiedades deterioraron su imagen ante la opinión pública, según la mayoría de las encuestas que circulan en la Casa Rosada. Son números que lo alejan a Adorni de la posibilidad de convertirse en una carta electoral de La Libertad Avanza (LLA) en 2027, cuando el Presidente buscará acceder a un segundo mandato. El exvocero, pieza clave en la estructura de poder de Karina Milei, podía aspirar a dos lugares: ser el principal representante de la Casa Rosada en la misión de conquistar la Ciudad, el pago chico de Mauricio Macri y el gran bastión de la centroderecha, o convertirse en el compañero de fórmula de Milei. Tal vez, la segunda opción era la que más le atraía. Pero ahora Adorni debe ocuparse de las malas noticias que llegan casi a diario desde los tribunales de Comodoro Py, donde enfrenta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
El exvocero se había convertido en un instrumento de Karina Milei para evitar que Bullrich incrementara su influencia en el ecosistema libertario. De hecho, lo había alentado a retomar la actividad política en la Ciudad, una jugada que trastocó los planes de la exministra de Seguridad. Es que Bullrcih ya había puesto a trabajar a su equipo con la idea de disputar la jefatura de gobierno el año próximo. En el búnker de LLA en octubre pasado, tras el sorpresivo triunfo en las urnas, el Presidente había dado por sentado que Bullrich y Diego Santilli eran los aspirantes naturales para la competencia bonaerense y la carrera porteña.
La filial de LLA en la Capital está en manos de Pilar Ramírez, una dirigente de extrema confianza de Karina. “Ni Adorni estaba confirmado como candidato ni Bullrich estuvo descartada”, dicen fuentes de Balcarce 50. Los karinos machacan con que el objetivo de los Milei es gobernar la ciudad en 2027 y que apostarán a plantar un candidato propio. Hasta hace poco decían que Bullrich no era una violeta pura. Es sabido que no terminan de confiar en la exministra. “Falta mucho; en el medio puede aparecer otro nombre”, insinúan. Es un secreto a voces que Adorni quedó muy relegado, aunque por ahora seguirá al frente de la Escuela de Dirigentes de LLA en la Capital.
Mientras tanto, los bullrichistas recuperaron el espíritu. De manera socarrona, sugieren que los libertarios hicieron borrón y cuenta nueva ante el caso Adorni. “Volvieron a llamar por teléfono. Ahora hay que ver si Patricia quiere ser candidata”, aguijonean.
Después de que el Gobierno lograra aprobar la reforma laboral en el Congreso -una prueba de fuego para el proyecto de Milei en la que Bullrich tuvo un rol preponderante-, la titular del bloque de senadores de LLA percibió que el hostigamiento hacia su figura se intensificaba. La ofensiva tuvo varios frentes, por más que ahora los fieles laderos de Karina Milei relativicen los ataques. Por un lado, los karinos dejaron trascender el disgusto que provocaba el alto perfil de Bullrich en el Senado. También los seguidores de la exministra sintieron que los libertarios los marginaban del armado partidario en la Capital. El episodio más sintomático de la nueva interna fue el bloqueo a la llegada de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, al ministerio de Seguridad. Los fieles de Bullrich presumen que Alejandra Monteoliva buscó cobijo en Karina Milei y Adorni para resistir la designación de Valenzuela. La actual titular de la cartera fue promovida bajo el ala de Bullrich y mantiene un perfil técnico, pese a que movió sus fichas en la interna para impedir un nombramiento que la incomodaba. Si bien preservó a la mayoría de los bullrichistas que heredó en el ministerio –como el jefe de Gabinete, Fernando Kusnier-, sus colaboradores más estrechos la alientan a mostrar autonomía de Bullrich y cortar su injerencia. La semana pasada, se mostró con Karina Milei, pocas horas después de que se especulara con la ausencia de la senadora en el acto que encabezó el Presidente el 2 de abril, en el aniversario de la guerra por las Malvinas. En rigor, Bullrich no había sido invitada por razones de protocolo. Quien debía asistir en representación del Senado ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel era Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.
