POLITICA
El Gobierno alertó sobre los cambios que provocaría la derogación del DNU 70/23

El Gobierno alertó este martes sobre los cambios que provocaría la derogación del mega DNU 70/2023 que impulsa la oposición en el Congreso. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que volvería la ley que regula los alquileres, los precios en las góndolas y la venta de tierras.
“Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades; una de ellas fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011; el DNU 70 derogó esa norma. El país tiene enormes tierras con potencial productivo; hace falta la inversión en esas tierras y el desafío es generar las condiciones para que se transformen en producción”, introdujo Ravier esta mañana, y aseguró que la habilitación de la venta de tierras está “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”.
Las declaraciones del portavoz presidencial surgen luego de que la Corte Suprema dictara un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023 que derogaba la legislación vigente entonces y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.
Fue así que Ravier enumeró las consecuencias de derogar la norma. “El DNU empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas. Un ejemplo es alquileres, su derogación permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”, aseguró el vocero.
Y continuó: “También se avanzó en un esquema de importar con más oferta, recordemos que hasta 2023 funcionó el SIRA, que el Estado fijaba qué se podía importar. Ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos. La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital. Además, los precios de productos medicinales bajaron 19%, se desregularon los regímenes para elegir la obra social y se eliminó la cédula azul”.
Luego, apuntó contra los diputados que impulsan la sesión para derogarlo. “Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Aumentarían los alquileres, volvería la ley de Góndolas, los obstáculos para cambiar la prepaga del trabajador; es volver a un modelo de país agotado que el Gobierno dejó atrás. Volver a esas leyes es volver a ese modelo en el que el Estado tiene la ultima palabra. Favorece a quien tiene contactos, no a quienes producen. Es pedirle permiso al Estado o competir en libertad”, advirtió.
Sesión en el Congreso
Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.
El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. La oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.
La propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca.
El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible.
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Presupuesto porteño 2027: La Libertad Avanza propuso cambios en ABL, Patentes e Ingresos Brutos

La Libertad Avanza (LLA) condicionó su respaldo al Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires a la aprobación de un plan de recorte del gasto público y reducción de impuestos, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una baja del ABL y cambios en Ingresos Brutos.
El bloque de 14 legisladores porteños, presidido por Pilar Ramírez, difundió su posición a través de un video en redes sociales y planteó que revisará cada partida del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según el espacio, el objetivo es que el alivio tributario se financie con una reducción de estructuras y erogaciones de la administración porteña, sin recurrir a endeudamiento ni a nuevos tributos.
“El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños”, afirmó Ramírez. La legisladora sostuvo que su bloque busca una baja de impuestos “permanente y sostenible”, sin modificaciones contables ni aumentos en otros gravámenes.
Uno de los principales reclamos de LLA es la supresión de las PASO en la Ciudad. El bloque calculó que dicho proceso electoral implica un desembolso de $ 29.000 millones y propuso destinar esos recursos a la reducción de la carga tributaria. En sus estimaciones, el paquete completo de medidas permitiría dejar $ 435.000 millones en manos de los contribuyentes porteños.
La propuesta contempla eximir del pago de Patentes a los vehículos híbridos y eléctricos, reducir un 10% el ABL y modificar Ingresos Brutos. Sobre este último tributo, La Libertad Avanza planteó una rebaja del 25% para las industrias manufactureras, la ampliación del límite de facturación para comercios y servicios y una alícuota de 0% para monotributistas de servicios de todas las categorías.
Para cubrir el costo de esas reducciones, el bloque apuntó a áreas y organismos de la estructura estatal que considera prescindibles. Entre ellas mencionó la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección General de Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.
Los legisladores también propusieron eliminar la Subsecretaría Autódromo de la Ciudad y concesionar el predio. El anuncio del espacio violeta surge luego del anuncio del gobierno porteño, que se encuentra en obras y tratativas para reabrirle la puerta a la Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una obra de renovación integral que ya alcanzó un 60% de avance. Y que contempla una inversión de 150 millones de dólares.

