POLITICA
El juez Mahiques denuncia una “persecución mediática” y pide sancionar a fuentes judiciales que informen a periodistas
El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, presentó una nota formal en la que denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y comunicadores.
En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”.
El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.
En su alegato, puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.
Denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advierte que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.
Advirtió que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.
Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.
Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.
En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).
Medidas drásticas
Ratificado en su función, el juez Mahiques propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático. En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, con la intención de que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Pero la propuesta más llamativa que enunció apunta a regular los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que regulen estas relaciones y que se sancione éticamente como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.
El magistrado describió el vínculo actual como una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.
En el cierre de la resolución citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advierte sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.
Mahiques concluye que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, considera urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.
Carlos Mahiques,investigaciones de la AFA,LA NACION reveló,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
POLITICA
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.
En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.
El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.
De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.
La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.
Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.
En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.
Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.
El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.
La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.
POLITICA
Apelaron a la Cámara de Casación un polémico fallo que benefició a los dueños de «La Salada»
Las acusaciones contra Jorge Castillo
La organización atribuida a Antequera
El circuito del dinero y el presunto lavado de activos
El rol de Castillo y los activos en el exterior
Críticas al fallo de Cámara
POLITICA
La Justicia investiga si Adorni también se puso en contacto con la socia de Tabar después de que se activó la causa
La Justicia analiza un nuevo elemento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber TN, el foco ahora está puesto sobre un audio en el que la socia del contratista Matías Tabar le habría contado a este que el funcionario se contactó con ella para pedirle que borrara conversaciones que habían mantenido.
De acuerdo con la información del expediente, Adorni habría argumentado razones de privacidad para justificar el pedido. El supuesto contacto se habría producido dos semanas después de que se iniciara la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La situación es analizada por la Justicia en el marco de la revisión de unas 11 mil conversaciones intercambiadas entre Tabar y su socia, una mujer que participó en los arreglos de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Los investigadores consideran especialmente relevante el momento en que se habría producido ese supuesto contacto. La hipótesis bajo análisis es que la comunicación con la socia de Tabar se habría dado después de que el expediente judicial ya estuviera en marcha.
Leé también: Adorni se reunió con el nuevo vocero presidencial y anunció que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Prensa
El episodio guarda similitudes con otro hecho que ya forma parte de la investigación. En el expediente también consta que Adorni se comunicó con Tabar para ofrecerle asistencia o ponerse a disposición después de que se conociera el avance de la causa.
La revisión del contenido del teléfono de Tabar también incluye audios en los que el contratista hablaría sobre pagos en efectivo que le habría realizado el jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, se trataría de varios mensajes de voz en los que se mencionarían desembolsos en cuotas de entre 20 mil y 30 mil dólares.
Leé también: SIRA: la Justicia mira las cuentas de inversión de los acusados para reconstruir la ruta de los dólares
Fuentes judiciales consultadas por TN aseguraron que “el celular de Tabar demuestra el manejo de dinero en efectivo”. La información es parte del material que actualmente se encuentra bajo análisis.
En paralelo, todavía se espera que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) concluya el informe técnico sobre el patrimonio de Adorni. La elaboración de ese documento sufrió demoras porque la Justicia solicitó incorporar nuevos análisis relacionados con los supuestos 200 mil dólares que el jefe de Gabinete afirmó haber invertido en Bitcoin.
Leé también: La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por presuntas maniobras irregulares con el sistema SIRA y casas de cambio
La causa también registró movimientos en los últimos días a partir de la situación de Tabar. La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista y le requirió que presente documentación vinculada con la justificación de sus ingresos, la actividad desarrollada y detalles de la obra realizada en la casa de Adorni en Indio Cuá.
El organismo le pidió, entre otros puntos, información sobre su facturación, compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025, justificación de la adquisición de vehículos y del origen de fondos utilizados para la compra de dólares en esos años, además de confirmaciones societarias.
Manuel Adorni
Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba: más sanciones a empresas y un guiño a la petrolera Exxon Mobil
El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber
Con el Super RIGI el Gobierno busca retomar iniciativa y expertos advierten por impacto en el empleo
Apelaron a la Cámara de Casación un polémico fallo que benefició a los dueños de «La Salada»
LA DOBLE VARA ZURDA: Militantes K prefieren el pasado dictatorial y los excesos de Maradona antes que el éxito limpio de Messi
Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial”
Difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece junto a miles de dólares
Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos donde se ven fajos con millones de dólares en la casa de Martín Insaurralde
POLITICA3 días agoLA DOBLE VARA ZURDA: Militantes K prefieren el pasado dictatorial y los excesos de Maradona antes que el éxito limpio de Messi
- POLITICA3 días ago
Preocupación en el oficialismo por el impacto digital del caso Adorni y la insuficiencia del “efecto Mundial”
- POLITICA2 días ago
“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria
