A un año de las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof buscará que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires restablezca las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La discusión alcanza a más de 80 jefes comunales que, si no hay una modificación de la ley vigente, no podrán competir por un nuevo mandato consecutivo en sus distritos.

El objetivo del mandatario es que el debate se active antes del cierre del período ordinario. Sin embargo, el proyecto promovido por el oficialismo no tiene hoy los votos necesarios para avanzar. La estrategia de la Gobernación será abrir una negociación que incluya a los distintos sectores de Fuerza Patria y a bloques opositores, con una agenda más amplia que contempla la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la discusión interna sobre el calendario electoral, la estrategia a abordar para las elecciones y la reforma de la Ley de Seguridad Pública.

En ámbitos reservados, Kicillof insiste en un argumento político que también repiten los intendentes que respaldan la iniciativa: si los vecinos desean volver a votar a un jefe comunal, no debería existir una prohibición legal que lo impida. El razonamiento tiene además un componente electoral. En La Plata entienden que los intendentes conservan estructuras territoriales capaces de ordenar campañas y garantizar volumen de votos en cada sección.

Esa fortaleza quedó expuesta durante los comicios legislativos de 2025, cuando 13 intendentes compitieron en las listas seccionales para la Legislatura. Siete de ellos lo hicieron dentro de Fuerza Patria, una decisión que permitió trasladar peso territorial a las boletas provinciales y reforzar la presencia del oficialismo en ambas cámaras.

En términos numéricos, el escenario menos complejo para Kicillof pareciera ser el Senado. La lectura política es otra. Fuerza Patria cuenta con 24 de las 46 bancas, una mayoría propia que le permitiría garantizar el quórum y aprobar leyes por mayoría simple si mantiene cohesionada a su bancada.

Esa condición, sin embargo, no asegura la sanción de la iniciativa. El bloque que preside Sergio Berni está atravesado por diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector alineado con Kicillof; el espacio referenciado en Cristina Kirchner; y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El massismo tiene tres senadores dentro de Fuerza Patria y ya expresó su rechazo a derogar la ley que en 2016 limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue impulsada durante la administración de María Eugenia Vidal con respaldo del Frente Renovador.

En el entorno de Massa plantean que no buscarán bloquear el tratamiento si el resto de los sectores consigue las adhesiones necesarias. Pero tampoco prevén colaborar con la construcción de una mayoría para restablecer los mandatos sin límite. Esa posición obliga al kicillofismo a reunir apoyos fuera de su núcleo propio.

El cristinismo y sus aliados reúnen 14 de los 24 integrantes de Fuerza Patria en el Senado. El sector no rechaza de plano la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones, aunque pretende que la discusión forme parte de una negociación política más extensa. La cobertura de la Suprema Corte, el calendario electoral de 2027 y la estrategia del peronismo bonaerense aparecen entre los asuntos que el kirchnerismo busca incorporar a esa conversación.

Más allá de los representantes del MDF, en el bloque también hay presencia de un dirigente de Juan Grabois —el senador Federico Faggioli— que en las últimas semanas aceitó su relación con el gobernador.

La tensión quedó expuesta en otras discusiones legislativas. Berni cuestionó iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y mantuvo cruces con la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado. También anticipó reparos sobre el proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, otra de las prioridades que Kicillof pretende llevar al recinto.

La herramienta parlamentaria para habilitar las reelecciones es el proyecto de la senadora Ayelén Durán, dirigente del MDF. El expediente propone derogar las restricciones vigentes desde 2016 y permanece en la Comisión de Legislación General, que conduce el senador Germán Lago, intendente de Alberti en uso de licencia. Sin una orden política clara de la Gobernación y un acuerdo previo sobre los votos, el proyecto no avanzará hacia el recinto.

Otro cálculo difícil se da en la Cámara de Diputados bonaerense. Fuerza Patria es la primera minoría con 39 de las 92 bancas, siete menos de las necesarias para alcanzar el quórum de 47 legisladores. Para sancionar una ley, además, se necesita mayoría simple entre los presentes.

En la práctica, si los 39 diputados de Fuerza Patria acompañaran la derogación y el recinto estuviera completo, el oficialismo requeriría al menos ocho votos externos para aprobarla. Pero ese escenario no es hoy el más probable, porque el Frente Renovador cuenta con nueve diputados dentro de la bancada peronista y sostiene la misma posición contraria que expresa en el Senado.