A su vez, también cuestionaron el funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, al que atribuyeron un costo cercano a $124.000 millones, y reclamaron recortar las partidas de publicidad y propaganda, que estimaron en más de $ 60.000 millones.
“Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra. Todo lo que sobra se tiene que eliminar”, señalaron desde la bancada libertaria. LLA sostuvo que la supresión de esas dependencias y gastos permitiría financiar las modificaciones tributarias incluidas en su planteo.
Además de la discusión por el Presupuesto, el partido de Javier Milei anticipó que buscará que la Legislatura trate antes de fin de año los proyectos de Libertad Comercial y Silencio Positivo. Ramírez concluyó que el bloque trabajará esas iniciativas en las próximas semanas y convocó a otros sectores a acompañar las propuestas.
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La Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa que investiga los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa.
También, cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo. Son, en total, 26 vehículos, entre autos, camionetas y motos. De la lista completa, la mayoría ya está en poder de la Justicia; en cuanto al resto, se dispuso su secuestro, pero todavía no se hizo efectivo.
La sospecha de los investigadores es que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo hizo una falsa venta de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.
La decisión de entregarle los vehículos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero.
Según el fallo de ayer, la asignación de los fallos a la Corte es “provisoria”. Está vinculado con el artículo 23 del Código Penal, que dice que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.
El fallo también alude a las medidas cautelares que prevé la ley para “garantizar” que a futuro estén disponibles los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan disponerse.
La lista
La lista de los bienes que la Justicia ya secuestró y tiene en su poder, según el fallo, incluye: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, la Ferrari modelo “California Descapotable” y un Alfa Romeo.
Los vehículos que la Justicia todavía no logró encontrar son:
-Un camión Mercedes Benz modelo Accelo 1016/39
-Dos camiones Mercedes Benz modelo Atego
-Un Toyota modelo SW4
-Un Audi modelo Q2 35 TFSI ADVANCED
-Un Mercedes Benz modelo GLC 300 COUPE AMG-LINE
-Un Alfa Romeo modelo STELVIO VELOCE
-Un Toyota, modelo SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A
-Un Citroen, modelo C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE
-Un Volkswagen, modelo VENTO 2.0TDI
-Un Peugeot modelo 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L AM23,
-Un Peugeot, modelo 208 LIKE PACK 1.6L AM23
-Un Volkswagen, modelo Vento 2.5
-Un BMW, modelo 320 I
La causa
La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.
Ayer, apenas unos días después de que Vallejo hubiera reabierto las puertas de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte le prohibió que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .
Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.
Sur Finanzas,Conforme a
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La Corte Suprema convocó a dos conjueces para resolver una nueva demanda contra la Ley de Tierras

La Corte Suprema dispuso incorporar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Según la resolución judicial, el sorteo se realizará este martes 6 de octubre a las 16.30, en la Secretaría Judicial N.º 4 del máximo tribunal. Los magistrados serán seleccionados entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Ciudad de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.
La convocatoria busca completar la integración necesaria para adoptar una decisión. El documento establece que corresponde sumar dos conjueces “a fin de lograr el número necesario para fallar”, aunque no detalla las posiciones de los actuales integrantes de la Corte sobre el planteo.
La medida tampoco contiene una definición sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado ni anticipa cómo se resolverá la demanda. Por ahora, dispone la incorporación de los jueces que participarán del análisis del expediente.
Ley de Tierras: el reclamo ambiental que deberá analizar la Corte
La causa está identificada como “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo”. En la misma resolución, el tribunal ordenó comunicar al Estado Nacional, como parte demandada, que el expediente se encuentra ante la Corte.
La asociación ambiental presentó un pedido de aclaratoria después de la sentencia del 29 de septiembre que rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación. Su reclamo también apunta contra la derogación de la Ley de Tierras, pero invoca la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional.
La presentación se inició en la Justicia Federal de Bariloche y luego fue remitida a La Plata por su vinculación con el proceso colectivo de los excombatientes. El planteo ambiental no había recibido un pronunciamiento específico sobre su pretensión.
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