POLITICA
Peter Lamelas le pidió al Senado que apruebe el tratado de patentes y adelantó que la FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, reclamó este martes ante el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) que la Argentina suscriba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y proteja los datos regulatorios de los medicamentos. En esta línea, advirtió que una adhesión plena podría atraer USD 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años.
El diplomático habló en el AmCham Forum Health 2026, celebrado este martes bajo el lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”. Lamelas centró su intervención en dos ejes: la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio e Inversiones (ATCI) firmado en febrero y la protección de patentes y datos regulatorios, y la adhesión argentina al PCT, por sus siglas en inglés.
El acuerdo bilateral, suscrito el 5 de febrero de 2026, contempla la reducción de barreras comerciales, reglas claras para inversores y compromisos concretos en propiedad intelectual, según se informó de manera oficial. Lamelas señaló que la embajada trabaja para identificar oportunidades y resolver obstáculos, pero exigió avanzar hacia su aprobación y puesta en marcha definitiva. “Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado”, sostuvo.
En el ámbito regulatorio, Lamelas destacó que el ANMAT avanza para reconocer productos médicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que, en marzo, se derogaron las resoluciones conjuntas que limitaban el patentamiento de nuevos medicamentos —las llamadas Resoluciones Conjuntas 118/2012, 546/2012 y 107/2012—. En junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) eliminó además los criterios restrictivos para patentes de biotecnología mediante la Resolución 197/2026, que derogó la Resolución 283/2015.
El embajador insistió en varios pasajes de su discurso en el reclamo a la adhesión al PCT, el tratado que permite presentar una única solicitud internacional de patente con validez en múltiples países. Lamelas cifró en USD 8.000 millones las inversiones que los miembros de AmCham proyectan para los próximos seis años si Argentina completa ese proceso. “Ocho mil millones, que son billions en inglés”, subrayó el embajador para evitar confusiones de escala.
La Cámara de Diputados aprobó la adhesión al PCT el 27 de agosto de 2026 por 147 votos contra 93, pero el texto incorporó una reserva al artículo 64 sobre el examen preliminar internacional, lo que obligó a devolver el proyecto al Senado para una nueva votación.
Lamelas también reclamó protección para los datos regulatorios que acreditan la seguridad y eficacia de los medicamentos, y exigió que esa información se almacene en redes confiables “que no están controladas por gobiernos comunistas”, en una referencia implícita a plataformas de origen chino. En esta línea, y ante la consulta periodística, insistió: “Yo leí la ley de inteligencia del gobierno chino, y esa ley dice que las compañías chinas tienen que compartir la información privada con el Partido Comunista; las leyes de los Estados Unidos no dicen eso, tampoco la ley del Occidente dicen eso”.
Sobre el tratado de patentes, remarcó: “Yo soy médico y he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el sida, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países, porque la ley de patentes no es clara aquí. No hay respeto cuando alguien inventa algo”.
“Entonces, yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, señaló, y agregó: “Pedimos (que la adhesión) sea lo más rápido posible; cada día que demora cuesta más que dinero, puede ser la vida de un paciente.
Una oficina de la FDA en Buenos Aires
Lamelas, además, anunció tres líneas de cooperación bilateral en salud pública. La primera es el trabajo conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para la detección temprana de amenazas sanitarias. La segunda apunta a incorporar tecnología diagnóstica en hospitales argentinos. La tercera, y más concreta, es la apertura de una oficina de la FDA en Buenos Aires antes de que finalice 2027, la primera de ese organismo en el país.
En marzo, el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a autoridades de la ANMAT, recibió a representantes de la agencia estadounidense, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo, para avanzar en ese plan de trabajo. En aquel momento, se indicó de manera oficial que el objetivo del encuentro fue avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.
El diplomático cerró su exposición con un llamado a convertir el talento científico local en investigación con impacto global. “La próxima respuesta, el próximo tratamiento que espera un paciente también puede nacer acá en la Argentina”, concluyó, y reiteró su compromiso de trabajar desde la embajada para transformar las condiciones de inversión en resultados concretos para los pacientes.
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POLITICA
La Corte Suprema convocó a dos conjueces para resolver una nueva demanda contra la Ley de Tierras
La Corte Suprema dispuso incorporar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Según la resolución judicial, el sorteo se realizará este martes 6 de octubre a las 16.30, en la Secretaría Judicial N.º 4 del máximo tribunal. Los magistrados serán seleccionados entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Ciudad de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.
