Desde hace algunas semanas, Patricia Bullrich comenzó a manifestar públicamente sus diferencias con el Gobierno sobre algunos temas clave y a mostrar una agenda propia que generó cierto conflicto con la Casa Rosada. La tensión fue escalando y en los últimos días llegó a su pico máximo, pero entonces ambas partes acordaron bajar la espuma y mostrar unidad.

Todos los sectores del oficialismo coinciden en que la senadora, a pesar de ser la jefa del bloque en la Cámara Alta, tiene cudal político por sí misma, lo que le permite tomar determinadas decisiones sin consultarle al resto de la cúpula.

Sin embargo, es esta misma autonomía la que muchas veces trajo rispideces con los integrantes más antiguos del espacio, quienes sí siguen las órdenes directas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Al respecto, no son pocos los miembros del Gabinete que reconocen que “Bullrich te llama cuando necesita algo, pero después se mueve sola”, aunque aclaran que es algo que todos aceptan y que generalmente no trae problemas.

Un ejemplo de un caso en el que esta dinámica sí incomodó fue el proceso de acuerdos con la oposición por los principales lugares en las comisiones parlamentarias luego del recambio legislativo tras las elecciones del 2025.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordinó con el Poder Ejecutivo las vacantes que iba a negociar, priorizando aquellas a las que se suponía que irían los proyectos de ley más importantes que estaban en carpeta.

En el Senado no habría pasado lo mismo y allí la ex ministra de Seguridad consensuó el reparto de las comisiones siguiendo criterios propios. Si bien la elección que hizo estuvo acertada, en Balcarce 50 hubo algunos reparos por la falta de trabajo en equipo.

Más recientemente, Bullrich empezó a impulsar una agenda paralela, primero muy vinculada a la ciudad de Buenos Aires, donde se especula con que sea candidata el año que viene, y luego con cuestiones más sensibles.

Durante una reunión de Gabinete, según trascendió, el presidente Javier Milei la habría frenado con tono firme cuando intentó explicar su opinión respecto de la situación de Manuel Adorni, a quien previamente le había reclamado que presentara la declaración jurada lo antes posible.

En plena disputa, fue la secretaria general la que la convocó el miércoles pasado a su oficina en la Casa Rosada para conversar a solas y hacer una foto que luego se difundió por las redes sociales.

El gesto se dio justo cuando las relaciones estaban en su momento de mayor estrés, luego de que Bullrich anticipara que no iba a votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, como pretendía el Poder Ejecutivo.

El equipo que asesora a la senadora redactó un mensaje con el objetivo de generar el ruido exacto dentro del partido, el suficiente como para marcar su pensamiento, pero no tan fuerte como para fomentar una ruptura.

En ese texto, remarcó que expresar sus principios “también forma parte de la responsabilidad” que tiene como dirigente, pero ratificó que sigue siendo parte “de este proyecto” y apoya “con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”.

“Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, resumió en ese posteo.

Sin embargo, unas horas más tarde se filtró un dato que no tenía previsto que se conociera: que durante el diálogo con Javier Milei, le había puesto a disposición la renuncia como cabeza de la bancada.

Fue la propia Bullrich la que confirmó luego este dato, aunque aclarando que “cualquier persona de bien” hubiera actuado de la misma forma, ya que le estaba diciendo al máximo mandatario que no iba a seguir sus órdenes.

En el entorno de la ex ministra, en tanto, primero negaron las versiones y, cuando se supo que efectivamente había ocurrido eso, insistieron con que se trató únicamente de una cuestión protocolar y que no tenían la intención de dar un paso al costado.

En el armado porteño de La Libertad Avanza indican que estas situaciones no afectaron el vínculo, pero insisten con que todavía no está definido quién va a competir por le Jefatura de Gobierno.

La semana próxima podría haber una nueva reunión de la mesa política, de la que también participan los protagonistas de la principal interna que tiene el Gobierno prácticamente desde que llegó al poder: Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

De todas formas, en ese ámbito se trata solamente la estrategia legislativa y, más allá de algún comentario puntual en alguno de estos encuentros, habitualmente sus miembros actúan como si no hubieran diferencias y no se discuten los conflictos de fondo.

Después de la sesión en la que se sancionaron los pliegos de jueces, incluido el de Michelli, y la autorización para el pago de la deuda a los holdouts, la senadora enfrentará un nuevo desafío con la reforma política.

El oficialismo no contaría con los votos como para aprobar uno de los puntos más importantes de esa iniciativa, que es la eliminación de las PASO, por lo que se espera que sea una discusión intensa con el resto de los bloques hasta el tratamiento de la medida.

