En un hecho poco frecuente, el Senado retomó esta tarde la discusión en comisión del proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei, pero poco menos de una hora después pasó el debate a cuarto intermedio sin una fecha concreta y con la anuencia silenciosa del resto de las fuerzas políticas.

Así, la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales termino convirtiéndose en una puesta en escena del oficialismo para conformar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que pretende dar señales de fortaleza política tratando de forzar el tratamiento del proyecto que la Casa Rosada envió al Senado a fines de abril último.

Pero lo cierto es que el oficialismo no tiene los votos para aprobar la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), auténtico corazón político de la iniciativa y casi única medida que le interesa al Gobierno del total de 79 artículos que contiene el proyecto.

Esa ausencia de votos quedó demostrada cuando en el final de su intervención, en la que destacó las bondades del proyecto, la presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), planteó pasar el debate a cuarto intermedio “para ir acercando posiciones para tratar de tener una reforma electoral integral”.

La propuesta de la senadora libertaria fue tomada casi de inmediato por el kirchnerismo, que por el momento rechaza la posibilidad de eliminar las PASO, y se sumó a la idea de comenzar a buscar acuerdos en aquellos temas en los que no haya controversias y postergar aquellos que no reúnan consenso, tal la propuesta formulada por Jorge Capitanich (Chaco).

Durante la breve reunión se escucharon algunos tibios reclamos por el tratamiento por separado de una serie de proyectos de ley que promueven la implementación del concepto de ficha limpia, que implica prohibir la participación para cargos electivos de aquellas personas con una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.

El que propuso separar ficha limpia del resto de la reforma fue el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), que justificó su pedido en “la importancia de este proyecto, que es de la sociedad”.

“Estamos representando un clamor de la sociedad por un proyecto que el año pasado se cayó en el recinto del Senado, todo el mundo sabe qué paso, si no hoy sería ley”, dijo Goerling, recordando el voto en contra de los provinciales de Misiones, aliados de la Casa Rosada, que en 2025 impidió la sanción del proyecto de ficha limpia que había conseguido la aprobación de la Cámara de Diputados.

Sumó su voz la radical Mariana Juri (Mendoza), quien consideró una “muy buena noticia” que se estuviera hablando de Ficha Limpia y recordó que “este Senado estuvo a un voto” de sancionarlo.

“Tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de conseguirlo, que esto pueda ser ley lo antes posible”, agregó Juri, quien abogó por ampliar a la posibilidad de ocupar cargos en el Poder Ejecutivo y en la administración pública la prohibición para aquellas personas con una condena judicial confirmada en segunda instancia.

Siempre reacio al concepto de ficha limpia, el kirchnerismo planteó sus objeciones. Lo hizo a través de Fernando Salino (San Luis), quien manifestó sus reservas a tratar el tema por separado y aprovechó, de paso, para criticar la estrategia legislativa del Gobierno.

“Si sacamos ficha limpia de lo que hoy es un proyecto de reforma política estamos adoptando un criterio absolutamente diferente del que viene sosteniendo el Gobierno, por lo menos desde 2023 para acá, que es la incluir muchos temas en un mismo proyecto y tratarlos todos juntos”, se quejó el puntano.

Casi en el final de la reunión tomó la palabra Bullrich. La jefa de la bancada oficialista hizo una descripción de los diferentes temas y cambios que propone el proyecto a lo largo de sus siete capítulos.

En ese sentido, tomó el guante y destacó como uno de los temas importantes la inclusión de ficha limpia en la iniciativa, concepto que, dijo, “reivindica el principio constitucional de idoneidad en el ejercicio de la función pública”. Sin embargo, no se hizo cargo del pedido de Goerling de tratar el tema por separado para sacarlo del pantano en el que se encuentra la reforma por la falta de apoyo a la eliminación de las elecciones primarias.

Sin hacer mención a las dificultades políticas que encuentra el tema en el Senado, la legisladora habló sobre las PASO no sin antes reconocer que “es difícil saber qué sistema electoral es el que nos resuelve el problema”.

No obstante, cuestionó el sistema al afirmar que “le saca tiempo al Gobierno para gobernar”. Y continuó desarrollando las desventajas de las PASO al afirmar que con su implementación “empieza el año electoral prácticamente en el mes de mayo y se presenta una situación donde la competencia aparece como una capiti diminutio con relación a los que no los tienen”, en alusión a que generan una idea en el votante de que hay divisiones internas en aquella fuerza que utiliza la primaria.

Por último, Bullrich recordó que la advertencia de la Justicia sobre cuáles son los plazos razonables para tratar una reforma política. “La Cámara Electoral nos conminó a hacerla este año y no el año próximo donde los tiempos empiezan a correr y la incertidumbre nos generaría unos problemas enormes”, remató.

