La oposición no consiguió hoy reunir el quorum necesario para abrir la sesión especial convocada para debatir la interpelación de Manuel Adorni y una eventual moción de censura. La ausencia de Pro, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo terminó por frustrar la ofensiva contra el jefe de Gabinete y confirmó el acuerdo político que el Gobierno había tejido durante las últimas horas para evitar una definición en el recinto.

La sesión, prevista para las 14, quedó obturada por la decisión de los bloques dialoguistas de no bajar al recinto. Solo 117 diputados avalaron la discusión.

A cambio, el oficialismo se comprometió a abrir desde el miércoles próximo la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir allí el procedimiento y los alcances de una eventual interpelación.

La decisión de no dar quorum no se limitó a Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la UCR. También alcanzó a los bloques provinciales que suelen garantizarle gobernabilidad a La Libertad Avanza (LLA). Los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) optaron por mantenerse al margen de la sesión.

Ninguno de esos espacios quiere cargar con el costo político de precipitar la caída del jefe de Gabinete ni aparecer alineado con una ofensiva impulsada por el kirchnerismo.

La salida les permite a todos ganar algo. Los libertarios consiguen tiempo para intentar descomprimir la crisis y preservar la agenda legislativa del Gobierno. Los aliados, por su parte, evitan quedar alineados con el kirchnerismo en una votación que podría haber acelerado la caída política del funcionario.

La estrategia fue acordada durante las últimas horas entre Martín Menem y los principales referentes de los bloques que suelen acompañar al oficialismo. El presidente de la Cámara baja buscó desactivar una sesión que amenazaba con monopolizar la agenda parlamentaria y poner en riesgo, además, los proyectos económicos que el Gobierno aspira a aprobar este miércoles.

Entre ellos figuran el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones.

La apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales funciona, en ese contexto, como una salida intermedia. El oficialismo acepta discutir la situación de Adorni, pero traslada el debate a una instancia que le permite ganar tiempo y diluir, al menos por ahora, cualquier intento de avanzar con una moción de censura.

También funciona como un mensaje al Senado, donde la semana pasada se avanzó con un acuerdo entre el oficialismo y la oposición de avanzar con la interpelación en el recinto sin contar con despacho de comisión o el voto de los dos tercios para tratar un proyecto sobre tablas. Se trata de una guerra por la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la moción de censura para el jefe de Gabinete.

Pese al fracaso de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto y dar un debate en minoría para capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El mensaje entre líneas es que el oficialismo logró evitar una votación, pero no clausurar la discusión sobre la situación de Adorni.

Permaneció en el recinto Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda, dos catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil, Marcela Pagano (Coherencia) y la radical Karina Banfi. El bloque Provincias Unidas se dividió: solo dieron el presente los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los cordobeses también se escindieron: Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Juan Schiaretti avalaron la sesión mientras que los más ligados al gobernador Martín Llaryora, como Ignacio García Aresca, se ausentaron.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert, que deberá presentarse a declarar el martes próximo, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero; es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito.

La indagatoria había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, que acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación.

Espert no había declarado originalmente los 200.000 dólares, pero reconoció haberlos cobrado de Machado como supuesta parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por un presunto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. En este expediente se allanó la casa de Espert y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió. Para el fiscal Domínguez, el contrato se habría firmado después de la transferencia de los dólares, para conferirle visos de licitud al dinero.

El exdiputado libertario recibió los fondos en enero de 2020, mediante una transferencia desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma vinculada a Machado. Según el fiscal, los fondos tendrían origen ilícito y estarían conectados con la organización investigada en Estados Unidos, donde Machado fue acusado por fraude y lavado.

Siempre según la acusación, en la maniobra tuvo un rol relevante, el contador de Espert, Mariano Cosentino, quien habría evaluado distintos cursos de acción para incorporar ese dinero en las respectivas declaraciones juradas del economista.

Noticia en desarrollo