El Gobierno mira con desconfianza los últimos desmarques de Patricia Bullrich, pero evita escalar la tensión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. En la Casa Rosada reconocen que no cayeron bien sus pronunciamientos públicos contra decisiones o estrategias oficiales, aunque por ahora buscan encuadrarlos como diferencias puntuales dentro del oficialismo.

En el entorno de Karina Milei buscan bajarle el tono a la discusión y transmitir que las diferencias de Bullrich no ponen en riesgo la coordinación general de la gestión. La lectura que hacen cerca de la Secretaria General de la Presidencia es que el oficialismo reúne dirigentes con “trayectorias y criterios propios”, y que ya hubo otros episodios de disidencias públicas sin que eso derivara en una ruptura. Aun así, admiten que sus cuestionamientos generan incomodidad cuando aparecen sobre temas sensibles para la mesa chica.

El último episodio se dio por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Bullrich adelantó que no acompañará la decisión del Poder Ejecutivo en el Senado y sostuvo que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia”. En el oficialismo intentan bajarle el tono, pero admiten que la postura complica la estrategia parlamentaria para convalidar el retiro de la postulación.

La decisión de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de retirar el pliego de Michelli se produjo después de que en el oficialismo objetaran su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. La postulación ya había avanzado en la Comisión de Acuerdos y reunía firmas para obtener dictamen, de forma que el giro del oficialismo abrió una disputa institucional y política dentro del Senado.

El caso vuelve a exponer la incomodidad de Bullrich con algunas decisiones de la mesa chica. Semanas atrás, la senadora también se diferenció del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al reclamarle públicamente que presentara “de inmediato” su declaración jurada patrimonial para despejar las dudas sobre su situación judicial. Luego, ella misma adelantó la presentación de la suya ante el Senado y la Oficina Anticorrupción, en un movimiento que fue leído puertas adentro como una forma de marcarle el paso al ministro coordinador.

A diferencia de lo que ocurrió con Adorni, en Balcarce 50 evitan apuntar contra Bullrich en esta ocasión. Cerca de Karina Milei reconocen que sus intervenciones públicas generan ruido, pero sostienen que no hay una decisión de abrir una confrontación directa. La exministra conserva peso propio, conducción parlamentaria en el Senado y una base política que el oficialismo todavía necesita para ordenar parte de la agenda legislativa.

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La relación, sin embargo, viene atravesada por meses de cortocircuitos. Hubo fuertes cruces entre emisarios de la secretaria general de la Presidencia y la jefa de la bancada libertaria por el manejo del Senado, la exposición pública de las diferencias y la disputa por espacios de influencia dentro del Ejecutivo. En ese marco también se produjo la salida de Federico Angelini, dirigente cercano a Bullrich que ocupaba la Subsecretaría de Intervención Federal en Seguridad.

La renuncia de Angelini fue leída en el oficialismo como parte de la reconfiguración del área de Seguridad bajo la ministra Alejandra Monteoliva. El exfuncionario tenía incidencia en temas vinculados al narcotráfico, el Plan Bandera y el control de fronteras. Su salida dejó a Bullrich con menos presencia en una cartera que había sido su principal base de poder durante la primera etapa del Gobierno.

La nueva diferencia por los pliegos judiciales se suma además a la disputa por la órbita de Justicia entre Karina Milei y Santiago Caputo. Esa tensión se profundizó tras la salida de Sebastián Amerio y el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio. Desde entonces, varias decisiones vinculadas a Comodoro Py, al envío de pliegos y a la estrategia judicial quedaron atravesadas por la interna entre ambos sectores.

El conflicto se refleja en los movimientos del Ejecutivo sobre las nominaciones judiciales. La Casa Rosada busca avanzar con una nueva tanda de pliegos en el Senado, pero el caso Michelli expuso idas y vueltas en el proceso de selección, validación política y tratamiento parlamentario. Para un sector del oficialismo, el episodio muestra problemas de coordinación interna; para otro, es una decisión política necesaria para evitar costos futuros.

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La misma disputa impacta en la reforma del Código Penal, que sigue trabada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno. En el entorno de Santiago Caputo sostienen que el texto permanece demorado en Justicia, mientras que en los equipos vinculados a Mahiques aseguran que todavía terminan de definir la redacción final. El borrador ya fue y volvió de Legal y Técnica en reiteradas ocasiones por observaciones sobre el contenido.

La Casa Rosada intenta administrar estos frentes sin sumar otro foco de conflicto público. En Nación creen que una pelea abierta con Bullrich podría debilitar al bloque oficialista en el Senado justo cuando el Gobierno necesita votos para pliegos judiciales, reformas económicas, proyectos de seguridad y eventuales acuerdos con aliados. Por eso, el mensaje oficial es de contención: diferencias sí, ruptura no.

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