Mientras el gobierno argentino prepara esta semana un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas, escrito demorado por el Ministerio de Economía en busca de amortiguar el impacto negativo que puede tener en las empresas que operan en el país, se conoció que una firma holandesa está trabajando y estudiando el suelo marítimo del Atlántico sur con el fin de colocar un cable de fibra óptica que unirá a las islas con Montevideo, recorriendo un trayecto de alrededor de 2.100 kilómetros. El problema es que al mismo tiempo tiene un contrato con YPF por Vaca Muerta.

El fin del proyecto es que las islas dejen de depender de la conexión satelital y mejorar considerablemente la transmisión de datos para sus habitantes. Para este proyecto, el Reino Unido invertirá 120 millones de libras esterlinas.

Los sondeos y estudios del lecho marino, tanto frente a Puerto Argentino y la base naval de Mare Harbour, ubicada en la isla Soledad, que forma parte del complejo militar británico emplazado en Mont Pleasant, estuvieron a cargo del buque Fugro Supporter, que pertenece a la empresa neerlandesa Fugro.

En las últimas horas se conoció que Fugro utilizó el puerto de Montevideo como base logística en cuatro ocasiones. Según el registro de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay , la nave salió de Malvinas el 10 de mayo pasado y el 15 de agosto recaló en Montevideo, desde allí regresó a la isla Soledad el 25 de agosto, pero el 1 de septiembre ya estaba otra vez en aguas uruguayas.

Esta información fue publicada por el sitio Open Falklands, que detalló en junio pasado que la nave había estado cerca de Mare Harbour hacia fin de mayo. Según esta fuente, Fugro hizo puerto en Montevideo entre el 26 y el 30 de abril de 2025 y entre el 16 y 19 de diciembre del mismo año, mientras que en este año estuvo allí entre el 15 y el 19 de agosto y el 1 y el 3 de septiembre, todo esto de acuerdo al registro público. Se estima que el buque se encuentra frente a la costa uruguaya a estas horas.

Esta situación abre un debate sobre el alcance que tendrá la “ley de soberanía” en cuanto a las sanciones a empresas, ya que Fugro es contratista de YPF y opera en Vaca Muerta, y está incluida en el listado de 60 empresas “sancionables” – son investigadas por incumplir la ley 26.659 de 2011, que prohíbe a las empresas tener actividad o vínculos con personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades no autorizadas por el gobierno argentino en la Plataforma Continental Argentina- pero, a la vez, obtuvo un contrato con YPF para Argentina LNG, el megaproyecto para exportar gas natural licuado (GNL).

Los alcances que tenga la norma que se enviará al Congreso pueden encontrar a varias empresas que tienen intereses directos o tercerizados en sus relaciones con Argentina y con el mundo comercial -petróleo, pesca y turismo, entre otros- que rodea a las islas Malvinas que hoy atraviesa un momento de expansión económica y tecnológica. Sin dudas, se trata de una medida que muchos analistas consideran que elevará la tensión con el Reino Unido, más allá del sector petrolero.

Además, se abre una serie de interrogantes por el rol que cumplirán los países limítrofes, como Chile, Uruguay o Brasil, respecto a empresas radicadas allí que tienen intereses en las islas o la utilización de servicios portuarios, como el de la empresa neerlandesa mencionada en Uruguay.

Por ejemplo, el mismo día que el presidente Milei anunciaba por cadena nacional su política de soberanía, una empresa naviera chilena, Eastern Islands Naviera, firmaba un acuerdo con las autoridades de las islas para la formalización de un vínculo marítimo comercial regular entre las Malvinas y los puertos de Chile- Punta Arenas-San Antonio-Valparaíso- junto a la promoción de una expo de productos de las Islas y de Chile en Punta Arenas.

Si el gobierno argentino reclama a las autoridades de países vecinos sobre estas operatorias y da aviso de la ilegalidad de las mismas, podría recibir la misma respuesta que obtuvo en diciembre pasado del gobierno de Israel que, ante la queja de Cancillería por la exploración llevada en el mar argentino por la petrolera Navitas, respondió que “es un problema de una empresa privada, donde nada tiene que ver el estado israelí”.

Todo este ida y vuelta encuentra contradicciones y puntos a resolver para el gobierno argentino respecto de intereses compartidos. El presidente Miei señaló días atrás que “quien opera al margen de la ley argentina en el Atlántico Sur no puede beneficiarse simultáneamente de las ventajas comerciales que otorga el estado argentino”.

Sin embargo, inmediatamente se conoció una denuncia realizada por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que cuestionó que Harbour Energy, que está vinculada a una empresa inhabilitada hasta 2028, es participe de un proyecto gasífero beneficiado por el Régimen de Inversiones (RIGI)

Toda esta escalada diplomática se da en un contexto donde el Reino Unido, sin esperar la sanción de la nueva ley en el Congreso, publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino, brindándoles apoyo legal en caso de enfrentar juicios en el territorio continental.