POLITICA
Una advertencia que sacudió al Gobierno

Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban. Allí estaban Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullirch, Martín y Lule Menem, e Ignacio Devitt.
Pero eso fue sólo una parte del planteo del ministro. Inmediatamente después reclamó una señal política contundente que disipara las desconfianzas de los mercados, que hacen que el riesgo país no baje como debería, si se observan los fundamentals del programa. En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política.
Y un dato adicional muy importante: Caputo también dijo ese día que el acuerdo que proponía debía cerrarse “ahora”, no el año próximo. Su argumento fue que el programa necesita dar señales de sustentabilidad en este momento crítico, para poder enderezar las variables antes del ingreso al clima electoral (que en el Gobierno vaticinan que se va a disparar después del Mundial), para cuando ya sea tarde y los incentivos para consensuar sean menores. Recordó el impacto económico que generó en 2025 la incertidumbre política, cuyos efectos, según su diagnóstico, sobreviven hasta ahora.
Como era de esperar, el planteo tan vehemente del ministro generó un sacudón interno. No cayó bien que el principal garante del rumbo económico le endilgara al ala política la responsabilidad del éxito. “Fue rara la argumentación, porque desde diciembre venimos aprobando en el Congreso todos los proyectos que mandamos”, comentó un testigo de la conversación.
La primera reacción fue de Karina Milei, quien en línea con lo que viene siendo su estrategia electoral desde el año pasado, mostró su desacuerdo con la idea de negociar abiertamente con los gobernadores. Volvió a plantear allí su intención de fortalecer LLA en todo el país, objetivo que debería plasmarse en los armados provinciales.
Fue la primera vez que hubo un contrapunto entre Caputo y Karina en una reunión de este tipo. “Ella sintió que se le estaba metiendo en su propio territorio, el electoral”, interpretó uno de los testigos. Bullrich y Santiago Caputo, con matices avalaron la posición del titular de Hacienda, aunque con una advertencia: el objetivo central es lograr la reelección del Presidente, y los acuerdos locales deben estar ordenados en función de esa consigna. En consecuencia, habrá provincias donde convendrá pactar, y otras en las deberán competir contra el gobernador local.
Dos altos funcionarios que hablaron en los últimos días con Javier Milei, interpretaron que el Presidente avala la posición más dura de su hermana, no sólo por su escasa vocación por los acuerdos políticos, sino porque tiene una visión más técnica de las prestaciones del plan económico. Aunque la sintonía entre Luis Caputo y Milei es absoluta, son varios los altos funcionarios que últimamente notan en el ministro una mayor preocupación que en el líder libertario por el enfriamiento económico. Tiene motivos. Marzo cerró un trimestre decididamente malo, con indicadores de inflación y salarios negativos. Abril debería ser otra cosa.
Si bien el debate que abrió Caputo no continuó en las semanas siguientes y quedó pendiente de resolución, en el sector de Karina Milei dan cuenta de que algunos resortes se activaron. Un primer paso fue la reunión que tuvieron este lunes la hermana del Presidente, Santilli y Lule Menem con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, los más cercanos de Pro y la UCR.
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaSi bien ese encuentro se difundió como de gestión, la realidad es que allí se habló esencialmente de la estrategia electoral. El mendocino se llevó el compromiso que había ido a buscar: que el año próximo habrá una PASO entre un candidato suyo y Luis Petri, y que se impondrá un fair play en la campaña, es decir, un compromiso de que Milei no va a desbalancear la competencia en favor de su exministro. Frigerio, en tanto, integra el reducido lote de gobernadores, junto con Carlos Zdero y Claudio Poggi, con los que la Casa Rosada está decidida a reeditar el acuerdo electoral que hicieron el año pasado. Hay una consigna en estos movimientos que reside en el empoderamiento de los socios más fieles. Tampoco LLA tiene grandes nombres allí.
