INTERNACIONAL
Condenan en Panamá a 12 integrantes de una red ligada al Clan del Golfo con penas de hasta 24 años
La justicia panameña condenó a 12 personas a penas de entre cinco y 24 años de prisión por su participación en una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, investigada mediante la Operación Fisher.
La sentencia, dictada por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada, estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, después de un proceso judicial que se extendió durante más de un año.
La pena más elevada, de 24 años de prisión, fue impuesta al identificado como líder de la organización, declarado responsable de ambos delitos. Otros dos integrantes recibieron condenas de 20 años cada uno, mientras que tres personas fueron sentenciadas a 13 años, también por blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Las sanciones corresponden a la fase de individualización de penas posterior al fallo condenatorio anunciado en septiembre.
El tribunal también impuso una condena de 10 años de prisión a una persona por asociación ilícita para delinquir. Otras dos recibieron penas de seis años y tres fueron sentenciadas a cinco años, todas estas últimas por blanqueo de capitales.
En conjunto, las 12 condenas representan 140 años de prisión, aunque las penas deberán cumplirse individualmente y estarán sujetas a los recursos judiciales que correspondan.
La decisión incluye el comiso de bienes vinculados con las actividades criminales, entre ellos propiedades, fondos depositados en cuentas bancarias, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.
Estas medidas buscan retirar del patrimonio de los condenados los recursos relacionados con los delitos investigados. El decomiso constituye una parte relevante del proceso, debido al volumen de dinero y activos identificados durante las investigaciones.
La sentencia llega después de que el tribunal comunicara el sentido condenatorio del fallo el 9 de septiembre de 2026, cuando se establecieron responsabilidades penales por los delitos investigados.
El juicio oral había comenzado el 23 de julio de 2025, con la participación de fiscales, defensores y procesados, algunos de los cuales intervinieron virtualmente. La audiencia permitió examinar las pruebas recopiladas desde el inicio de la investigación
El proceso judicial estuvo a cargo de un tribunal integrado por los jueces Anabel Varela Lara, Dieter Targanski Gómez y Baloisa Marquínez Morán. Durante el debate se analizaron las operaciones atribuidas a una estructura que presuntamente utilizaba empresas, propiedades y otros bienes para incorporar al circuito económico recursos procedentes del tráfico internacional de drogas.
La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de investigaciones desarrolladas por las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas. Su objetivo era desarticular una organización relacionada con el Clan del Golfo, grupo criminal originario de Colombia, que había establecido operaciones en las costas de la provincia de Colón para facilitar el movimiento de cargamentos hacia otros países.
Según las investigaciones, la organización recibía droga procedente de Colombia mediante embarcaciones que llegaban a sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.
Posteriormente, los cargamentos eran almacenados y trasladados por carretera en vehículos acondicionados con compartimentos ocultos. El destino final de las sustancias era Centroamérica y Estados Unidos, utilizando distintas rutas marítimas y terrestres.
Los investigadores determinaron que los vehículos contaban con estructuras de doble fondo, diseñadas para ocultar las sustancias durante su traslado. También se identificaron mecanismos de almacenamiento en cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.
Estas modalidades permitían movilizar cargamentos sin que fueran detectados fácilmente, mientras la organización coordinaba las operaciones logísticas y financieras.
Como resultado de las acciones desarrolladas, las autoridades incautaron 1.5 toneladas de drogas y $9,979,648.75 en efectivo. También identificaron bienes y otros activos relacionados con la investigación, entre ellos propiedades inmobiliarias, armas de fuego y 38 vehículos de alta gama. El valor de los activos vinculados al expediente fue estimado anteriormente en aproximadamente $20 millones.
El expediente también revela la magnitud de la investigación iniciada el 6 de febrero de 2020, cuando las autoridades identificaron una estructura integrada por panameños y extranjeros.
Durante las distintas etapas del proceso se llegó a imputar a 76 personas naturales, mientras que seis sociedades fueron señaladas como posibles empresas fachada para operaciones de blanqueo de capitales.
Antes de la celebración del juicio, el Ministerio Público consiguió numerosos acuerdos de pena con personas vinculadas a la investigación.
Estos procedimientos permitieron obtener condenas sin necesidad de llevar todos los casos a debate oral. La causa que llegó al tribunal especializado incluyó a 14 acusados, entre ellos dos sociedades jurídicas, sobre quienes se discutieron las responsabilidades correspondientes.
El alcance de Fisher también puede observarse dentro del contexto nacional del narcotráfico. Entre enero y agosto de 2026, Panamá registró la incautación de 69.5 toneladas de drogas, de las cuales 46.2 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana. Estas cifras reflejan la persistencia de las operaciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio panameño.
