POLITICA
Hugo Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social
Desde hace por lo menos seis años que el Sindicato de Camioneros, a cargo de Hugo Moyano, le perdona miles de millones de pesos a la obra social del gremio (Oschoca), cuyo fondo de comercio lo tiene Iarai SA, una empresa de servicios médicos que es de Liliana Esther Zulet, la esposa del histórico líder sindical. El acto administrativo que habilita la condonación y la transferencia de miles de millones de pesos de una cuenta bancaria a otra fue aprobado en asambleas sindicales en las que Moyano nunca tuvo oposición. Se avaló todo a mano alzada.
La crítica situación financiera de la obra social de los camioneros empujó a Moyano a vender propiedades y a recurrir a la ayuda mensual de los empresarios para evitar un colapso. Así y todo, el pasivo crece cada año: pasó de $7944.892.541 millones en 2023 a $27.046 millones en 2024, de acuerdo a los libros de memoria y balance de esos dos períodos a los cuales accedió . Además, la recaudación no tiene visos de repuntar: la cantidad de aportantes bajó en los últimos años de 90.000 a 72.719 trabajadores, según registros confiables. Se trata de los camioneros registrados bajo el convenio laboral 40/89 en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. A todos ellos se les descuenta de su salario bruto un 3% que se suma al 6% que aporta por ley el empleador. A mayo de este año, según la información que hizo pública el gremio, los sueldos de los camioneros oscilan entre $896.768, el más bajo, y $1.824.701, el más alto, sin contar los adicionales por viáticos y horas extras, uno de los atajos que mejoran la remuneración final.
Sin objeciones internas, Moyano intensificó la ayuda financiera en los últimos tres años. El Sindicato de Camioneros le transfirió a Oschoca $3157.731.000 millones, en 2023; $3594.604.000 millones en 2024, y $4611.672.225 millones en 2025. En lo que va de 2026, según pudo comprobar , hubo siete transferencias bancarias entre el 4 y el 13 de febrero por un total de $2971 millones. Es decir, el salvataje para el período en curso recién comenzaría.
Fuentes cercanas a Moyano admitieron a el déficit y los problemas de caja, pero desestimaron que la obra social se encamine hacia una quiebra o que vaya a activar una convocatoria de acreedores. “Todos los gremios están financiando a sus obras sociales por las dificultades del sistema de salud”, relativizó la crisis un dirigente de extrema confianza del jefe camionero.
El fondo de comercio de Oschoca lo desarrolla Iarai SA, una de las empresas que ideó Zulet en 2003, cuando fue el momento de mayor expansión y poder de Moyano. En su directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que Zulet tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuyo domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas (Dixey y Aconra) de la familia que mantienen negocios casi de manera exclusiva con el gremio de los camioneros.
Además del salvataje del gremio, la obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $28.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones. Ahora, con la denominada ley de “modernización laboral” en vigencia, este tipo de aportes, en ocasiones llamados cuota solidaria, no podrá superar el 2%. Significará otro golpe para la recaudación sindical.
La crisis financiera de Oschoca, que suspendió prestaciones y entrega de medicamentos, no es una excepción en el sistema. En un documento reciente, la CGT alertó sobre el riesgo de cierre de muchas obras sociales por el crecimiento de los costos. “Un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia atención médica con un porcentaje del salario (9% del salario) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”, advirtió la central obrera.
Y añadió: “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $90.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25 % por encima de la recaudación promedio del sistema”.
Con este mensaje, la CGT justificó la intromisión económica de los sindicatos en sus respectivas obras sociales. Por esta situación, Moyano y su esposa comenzaron a ser blanco de los reclamos de los afiliados por la falta de prestaciones médicas. Para afrontar la crisis, el jefe camionero evalúa poner a la venta el Sanatorio Antártida, ubicado sobre la avenida Rivadavia, en Caballito, y exhibido muchas veces como una institución modelo.
De los libros contables del Sindicato de Camioneros surgieron otros datos reveladores. Por ejemplo, que Moyano administra 44 inmuebles en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y que entre 2024 y 2025 destinó $589.448.285 para “marchas, paros y movilizaciones”. Un detalle que refleja que el aparato sindical no se activa solo por lealtad y convencimiento.