La idea del Gobierno es avanzar después con los aliados del segundo anillo, tratativas que van a ser mucho más complicadas. En ese lote están Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Osvaldo Jaldo, al que podría sumarse Claudio Vidal. En la ciudad irán con candidatos propios, si es necesario, enfrentando a Pro (Bullrich recibió esta semana un aval explícito de Karina Milei para que empiece a armar su campaña). Lo mismo en Córdoba. Santa Fe es una incógnita.
Pero en estas conversaciones empieza a filtrarse otra novedad importante: en el Gobierno se está debatiendo la posibilidad de acordar con los mandatarios aliados un desdoblamiento electoral. Esto representaría un giro en la lógica que imperó hasta ahora, a partir de la enseñanza del año pasado, cuando el oficialismo perdió casi todas las elecciones locales, y después ganó en al.
La evaluación es que esta estrategia puede ser peligrosa en 2027, porque una seguidilla de derrotas en las provincias adversas podría derivar en mayor incertidumbre económica, que a la vez haga naufragar la reelección. Otra vez, las variables económicas y políticas enlazadas. Por eso una idea que se evalúa es dosificar el calendario con triunfos en provincias aliadas, para neutralizar las probables derrotas en distritos desfavorables. Pero este planteo todavía es resistido por el propio Milei, quien entiende que lo mejor sería generar un efecto arrastre de su postulación presidencial hacia sus candidatos en las provincias, todos votando el mismo día.
Así como Toto Caputo fue quien enlazó la economía con la política, otro ministro, Juan Bautista Mahiques, terminó por ligar la política con la justicia para conectar los tres nudos que hoy tienen maniatados al Gobierno. El problema es que no está claro por dónde se puede empezar a desatar esa madeja.
Su arribo al gabinete encrespó de un modo previsible la interna inmortal entre Karina Milei y Santiago Caputo, no sólo porque marcó un cambio en la conducción del ministerio, sino porque abrió la puerta a un combate subacuático en todos los territorios. Un ejemplo mínimo de esta semana surge al preguntarse por qué se enardeció tanto la pelea digital entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan. La primera respuesta indica que fue una reacción porque la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a once tuiteros de Las Fuerzas del Cielo que difundieron datos personales del karinista Sebastián Pareja. Había mucha bronca acumulada y estalló.
Pero podría haber otra explicación complementaria, porque en el sector de Santiago Caputo están convencidos de que la fiscal Ramírez está en el área de influencia de Mahiques, y ven detrás de su decisión una voluntad del ministro por erosionar al asesor presidencial.
Algo similar viene ocurriendo con las causas de la AFA, en donde cada movimiento que hace Mahiques es inmediatamente interpretado como una acción destinada a beneficiar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, por su vínculo con el mundo del fútbol. Esto ocurrió cuando se supo que los candidatos propuestos por el Gobierno para completar la Cámara en lo Penal Económico son los jueces de ese fuero Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, a quienes le atribuyen una sintonía con el ministro. Este Tribunal es el que estará a cargo de revisar la investigación por la retención de aportes previsionales por parte de la AFA, causa en la que ya están procesados Tapia y Toviggino. Cuando imperan las suspicacias, cada detalle es una conspiración.
Pero el problema mayor no anida en la guerra de operaciones dentro del propio Gobierno, sino en el extraordinario impacto que tuvo el recambio en Justicia dentro de Comodoro Py. Para un sector poderoso de la casta que mora en esos tribunales el arribo de Mahiques y de su segundo, Santiago Viola, fue interpretado como “una declaración de guerra”. Se trata de la cofradía que impulsaba a Guillermo Montenegro para el ministerio y que se sintió marginado y enfrentado. Esta agrupación de intereses mutuos se referencia en el juez Ariel Lijo, y cuenta con una participación activa de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, y la bendición de María Servini. Su terminal en el Gobierno fue siempre Santiago Caputo. Detrás del cortinado, se mueve Ricardo Lorenzetti. Y directamente en las sombras, Antonio “Jaime” Stiuso.
