CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.

La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.

El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.

La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.

Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.

El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.

La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.

Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.

De larga data

La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.

El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.

La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.

En ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.

Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.

La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.

El fallo por el escándalo del plan de viviendas sociales Sueños Compartidos que construyeron las Madres de Plaza de Mayo se explica porque uno de los jueces del tribunal votó por absolver a todos los acusados con el argumento de que la causa estuvo mal instruida, pero también por el sobreseimiento prematuro de gobernadores e intendentes que recibieron un presupuesto de 700 millones de pesos hace 15 años y porque la responsabilidad política no siempre se convierte en responsabilidad penal.

La sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.

El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos.

Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el 11 de noviembre, estas son las claves del fallo:

La disidencia: el juez Adrián Grunberg votó por absolver a todos los acusados, incluidos los funcionarios. Solo los votos de la jueza Paliotti y del juez Obligado permitieron las condenas a López, Fatala y a los hermanos Schoklender. Grunberg es el mismo juez que decidió en este tribunal absolver a Cristina Kirchner sin juzgarla en el caso Hotesur y Los Sauces.

La absolución de De Vido: todos los jueces del tribunal optaron por absolver a Julio de Vido. Las razones pasaron porque la responsabilidad política no se convierte automáticamente en responsabilidad penal. Si bien era el ministro, el responsable del programa no aparece firmando nada. La responsabilidad que valoró el tribunal es la penal. Imputar a De Vido por su rol institucional es un caso de responsabilidad objetiva que está vedado para nuestro sistema penal. De seguir esa idea, se podría haber llegado a Cristina Kirchner. En este caso nadie mencionó a De Vido, ni firmó nada. Es la misma situación que ocurrió con la causa Vialidad, donde fue absuelto.

Zafaron intendentes y gobernadores: el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los gobernadores e intendentes que recibieron los más de 700 millones de pesos de hace 15 años para construir viviendas sociales. Firmó los sobreseimientos el 23 de diciembre de 2019. Desvinculó además a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini.

Concluyó que gobernadores e intendentes no habían cometido delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas. En total alcanzó a 25 imputados. Entre los beneficiados estuvieron Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez, además de Julio Zamora, intendente de Tigre.

El argumento fue que los fondos provenían del Estado nacional y que desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa lectura, ni los municipios ni las provincias tuvieron injerencia real, porque la Nación solo giraba el dinero si la contratada para hacer las viviendas era la Fundación.

Esto fue clave para que la causa quedara tabicada, al igual que la instrucción inicial que hizo el juez Norberto Oyarbide, ya fallecido, que tuvo que ser apartado del caso por la Cámara Federal.