Durante ese período, Colón encabezó las incautaciones con 18.44 toneladas, equivalentes a aproximadamente el 26.5% del total nacional. Le siguieron Panamá Oeste, con 15.92 toneladas; Panamá, con 13.24 toneladas; y Chiriquí, con 12.91 toneladas. Estas cuatro provincias concentraron cerca del 87% de las drogas decomisadas, aunque los registros corresponden a operaciones distintas de Fisher.
El comportamiento mensual muestra que mayo registró la mayor cantidad de decomisos, con 12.49 toneladas, seguido de febrero, con 10.50 toneladas. En agosto se incautaron 9.46 toneladas, frente a las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025. El incremento interanual fue de aproximadamente 13.2%, según los datos preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.
La resolución judicial de Fisher cierra una etapa importante de un expediente iniciado hace más de seis años, que permitió investigar tanto el traslado internacional de drogas como los mecanismos financieros utilizados por la organización.
Las condenas y los comisos ordenados constituyen los resultados más recientes de una causa compleja, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar las partes.
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INTERNACIONAL
Denver, Boulder ignored ICE detainers for migrants with child abuse, assault arrests, House GOP report reveals
FIRST ON FOX: A blue state’s law enforcement officials are keeping illegal immigrants accused of violent crimes out of the reach of federal authorities, a new report claims.
The House Judiciary Committee, led by Rep. Jim Jordan, R-Ohio, released new findings Friday in its investigation into sanctuary jurisdictions and their impact on law enforcement across the country.
The latest is a 25-page report that accuses top prosecutors in Denver and Boulder of helping illegal immigrants evade Immigration and Customs Enforcement (ICE), while also revealing for the first time the names and graphic charges against some of those whom House GOP investigators say are being shielded from President Donald Trump’s federal crackdown.
Both the district attorneys for Denver and Boulder pushed back against Republicans’ accusations.
JIM JORDAN SUBPOENAS BLUE STATE DAS ACCUSED OF ‘PREFERENTIAL TREATMENT’ FOR ILLEGAL IMMIGRANT CRIMINALS
Among the list is «Fernando Barrios-Ramirez, a Venezuelan national arrested for sexual assault on a child,» the report said.
Denver District Attorney John Walsh told Digital, «Unfortunately, in Barrios-Ramirez’s case, we were prevented from pursuing a decades-long sentence by ICE, who deported Barrios-Ramirez to Mexico over our objection, effectively setting him free.»
Walsh said his office prosecuted other cases listed in the report as well.
Another alleged criminal Denver is accused of ignoring an ICE detainer for is Juan Andres Holguin-Mendez, a Mexican national whose «criminal history also includes arrests for willful cruelty to a child, DUI, malicious mischief, possession of a controlled substance, trespassing, disturbing the peace, and evading a peace officer.»
Holguin-Mendez was arrested for damage to property, the report said.
A Venezuelan national named Diego Cano-Diaz with multiple alleged protective order violations was «arrested for aggravated assault with a weapon, resisting arrest, and assault,» the report said.
At least four illegal immigrants were arrested due to alleged domestic violence in Denver but also had their ICE detainers ignored, the report said.
WATCH: DEM DEMANDS ‘ONE CASE’ WHERE SANCTUARY CITIES DIDN’T TURN OVER ILLEGAL IMMIGRANTS; DHS PROVIDES LIST
In Boulder, «Mario Hernandez-Quiroz, a Mexican national arrested for child abuse and failure to appear,» was among those whose ICE detainer was ignored.
Ignoring an ICE detainer does not necessarily mean law enforcement released the accused back onto public streets. It does, however, delay potential federal deportation proceedings to ensure the accused does not stay in the U.S.
DHS BOSS REVEALS OVAL OFFICE PLAN TO ‘WITHHOLD FUNDING’ FROM SANCTUARY CITIES AFTER AGGRESSIVE NEW YORK BUST
But the report did accuse district attorneys in Denver and Boulder of helping illegal immigrants suspected of criminal acts to evade ICE, including being more lenient with their treatment in order to avoid federal immigration proceedings — in effect, accusing them of letting more undocumented criminals back onto the streets.
For instance, House GOP investigators said they obtained internal documents that show the Denver Sheriff’s Department provided written explanations in a suspected illegal immigrant criminal’s preferred language that said they have «the right to refuse to speak to federal immigration authorities.»
DENVER MAN’S ESCAPE EXPOSES CHILLING TREN DE ARAGUA KIDNAPPING PLOT THAT LANDS TRIO IN PRISON
The report also accused Denver officials of providing insufficient notice when they do notify ICE about suspected illegal immigrant criminals.