Liliana Esther Zulet,vender propiedades,transfirió fondos recientemente,blanco de los reclamos,Nicolás Balinotti,Hugo Moyano,CGT,Conforme a,Hugo Moyano,,Operación millonaria. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa,,Deuda millonaria. Hugo Moyano convoca a una reunión por la crisis financiera de la obra social de los camioneros,,Un pacto con Milei. Silencio oficial por el vaciamiento de Camioneros, paritarias a la baja y una ayuda de ARCA para Moyano
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
megaferia La Salada,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Cooperativistas prendieron fuego la entrada de la municipalidad de La Plata y rompieron vidrios
El humo, el fuego y las piedras protagonizaron la mañana de este viernes en La Plata, luego de que una manifestación de cooperativistas frente a la municipalidad local derivara en serios incidentes que culminaron con la detención de 19 personas.
Antes de las 10 de la mañana se congregó frente al edificio municipal un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak para los servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido en todo el partido de La Plata. De hecho, ya se llamó a licitación pública y a las 13.30 de hoy vencía el plazo para la compra de pliegos por parte de los interesados.
La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.
Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.
La llegada de refuerzos policiales hizo que los manifestantes se dispersaran hasta su retirada final.
Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.
Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.
Más allá de que sus tareas no fueron incluidas en la licitación, recolectores y recicladores acompañaron la manifestación por temor a perder sus fuentes de trabajo.
Tras las 19 detenciones, las organizaciones involucradas convocaron a una nueva manifestación, pero frente a la Comisaría 1° de La Plata, para exigir las liberaciones de sus compañeros, de los cuales varios pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha. Además, responsabilizaron al intendente Alak por “las detenciones arbitrarias”.
A raíz de los enfrentamientos, cinco policías recibieron heridas leves.
Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.
“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, agregaron.
POLITICA
En la Casa Rosada crece el fastidio por la situación del funcionario y en el Congreso la oposición retoma la embestida
A pesar de los intentos por correrlo de la escena pública y apaciguar el volcán informativo de su caso, Manuel Adorni sigue en el foco de la tormenta: su continuidad como jefe de Gabinete volvió a quedar en medio de dudas en la Casa Rosada y la oposición en el Congreso se prepara para retomar los pedidos para removerlo.
Además, los últimos movimientos en el Congreso dejaron en evidencia escenas de descoordinación interna en el oficialismo.
El debate en el Congreso promete continuar: sumarán nuevos capítulos la semana próxima.
La situación del ministro coordinador será tratada en la Comisión de Diputados el martes y en la de Asuntos Constitucionales en el Senado el próximo miércoles.
La oposición busca interpelarlo, un escenario que en Casa Rosada descuentan que será “casi letal” para el funcionario.
La última revelación en torno a la investigación que enfrenta por enriquecimiento ilícito fue que compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas según reveló .
Esa revelación circuló este viernes por chats entre funcionarios y profundizó el malestar interno.
Hasta ahora, Adorni era sostenido únicamente por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, pero internamente reconocen que su situación es “muy débil”, según admiten fuentes cercanas al oficialismo.
“Ya es todo medio impresentable, ¿no?”, dijo un funcionario, en línea con el hastío que el caso genera casi desde su comienzo, en marzo.
Este viernes, en su visita a España, el mandatario Javier Milei fue consultado por el tema y dijo: “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.
Sin embargo, afirmó: “Yo creo en su honestidad”. Luego dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.
Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido Vox, Santiago Abascal.
En lo inmediato, este viernes Adorni quedó formalmente reemplazado como vocero por Adrián Ravier.
La decisión de implementar el cambio fue tomada por el presidente y alivió al Gabinete, que desde hace tiempo pedía que el funcionario se corriera del cargo por los problemas de comunicación que ocasionaba.
“Oxigenación” y “una vuelta de página” fueron dos de las palabras que más emergieron esta última semana en un Gabinete marcado por el hastío alrededor del caso y el desgaste que produjo en estos tres meses, en los que vieron que la gestión había quedado superada por la magnitud del escándalo.
“Era fundamental dejarlo atrás a Manuel, pero él se volvió a meter solo”, decían este viernes, en referencia a lo sucedido el martes, cuando con un posteo, Adorni contradijo lo logrado por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para evitar su informe de gestión el próximo 2.
De cualquier modo, el caso generó más que nunca hastío e incomodidad con lo sucedido. “Queríamos un respiro y así no se puede”, se sinceró un funcionario.
reveló LA NACION.,El Observador España,Cecilia Devanna,Conforme a
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