POLITICA
El Gobierno avanza con las reformas a la Ley de Salud Mental y el sistema de pensiones por invalidez

El Gobierno de Javier Milei aceleró su estrategia en el Congreso de la Nación y envió en las últimas horas dos proyectos de ley que introducen cambios de fondo en áreas sensibles. Se trata de modificaciones en el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental.
Las iniciativas ingresaron por el Senado y forman parte de una estrategia oficial para reformar esquemas que, según argumentan, presentan distorsiones y requieren actualización.
El primero de los proyectos apunta a combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Ejecutivo sostienen que en las últimas dos décadas hubo un crecimiento “exponencial” de estos beneficios: pasaron de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.
Según se detalla en el mensaje enviado al Congreso, auditorías y diversas investigaciones detectaron irregularidades en el otorgamiento de prestaciones, como beneficiarios sin los requisitos médicos exigidos o incluso domicilios inexistentes. En ese contexto, la iniciativa busca establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes.
El proyecto propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo central es “garantizar un uso equitativo de los recursos públicos” y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes cumplan con las condiciones legales.
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Desde el Gobierno advierten que las irregularidades generan un “dispendio injustificable” de fondos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.
En paralelo, el Ejecutivo también envió una reforma de la ley nacional de salud mental (26.657), junto con cambios en normas complementarias y artículos del Código Civil y Comercial.
El proyecto propone ampliar el enfoque de la legislación vigente, incorporando no solo la protección de la salud mental, sino también la prevención y el tratamiento. Además, plantea otorgar un rol más relevante al criterio médico, en particular a los especialistas en psiquiatría, en la evaluación y abordaje de los pacientes.
Uno de los puntos más sensibles es la modificación de las condiciones para las internaciones involuntarias. La iniciativa busca reemplazar el concepto actual de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Según el Ejecutivo, este cambio apunta a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales de la salud frente a casos críticos.
Además, el texto habilita un mayor margen para la creación de establecimientos destinados al tratamiento de problemáticas de salud mental y adicciones, y refuerza la necesidad de que las inspecciones en estos lugares cuenten obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.
Ambos proyectos fueron remitidos con pedido de “pronto tratamiento” por parte del Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado.
Congreso, Gobierno, salud mental
POLITICA
En Washington, Quirno firmó un protocolo adicional para acelerar la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en el Congreso

WASHINGTON.- En el marco del viaje del presidente Javier Milei a esta capital, el canciller Pablo Quirno mantuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien firmó un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que fue suscripto entre ambos funcionarios en febrero pasado.
Según explicó el canciller, el protocolo permitirá la remisión del ARTI al Congreso para su aprobación, un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo reducir barreras comerciales, fomentar inversiones e integrar cadenas de valor en el marco de la alianza estratégica entre ambas administraciones. Restan conocer detalles del protocolo adicional para saber si se estableció algún tipo de cronograma.
“El protocolo consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado norteamericano. Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”, explicó el canciller a través de su cuenta de X. Quirno estuvo acompañado en el encuentro por el embajador argentino, Alec Oxenford.
En una reciente visita a Buenos Aires, donde se reunió con Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, había remarcado la importancia de la ratificación del ARTI “para concretar la visión económica compartida” entre ambas administraciones.
“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, había señalado la embajada de Estados Unidos mediante un comunicado. Goettman también participó del encuentro de este miércoles en la sede del USTR junto a Greer, Quirno y Oxenford.
“Es un paso más en una agenda de comercio, financiamiento e inversiones de nueva generación, que abarca reducción de aranceles, de barreras no arancelarias y armonización de estándares, e incluye acceso para nuestros productos al mercado de la primera economía del mundo”, señaló Quirno al hacer el anuncio. El canciller había llegado esta mañana a Washington junto al líder libertario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras una reconfiguración arancelaria general dictada en julio por el gobierno de Trump a un grupo de 60 socios comerciales, la Argentina había quedado ubicada en la escala más baja con un arancel adicional del 10%, lo que representó una ventaja frente a otros países de la región (como Brasil). Fue la misma posición que cuando se selló el acuerdo firmado en febrero por Greer y Quirno en Washington.
Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero -y que permitiría recuperar exportaciones por US$1013 millones- se mantuvieron en nivel cero, sin verse afectados por ese mecanismo lanzado por el USTR.
En el marco del ARTI, el Gobierno se comprometió a avanzar en la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en agosto tuvo el visto bueno para la ratificación en la Cámara de Diputados, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento.
Está previsto que el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado lo traten en la tarde del jueves.
Por otra parte, Quirno tenía previsto reunirse esta tarde con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, con quien repasaría la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario ocupa un rol clave en la política exterior de Trump para América Latina.
Quirno sostuvo que en el acuerdo comercial con Estados Unidos se enmarca el megapaquete de financiamiento presentado en Nueva York por unos US$7000 millones con el fin de desarrollar obras de infraestructura en la Argentina para acelerar las exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía, a través del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno norteamericano.
A ello se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).
@USTradeRep,pic.twitter.com/8HEOqhcav0,October 14, 2026,acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura,Guillermo Idiart,Donald Trump,Estados Unidos,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno analiza apelar tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.
Recientemente, el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los “astreintes” contra el jefe de Gabinete, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso.
La resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación contra el fallo tuviera efecto suspensivo, para así evitar tener que afrontar los gastos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que el magistrado rechazó.
La administración libertaria remarca que, desde diciembre de 2023, otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron el incremento acumulado al 226,80%, un porcentaje que consideran acorde con lo exigido por la cautelar.
En paralelo, en la Casa Rosada analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.
La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, lidera esa estrategia judicial, aunque por el momento no se tomó ninguna acción concreta y se siguen analizando los pasos a seguir.
En tanto, en el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión “que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten”.
“No me paro de sorprender… ¡un Gobierno multado por no cumplir una ley! No recuerdo antecedente de algo así. Independientemente del monto o la persona, que por lo que dice el juez ’pueden cambiar’”, opinó a Infobae un alto representante de una casa de estudio.
Al respecto, el rector advirtió que, con esta sentencia, Cormick “deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios” alcanzados, por lo que consideró que “más de uno se va a preocupar”.
“Le pueden exigir más plata si continúa incumpliendo lo que determinó la Justicia y se puede agregar a otras personas involucradas. Es un papelón institucional”, sostienen.
A su vez, Franco Bartolacci, presidente del CIN e impulsor de la demanda, destacó que la medida del juez es “muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso”.