An example highlighted in the report involved a suspected Tren de Aragua gang member, about whom ICE was given «between one and two hours’ notice to take him into custody.»
The suspected gang member, Abraham Smith Gonzalez, was subsequently released, the report said, and «as a result, when ICE officers attempted to arrest Gonzalez outside a Denver jail in 2025, he assaulted one officer.»
The report also accused both Boulder and Denver prosecutors of weighing immigration consequences when pursuing charges against an individual.
DOJ ACCUSES MARYLAND OF ‘ACTIVE AND DELIBERATE EFFORT’ TO PREVENT DEPORTATIONS OF ILLEGAL IMMIGRANTS: LAWSUIT
«In Boulder, District Attorney Dougherty prohibits information sharing with ICE,» the report said. «Before President Trump even took office in January 2025, Dougherty emailed Boulder defense attorneys to remind them of his office’s pro-illegal alien policies, including his office’s consideration of collateral immigration consequences.»
An excerpt that the report noted is part of Boulder County District Attorney’s Office guidance stating that attorneys «consider the immigration and other collateral consequences to a defendant in recommending dispositions.»
Both Denver and Boulder encourage suspected illegal immigrants to not cooperate with ICE unless a judicial warrant is presented, the report said.
ICE ARRESTS ILLEGAL ALIEN ACCUSED OF SEXUALLY ASSAULTING CHILDREN AFTER FAIRFAX COUNTY RELEASE: DHS
Dougherty in Boulder has already been targeted by Jordan’s probe, with the Ohio Republican subpoenaing Dougherty and accusing him of failing to sufficiently cooperate.
He told Digital in response to the report, «This report is a political stunt to sway voters before the midterm elections. My responsibility is to do justice, enhance public safety, and fight for victims. I’m not going to be distracted by political theatre or intimidated into abandoning my responsibility to protect the community and uphold the law. I am proud of our amazing and dedicated staff. They work incredibly hard to uphold the best interests of Boulder County and Colorado. It is my privilege to work alongside the outstanding women and men in the District Attorney’s Office.»
Dougherty’s office also accused committee Republicans of «intentionally» misrepresenting one individual’s case in its report that was not mentioned in this article.
«Under the Republicans’ approach, Contreras would have been released to ICE and immediately deported. That would have been a violation of state law. Also, Contreras would be free in another country with no consequences for his criminal conduct, the harm to the victim, and the risk he poses to the community,» the office said. «Under Boulder County’s approach, the Sheriff complied with state law and, ultimately, Contreras was held fully accountable by the prosecutors in our office and sent to state prison for eight (8) years. When he completes that sentence, he will then face deportation.»
Walsh told Digital, «The men and women of the Denver District Attorney’s Office work tirelessly every day and every night to protect community safety and have helped achieve historic reductions in crime in Denver. Our immigration collateral consequences policy closely tracks the guidance of the United States Supreme Court in Padilla v. Kentucky, and not only complies with the law, but advances community safety by ensuring that convictions are not subsequently overturned.»
«The Denver Sheriff’s Department is responsible for addressing ICE detainers and does so in full compliance with Colorado law and the requirements of the United States Constitution,» Walsh said.
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Tenía en su planificación estratégica dos expectativas confirmadas por los hechos de los últimos días: que sus alianzas con China y Rusia no sufrirían ningún retroceso, y que la presión de la Organización de Estados Americanos (OEA) no tendría mayor incidencia sobre el poder consolidado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo describe el politólogo César Santos, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, en declaraciones a La Prensa de Nicaragua.
Santos, especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en América Latina, sostiene que la pareja gobernante necesita “mantener aliados” y por eso profundiza sus vínculos con Beijing, Moscú y Teherán pese al plazo fijado por los cancilleres del continente.
Dos hijos de Ortega y Murillo viajaron a países aliados
El rédito de esa estrategia se tradujo en una serie de movimientos protagonizados por hijos del matrimonio presidencial. Daniel Edmundo Ortega Murillo participó este jueves en el Foro Digital Global organizado en Rusia.
Días antes, el 2 de octubre, Laureano Ortega firmó un acuerdo con una empresa estatal bielorrusa para la compra de 247 ambulancias, según detalló La Prensa. El mismo hijo de la pareja gobernante había participado, el 27 de septiembre, en el acto por el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrado en Managua.
El régimen también anunció la transmisión en señal abierta del canal de propaganda ruso RT, tras una licencia concedida por el ente regulador Telcor.