La diversidad de vidas que se amontonan dentro del peronismo van construyendo un gran debate sobre el futuro de la fuerza política y las necesidades de marcar un cambio de época. Desde de un plan económico hasta la forma de construir una estructura de poder. Desde la búsqueda de nuevos liderazgos hasta la profundidad de la influencia de los líderes actuales.

Una de las vertientes que dará un nuevo paso en la discusión pública de la alternativa peronista es la del PJ Federal, que tiene en su mesa chica a Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával. El primer paso fue presentarse en sociedad el 1 de mayo en Parque Norte. El segundo es intensificar el debate sobre un nuevo programa económico y productivo. Para eso el destino elegido es Entre Ríos.

El esquema federal volverá a reunirse el lunes 15 de junio en Concepción del Uruguay. Bajo el título “El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional”, la dirigencia justicialista del interior buscará abrir una etapa de debate centrada en la formulación de propuestas concretas sobre temáticas puntuales. A partir de ahora la discusión será regional y aplicada a temas que tengan peso en ese lugar geográfico del país.

“Hay que superar las discusiones centradas exclusivamente en nombres, liderazgos o candidaturas, para volver a poner en el centro las ideas, los proyectos y las propuestas”, indicaron en el esquema federal, donde destacan que después de la presentación en Parque Norte se movió una dirigencia en búsqueda de una vía política para encauzar sus necesidades y sus pensamientos.

El peronismo entrerriano está en una etapa de rearmado detrás de dos figuras que motorizan el proceso de reorganización: Guillermo Michel y Adham Bahl. Después de varios períodos de gobierno con sello justicialista, Rogelio Frigerio rompió el molde, se convirtió en Gobernador y edificó una alianza electoral con el gobierno de Javier Milei. Para destronarlo hará falta un peronismo que, de mínima, esté unido en su mayor parte. El armado federal va a tener influencia directa en esa organización.

El debate que plantean para el 15 de junio tiene como eje central el modelo agroindustrial y productivo de la Argentina. “El peronismo debe volver a construir una agenda de desarrollo que recupere la confianza de los sectores productivos de todo el país”, aseguran entre los federales.

“Tenemos la responsabilidad de reconstruir vínculos, representar a los sectores que hoy están siendo castigados y ofrecer una alternativa clara”, advirtió a este medio uno de los integrantes de la primera línea del espacio, que en un puñado de días se reunirá en un esquema similar a utilizado en Parque Norte, con comisiones temáticas, un acto final y la publicación de un documento sobre lo discutido en la jornada.

El conflicto con los PJ del interior

En una sintonía diferente de la recomposición política del peronismo están los PJ locales, muchos de ellos con conflictos abiertos e internas múltiples. Son focos de peleas, divisiones y disputas permanentes. Muy lejos del motor de una alternativa que podrían ser si estuvieran ordenados y alineados bajo una conducción política estable.

Los PJ de Salta y Jujuy, intervenidos judicialmente, son un nido de fricciones incesantes. Los interventores políticos, delegados por el PJ Nacional, con el aval de Cristina Kirchner, apelaron las intervenciones dispuestas por la justicia federal. En ambos casos concedieron la apelación, pero no fue con efecto suspensivo, motivo por el cual la intervención permanece vigente hasta que resuelva la situación la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En Salta los delegados normalizadores, Pablo Kosiner y Nora Canunni, instruidos por el PJ para buscar una salida auspiciosa al conflicto local, presentaron en las últimas horas varias objeciones a la junta electoral partidaria del partido, respecto a la organización de la elección, pautada para el 2 de agosto. Entre ellas aparecen la logística, el recuento de votos, la habilitación de centros de votación, la distribución de las urnas y el financiamiento del proceso electoral.

En esos pases de facturas cruzados aparece en escena el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, que hace tiempo pide que haya elecciones en el PJ de su provincia y acusa a los Kirchner de manejar el partido desde Buenos Aires; y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que está alineado a Unión por la Patria (UP) y mantiene una relación tensa con quien fue su sucesor en el poder.

“Sáenz se autopercibe no peronista pero quiere manejar el Partido Justicialista. Salta es la única provincia de la Argentina donde el 100% de su diputados y senadores nacionales votaron absolutamente todas las iniciativas del Gobierno. En verdad, la idea es evitar que haya una posición diferente”, planteó esta semana el ex mandatario en diálogo con EcoMedios.

