POLITICA
El aniversario de la condena a CFK, el primer paso del PJ Federal en el interior y los conflictos provinciales
La diversidad de vidas que se amontonan dentro del peronismo van construyendo un gran debate sobre el futuro de la fuerza política y las necesidades de marcar un cambio de época. Desde de un plan económico hasta la forma de construir una estructura de poder. Desde la búsqueda de nuevos liderazgos hasta la profundidad de la influencia de los líderes actuales.
Una de las vertientes que dará un nuevo paso en la discusión pública de la alternativa peronista es la del PJ Federal, que tiene en su mesa chica a Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával. El primer paso fue presentarse en sociedad el 1 de mayo en Parque Norte. El segundo es intensificar el debate sobre un nuevo programa económico y productivo. Para eso el destino elegido es Entre Ríos.
El esquema federal volverá a reunirse el lunes 15 de junio en Concepción del Uruguay. Bajo el título “El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional”, la dirigencia justicialista del interior buscará abrir una etapa de debate centrada en la formulación de propuestas concretas sobre temáticas puntuales. A partir de ahora la discusión será regional y aplicada a temas que tengan peso en ese lugar geográfico del país.
“Hay que superar las discusiones centradas exclusivamente en nombres, liderazgos o candidaturas, para volver a poner en el centro las ideas, los proyectos y las propuestas”, indicaron en el esquema federal, donde destacan que después de la presentación en Parque Norte se movió una dirigencia en búsqueda de una vía política para encauzar sus necesidades y sus pensamientos.
El peronismo entrerriano está en una etapa de rearmado detrás de dos figuras que motorizan el proceso de reorganización: Guillermo Michel y Adham Bahl. Después de varios períodos de gobierno con sello justicialista, Rogelio Frigerio rompió el molde, se convirtió en Gobernador y edificó una alianza electoral con el gobierno de Javier Milei. Para destronarlo hará falta un peronismo que, de mínima, esté unido en su mayor parte. El armado federal va a tener influencia directa en esa organización.
El debate que plantean para el 15 de junio tiene como eje central el modelo agroindustrial y productivo de la Argentina. “El peronismo debe volver a construir una agenda de desarrollo que recupere la confianza de los sectores productivos de todo el país”, aseguran entre los federales.
“Tenemos la responsabilidad de reconstruir vínculos, representar a los sectores que hoy están siendo castigados y ofrecer una alternativa clara”, advirtió a este medio uno de los integrantes de la primera línea del espacio, que en un puñado de días se reunirá en un esquema similar a utilizado en Parque Norte, con comisiones temáticas, un acto final y la publicación de un documento sobre lo discutido en la jornada.
El conflicto con los PJ del interior
En una sintonía diferente de la recomposición política del peronismo están los PJ locales, muchos de ellos con conflictos abiertos e internas múltiples. Son focos de peleas, divisiones y disputas permanentes. Muy lejos del motor de una alternativa que podrían ser si estuvieran ordenados y alineados bajo una conducción política estable.
Los PJ de Salta y Jujuy, intervenidos judicialmente, son un nido de fricciones incesantes. Los interventores políticos, delegados por el PJ Nacional, con el aval de Cristina Kirchner, apelaron las intervenciones dispuestas por la justicia federal. En ambos casos concedieron la apelación, pero no fue con efecto suspensivo, motivo por el cual la intervención permanece vigente hasta que resuelva la situación la Cámara Nacional Electoral (CNE).
En Salta los delegados normalizadores, Pablo Kosiner y Nora Canunni, instruidos por el PJ para buscar una salida auspiciosa al conflicto local, presentaron en las últimas horas varias objeciones a la junta electoral partidaria del partido, respecto a la organización de la elección, pautada para el 2 de agosto. Entre ellas aparecen la logística, el recuento de votos, la habilitación de centros de votación, la distribución de las urnas y el financiamiento del proceso electoral.