“Nosotros lo habíamos notificado de que había vencido el plazo y no se había cumplido la norma, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó.
Y agregó: “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos y esperamos, como con todos los pasos que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”.
Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, amplió la postura oficial durante la conferencia de prensa de este martes y al ser consultado sobre la marcha convocada para este jueves, remarcó que el Ejecutivo “respeta la libertad de expresión, pero pide “que sea pacífica”.
“Hemos visto una gran cantidad de videos en estos últimos días de cómo ciertas personas violentamente rompieron y entraron en la Secretaría de Educación exigiendo cosas”, cuestionó.

Sobre el reclamo salarial, el funcionario defendió la gestión de Pettovello y detalló los aumentos otorgados. “La realidad es que este Gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar los salarios de los docentes, con el aumento del 24%, otro aumento del tres por ciento, con Sandra Pettovello sentándose con los gremios para darles una solución, y seguimos trabajando”, afirmó.
Ravier también fue categórico respecto del límite fiscal y ratificó que la administración nacional “no va a emitir, ni a tomar deuda y se maneja con lo que se recauda de impuestos”.
“El esfuerzo está, la conciencia está, el mensaje a todos es: nos importa la educación, pero también aprovecho para decir que lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación es calamitoso”, criticó.
En ese sentido, sostuvo que “hoy muchos chicos tienen la libertad de estudiar en las universidades, pero cuando llegan a la universidad y chocan con el primer material bibliográfico, los libros, los exámenes, abandonan”.
“Toda esta gente que dice preocuparse por la educación y no marchaba, marcha ante este Gobierno por su carácter liberal. Entonces, ¿es una marcha política o es una marcha por la educación?”, planteó.
POLITICA
Javier Milei vs. Alberto Fernández: según una encuestadora, ambas gestiones provocan el mismo nivel de rechazo

