POLITICA
Una advertencia que sacudió al Gobierno

Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban. Allí estaban Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullirch, Martín y Lule Menem, e Ignacio Devitt.
Pero eso fue sólo una parte del planteo del ministro. Inmediatamente después reclamó una señal política contundente que disipara las desconfianzas de los mercados, que hacen que el riesgo país no baje como debería, si se observan los fundamentals del programa. En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política.
Y un dato adicional muy importante: Caputo también dijo ese día que el acuerdo que proponía debía cerrarse “ahora”, no el año próximo. Su argumento fue que el programa necesita dar señales de sustentabilidad en este momento crítico, para poder enderezar las variables antes del ingreso al clima electoral (que en el Gobierno vaticinan que se va a disparar después del Mundial), para cuando ya sea tarde y los incentivos para consensuar sean menores. Recordó el impacto económico que generó en 2025 la incertidumbre política, cuyos efectos, según su diagnóstico, sobreviven hasta ahora.
Como era de esperar, el planteo tan vehemente del ministro generó un sacudón interno. No cayó bien que el principal garante del rumbo económico le endilgara al ala política la responsabilidad del éxito. “Fue rara la argumentación, porque desde diciembre venimos aprobando en el Congreso todos los proyectos que mandamos”, comentó un testigo de la conversación.
La primera reacción fue de Karina Milei, quien en línea con lo que viene siendo su estrategia electoral desde el año pasado, mostró su desacuerdo con la idea de negociar abiertamente con los gobernadores. Volvió a plantear allí su intención de fortalecer LLA en todo el país, objetivo que debería plasmarse en los armados provinciales.
Fue la primera vez que hubo un contrapunto entre Caputo y Karina en una reunión de este tipo. “Ella sintió que se le estaba metiendo en su propio territorio, el electoral”, interpretó uno de los testigos. Bullrich y Santiago Caputo, con matices avalaron la posición del titular de Hacienda, aunque con una advertencia: el objetivo central es lograr la reelección del Presidente, y los acuerdos locales deben estar ordenados en función de esa consigna. En consecuencia, habrá provincias donde convendrá pactar, y otras en las deberán competir contra el gobernador local.
Dos altos funcionarios que hablaron en los últimos días con Javier Milei, interpretaron que el Presidente avala la posición más dura de su hermana, no sólo por su escasa vocación por los acuerdos políticos, sino porque tiene una visión más técnica de las prestaciones del plan económico. Aunque la sintonía entre Luis Caputo y Milei es absoluta, son varios los altos funcionarios que últimamente notan en el ministro una mayor preocupación que en el líder libertario por el enfriamiento económico. Tiene motivos. Marzo cerró un trimestre decididamente malo, con indicadores de inflación y salarios negativos. Abril debería ser otra cosa.
Si bien el debate que abrió Caputo no continuó en las semanas siguientes y quedó pendiente de resolución, en el sector de Karina Milei dan cuenta de que algunos resortes se activaron. Un primer paso fue la reunión que tuvieron este lunes la hermana del Presidente, Santilli y Lule Menem con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, los más cercanos de Pro y la UCR.
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaSi bien ese encuentro se difundió como de gestión, la realidad es que allí se habló esencialmente de la estrategia electoral. El mendocino se llevó el compromiso que había ido a buscar: que el año próximo habrá una PASO entre un candidato suyo y Luis Petri, y que se impondrá un fair play en la campaña, es decir, un compromiso de que Milei no va a desbalancear la competencia en favor de su exministro. Frigerio, en tanto, integra el reducido lote de gobernadores, junto con Carlos Zdero y Claudio Poggi, con los que la Casa Rosada está decidida a reeditar el acuerdo electoral que hicieron el año pasado. Hay una consigna en estos movimientos que reside en el empoderamiento de los socios más fieles. Tampoco LLA tiene grandes nombres allí.
La idea del Gobierno es avanzar después con los aliados del segundo anillo, tratativas que van a ser mucho más complicadas. En ese lote están Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Osvaldo Jaldo, al que podría sumarse Claudio Vidal. En la ciudad irán con candidatos propios, si es necesario, enfrentando a Pro (Bullrich recibió esta semana un aval explícito de Karina Milei para que empiece a armar su campaña). Lo mismo en Córdoba. Santa Fe es una incógnita.
Pero en estas conversaciones empieza a filtrarse otra novedad importante: en el Gobierno se está debatiendo la posibilidad de acordar con los mandatarios aliados un desdoblamiento electoral. Esto representaría un giro en la lógica que imperó hasta ahora, a partir de la enseñanza del año pasado, cuando el oficialismo perdió casi todas las elecciones locales, y después ganó en al.
La evaluación es que esta estrategia puede ser peligrosa en 2027, porque una seguidilla de derrotas en las provincias adversas podría derivar en mayor incertidumbre económica, que a la vez haga naufragar la reelección. Otra vez, las variables económicas y políticas enlazadas. Por eso una idea que se evalúa es dosificar el calendario con triunfos en provincias aliadas, para neutralizar las probables derrotas en distritos desfavorables. Pero este planteo todavía es resistido por el propio Milei, quien entiende que lo mejor sería generar un efecto arrastre de su postulación presidencial hacia sus candidatos en las provincias, todos votando el mismo día.
Así como Toto Caputo fue quien enlazó la economía con la política, otro ministro, Juan Bautista Mahiques, terminó por ligar la política con la justicia para conectar los tres nudos que hoy tienen maniatados al Gobierno. El problema es que no está claro por dónde se puede empezar a desatar esa madeja.
Su arribo al gabinete encrespó de un modo previsible la interna inmortal entre Karina Milei y Santiago Caputo, no sólo porque marcó un cambio en la conducción del ministerio, sino porque abrió la puerta a un combate subacuático en todos los territorios. Un ejemplo mínimo de esta semana surge al preguntarse por qué se enardeció tanto la pelea digital entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan. La primera respuesta indica que fue una reacción porque la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a once tuiteros de Las Fuerzas del Cielo que difundieron datos personales del karinista Sebastián Pareja. Había mucha bronca acumulada y estalló.
Pero podría haber otra explicación complementaria, porque en el sector de Santiago Caputo están convencidos de que la fiscal Ramírez está en el área de influencia de Mahiques, y ven detrás de su decisión una voluntad del ministro por erosionar al asesor presidencial.