En esos pases de facturas cruzados aparece en escena el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, que hace tiempo pide que haya elecciones en el PJ de su provincia y acusa a los Kirchner de manejar el partido desde Buenos Aires; y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que está alineado a Unión por la Patria (UP) y mantiene una relación tensa con quien fue su sucesor en el poder.
“Sáenz se autopercibe no peronista pero quiere manejar el Partido Justicialista. Salta es la única provincia de la Argentina donde el 100% de su diputados y senadores nacionales votaron absolutamente todas las iniciativas del Gobierno. En verdad, la idea es evitar que haya una posición diferente”, planteó esta semana el ex mandatario en diálogo con EcoMedios.
El interventor puesto por la justicia federal, José Luis Napoleón Gambetta, es un hombre cercano a Sáenz, motivo por el que en el peronismo advierten que se está desarrollando una discusión de poder en el plano político, pero también en el plano judicial. El pedido que salió de Matheu 130, donde coordina la agenda el formoseño José Mayans, es que los delegados busquen una salida armoniosa del conflicto local y medien con el oficialismo local y la Justicia para que haya un proceso electoral prolijo y efectivo.
En Jujuy la situación es bastante similar. En la semana entrante la intervención judicial, a cargo de Ricardo Villada, hombre que también es muy cercano al gobernador de Salta, es posible que defina el cronograma electoral. El peronismo jujeño está muy fraccionado y enfrentado, por lo que una elección ordenada, que legitime dirigentes, parece ser la salida más apropiada al mar de acusaciones que subsisten.
Hay cinco sectores distintos dentro del universo del peronismo jujeño. Cada uno tiene un referente: Rubén Rivarola, Guillermo Snopeck, Carolina Moisés, Leila Chaher y Guillermo Jenefes. “Hay que buscar una forma de ponerse de acuerdo, pero todos tenemos que estar adentro”, planteó uno de los líderes del justicialismo en la provincia. De esos sectores saldrán las listas que participen en los comicios internos.
Moisés, aliada a los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán, viene de ser sancionada por los interventores políticos del PJ, debido a su posicionamiento cercano al Gobierno en un puñado de leyes. Y, antes de ese episodio, tuvo varios cruces con el kirchnerismo por las reiteradas suspensiones de las elecciones partidarias locales y, al mismo tiempo, la incapacidad de poder lograr un acuerdo de unidad que suture las grietas internas.
El sector de los gobernadores del norte está pendiente de lo que suceda con el PJ jujeño y de la resolución de la CNE. Mientras esperan que la intervención judicial permanezca vigente y ordene el proceso electoral, acusan al kirchnerismo de ejercer presiones a la justicia vinculadas a la rosca política. Le apuntan a dos nombres: Leopoldo Moreau y Gerónimo Ustarroz.
Neuquén es otra de las provincias donde hay focos de conflicto abiertos. La semana pasada el peronismo kirchnerista logró imponerse en una votación interna y tomar el control del congreso partidario. Lo hizo a través de Luis “Pichi” Sagaseta, vinculado al ex secretario de la presidencia de la Nación Oscar Parrilli.
En los últimos días, José Asaad, actual presidente del PJ Neuquén, alineado al gobernador Rolando Figueroa, acusó a su compañera de fórmula, Anahí Valdez, de haber trabajado en conjunto con el sector de Parrilli y ser funcional a la oposición interna.
Esa acusación evidenció un quiebre interno en la conducción del partido. Hace tan solo tres meses habían ganado juntos las internas partidarias. El PJ local está partido y plagado de desconfianza. No hay orden, no hay cohesión y no hay unidad.
El aniversario de la condena de CFK
Este miércoles se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que derivó en su inmediata detención y la inhabilitación perpetua para ejercer y competir por cargos públicos. El cristinismo hace varios días que viene realizando actos en la puerta de San José 1111 para mantener vivo el reclamo por su libertad y reivindicar el rol de liderazgo de la ex presidenta.