Esta agrupación está muy activa últimamente. Por un lado, en el plano político, para incidir en los nombres de los postulantes a definir para los juzgados vacantes. También para entrar en la discusión si es que se reabre la negociación por la Corte y la Procuración. “Quieren ser tenidos en cuenta. La designación de Mahiques y de Viola fue tomada como una provocación”, argumentan desde ese sector.
Estas inquietudes animaron la conversación que este miércoles a la noche mantuvo un grupo de comensales, encabezados por Lijo y Martínez de Giorgi, que por esos misterios del destino, tienen a su cargo las tres causas que más preocupan al Gobierno: $LIBRA, Andis y la de Adorni. Con la excusa de festejar el cumpleaños del salteño Sáenz, se juntaron los dos jueces, el homenajeado, los gobernadores Jalil y Jaldo, un trío de senadores de sus provincias, Guillermo Andrada, Flavia Royón y Sandra Mendoza (ellas dos integrantes de la comisión de Acuerdos), a los que se sumó la jujeña Carolina Moisés. En la Casa Rosada deberían prestar atención a esa cena, si es que pudieran conocer el carácter de esa tertulia.
En torno de ese remolino judicial se agitan versiones, sospechas y especulaciones que atraviesan Comodoro Py por estos días. ¿Es cierto que Viola hizo correr la versión de que ya había “hablado” con Gerardo Pollicita, y de que eso enardeció al fiscal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni? ¿O que Karina Milei le puso bolilla negra al juez Mariano Borinsky, después de que cometió la herejía de reunirse con Santiago Caputo en la Casa Rosada, a la vista de todos, porque estaba enojado después de que hundieran su proyecto de reforma del Código Penal?
Esta agitación judicial tiene particularmente estresado a Mahiques, que conoce bien el paño y sabe que se le está complicando el cumplimiento de la promesa que le hizo a Karina Milei de ocuparse de las causas que la salpican. No tiene dudas de que el ritmo que llevan las investigaciones más sensibles no es habitual en la justicia federal, y entiende que es una reacción por su designación. Así se lo comentó a miembros del Gabinete. Pero el ministro tiene una herramienta muy poderosa en sus manos: decenas de designaciones de jueces pendientes, que le permiten moldear un nuevo mapa judicial. En el fondo, lo que está en juego es un nuevo esquema de poder en los tribunales.
En este contexto no sorprende que Mahiques se haya subido ayer al avión que llevó a los hermanos Milei a Israel. Es su viaje oficial inaugural. Según dicen en su entorno, lo invitó el propio Presidente. Los dos hablan con bastante frecuencia, evidencia de que, por primera vez desde que asumió, Milei se está interesando en el laberinto judicial. Habría influido en ese cambio la presión de su propia hermana, quien se dio cuenta de la sensibilidad del tema hace ya varios meses.
El estancamiento económico, las riñas políticas y las disputas judiciales configuran una especie de estrecho de Ormuz que tiene estrangulada la gestión del Gobierno. Emerge en este cuadro un síndrome que ya se ha transformado en una evidencia empírica: al Gobierno le cuesta demasiado lograr períodos prolongados de estabilidad, en general por errores autoinfligidos.
Si se repasa la montaña rusa del último año se nota con claridad que los mejores momentos de la gestión coinciden con períodos de orden interno y objetivos comunes y, por el contrario, las fases duras conviven con las disputas intestinas y la dispersión de propósitos.
En enero del año pasado, Milei estaba en un gran momento, después de cerrar un 2024 con varios objetivos cumplidos. Pero a fin de ese mes fue a Davos, y agitó a todos con su discurso cargado de polémicas. Después se sumó $LIBRA y se agrietó la interna Karina-Santiago por el diseño electoral. De enero hasta abril fue una etapa de retroceso.