Algo similar viene ocurriendo con las causas de la AFA, en donde cada movimiento que hace Mahiques es inmediatamente interpretado como una acción destinada a beneficiar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, por su vínculo con el mundo del fútbol. Esto ocurrió cuando se supo que los candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Cámara en lo Penal Económico son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, a quienes le atribuyen una sintonía con el ministro. Este Tribunal es el que estará a cargo de revisar la investigación por la retención de aportes previsionales por parte de la AFA, causa en la que ya están procesados Tapia y Toviggino. Cuando imperan las suspicacias, cada detalle es una conspiración.
Pero el problema mayor no anida en la guerra de operaciones dentro del propio Gobierno, sino en el extraordinario impacto que tuvo el recambio en Justicia dentro de Comodoro Py. Para un sector poderoso de la casta que mora en esos tribunales el arribo de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, fue interpretado como “una declaración de guerra”. Se trata de la cofradía que impulsaba a Guillermo Montenegro para el ministerio y que se sintió marginado y enfrentado. Esta agrupación de intereses mutuos se referencia en el juez Ariel Lijo, y cuenta con una participación activa de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, y la bendición de María Servini. Su terminal en el Gobierno fue siempre Santiago Caputo. Detrás del cortinado, se mueve Ricardo Lorenzetti. Y directamente en las sombras, Antonio “Jaime” Stiuso.
Esta agrupación está muy activa últimamente. Por un lado, en el plano político, para incidir en los nombres de los postulantes a definir para los juzgados vacantes. También para entrar en la discusión si es que se reabre la negociación por la Corte y la Procuración. “Quieren ser tenidos en cuenta. La designación de Mahiques y de Viola fue tomada como una provocación”, argumentan desde ese sector.
Estas inquietudes animaron la conversación que este miércoles a la noche mantuvo un grupo de comensales, encabezados por Lijo y Martínez de Giorgi, que por esos misterios del destino, tienen a su cargo las tres causas que más preocupan al Gobierno: $LIBRA, Andis y la de Adorni. Con la excusa de festejar el cumpleaños del salteño Sáenz, se juntaron los dos jueces, el homenajeado, los gobernadores Jalil y Jaldo, un trío de senadores de sus provincias, Guillermo Andrada, Flavia Royón y Sandra Mendoza (ellas dos integrantes de la comisión de Acuerdos), a los que se sumó la jujeña Carolina Moisés. En la Casa Rosada deberían prestar atención a esa cena, si es que pudieran conocer el carácter de esa tertulia.
En torno de ese remolino judicial se agitan versiones, sospechas y especulaciones que atraviesan Comodoro Py por estos días. ¿Es cierto que Viola hizo correr la versión de que ya había “hablado” con Gerardo Pollicita, y de que eso enardeció al fiscal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿O que Karina Milei le puso bolilla negra al juez Mariano Borinsky, después de que cometió la herejía de reunirse con Santiago Caputo en la Casa Rosada, a la vista de todos, porque estaba enojado después de que hundieran su proyecto de reforma del Código Penal?
Esta agitación judicial tiene particularmente estresado a Mahiques, que conoce bien el paño y sabe que se le está complicando el cumplimiento de la promesa que le hizo a Karina Milei de ocuparse de las causas que la salpican. No tiene dudas de que el ritmo que llevan las investigaciones más sensibles no es habitual en la justicia federal, y entiende que es una reacción por su designación. Así se lo comentó a miembros del Gabinete. Pero el ministro tiene una herramienta muy poderosa en sus manos: decenas de designaciones de jueces pendientes, que le permiten moldear un nuevo mapa judicial. En el fondo, lo que está en juego es un nuevo esquema de poder en los tribunales.
En este contexto no sorprende que Mahiques se haya subido ayer al avión que llevó a los hermanos Milei a Israel. Es su viaje oficial inaugural. Según dicen en su entorno, lo invitó el propio Presidente. Los dos hablan con bastante frecuencia, evidencia de que, por primera vez desde que asumió, Milei se está interesando en el laberinto judicial. Habría influido en ese cambio la presión de su propia hermana, quien se dio cuenta de la sensibilidad del tema hace ya varios meses.
El estancamiento económico, las riñas políticas y las disputas judiciales configuran una especie de estrecho de Ormuz que tiene estrangulada la gestión del Gobierno. Emerge en este cuadro un síndrome que ya se ha transformado en una evidencia empírica: al Gobierno le cuesta demasiado lograr períodos prolongados de estabilidad, en general por errores autoinfligidos.
Si se repasa la montaña rusa del último año se nota con claridad que los mejores momentos de la gestión coinciden con períodos de orden interno y objetivos comunes y, por el contrario, las fases duras conviven con las disputas intestinas y la dispersión de propósitos.
En enero del año pasado, Milei estaba en un gran momento, después de cerrar un 2024 con varios objetivos cumplidos. Pero a fin de ese mes fue a Davos, y agitó a todos con su discurso cargado de polémicas. Después se sumó $LIBRA y se agrietó la interna Karina-Santiago por el diseño electoral. De enero hasta abril fue una etapa de retroceso.
En abril se cerró el acuerdo con el FMI y en mayo LLA ganó la ciudad, metas que habían unificado a todas las tribus. Momento de alza. Pero el exitismo posterior agrietó el clima y sin rivales enfrente se pasó a una etapa de ciénagas. Derrotas provinciales, adversidad en el Congreso, inestabilidad financiera, y el golpe bonaerense. Crisis, quizás la peor.
Pero después vino el tuit de Scott Bessent y la recuperación de la elección de octubre. Otra vez para arriba. Tras el triunfo, recambio de gabinete, internas, y nuevamente dificultades. En diciembre se produjo la renovación del Congreso y las sesiones extraordinarias fueron verdaderamente extraordinarias. Se aprobaron todas las leyes y Milei fue a la Asamblea cargado de gloria. Eso ocurrió el 1 de marzo. Tres días después se realizó el recambio en Justicia, y otra vez el vía crucis.
Esta sintética recorrida permite visualizar la disfuncionalidad operativa que muestra el Gobierno y que habilita una dimensión más profunda para el planteo que hizo en la mesa política el ministro Caputo. Hay un encadenamiento de factores económicos, políticos y judiciales anudados entre sí que están trabando este pasaje de la gestión y que configuran un modelo inestable. Se entiende su pedido de reacción urgente.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Retardo de Justicia. Presentan una queja contra el juez que ordenó la cautelar que protege a Tapia y Toviggino