Cerca de la exministra niegan rispideces con Monteoliva. Afirman que Bullrich está con un carácter menos belicoso y rehúye a la confrontación interna, pero remarcan que no le gusta que jueguen a sus espaldas para condicionarla. Por eso, como consignó , fue a hablar con Karina Milei para hacer las paces y evitar choques que agudicen la interna libertaria. Fuentes al tanto de esa conversación aseguran que sirvió para limar asperezas. La exministra le transmitió a la hermana del Presidente que no tenía un interés especial en posicionarse para la disputa porteña. Es más: le sugirió que evite anticipar candidaturas para no generar un desgaste prematuro. En rigor, Bullrich intuye que la Capital puede ser una herramienta para negociar un acuerdo nacional con Pro.
A sabiendas de que tiene poder de fuego -es una figura competitiva dentro del elenco oficial, concuerdan los analistas de opinión pública-, no se resignará a quedarse como una referente del Gobierno en el Senado. Quienes la frecuentan repiten que ya dio muestras de que apoyará el plan de reelección de Milei. “¿Para qué me golpearon? Si yo estoy acá adentro”, despotricó ante los suyos.
No obstante, no se quedará con los brazos cruzados en la campaña y, sea o no candidata, concentrará sus energías en preservar su caudal electoral en el distrito porteño. “Va a jugar fuerte en la Capital. Es su representación como senadora”, advierten cerca de Bullrich, quien respalda a rajatabla el proyecto de Milei, aunque tenga diferencias políticas.
Por ejemplo, no comparte la embestida contra los periodistas. En el caso Adorni, apostó por defender una posición institucional. Durante su paso por Córdoba, respaldó la decisión de Milei de sostener al jefe de Gabinete, pero lo hizo sin deslomarse. Remarcó que el Gobierno defiende “el principio de inocencia” y que no se lo puede declarar culpable a Adorni antes de que la Justicia defina si lo procesa o no. Quienes la conocen no dudan de que está disgustada con el efecto del Adornigate, que puso en crisis el relato libertario y dañó la credibilidad del Presidente. Es que Milei llegó al poder enarbolando un discurso anti-casta política y la promesa de que sería implacable a la hora de enfrentar la corrupción en el Estado. “Adorni no vuelve políticamente porque rompió el vaso de cristal que tenía el Gobierno: la transparencia o el mensaje anti-casta. Es un trofeo para Karina y, por eso, lo retiene. Pero se mojó”, dicen en el bullrichismo.
La exministra también alzó la voz en el seno de la mesa política. En plena discusión sobre cómo podrían generar confianza en los mercados y bajar el riesgo “político”, respaldó la postura de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, de acelerar los acuerdos para sellar alianzas electorales con gobernadores afines para dar mayor previsibilidad. “Está planteado el debate: ¿nos importa más la reelección o ganar otra provincia?”, enfatizó frente a la idea de Karina Milei o los Menem de seguir expandiendo el proyecto nacional de LLA, para pintar las provincias de violeta.
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POLITICA
Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion
El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.
Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.
La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.
La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.
El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.
La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.
El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.
El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.
Qué puede pasar a partir del lunes
El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.
El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.
La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.
Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.
Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.
Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.
Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.
El antecedente de la Fragata Libertad
El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.
La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.
Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.
Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.
También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.
Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.
El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.
El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.
Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas
El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.
A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.
Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.
El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.
Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.
La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.
Los fundamentos jurídicos de la Argentina
El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.
La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.
Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.
Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.
Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.
Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.
Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal
El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.
Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.
El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.
La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.
Una decisión que podría llegar en noviembre
La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.
El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.
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POLITICA
Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte
Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.
La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.
Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.
A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.
La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.
En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
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