La convocatoria busca completar la integración necesaria para adoptar una decisión. El documento establece que corresponde sumar dos conjueces “a fin de lograr el número necesario para fallar”, aunque no detalla las posiciones de los actuales integrantes de la Corte sobre el planteo.
La medida tampoco contiene una definición sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado ni anticipa cómo se resolverá la demanda. Por ahora, dispone la incorporación de los jueces que participarán del análisis del expediente.
Ley de Tierras: el reclamo ambiental que deberá analizar la Corte
La causa está identificada como “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo”. En la misma resolución, el tribunal ordenó comunicar al Estado Nacional, como parte demandada, que el expediente se encuentra ante la Corte.
La asociación ambiental presentó un pedido de aclaratoria después de la sentencia del 29 de septiembre que rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación. Su reclamo también apunta contra la derogación de la Ley de Tierras, pero invoca la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional.
La presentación se inició en la Justicia Federal de Bariloche y luego fue remitida a La Plata por su vinculación con el proceso colectivo de los excombatientes. El planteo ambiental no había recibido un pronunciamiento específico sobre su pretensión.
El Gobierno alertó este martes sobre los cambios que provocaría la derogación del mega DNU 70/2023 que impulsa la oposición en el Congreso. En conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que volvería la ley que regula los alquileres, los precios en las góndolas y la venta de tierras.
“Durante años la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de actividades; una de ellas fue la Ley de Tierras, sancionada en 2011; el DNU 70 derogó esa norma. El país tiene enormes tierras con potencial productivo; hace falta la inversión en esas tierras y el desafío es generar las condiciones para que se transformen en producción”, introdujo Ravier esta mañana, y aseguró que la habilitación de la venta de tierras está “lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o atentar contra nuestra soberanía”.
Las declaraciones del portavoz presidencial surgen luego de que la Corte Suprema dictara un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023 que derogaba la legislación vigente entonces y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El DNU había sido previamente frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
En este contexto, la oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar en su totalidad el DNU 70/23.
Fue así que Ravier enumeró las consecuencias de derogar la norma. “El DNU empezó a desarmar regulaciones y le devolvió capacidades de decisión a empresas. Un ejemplo es alquileres, su derogación permitió que inquilinos y dueños vuelvan a acordar. Los resultados fueron contundentes. Los precios reales bajaron 38% en términos reales y la oferta se cuadruplicó”, aseguró el vocero.
Y continuó: “También se avanzó en un esquema de importar con más oferta, recordemos que hasta 2023 funcionó el SIRA, que el Estado fijaba qué se podía importar. Ahora el Estado no puede fijar cupos para exportar e importar por motivos económicos. La libertad de comerciar es la regla. El DNU terminó con la ley de Góndolas, habilitó los Cielos Abiertos, en comunicaciones se incorporaron nuevas tecnologías y prestadores, como la tecnología satelital. Además, los precios de productos medicinales bajaron 19%, se desregularon los regímenes para elegir la obra social y se eliminó la cédula azul”.
Luego, apuntó contra los diputados que impulsan la sesión para derogarlo. “Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Aumentarían los alquileres, volvería la ley de Góndolas, los obstáculos para cambiar la prepaga del trabajador; es volver a un modelo de país agotado que el Gobierno dejó atrás. Volver a esas leyes es volver a ese modelo en el que el Estado tiene la ultima palabra. Favorece a quien tiene contactos, no a quienes producen. Es pedirle permiso al Estado o competir en libertad”, advirtió.
Sesión en el Congreso
Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.
El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. La oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.
La propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca.
El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible.
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POLITICA
Piden la indagatoria de un exdiputado kirchnerista investigado por difundir fake news con recursos del Congreso
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria por haber utilizado presuntamente los servicios de dos asesores del Congreso para elaborar y difundir videos falsos en redes sociales. Según la acusación, los colaboradores cobraban sus salarios del Estado y habrían realizado esas tareas en beneficio del entonces legislador.
El requerimiento, fechado este martes 6 de octubre, fue presentado en la causa CFP 151/2025. Marijuan consideró que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría, de manera preliminar, en el delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La solicitud se produce después de que la investigación quedara radicada en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos en Salta el 18 de diciembre de 2025, un antecedente que el fiscal mencionó expresamente para fundamentar su pedido.
En su presentación, Marijuan sostuvo que Estrada habría utilizado “trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio” mientras ejercía su mandato como diputado nacional.
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