Los abogados de dos periodistas formalizaron una queja por retardo de Justicia contra el juez de garantías Walter Federico Saettone, que ordenó la cautelar que protege a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
Esa medida del juez le impide a Nicolás Pizzi y Nicolás Gasulla y otros periodistas que investigaron a la AFA tomar contacto o acercarse a Tapia y Toviggino, además de difundir datos, imágenes o información de ambos dirigentes.
Los abogados de Pizzi y Gasulla apelaron esa cautelar, pero el juez Saettone no le dio trámite, dijeron en un escrito que su defensa presentó este viernes ante la Cámara Penal de San Isidro.
“Pese a haber transcurrido un mes de la apelación presentada por esta parte con relación a la cautelar dispuesta con fecha 13/05/2026 (en favor del Sr. Tapia) y más de 20 días de la apelación presentada en relación con la resolución de fecha 18/05/2026 (en favor del Sr. Toviggino), la causa continúa en la primera instancia a la espera de que se finalice el trámite de notificaciones a los imputados”, dice el texto, que lleva la firma de los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady.
“En aquellas impugnaciones nuestros clientes señalaron una grave e inaceptable afectación al derecho de libertad de expresión a través de una vía de censura indirecta. Nuestros clientes son periodistas y necesitan investigar y que no se les condicione su labor profesional”.
La cautelar que cuestiona fue dictada en el marco de una denuncia de Tapia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes iniciaron la causa que investiga a las autoridades de la AFA por la quinta de Villa Rosa, Pilar.
La versión de Tapia fue que, tras un conflicto por cámaras de fotomultas en la órbita del Ceamse, comenzó una campaña de presión con denuncias judiciales y exposición mediática sobre la AFA, su patrimonio y la quinta de Pilar. Esa denuncia quedó bajo la órbita del juez Saettone y la fiscalía de Pilar.
Los abogados sostienen que pasó un mes desde la apelación contra la cautelar concedida a Tapia y más de 20 días desde la apelación contra la medida dictada en favor de Toviggino, pero que el expediente continúa en primera instancia a la espera de que se completen notificaciones a otros imputados.
Para la defensa, esa demora configura un retardo de justicia. En la presentación, pidieron que la Cámara ordene al juez de primera instancia que, en un plazo de 24 horas, realice los trámites necesarios para que la Alzada pueda intervenir y revisar las cautelares cuestionadas.
El perfil público del juez incluye elogios a la expresidenta Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Walter Federico Saettone,Conforme a
POLITICA
La Corte ratificó la cautelar por el financiamiento: “Es una noticia que la comunidad universitaria estaba esperando”