Según el análisis recogido por La Prensa, el régimen de Ortega y Murillo calcula que ningún organismo interamericano logrará revertir sus alianzas extrahemisféricas y que esos países seguirán siendo su principal respaldo financiero y diplomático ante el aislamiento regional.
La OEA exigió elecciones libres en un plazo de 60 días
La trigésima primera reunión de cancilleres de la OEA, celebrada el 2 de octubre, aprobó una resolución que exige elecciones libres en Nicaragua y la libertad de los presos políticos. El texto también demanda revertir las reformas constitucionales de 2025 y 2026.
Los países miembros crearon además un Grupo Ministerial de Seguimiento para intentar un diálogo con el régimen, con un plazo de 60 días para presentar un informe sobre la respuesta de Managua. La resolución contempla la posibilidad de adoptar medidas adicionales si el régimen no responde.
El documento urge a las autoridades nicaragüenses a interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y a no permitir la presencia de personal vinculado con esas actividades.
El cuestionamiento de la OEA apunta a vínculos que, en el caso de Rusia, se han expresado en apoyo a la represión y, en el de China, en un fortalecimiento de los lazos comerciales desde 2021, cuando Managua y Beijing restablecieron relaciones diplomáticas.
Esa cercanía permitió que el régimen entregara el 8.5% del territorio nacional en concesiones mineras a empresas chinas, además de inversiones como la del Aeropuerto Punta Huete, bajo observación de las autoridades estadounidenses desde hace meses.
El régimen se apoya en China ante la falta de otros aliados
Para Santos, no hay marcha atrás en el realineamiento internacional del sandinismo. “La única forma de mantener aliados en el plano internacional es plegándose a una retórica y a una agenda antioccidental y antidemocrática”, explicó el politólogo a La Prensa.
Santos agregó que Ortega y Murillo son conscientes de que ningún otro actor internacional, ni siquiera Rusia, puede ofrecerles el respaldo financiero que brinda China, además de legitimidad en foros multilaterales como las Naciones Unidas o el bloque de economías emergentes Brics.
El régimen no se ha referido hasta ahora a las demandas planteadas por los cancilleres en la OEA. Sin embargo, un día después de esa reunión tomó la decisión de retirarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano integrado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Nicaragua impulsó la entrada de China al Parlacen y desplazó a Taiwán
El régimen había logrado colocar a China como observador en el Parlacen, aunque no consiguió el mismo objetivo en el SICA por la oposición de países como Guatemala, que aún mantiene relaciones con Taiwán, al igual que Belice.
“En una avanzada liderada por la bancada de Nicaragua, China entra al Parlamento Centroamericano y sacan a Taiwán de una manera burda, ofensiva y agresiva con un aliado de muchos años”, dijo a La Prensa el diputado del Parlacen por Panamá, José Ramos.
Según Ramos, el objetivo de la bancada nicaragüense era hacer eco de su propaganda y buscar respaldo en Centroamérica para lo que calificó como una “acción en contra de la democracia y la justicia”.
El legislador panameño fue más allá en su cuestionamiento al régimen y sus socios internacionales. “Nicaragua y sus aliados, Irán, China, Rusia, son iguales. Dime con quién andas y te diré quién eres”, remató ante el diario.
“Así, este tipo de regímenes no rinden cuentas, no piden disculpas, no piden perdón. Ellos solo saben reprimir, asesinar, perseguir, coaccionar, amedrentar. Eso es estilo y no van a cambiarlo”, sostuvo Ramos.
La salida del Parlacen abrió una disputa jurídica con el bloque regional
La decisión de retirarse del Parlacen, notificada el 3 de octubre con “efecto inmediato” según la Cancillería nicaragüense, no resultó sencilla desde el punto de vista institucional. Diputados del organismo consideraron inviable una salida unilateral, de acuerdo con una nota publicada por Infobae.
La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, señaló a la agencia EFE que el tratado constitutivo del organismo no contiene una cláusula que permita a un Estado miembro denunciarlo por decisión individual y con efecto inmediato. Según explicó, una eventual salida debe pasar por una evaluación dentro del SICA, con intervención de la Cumbre de Presidentes del bloque.
El diputado guatemalteco Carlos Barreda coincidió en que la redacción del acuerdo fundacional dificulta el abandono unilateral del mecanismo. La maniobra privaría a los 20 legisladores nicaragüenses de la inmunidad y los beneficios que tenían dentro del organismo, uno de los pocos foros internacionales donde el sandinismo todavía conservaba una cuota relevante de influencia política.