Con el massismo afuera de la iniciativa, la cuenta cambia. El espacio que responde a Kicillof y el sector vinculado a Cristina Kirchner deberían primero garantizar un acuerdo interno. Luego, necesitarían reunir alrededor de 8 votos de otras bancadas para llegar a los 47 respaldos que exige una votación con asistencia plena. Ese número también sería necesario para asegurar el quórum si el Frente Renovador decidiera no aportar sus legisladores para abrir la sesión.

El bloque referenciado en Cristina Kirchner tiene una presencia decisiva en Diputados. Está conducido por Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora y presidente de la bancada de Fuerza Patria. El kirchnerismo y el MDF cuentan con fuerzas similares dentro del bloque oficialista, mientras que el massismo posee una representación propia que puede inclinar el resultado de cada negociación.

La oposición reúne 53 bancas, aunque no actúa como un bloque único. La Libertad Avanza y el PRO, que concentran 31 diputados, mantienen una posición contraria a las reelecciones indefinidas. El bloque UCR Cambio Federal tiene tres integrantes y el bloque UCR Radicalismo rechazarían la posibilidad de derogar la ley de 2016; pero en el Ejecutivo bonaerense apuestan a que los intendentes del radicalismo intervengan sobre los bloques. En las últimas semanas, dirigentes libertarios reforzaron públicamente la postura de rechazo y plantearon que el límite de mandatos debe mantenerse.

El escenario deja poco margen para un acuerdo amplio con los principales espacios opositores. El oficialismo necesitaría buscar votos entre bloques más pequeños, legisladores con base municipal y sectores dispuestos a negociar otros temas de la agenda bonaerense. Unión y Libertad, con cinco integrantes, y Nuevos Aires, con tres, aparecen como uno de los espacios que podrían tener una postura menos rígida, con antecedentes de acompañamiento a iniciativas del Ejecutivo

También deberán definirse las posiciones de Hechos, la Coalición Cívica, los bloques de izquierda y los monobloques. La clave estará en una combinación de adhesiones que permita alcanzar quórum y mayoría sin depender de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

La discusión por las reelecciones se cruza con otra cuestión pendiente: la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros. Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan integran hoy el tribunal, mientras que las cuatro vacantes continúan sin cubrir.

La última salida fue la del ministro Luis Genoud, en junio de 2024. Desde entonces, la Corte reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado que aceleren el proceso de designación. La Constitución provincial establece que el gobernador debe proponer los pliegos y que la Cámara alta debe prestar acuerdo para los nombramientos.

Fuerza Patria cuenta con los 24 votos que necesita en el Senado para aprobar las designaciones. Sin embargo, la posibilidad de cubrir los cuatro lugares sin participación opositora no aparece como el escenario preferido por el Gobierno. La intención de construir una negociación política más amplia incluye la eventual distribución de lugares entre los distintos sectores del peronismo y, eventualmente, la oposición.

En ámbitos legislativos circula una hipótesis: Kicillof podría retener la iniciativa sobre una parte de las vacantes, mientras que el kirchnerismo, el massismo y sectores opositores buscarían participar de la definición del resto de los nombres. Hasta ahora, el gobernador no ha enviado pliegos a la Cámara alta y las diferencias dentro del oficialismo han demorado cualquier avance.

El reclamo de la Corte sumó presión. El tribunal pidió además que la Legislatura avance con su planteo de autarquía económico-financiera y con la creación de órganos judiciales, cargos y estructuras para reducir las vacantes que todavía existen en distintos departamentos judiciales de la provincia.

El paquete de negociaciones también incluye la ley de Seguridad Pública. El Ejecutivo busca una reforma integral, mientras que el Frente Renovador impulsó en Diputados un proyecto para regular el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales. La iniciativa obtuvo despacho con votos de legisladores massistas y opositores. En esa agenda está también el reconocimiento pleno de parte de la Provincia a las policías locales. El kirchnerismo también tiene sus demandas, como por ejemplo el proyecto de ley de Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto que interviene con una regulación fuerte sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa que La Cámpora buscará aprobar en las próximas sesiones en la Cámara baja.

La definición sobre las reelecciones dependerá de esa trama. Kicillof necesita ordenar a Fuerza Patria, asegurar que el cristinismo acompañe el proyecto de Durán y encontrar una porción de la oposición dispuesta a habilitar el debate. Sin esa combinación, los intendentes alcanzados por el límite de dos mandatos deberán avanzar con planes de sucesión o buscar un lugar en las listas legislativas de 2027.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anticipó este sábado que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante la previsión de tormentas intensas y un aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño.

En este sentido, el mandatario indicó que la administración provincial destinará recursos a obras pluvioaluvionales y reforzará la asistencia y las medidas preventivas en las localidades que podrían quedar expuestas a contingencias climáticas.

