POLITICA
Una señal intimidante que incluye y supera el caso de la jueza Michelli
El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.
De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.
Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.
En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.
Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.
Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.
Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.
En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.
Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.
¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.
En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.
La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.
Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.
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POLITICA
El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
En una sesión realizada esta tarde, el Senado de la Nación aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. La medida busca avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal de distintas jurisdicciones del país y desbloquear promociones que permanecían demoradas en el servicio exterior.
Los pliegos judiciales incluyen designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, tribunales orales federales de Tucumán y Posadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Mar del Plata.
También el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal y otros cargos en fiscalías y defensorías públicas de Corrientes, Mendoza, Río Negro y Capital Federal.
Entre los nombres aprobados se encuentran Víctor Arturo Pesino, Javier Jorge Cosentino, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco, Bernardo María Rodríguez Palma, Pablo Roberto Toledo y Ruth María Ponce de León.
En algunos casos, como el de Pesino, sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, votaron en contra. El pliego fue aprobado con 35 votos a favor y 32 en contra.
El pliego de Pesino fue especialmente resistido porque fue el juez que falló a favor del Gobierno en la causa contra la reforma laboral, al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.
Con este resultado, el camarista que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio se aseguró un nuevo período por cinco años más en la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo.
La senadora Patricia Bullrich defendió el pliego de Pesino durante el debate. Consideró que el peronismo buscaba sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y recordó que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, sentenció la jefa del bloque libertario.
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Otras postulaciones, como las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron estado parlamentario y fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento posterior.
En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad, un conjunto de 27 ascensos diplomáticos en las categorías A, B, C y D. La decisión puso fin a una extensa dilación que afectaba la carrera de funcionarios del servicio exterior argentino.
Senado, CGT, Justicia
POLITICA
Procesaron a Jorge Capitanich por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria
El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. La causa en la que se investiga a Capitanich tiene como principal acusada a la exfuncionaria Marta Soneira, acusada de adjudicar de forma irregular tierras fiscales a allegados suyos, decisiones que Capitanich avaló con su firma.
El exgobernador fue procesado por el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, exdiputado nacional por la UCR.
Según consta en el expediente, la trama por la que fue procesado Capitanich (a solicitud del fiscal general Carlos Amad), incluye, en sus puntos principales, acusaciones por “traslados sospechosos de documentación institucional clave que derivaron en extravíos y adulteraciones”, así como “un mecanismo de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales” basado en “informes de inspección idénticos elaborados el mismo día” por un delegado (Darío Giménez), con el objetivo de “beneficiar directamente a los socios comerciales” del esposo de Soneira (Mauricio Ariel Cian), “quienes incluso modificaban o elegían parcelas a su antojo e incurrían en presuntas usurpaciones con la complicidad de las autoridades”.
La denuncia que alcanzó a Capitanich fue presentada por la administración de Leandro Zdero, actual gobernador de Chaco. Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco (actualmente, denominado Instituto de Tierras Fiscales), formalizó la presentación judicial el 2 de mayo de 2024.
La exfuncionaria Soneira fue titular del Instituto de Colonización y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, con Capitanich como mandatario (gobernó la provincia hasta 2023, cuando lo venció Zdero).
Según se desprende de la resolución del juez Carbajal, el fiscal Amad responsabiliza a Soneira de “valerse de sus cargos para otorgar y adjudicar de forma espuria cuatro inmuebles rurales de grandes dimensiones en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro N. Bessone, quienes son socios comerciales de su pareja”. Los inmuebles rurales son dos de 1250 hectáreas, uno de 623 hectáreas y otro de 512 hectáreas.
Además, el fiscal culpa a la exfuncionaria de “otorgar de manera organizada beneficios impositivos provinciales, industriales, reintegros de subsidios y quitas/tarifas especiales en servicios públicos a las empresas de su entorno íntimo”, y de influir “para modificar por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo que sectores rurales del Departamento Almirante Brown (donde radican las empresas de su marido y socios) se habiliten para la explotación rural y desmonte”.
En el marco de la causa, Capitanich fue acusado de haber tenido “un rol fundamental dado que, mediante su firma en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, ratificó y validó formalmente las adjudicaciones de venta de los campos fiscales a precios ínfimos y muy por debajo del valor de mercado”.
También se lo acusó de haber haber aprobado por decreto “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ignorando los consensos técnicos de sustentabilidad y violando la Ley de Bosques Nativos que exige que dicha medida sea aprobada exclusivamente por vía legislativa”.
