La instalación de una refinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón, continúa generando polémica. En esta oportunidad, los reclamos de vecinos y de funcionarios políticos fueron oídos y la Justicia Federal argentina ordenó que los responsables aporten una serie de informes acerca de la calidad del agua en donde se desarrollará la obra.

En una causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa responsable de la planta de hidrógeno verde, la multinacional de electrocombustibles HIF Global, por posibles daños ambientales, se dispuso que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aporte estudios e información técnica sobre el estado del río Uruguay.

Presentada ante el Ministerio Público Fiscal por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay junto al senador Adán Bahl, la acción judicial preventiva sostuvo que “deben respetarse los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay” para este tipo de proyectos que involucran a dos países.

En diciembre del año pasado, el gobierno uruguayo firmó con HIF Global un “Memorando de Entendimiento” que confirma la voluntad de invertir 5300 millones de dólares en una planta de captura de dióxido de carbono, una tercera de “eMetanol”, una cuarta de “eGasolina”, un parque fotovoltaico, un parque eólico y la “revitalización de las vías ferroviarias” para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo.

HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, parte de un holding encabezado por la fabricante alemana de automóviles Porsche. En la región, tuvo su primer proyecto en Punta Arenas (Chile) y marcha otro en Río de Janeiro (Brasil).

“Del mismo surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, el cual obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, explicó hace tiempo sobre el tema el diputado Michel.

“El artículo 7 es claro: cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes, para permitir la evaluación de sus efectos por la otra parte», añadió.

Y cerró: “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero lo cierto es que fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”.

Ante la consulta de , desde Uruguay señalaron que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto. Son normativas que se refieren a que cualquier construcción que afecte al curso de agua debe ser avalada por las jurisdicciones de ambas orillas.

CÓRDOBA.− Las negociaciones entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada añadieron un capítulo más cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumó el martes pasado a la reunión de los mandatarios del Norte Grande. Mientras la prioridad del funcionario pasa por aprobar la reforma electoral y eliminar las elecciones PASO, los gobernadores insistieron en reclamar obras de infraestructura.

Con el objetivo de sostener el superávit fiscal, la Casa Rosada mantiene el ajuste sobre transferencias discrecionales y los gobernadores enfrentan un deterioro creciente de sus cuentas públicas, en un contexto de recuperación de actividad todavía insuficiente y presión cada vez mayor sobre los gastos en salarios, salud, educación y obra pública.

Si las provincias hubieran mantenido en este primer semestre el mismo nivel de gasto real que exhibían en igual período de 2025, pasarían de un superávit financiero equivalente al 1% del gasto total a un déficit de 2%.

Tierra del Fuego profundizaría su rojo de 8% hasta 11% de sus erogaciones totales; Chaco pasaría de un déficit de 7% a 10%; Chubut saltaría de 4% a 8%, y Buenos Aires ampliaría su desequilibrio hasta 6% del gasto total. Cuatro provincias que habían mostrado superávit en la primera mitad de 2025 −Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja− pasarían ahora a terreno negativo.

Los datos se desprenden de un trabajo de los economistas Marcelo Capello, Martín Fiore y Valentina Gallardo, quienes advierten que el deterioro financiero provincial se produce, incluso, en un año en el que la economía argentina volvería a crecer. Según sus proyecciones, el PBI podría expandirse alrededor de 3,5%, pero los recursos totales provinciales caerían 2,6% real en los primeros cinco meses del año, una dinámica que vuelve a encender alarmas en las administraciones subnacionales.

Los economistas realizan otro ejercicio, como es el de estimar cuánto debería variar el gasto anual de cada provincia en el primer semestre para sostener el equilibrio financiero en función de la evolución de sus gastos. Así, Tierra del Fuego y Chaco deberían bajar 11% y 10% su gasto, en valores reales y respecto al primer semestre de 2025; en Chubut debería reducir 8%, en Misiones 7% y 6% en Buenos Aires. Por el contrario, podría aumentar 13% real en Jujuy; 8% en Santiago del Estero y Mendoza y 7% en Córdoba, que de todos modos mantendrían el equilibrio.