Al señalar que las precipitaciones previstas presentaron características extraordinarias, explicó que estas afectaron a sectores que no registraban semejante caudal de agua desde hace décadas. “Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua”, afirmó Figueroa.

Según planteó, la infraestructura disponible puede colapsar ante lluvias de esa magnitud, por lo que el Estado debe priorizar la asistencia a la población y las acciones preventivas. De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, el gobernador recorrió distintos puntos del territorio para estudiar el fenómeno.

“Es muy complejo y no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones que produce”, afirmó el mandatario. De la misma manera, se refirió a la crecida del río Neuquén y consideró necesaria la construcción de una represa de gran escala sobre ese cauce.

No obstante, Figueroa aclaró que se trata de un proyecto de alto costo y de ejecución prolongada. “Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, recordó. Así, la posible obra se sumaría a las medidas que la administración neuquina evalúa para reducir los efectos de eventos extremos, que podrían desarrollarse en los próximos meses.

Por este motivo, el Gobierno de Neuquén reunió el miércoles a un comité integrado por equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las áreas vulnerables y organizar la respuesta ante los efectos que podría provocar El Niño.

Tras esta reunión, el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que la planificación anticipada resulta central para definir medidas frente a los pronósticos meteorológicos. “La única manera de tomar decisiones acertadas es con tiempo, planificación y equipos técnicos al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

De esta manera, el comité articulará tareas entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y equipos técnicos, con la participación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos.

Asimismo, Ousset indicó que el impacto no será uniforme en toda la provincia y que las acciones se organizarán según las necesidades de cada zona. “No hay infraestructura capaz de absorber situaciones meteorológicas de estas características, pero hay que estar preparado”, concluyó.

En paralelo, este sábado la provincia atravesó una jornada marcada por anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas, con Rincón de los Sauces como el sector de mayor complejidad por la interrupción de sus accesos terrestres.

Aunque la circulación comenzó a normalizarse después de los cortes preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarillas y naranjas. Frente a esto, las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días requieren especial atención ante las condiciones previstas por El Niño.

De acuerdo con El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables de manera simultánea, lo que interrumpió el ingreso y la salida por vía terrestre de Rincón de los Sauces, localidad ubicada en el área de Vaca Muerta.

El punto más afectado fue la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza. Una crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos montados en el sector y alcanzó a varios vehículos.

La situación también generó preocupación en el hospital local por la disminución de insumos para sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Frente a ese escenario, la provincia organizó puentes aéreos con aviones y helicópteros para trasladar medicamentos, reactivos y pacientes que requerían atención urgente.

Entre los operativos se incluyó la derivación de una persona con fractura de pelvis. Además, se coordinaron alojamientos y traslados preventivos hacia la ciudad de Neuquén para pacientes que necesitan tratamientos de diálisis. El esquema involucró al hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, definió a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo” de Neuquén. La funcionaria explicó que la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales.

En consonancia con los demás funcionarios, Ortiz Luna indicó que una meteoróloga anticipó una probabilidad de afectación del 100 % en el territorio provincial durante los próximos cuatro a seis meses.

El temporal también dejó consecuencias en otras localidades. En Añelo, cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, cerca de 20 familias quedaron aisladas por las lluvias y las crecidas.

En el paraje Sañico hubo evacuados que fueron alojados en una escuela. En tanto, varios vecinos de Aluminé debieron dejar sus viviendas por una fuga de gas, mientras continuaban los relevamientos aéreos y la identificación de pobladores que viven cerca de cursos de agua ante posibles evacuaciones preventivas.

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El Gobierno evalúa si conviene y/o vale la pena enviar una comitiva a Estados Unidos para darle respaldo a Donald Trump en unas elecciones que se vislumbran complicadas para los republicanos. Sin embargo, varios diputados ya tienen definido ir juntos, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Lo cual podría generar un alargamiento de los tiempos para el eventual debate en el recinto del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas que apadrina y sobre el que decidió apoyarse especialmente Javier Milei, y sobre el cual ya se están imprimiendo cambios para asegurarse un pronto dictamen.

La posibilidad de ir al recinto aún es ciencia ficción, dicen en el oficialismo. Aún no están las firmas para que avance la iniciativa, entre dudas de aliados y fuerte presión de los opositores duros. Y si bien en el plenario de comisiones previsto para el próximo martes intentarán darle luz verde al proyecto, algunas voces propias y afines advierten dificultades.