El interventor puesto por la justicia federal, José Luis Napoleón Gambetta, es un hombre cercano a Sáenz, motivo por el que en el peronismo advierten que se está desarrollando una discusión de poder en el plano político, pero también en el plano judicial. El pedido que salió de Matheu 130, donde coordina la agenda el formoseño José Mayans, es que los delegados busquen una salida armoniosa del conflicto local y medien con el oficialismo local y la Justicia para que haya un proceso electoral prolijo y efectivo.

En Jujuy la situación es bastante similar. En la semana entrante la intervención judicial, a cargo de Ricardo Villada, hombre que también es muy cercano al gobernador de Salta, es posible que defina el cronograma electoral. El peronismo jujeño está muy fraccionado y enfrentado, por lo que una elección ordenada, que legitime dirigentes, parece ser la salida más apropiada al mar de acusaciones que subsisten.

Hay cinco sectores distintos dentro del universo del peronismo jujeño. Cada uno tiene un referente: Rubén Rivarola, Guillermo Snopeck, Carolina Moisés, Leila Chaher y Guillermo Jenefes. “Hay que buscar una forma de ponerse de acuerdo, pero todos tenemos que estar adentro”, planteó uno de los líderes del justicialismo en la provincia. De esos sectores saldrán las listas que participen en los comicios internos.

Moisés, aliada a los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán, viene de ser sancionada por los interventores políticos del PJ, debido a su posicionamiento cercano al Gobierno en un puñado de leyes. Y, antes de ese episodio, tuvo varios cruces con el kirchnerismo por las reiteradas suspensiones de las elecciones partidarias locales y, al mismo tiempo, la incapacidad de poder lograr un acuerdo de unidad que suture las grietas internas.

El sector de los gobernadores del norte está pendiente de lo que suceda con el PJ jujeño y de la resolución de la CNE. Mientras esperan que la intervención judicial permanezca vigente y ordene el proceso electoral, acusan al kirchnerismo de ejercer presiones a la justicia vinculadas a la rosca política. Le apuntan a dos nombres: Leopoldo Moreau y Gerónimo Ustarroz.

Neuquén es otra de las provincias donde hay focos de conflicto abiertos. La semana pasada el peronismo kirchnerista logró imponerse en una votación interna y tomar el control del congreso partidario. Lo hizo a través de Luis “Pichi” Sagaseta, vinculado al ex secretario de la presidencia de la Nación Oscar Parrilli.

En los últimos días, José Asaad, actual presidente del PJ Neuquén, alineado al gobernador Rolando Figueroa, acusó a su compañera de fórmula, Anahí Valdez, de haber trabajado en conjunto con el sector de Parrilli y ser funcional a la oposición interna.

Esa acusación evidenció un quiebre interno en la conducción del partido. Hace tan solo tres meses habían ganado juntos las internas partidarias. El PJ local está partido y plagado de desconfianza. No hay orden, no hay cohesión y no hay unidad.

El aniversario de la condena de CFK

Este miércoles se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que derivó en su inmediata detención y la inhabilitación perpetua para ejercer y competir por cargos públicos. El cristinismo hace varios días que viene realizando actos en la puerta de San José 1111 para mantener vivo el reclamo por su libertad y reivindicar el rol de liderazgo de la ex presidenta.

Sin embargo, ese sector insiste con la necesidad de que el resto del peronismo tome noción de lo que implica la detención de la ex mandataria y ponga en la lista de prioridades la defensa irrestricta de su inocencia. Si ella no está libre, no habrá legitimidad plena de un candidato peronista, fueron las palabras de Parrilli un par de semanas atrás. Una gran mayoría del esquema opositor no piensa así.

En el sector más duro del kirchnerismo hay una gran molestia con Axel Kicillof y con algunos referentes del PJ Federal por la falta de defensa a CFK. “Les interesa más ser complacientes con el poder económico, con los empresarios, que defender a Cristina”, se quejó un camporista puro. “Se van a convertir en un pequeño grupo reaccionario. Cada vez más chicos están. Cada vez se hablan más a ellos mismos”, reaccionó un integrante del MDF.

La discusión va y viene. Casi en forma permanente. El camporismo está dispuesto a dar una batalla dialéctica potente frente a otros sectores del peronismo, que hablan de la situación de CFK, pero que entienden que no es el punto central del programa o del plan de acción que debe tener la oposición en este tiempo de rearmado político y oposición dura a Javier Milei.

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El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.

De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.

Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.

En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.

Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.

Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.

Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.

En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.

Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.

¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.

En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.

La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.

Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.

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