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INTERNACIONAL
Nobel Peace Prize awarded to UN jurist who accused Israel of committing genocide in Gaza
Jack Keane defends Israel’s military campaign, praises Netanyahu’s UN speech
Netanyahu’s powerful address to the United Nations sparks strong support as Fox News senior strategic analyst General Jack Keane joins Brian Kilmeade to analyze the conflict. Highlighting Israel’s efforts to protect civilians, Keane rejects genocide allegations and details his recent 11-day visit to the region, including Gaza’s extensive tunnel network. The retired general condemns Hamas for using human shields during the war.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Navanethem «Navi» Pillay, an experienced jurist who chaired a United Nations commission that concluded Israel committed genocide in Gaza, won the Nobel Peace Prize on Friday for «her efforts to promote peace and international law.»
In awarding this year’s Peace Prize, the Nobel Committee argued strong international judicial institutions must be able to enforce the rule of law to have any hope of mediating the growing number of wars and conflicts worldwide.
The committee also noted that political attacks against judges and international law itself are becoming more commonplace.
Pillay has had a long, storied career — both as a lawyer and as a judge — and more recently, she has definitively weighed in on the conflict between Israel and Hamas.
Navi Pillay, who won the Nobel Peace Prize on Oct. 9, 2026, speaks during a briefing to UN member states about ongoing investigations of the Commission at the UN offices in Geneva, on April 16, 2024. (Fabrice Coffrini / AFP)
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She chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, which was created in 2021 after a flare-up in tensions between Israelis and Palestinians.
In September 2025, nearly two years after the Oct. 7 attacks, the commission concluded that Israel had committed genocide against Palestinians in Gaza, while also specifically accusing Prime Minister Benjamin Netanyahu and then-Defense Minister Yoav Gallant of inciting genocide.
«It is clear that there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention,» Pillay said after the commission’s report was released.
At the time, Israel dismissed the findings as «distorted and false.»
A view of the destruction after an Israeli attack on Khan Yunis, Gaza, Palestine on Oct. 9, 2026. (Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)
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Nitsana Darshan-Leitner, president of the Israel-based Shurat HaDin Law Center, cast doubt on the Nobel Committee’s decision to award Pillay the peace prize.
«A peace prize should honor those who build peace, not those accused of turning Israel into a defendant in a campaign of political delegitimization,» said Darshan-Leitner, whose organization has led protest campaigns in Geneva against Pillay. «What peace, exactly, has she brought? The Middle East remains engulfed in conflict, and the region is nowhere near the peace this prize supposedly celebrates.»
Pillay, 85, was born in South Africa’s Natal province to an Tamil Indian family. Her first foray into the legal profession began in 1967, when she founded her own law firm, becoming the first non-white person to do so in her province.
Navi Pillay poses in her office at the Palais Wilson, headquarters of the specialized UN agency as she takes up her post on Sept. 1, 2008 in Geneva (Fabrice Coffrini / AFP)
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During her 28 years as a defense attorney in South Africa, she represented anti-apartheid activists. In 1973, she won a case securing political prisoners on Robben Island, including Nelson Mandela, the right to consult with lawyers.
Two decades later, Mandela became president and in 1995, he nominated her to the High Court of South Africa, becoming the first non-white woman to serve there.
Her tenure was short-lived because that same year, the United Nations elected her to serve on the International Criminal Tribunal for Rwanda, a body established to adjudicate those responsible for the Rwandan genocide.
She was integral in the case against Jean-Paul Akayesu, the mayor of the Rwandan town of Taba, who was found guilty of inciting fellow Hutus to murder, rape and torture thousands of Tutsis.
On May 25, 1994, children stand next to a pile of machetes that were used to kill Tutsis in Rwanda. (Scott Peterson/Liaison)
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That ruling set a precedent that rape constituted a crime against humanity and could amount to genocide when committed with the intent to destroy a targeted group.
«Rape had always been regarded as one of the spoils of war,» Pillay said after the verdict. «Now it is a war crime, no longer a trophy.»
In 2003, she was chosen to be a judge on the International Criminal Court (ICC), an institution frequently attacked by President Donald Trump as illegitimate.
Rockets are launched towards Israel from Gaza City on May 18, 2021. (Mahmud Hams/AFP via Getty Images)
After five years on the ICC, Pillay became the UN’s High Commissioner for Human Rights in 2008. While in that position, she condemned both Israel and Hamas for their conduct in the 2014 Gaza War, saying both sides likely violated international law.
She also condemned the United States for providing funding to Israel’s Iron Dome program when «no such protection has been provided to Gazans against the shelling.»
Pillay currently serves as an ad hoc judge on the International Court of Justice, where she is hearing a case accusing Burma of committing genocide against the Rohingya, a predominantly Muslim minority in the Southeast Asian country.
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