Javier Milei todavía no definió si irá en persona a EE.UU. y nada está confirmado, admiten en la Casa Rosada. La decisión dependerá de una serie de factores. El Presidente estuvo en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y en Washington por la gala de la Fundación Herencia Hispana, dos viajes en pocas semanas. Ahora sopesa si vuelve, y cuánto le conviene hacerlo. Las encuestas anticipan una elección difícil para el Partido Republicano, y en el oficialismo evalúan si corresponde estar presente, y con qué nivel de representación. Por lo pronto, según pudo reconstruir este medio, los cielistas no serían de la partida.

Puertas adentro, en el Gobierno relativizan el impacto de un mal resultado para Trump y dicen que no les molesta que pierda, porque se trata de una elección legislativa y no presidencial. Esa misma mirada explica el desinterés de algunos de los invitados. Entre quienes declinaron las invitaciones para viajar, el razonamiento es que unas elecciones de medio término no son lo suficientemente relevantes como para justificar el traslado. “Prefiero quedarme en casa”, resumen, mientras hacen otros planes para esas fechas.

Sí irán varios diputados libertarios y de PRO, invitados por AmCham, durante la semana de los comicios del 3 de noviemnbre. Y sus ausencias, advierten en el oficialismo, podrían postergar el eventual debate en el recinto.

El viaje de los que sí van confirmados a Washington tiene un efecto inmediato en el Congreso. Con varios diputados en Estados Unidos, el oficialismo no lograría asegurarse el quórum para sesionar el primer miércoles de noviembre. Y después viene el Papa.

Si el Vaticano lo confirma -aun hay dudas debido a su estado de salud-, León XIV llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y en el oficialismo no quieren sancionar nada durante esos días. Es otra semana que “se pierde”. Por eso la fecha que manejan hoy es el 18 de noviembre, junto con el Presupuesto, aunque aclaran que la idea es llevar el proyecto al recinto “lo antes posible”, si los números lo permiten.

En ese contexto, el Ejecutivo apuró cambios para asegurarse el dictamen. La decisión se terminó de tomar después de que funcionarios norteamericanos que responden al jefe del Departamento de Estado de Trump, Marco Rubio, manifestaran su preocupación por el efecto de la nueva norma para sus empresas. Y de que, posteriormente a la advertencia, fueran recibidos por Milei, y por Luis Caputo junto a Santiago Caputo.

El Gobierno ya “redefinió el alcance de las sanciones”, dijeron fuentes oficiales sobre las modificaciones acordadas en la reunión de trabajo que reveló Infobae ayer, entre la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal y la diputada Silvana Giudici, con sus equipos. A la que se sumó, al final, Santiago Caputo, ideólogo de la iniciativa.

Los cambios se presentan como un ajuste técnico y no como una concesión. “Había artículos muy amplios, sin delimitar el alcance de las sanciones administrativas y las excepciones. Eso es lo que están tratando de instalar que pidió Estados Unidos, pero en realidad eran cosas que había que pulir del texto original, porque son medidas muy novedosas que no habían sido tomadas nunca en nuestro país”, dijo un impulsor del proyecto.

La versión oficial insiste en que la letra no cambia en lo esencial y descartan de plano la posibilidad de que se separe en varias normas, como pedía el kirchnerismo: “Sigue igual. Y no se divide, nunca pensamos en dividir nada”, se plantaron.

Donde sí hay diferencias -con la oposición pero también en el propio Gobierno- es en la integración del Consejo de Seguridad Nacional que buscan crear y que interesa especialmente a Caputo. En Balcarce 50 quieren que quede tal cual está redactado, sin intervención de representantes legislativos, excepto en una comisión de seguimiento, aparte. Los bloques, en cambio, insistirán para que el Congreso tenga un lugar en el órgano. Es un punto que puede terminar condicionando los votos. Y desde el PRO sospechan que las diferencias en el propio Gobierno por este punto podrían jugarle en contra.

Entre los aliados del oficialismo ya lo advierten y marcan: “Una cosa es la posición del Ejecutivo y otra es la realidad de los votos. Somos prudentes hasta el martes que estemos en el plenario”.

El plenario del martes es, entonces, la primera prueba. Allí se verá cuánto de lo que el Gobierno presenta como una corrección técnica alcanza para ordenar el apoyo de los bloques, y cuánto de lo que reclaman los aliados el oficialismo está dispuesto a aceptar antes de que el reloj, entre las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa, los acerque al fin de las ordinarias. Con todo, en Casa Rosada como en el Congreso son optimistas y creen que se aprobará no sólo en Diputados sino que se transformará en ley en el Senado antes de fin de año, quizá, en una extensión o en extraordinarias. Si no hay sesión el miércoles 28 de octubre ni la semana siguiente, y con la visita del Papa León XIV luego, el oficialismo apunta al 18 de noviembre.