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó. Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia.
La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.
“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó.
La recomposición y el alcance del fallo
El fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.
Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó.
La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país. El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades. Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.
Dilaciones del Gobierno y argumentos oficiales
El Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.

El rector agregó que los hechos demostraron que el Ejecutivo sí tenía capacidad para cumplir con los compromisos. “Lo que pasó en julio también ponía en evidencia que no hace falta una ley que diga expresamente en un artículo de dónde salen los recursos para poder cumplir con un objetivo que el Estado se propone”, opinó.
Las universidades públicas nacionales atravesaron una etapa de incertidumbre mientras aguardaban la definición judicial. Bartolacci manifestó que ahora sienten alivio y satisfacción por el deber cumplido. “Es alivio. Es la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que vale la pena siempre. Cuando la causa es noble, vale la pena comprometerse”, expresó.
Consecuencias en el sistema universitario
La demora en la recomposición salarial y la actualización de becas tuvo efectos concretos en las universidades públicas. Bartolacci relató que docentes decidieron dejar sus cargos y buscaron otras fuentes de ingreso. “Por supuesto que pasó, no solo en Rosario, en todo el país. Y en algunas áreas disciplinares nos ha costado encontrar con qué reponer esos cargos”, afirmó.
El pluriempleo docente se extendió, según el rector. Muchos profesores combinaron la actividad académica con otros trabajos, algunos ajenos a su formación. “Conozco colegas que hacen las cosas más diversas, desde manejar un Uber hasta tener comercios o lo que fuera que le permita llegar a fin de mes”, describió.
La precariedad salarial también afectó la calidad de la enseñanza y la continuidad de proyectos científicos. “El 70% de la ciencia se produce en el sistema universitario público. Allí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos”, advirtió.

Bartolacci alertó que la pérdida de investigadores y proyectos no se recupera de inmediato. “En formación de recursos humanos y en líneas de investigación lo que se pierde después no lo recuperás con un acto administrativo en un solo momento. A veces te demanda décadas volver al punto anterior”, señaló.
Prioridades y desafíos para el futuro
El rector remarcó la necesidad de resolver la cuestión presupuestaria y salarial como tarea urgente. Propuso avanzar hacia una reforma estructural del sistema universitario. “Hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria”, sugirió.
Al mismo tiempon consideró que la universidad pública argentina debe adaptarse a un contexto nacional e internacional en constante cambio. “En una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace veinte o treinta años atrás. Ahora, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo”, manifestó.
Según el rector, el sistema universitario y científico nacional debe reorientarse para aportar al desarrollo del país. Planteó la necesidad de transformar planes de estudio, métodos de enseñanza y la estructura de las carreras. “Hay que hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular”, concluyó.
El fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión. Las universidades aguardan la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La comunidad universitaria se prepara para afrontar los desafíos pendientes y contribuir al desarrollo nacional.
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Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos

Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.

Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.

Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.

Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
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