El reporte pone el foco sobre un fenómeno que hoy atraviesa buena parte de la relación entre la Nación y las provincias: el ajuste fiscal nacional terminó trasladando una parte significativa de la presión financiera hacia los gobernadores. La Casa Rosada logró consolidar el superávit a partir de un fuerte recorte del gasto, especialmente en jubilaciones, obra pública y transferencias. Y las provincias quedaron en el laberinto de recibir menos fondos nacionales, tener una recaudación propia todavía débil y estructuras de gasto mucho más rígidas.

El estudio muestra que mayo dejó un alivio parcial para las provincias. Las transferencias automáticas nacionales crecieron 8,2% interanual real, impulsadas principalmente por el desempeño de Ganancias. La mejora estuvo vinculada al calendario tributario de empresas con cierre de balances en diciembre, lo que generó un ingreso extraordinario de recursos coparticipables.

Sin embargo, el propio informe aclara que detrás de esa mejora mensual persiste una situación mucho más frágil. “Los tributos ligados estrictamente al mercado interno y al consumo interno han condicionado el volumen de transferencias hacia provincias en los últimos meses”, describe. El rebote todavía no logra consolidarse en los impuestos más asociados al nivel de actividad.

Con la lupa sobre el acumulado entre enero y mayo, las transferencias automáticas todavía exhiben una caída de 2,5% real interanual. El panorama empeora al incorporar las transferencias discrecionales. Como resultado, los giros totales a las provincias muestran una baja de 4,8% real en el acumulado anual.

Mapa heterogéneo

Detrás de esos números aparecen diferencias muy marcadas entre jurisdicciones. Santa Cruz figura como la provincia más perjudicada en materia de transferencias totales, con una caída de 6%. También muestran deterioros significativos La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, todas con bajas cercanas al 4%. En cambio, La Pampa (2%) y Misiones (1%) registran mejoras netas en los fondos totales recibidos desde Nación.

En lo que hace a la recaudación propia provincial −uno de los factores que explica la creciente preocupación de los gobernadores−, en promedio, crecieron 0,6% real en lo que va de 2026. La recuperación es insuficiente para compensar la caída de transferencias nacionales y la presión del gasto.

Entre Ríos aparece como la provincia con mejor desempeño tributario propio, con una mejora de 11%, seguida por Neuquén y San Juan, ambas con incrementos de 8%. En el extremo opuesto se ubican Misiones, con una caída de 22%, y La Rioja, con una baja de 13%.

Neuquén sobresale dentro del mapa fiscal argentino. Impulsada por regalías hidrocarburíferas y por el efecto de Vaca Muerta, logró incrementar 5% sus recursos totales y se convierte en la única que combina mejora de ingresos y fortaleza fiscal relativa. El Ieral remarca que “más del 100% del aumento en sus recursos totales se explica por lo ocurrido con sus recursos propios”.

La situación de la provincia de Buenos Aires aparece entre las más delicadas por peso político y magnitud financiera. Según el estudio, cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 5,6% de su gasto total. Durante este año, sus ingresos totales muestran una caída cercana al 1% real. La simulación para el primer semestre la ubica entre las jurisdicciones con mayor deterioro potencial si no ajusta erogaciones.

El escenario más complicado se concentra en Tierra del Fuego, que cerró 2025 con un déficit financiero equivalente al 14,1% de su gasto total, el peor resultado provincial del país. También aparecen desequilibrios en La Pampa (-11,6%), Chubut (-7,4%) y Chaco (-6,8%).

De la comparación entre el ajuste nacional y el provincial surge que, entre 2023 y 2025, el gasto nacional acumuló una caída real de 24,9%, mientras que el consolidado provincial se redujo en 9,6%.

Es en esa línea en la que desde la Casa Rosada insisten en que los gobernadores todavía tienen margen para profundizar el torniquete mientras los mandatarios negocian apoyos en el Congreso por financiamiento de obras públicas y “devolución” de fondos que les corresponden por ley.