Sin embargo, ese sector insiste con la necesidad de que el resto del peronismo tome noción de lo que implica la detención de la ex mandataria y ponga en la lista de prioridades la defensa irrestricta de su inocencia. Si ella no está libre, no habrá legitimidad plena de un candidato peronista, fueron las palabras de Parrilli un par de semanas atrás. Una gran mayoría del esquema opositor no piensa así.
En el sector más duro del kirchnerismo hay una gran molestia con Axel Kicillof y con algunos referentes del PJ Federal por la falta de defensa a CFK. “Les interesa más ser complacientes con el poder económico, con los empresarios, que defender a Cristina”, se quejó un camporista puro. “Se van a convertir en un pequeño grupo reaccionario. Cada vez más chicos están. Cada vez se hablan más a ellos mismos”, reaccionó un integrante del MDF.
La discusión va y viene. Casi en forma permanente. El camporismo está dispuesto a dar una batalla dialéctica potente frente a otros sectores del peronismo, que hablan de la situación de CFK, pero que entienden que no es el punto central del programa o del plan de acción que debe tener la oposición en este tiempo de rearmado político y oposición dura a Javier Milei.
Crime,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Carrió cuestionó la reforma de la Ley de Tierras: “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”
La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.
Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.
Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce. Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.
En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.
En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.
El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.
Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. «La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.
En esa misma línea, concordaron en que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por eso cualquier reforma de la Ley de Tierras “debe procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación de estos bienes estratégicos, asegurando que la apertura económica no implique una disminución de la capacidad del Estado para proteger el ambiente”.
El documento de unas 13 páginas enumera gran parte del atractivo económico que tiene el país. “La frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica forman parte de una geografía que excede la dimensión puramente inmobiliaria o productiva”; y ante esa tentación exige “mirar la cuestión de la tierra desde una perspectiva más amplia que la compraventa privada”.
Sobre esa arquitectura normativa, el documento concluye que configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y que, en los términos del artículo 29 de la Constitución, la condena con nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen. El Senado tiene previsto tratar la iniciativa en los próximos días.
POLITICA
La Casa Rosada evita escalar la tensión con Brasil tras los insultos de un funcionario de Lula a Milei
Pese a las resonantes declaraciones contra Javier Milei de un funcionario del Gobierno de Lula da Silva, la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas con Brasil en la previa del próximo viaje del Presidente a San Pablo.
“Nada para comentar”, se limitaron a responder en Balcarce 50 y la Cancillería a TN luego de que el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, insultara a Milei por su inminente visita a Brasil para apoyar al principal candidato presidencial de la oposición.
“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, escribió Boulos en sus redes.
El exabrupto del funcionario del Planalto puso en evidencia el momento que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei se limitó a los carriles diplomáticos formales para evitar cualquier contacto entre los mandatarios.
Además de las diferencias ideológicas, el vínculo con Lula da Silva se resintió por las reiteradas manifestaciones de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, principal dirigente de la oposición brasileña que está inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.
En ese contexto, quien representará a la oposición en su lugar será uno de sus hijos, el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro, a quien Milei recibió en la Quinta de Olivos dos semanas atrás.
«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, enfatizó el Presidente tras el encuentro, que acompañó con una foto en sus redes sociales. Sin embargo, Milei quiso ir más allá y el viernes pasado confirmó que viajará a San Pablo el próximo 25 de julio para participar de la unción de su aliado ideológico como candidato para las elecciones de octubre. Luego, irá a Brasilia para reunirse con el propio Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 por una edición de la CPAC en Camboriú.
Los movimientos de Milei forman parte de la búsqueda del Gobierno de afianzar el bloque geopolítico con los líderes de centroderecha que se impusieron recientemente en la región.
En ese sentido, el Presidente ya confirmó su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.