El fiscal Amad consideró que Capitanich estuvo “dentro del esquema delictivo como parte del plan organizado y coautor/partícipe necesario en las maniobras de fraude en perjuicio de la Administración Pública, actos de corrupción y abuso de autoridad, al emitir el decreto adjudicatario final y el decreto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”.
Al ser citado a indagatoria, el 9 de septiembre de 2025, Capitanich presentó un escrito. Pidió “su inmediato sobreseimiento ante la inexistencia absoluta de los delitos de defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito” que se le imputan. El actual senador nacional, se resumió en el fallo de su procesamiento, “rechazó la acusación fiscal, la cual consideró vaga, imprecisa y construida sobre conceptos abstractos alimentados por denuncias e informes mediáticos de opositores políticos que pretenden criminalizar decisiones de Estado legítimas, convirtiendo políticas públicas de desarrollo en supuestas maniobras delictivas”.
El juez Carbajal (que fue diputado nacional por Formosa hasta diciembre de 2025, y en febrero de 2026 fue designado como subrogante en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) procesó a Soneira y a Capitanich como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas.
El magistrado también procesó, como coautores del delito de fraude, a Mauricio Ariel Cian (el esposo de Marta Soneira) y sus socios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. Los acusados Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman (que fue titular del Instituto de Colonización) recibieron la falta de mérito. Federico Soneira y Diego Soneira (hermanos de Marta Soneira) fueron sobreseídos.
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POLITICA
Nuevo gesto de LLA: Karina Milei reunió a legisladores porteños y hablaron de la estrategia para 2027
Karina Milei se reunió este jueves en Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza para escuchar la hoja de ruta de las reformas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que configura una cumbre con alto componente simbólico. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirman en el oficialismo nacional.
En el resumen del encuentro publicado por la Casa Rosada se dio a conocer que desde la filial porteña transmitieron su “preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.
Esta última mención no es menor, ya que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado en más de una oportunidad que busca desarrollar ese sector de la Ciudad. Se trata de una de las demostraciones de autonomía que pretende realizar el armado karinista en un momento en el cual se están determinando cuáles serán las alianzas electorales en distintos puntos del país.
El comunicado de prensa indica que se presentaron “los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”. La conducción nacional libertaria no ha dado muestras de que pretende cerrar un acuerdo con el macrismo. No por el momento. Creen que aquello se terminará de decidir a principios del año próximo y con un panorama más acabado.
Karina Milei cree que tiene espacio para disputar la silla de Uspallata con una fórmula propia. Esta es una posibilidad que disminuyó con el tiempo debido al declive definitivo de la candidatura de Manuel Adorni, al mismo tiempo que en el sector ligado a Patricia Bullrich tampoco muestran entusiasmo por una postulación porteña. Al mismo tiempo, Jorge Macri reconvirtió su discurso de gestión, centralizándolo en la seguridad pública. Esto se trasladó a la Legislatura porteña, donde votaron junto a La Libertad Avanza iniciativas tales como el mayor control de los “trapitos“.
Ese proyecto fue presentado oportunamente por La Libertad Avanza y es uno de las tantas reformas que Ramírez y su equipo presentaron a comienzos de año internamente como para imponer volumen político en la Legislatura de la Ciudad. En la Casa Rosada consideraban que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como en el distrito porteño.
El encuentro comenzó a las 13 y se extendió por casi dos horas. Contó con la participación completa de los legisladores porteños y de funcionarios de la gestión nacional como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, o el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
Los legisladores bonaerenses de LLA habían sido convocados en un primer momento, pero no participaron por el llamado a sesiones en el Senado de la Provincia. La modificación dejó la reunión enfocada en los dirigentes de la Ciudad, uno de los principales distritos electorales del país.
La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses se profundizaron las diferencias entre el sector que responde a Milei y el armado político de Patricia Bullrich, sobre todo en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria.
Aunque ambas sostienen una relación institucional, dentro del oficialismo reconocen que conviven dos formas distintas de construir poder. Esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.
Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y de su vínculo con sectores del PRO. Karina Milei, en cambio, conserva el control del partido y de la expansión territorial, en una división de funciones que convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento libertario una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.
En Balcarce 50 sostienen que la prioridad inmediata sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y evitar que el debate interno interfiera con la agenda parlamentaria. La reunión de este jueves también buscaba transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político de los próximos meses.
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