El último informe de Atlas Intel/Bloomberg, uno de los estudios de opinión pública más seguidos por el mercado, sorprendió este miércoles al revelar que la gestión de Javier Milei tendría el mismo nivel de desaprobación que la administración de Alberto Fernández.
Según la encuestadora, el 45,9% de los consultados consideraron que el gobierno libertario es “peor” que el de Alberto Fernández. En tanto, el 45% dijo que la gestión del actual mandatario es “mejor” que la del expresidente y el 9% los evaluó “igual”.
Las áreas en que los encuestados consideraron mejor la administración de Fernández (2019-2023) fueron obras públicas y empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza, entre otras. En contraste, prefirieron a Milei, por ejemplo, en materia de gestión económica y responsabilidad fiscal; relaciones exteriores y agricultura.
El reporte también registra un leve repunte en la aprobación presidencial, en la evaluación del Gobierno y en la imagen de Milei. Sin embargo, creció fuertemente la visión negativa sobre la situación económica, mientras, en el ranking de dirigentes con mejor imagen, la expresidenta Cristina Kirchner y la diputada de izquierda Myriam Bregman se ubican en los primeros puestos, por encima del Presidente.
Los datos surgen del último Latam Pulse, el relevamiento mensual que la consultora brasileña Atlas Intel elabora para la agencia norteamericana Bloomberg. Entre el 2 y el 7 de octubre, más de 2000 argentinos fueron consultados (el margen de error es de ±2 p.p.).
Respecto de la comparación Milei-Fernández, el informe muestra que, en los temas en los que los encuestados se inclinan por el Presidente, su ventaja sobre el exmandatario es acotada. En cambio, cuando se impone el peronista, lo hace por márgenes amplios en varios casos.
Milei se destaca en Gestión económica y responsabilidad fiscal, un área a la que se aboca especialmente y la bandera que defiende con mayor intensidad –el equilibrio fiscal–. Allí cosecha un 46% de percepciones positivas frente a Fernández. Sin embargo, un 42% eligió al expresidente.
En Relaciones Exteriores, asunto en el que el líder libertario se alinea fuertemente con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu, también supera al peronista, por 45% a 43%.
Hay una tercera y última materia en la que el jefe de Estado logra un saldo positivo: Agricultura, donde reúne 44% contra 37%.
En el resto de las áreas, Milei obtiene un diferencial negativo; es decir, los consultados lo consideraron “peor” que Fernández.
El expresidente logró el saldo positivo más alto y el mayor porcentaje de respuestas a su favor en Obras públicas (59% a 29%), un área que Milei recortó fuertemente.
Alberto Fernández también superó al Presidente en Empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza (57% a 32%); Educación y Cultura (55% a 32%); Medio ambiente (52% a 29%); Salud (55% a 33%); y Turismo (49% a 31%).
Aunque con márgenes más estrechos, también se impuso en Transparencia y lucha contra la corrupción (47% a 38%) y en Seguridad Pública (43% a 38%).
Gestión
La aprobación del Presidente tuvo un leve repunte en septiembre: subió del 38,1% al 38,5% y el rechazo bajó casi 1 punto, hasta ubicarse en 57,2%.
Cuando se pregunta por la evaluación del Gobierno, quienes la consideran entre buena y excelente ascendieron al 33,3% (1,8 puntos más que en agosto), y quienes responden mala o muy mala alcanzaron el 54,2% (eran el 52,7% el mes anterior).
Mientras, el 71% de los encuestados valoró como negativa la situación económica de la Argentina (8 puntos más que el mes anterior), mientras que el 55% cree que empeorará en los próximos seis meses. El 31% piensa que mejorará y el 14%, que seguirá igual.
En septiembre, la corrupción despegó como la principal preocupación de la ciudadanía (50,3%, 5,9 puntos más que el mes anterior). Por debajo se ubicaron el desempleo (44%, se mantuvo estable) y la impunidad y el sistema judicial (34,6%, con un aumento de 6,7 puntos en un mes). Cada entrevistado podía marcar hasta tres opciones.
El informe también mostró la evaluación de políticas puntuales del Gobierno. Las medidas más valoradas como “aciertos” fueron la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, el fin del cepo para comprar dólares, la implementación del protocolo antipiquetes, el cierre y la fusión de ministerios y la apertura de importaciones. Todas tuvieron un saldo favorable.
En cambio, las de mayor diferencial negativo, es decir, las valoradas principalmente como “errores”, fueron la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI, la baja del presupuesto en Discapacidad, la paralización de la obra pública, el veto al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso, la liberación del precio de la medicina prepaga, el recorte de financiamiento del sistema universitario y científico, y los despidos y la caída de salarios en el sector público.
A mitad de tabla –aunque también con saldo negativo– se ubicaron los beneficios fiscales para grandes inversiones, la devaluación del peso al asumir el Gobierno, la derogación de la Ley de Alquileres, el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, la reforma laboral y la reducción de los subsidios a las tarifas de luz y gas.
Imagen positiva
Aunque todos tienen un diferencial negativo, es decir, más rechazos que apoyos, la lista de dirigentes mejor posicionados en la encuesta la encabezan Cristina Kirchner (39% de imagen positiva y 56% negativa), Myriam Bregman (38%-50%) y Javier Milei (38%-59%). El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ocupa el cuarto lugar (37%-54%) y la senadora oficialista Patricia Bullrich, el quinto (37%-58%).
Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad, había logrado frenar la caída el mes pasado, pero en este registro la imagen negativa volvió a crecer 1 punto, mientras que la positiva se mantuvo estable.
Bregman, que este año sorprendió en las encuestas, tuvo una baja: su imagen positiva cayó de 43% a 38%, aunque la negativa también retrocedió 1 punto. El mes pasado se había ubicado primera en el ranking.
Por su parte, Milei mejoró bastante sus números: la imagen positiva creció 3 puntos y la negativa cayó otros 3. Además, este mes accedió al podio, después de haber quedado quinto el mes anterior.
Por debajo se ubicó Kicillof, uno de los dirigentes que más antagoniza con Milei, que también mejoró su imagen, aunque sutilmente: la positiva creció un punto y la negativa cayó otro.
Bullrich, que continuó marcando diferencias con Milei, atraviesa una curva desfavorable: su imagen positiva cayó 1 punto (viene en baja desde junio, cuando marcó 45%, frente al 37% actual) y la negativa creció 3 (desde julio, su piso en el último año, subió 7 puntos hasta el 58% de hoy).
En rigor, está volviendo a los niveles que mantuvo hasta abril pasado. Desde aquella fecha, creció al marcar distancia con el exjefe de Gabinete Manuel Adorni cuando todavía seguía en funciones en medio de la investigación de su patrimonio. En aquella época, también se desmarcó del gobierno de Milei en materia judicial.
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