Los mandatarios electos, a quienes Milei apoyó en la previa de sus definiciones electorales, se suman a un grupo afín a las ideas de la Casa Rosada que incluye a Santiago Peña en Paraguay; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Noboa en Ecuador; José Antonio Kast en Chile; Nayib Bukele en El Salvador; Nasry Asfura en Honduras; Luis Abinader en República Dominicana; Laura Fernández en Costa Rica; y José Raúl Mulino en Panamá.
Leé también: El Gobierno pone en marcha una semana de reuniones para impulsar las reformas en el Congreso y ordenar la estrategia electoral
Del lado contrario, quedaron el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil, además de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela.
En ese contexto, pese a las manifestaciones de rechazo del Planalto, la Cancillería evitó pronunciarse públicamente y mantiene las relaciones diplomáticas formales a través de la Embajada en Brasilia que lidera Guillermo Daniel Raimondi. Por su parte, desde la sede diplomática brasileña en Buenos Aires también evitaron dar comentarios sobre el tenso vínculo con la Casa Rosada.
Lula Da Silva, Javier Milei, Brasil
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Removieron al funcionario que se enfrentó al embajador argentino en España por quitarle su despacho
El episodio que escaló en un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, y el embajador Wenceslao Bunge Saravia, puso un punto y aparte este martes con una decisión que tomó el Gobierno mediante un decreto publicado en Boletín Oficial que dispuso el cese del primer funcionario diplomático.
El decreto 588/2026, firmado por el canciller Pablo Quirno, estableció que Nimo, quien se desempeñaba como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada desde agosto de 2024, concluya con sus tareas después de casi dos años al frente de un área clave para la captación de capital europeo para el país. Lo habían elegido por reunir “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.
Por su parte, la administración libertaria fundamentó la necesidad de “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la representación diplomática en Madrid. En el documento, el Ejecutivo argumentó que “el ejercicio de las funciones asignadas exige una actuación acorde con los lineamientos, directrices e instrucciones impartidos por el Estado Nacional en materia de política exterior”.
La designación original del “mileista, menemista y guerrero de la Batalla Cultural!”, como se define en su perfil, partía de argumentar la necesidad de “fortalecer la presencia” del Estado argentino en distintas representaciones en el exterior, con el objetivo de “acompañar las proyecciones de las políticas comerciales y económicas” del Gobierno, en particular en materia de comercio internacional e inversiones.
Al momento de su nombramiento, Nimo recibió rango de Consejero de Embajada y Cónsul General al solo efecto protocolar, mientras durara su función.
La disputa entre ambos funcionarios saltó a la luz tres meses antes de que el Gobierno firmara el cese. Nimo y Bunge Saravia habían tenido un desencuentro que anticipó el desenlace que se formalizó este martes en el Boletín Oficial. El episodio que detonó el conflicto fue la decisión del embajador de retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.
Según supo Infobae en aquel entonces, la medida se enmarcó formalmente en una reestructuración interna. La Embajada Argentina no renovaría el alquiler del piso donde funcionaba el Consulado General, lo que obligó a redistribuir los espacios disponibles entre el personal. Esa decisión fue comunicada mediante un memo interno enviado por correo electrónico oficial a los más de 40 empleados que trabajan en el edificio.
Nimo, sin embargo, no aceptó esa explicación y llevó el conflicto a la red social X. “Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina“, escribió. En ese mismo mensaje sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España, y concluyó con una frase que sintetizó su lectura del episodio: “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo.”
El posteo derivó en una impugnación política directa al embajador. “Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó Nimo. También señaló que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la representación diplomática, sin obtener respuesta.
Detrás de ese episodio puntual existía una tensión acumulada durante meses, según pudo conocer este medio. El abogado, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con contactos en los sectores alimentario y ferroviario y compromisos de inversión por más de 2.500 millones de euros. Esa actividad, desplegada en paralelo a la agenda institucional de la embajada, generó fricciones por la superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones.
El factor que terminó de escalar el conflicto fue una entrevista que Nimo concedió a un influencer en redes sociales, donde defendió la política de austeridad fiscal del Gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
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