En abril se cerró el acuerdo con el FMI y en mayo LLA ganó la ciudad, metas que habían unificado a todas las tribus. Momento de alza. Pero el exitismo posterior agrietó el clima y sin rivales enfrente se pasó a una etapa de ciénagas. Derrotas provinciales, adversidad en el Congreso, inestabilidad financiera, y el golpe bonaerense. Crisis, quizás la peor.
Pero después vino el tuit de Scott Bessent y la recuperación de la elección de octubre. Otra vez para arriba. Tras el triunfo, recambio de gabinete, internas, y nuevamente dificultades. En diciembre se produjo la renovación del Congreso y las sesiones extraordinarias fueron verdaderamente extraordinarias. Se aprobaron todas las leyes y Milei fue a la Asamblea cargado de gloria. Eso ocurrió el 1 de marzo. Tres días después se realizó el recambio en Justicia, y otra vez el vía crucis.
Esta sintética recorrida permite visualizar la disfuncionalidad operativa que muestra el Gobierno y que habilita una dimensión más profunda para el planteo que hizo en la mesa política el ministro Caputo. Hay un encadenamiento de factores económicos, políticos y judiciales anudados entre sí que están trabando este pasaje de la gestión y que configuran un modelo inestable. Se entiende su pedido de reacción urgente.
Jorge Liotti,Conforme a
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Alejandro López, el juez que absolvió a los gremialistas, llegó al puesto gracias a un acuerdo de la Legislatura y es calificado de “garantista”

“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez Alejandro Gabriel López, que absolvió a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El sorpresivo fallo del juez López argumentó que el bloqueo contra la empresa Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados), que alteró a gran parte de San Nicolás, fue parte del derecho a protestar.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En aquella sesión se aprobaron otros 16 pliegos, como por ejemplo María Laura Iglesia para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Isidro y Juan Carlos Tufari para el mismo cargo pero en Bahía Blanca.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
El juez no tuvo en cuenta que la denominada Ley Bases (27.742) aprobada durante el gobierno de Javier Milei, se establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se moderó, ni se endureció.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
Passaglia proviene del peronismo, luego integró el PRO y después, Juntos por el Cambio. Hoy critica al Gobierno nacional de Javier Milei.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
El abogado Fernando Soto, asesor de la senadora Patricia Bullrich, también cuestionó el fallo. “Los empresarios se cansaron de pagarle coimas a Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Para que les paguen, Cabaleyro les bloqueó la empresa. Lo denunciaron. Estuvo cuatro años preso. Pero la Justicia lo absolvió: dijeron que fue un ‘legítimo reclamo sindical’”.
“El juez justificó el delito”, se lamentó, a su vez, el empresario Ariel Rey, propietario de la compañía que sufrió el bloqueo sindical.
A su vez, el diario Norte, de San Nicolás, recordó que López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
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Juan Pablo Valdés recorrió las zonas inundadas en Corrientes y reunió al Comando Operativo de Emergencias

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recorrió las localidades de Ituzaingó e Isla Apipé para relevar de manera directa el impacto de la creciente del río Paraná sobre las familias de ambas comunidades. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza; y los intendentes de cada municipio. La recorrida se enmarcó en el operativo de respuesta que el gobierno provincial mantiene activo ante la emergencia hídrica que afecta a distintos puntos de la provincia.
La avanzada del agua sobre los territorios ribereños derivó en la evacuación de familias y el traslado de animales en zonas como Apipé Chico, donde el nivel del Paraná comprometió viviendas y actividades productivas. Ante esa situación, el Ejecutivo correntino desplegó en el terreno a tres ministerios —Seguridad, Obras Públicas y Desarrollo Social— que ya iniciaron la entrega de los primeros módulos de asistencia a los damnificados. En paralelo, el mandatario anticipó la habilitación de un albergue para reubicar a las familias desplazadas.
La magnitud del fenómeno y la necesidad de una respuesta articulada llevaron a Valdés a encabezar este miércoles una reunión del Comando Operativo de Emergencia (COE) para revisar las acciones en curso y proyectar medidas de prevención de cara a los próximos meses. Ese encuentro marcó el eje institucional de la respuesta provincial ante los efectos de El Niño sobre la cuenca del Paraná.
En el primer tramo de la recorrida de este martes por la zona afectada, el gobernador llegó hasta Isla Apipé, donde dialogó con vecinos y autoridades locales. El intendente del municipio, Gustavo Figueredo, detalló en esa instancia la situación de los evacuados y las dificultades recurrentes que atraviesa la isla en cada período de crecida.
“Le pasamos al Gobernador un informe general de todos los evacuados, y sobre las problemáticas que atravesamos en cada crecida”, afirmó Figueredo. El jefe comunal valoró la presencia de Valdés en el territorio y destacó “el compromiso nuevamente de trabajar en conjunto para enfrentar esto”.

Agregó: “Estamos contenidos por el Gobierno provincial”.
Desde Apipé, la comitiva continuó hacia Ituzaingó, donde el gobernador se reunió con el intendente Emilio Nicolás y equipos de las áreas de Desarrollo Social, Infraestructura y Producción. En ese punto se coordinaron acciones concretas para asistir a las familias evacuadas tanto en la ciudad como en Apipé Chico. También se avanzó con el traslado de animales, una tarea que el gobierno provincial lleva adelante junto al PRIAR —la policía rural— para reubicar el ganado afectado por el avance del agua.
Valdés ratificó en esa instancia el acompañamiento de la Provincia y subrayó la necesidad de organizar la contención posterior al fenómeno. “Vamos a trabajar con los pobladores en la reconstrucción de sus hogares, acompañar a los productores y estar cerca para todo lo que se necesite del Gobierno de Corrientes”, afirmó el mandatario.
Valdés convocó al COE para planificar la respuesta ante El Niño

Este miércoles, Valdés convocó a los integrantes del COE para una reunión de planificación en la que participaron representantes de los ministerios que componen el organismo y los intendentes de la capital correntina y de Paso de la Patria. El encuentro tuvo como objetivo central reforzar la coordinación entre las distintas áreas del gobierno provincial para anticipar nuevos escenarios de riesgo. Uno de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las cuencas costeras, al que se sumó la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo hídrico y la detección temprana de situaciones críticas, según informó El Litoral.
La planificación abarcó también medidas de asistencia a productores afectados y la elaboración de planes de contingencia en los sectores de educación, salud, desarrollo humano, infraestructura y logística. Desde el COE se remarcó la importancia de sostener las medidas preventivas durante los próximos meses, dado que el fenómeno de El Niño podría generar nuevas precipitaciones y tormentas sobre el territorio provincial. Entre las recomendaciones difundidas por el organismo figuran el mantenimiento de los barrios en condiciones adecuadas, la atención a las alertas meteorológicas y la consulta de los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo.
El gobierno provincial indicó que la situación hídrica se encuentra actualmente controlada y que el monitoreo sobre las zonas afectadas es permanente. Las obras hídricas, de canalización y de entubamiento ejecutadas en distintas localidades en los últimos períodos permitieron actuar con mayor rapidez ante la creciente. La decisión sobre nuevas medidas quedará supeditada a la evolución de las condiciones climáticas en los próximos días.
Juan Pablo Valdés,Corrientes,inundaciones
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Marcha atrás: el Gobierno restituye la ley de tierras para blindar el DNU 70/23 y desactivar la ofensiva opositora en Diputados

En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por , llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.
Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.
Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.
Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.
El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por su parte, el bloque peronista de Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría en total rechazo de la iniciativa libertaria y acusó al bloque que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.
En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.
Noticia en desarrollo
la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23,,el fallo de la Corte Suprema,,October 14, 2026,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a


















