POLITICA
Jorge Macri apeló la cautelar que frenó los desalojos en la Capital y apuntó contra un legislador kirchnerista
La política de “ley y orden” que impulsa desde hace meses el jefe de gobierno, Jorge Macri, encontró un freno la semana pasada, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que ordena suspender los operativos de desalojos que viene llevando a cabo la Policía de la Ciudad. La resolución fue rechazada por la administración macrista, que ya apeló el fallo y anticipó que continuará con la política para recuperar propiedades tomadas.
El martes pasado, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar colectiva para que el gobierno porteño “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo”.
El litigio se inició a raíz de un amparo individual por el desalojo de una propiedad en la calle Montes de Oca al 1700, pero la demanda se amplió luego con presentaciones de los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires (PJ), Victoria Freire y Alejandro “Pitu Salvatierra” y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. Ambos diputados de la ciudad habían pedido que se concediera carácter colectivo al proceso y se declarase la ilegitimidad de los desalojos que viene impulsando el jefe de gobierno.
Por eso, luego de que se dictara la cautelar, Jorge Macri apuntó contra Salvatierra y el juez interviniente. “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, expresó el titular de Pro porteño en sus redes sociales. En el mismo mensaje anticipó que continuaría con su política de desalojos, algo que considera como uno de los activos de su gestión.
“Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película”, continuó. Según pudo saber , la Procuración General de la ciudad ya apeló el fallo y presentó un recurso de nulidad absoluta contra la resolución del juez para que se levante de manera urgente toda prohibición sobre la política de desalojos.
En la administración macrista consideran que la decisión del juez Gallardo es “arbitraria y violatoria de principios constitucionales y de orden público”. Afirman que el fallo contradice el principio de propiedad privada -en tanto paraliza los operativos de “devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios”-. “No nos da lo mismo que alguien usurpe y ocupe lo que no le pertenece, por más que un juez lo apoye con un fallo absurdo”, sostuvo Macri.
Según cifras del Gobierno de la Ciudad, desde que comenzó su gestión en diciembre de 2023, se recuperaron 840 inmuebles. La política de restitución de propiedades privadas es uno de los pilares de la agenda de “ley y orden” que impulsa el titular de Pro porteño y que viene publicitando en sus redes sociales con el objetivo de reforzar una impronta más estricta rumbo a los comicios de 2027, en los que Jorge Macri buscará su reelección.
Ahora, esa política quedará en suspenso hasta tanto se dicte sentencia definitiva u otra resolución judicial modifique la cautelar. El gobierno de la ciudad podrá, de todos modos, intervenir en aquellos casos en los que exista riesgo edilicio inminente que pueda poner en riesgo la vida o integridad física de sus residentes.
Además de suspender los desalojos, el fallo del juez Gallardo establece como regla general que, antes de proceder con los operativos policiales, el gobierno porteño deberá informar al tribunal en los contencioso administrativo y tributario de turno sobre una serie de recaudos burocráticos. En todos los casos, se deberá presentar un informe técnico que especifique los riesgos advertidos, sectores edilicios comprometidos y los motivos que hacen necesaria la evacuación.
También se solicita, entre otros requisitos, la realización de un relevamiento socio habitacional individualizado y se obliga a dar intervención al Ministerio Público Tutelar cuando el operativo involucre a menores de edad. “Estas exigencias desconocen los límites de la división de poderes y transforman a la Justicia en un órgano de auditoría operativa permanente sobre las políticas públicas”, señalaron en la gestión de Jorge Macri.
En la sede de gobierno porteño también rechazan la legitimidad de la decisión del juez de conceder carácter colectivo a un amparo individual. La defensa técnica de la administración macrista denunció que el reclamo de los residentes del inmueble de la calle Montes de Oca al 1700 se colectivizó “de forma irregular”.
“El magistrado [Gallardo] admitió de forma irregular la incorporación de agrupaciones civiles y legisladores identificados con el kirchnerismo como Victoria Freire y Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra. Esto transformó un reclamo particular en una acción colectiva abstracta sobre la práctica de los desalojos”, indicaron.
Salvatierra era uno de los dirigentes más críticos respecto de los sucesivos operativos de desalojos del gobierno porteño y ya se había cruzado en redes sociales con Jorge Macri por el operativo policial en un edificio de la calle Cochabamba al 2600, que se encontraba tomado desde hace 20 años. Este fin de semana, tras el fallo judicial, volvieron a enfrentarse en la plataforma X.
Luego de que el jefe de gobierno lo volviera a acusar a “defender a los okupas”, el legislador de Fuerza por Buenos Aires arremetió contra Macri. “Lo que dice la Justicia es que no puede actuar como juez y desalojar a las familias usando la excusa de riesgos de derrumbe”, dijo. Puntualizó que, en caso de peligro edilicio, se deben presentar informes técnicos y protocolos que avalen la intervención, mientras que, “si hay un conflicto con la tenencia de un inmueble, tiene que solicitar la intervención judicial”.
Y agregó: “Ley y orden es que en democracia cada funcionario cumpla su rol. Usted no es un Emperador, es un jefe de gobierno y debe respetar la división de poderes”.
política de “ley y orden”,pic.twitter.com/sgtG8zqEhp,June 20, 2026,reforzar una impronta más estricta,ya se había cruzado en redes sociales con Jorge Macri,https://t.co/FVU7EG9YPQ,June 20, 2026,Conforme a
POLITICA
Mientras mira de cerca la evolución de la economía, el Gobierno suma un frente de presión por su estrategia sobre Malvinas
En los últimos días se conoció un dato positivo para el Gobierno respecto a la situación económica, con la confirmación de una leve baja en la morosidad de las familias. Sin embargo, creció la mora en las empresas. En este contexto, la gestión de Javier Milei sumó complicaciones a su estrategia de reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Además de las medidas del Reino Unido, desde el gobierno de Estados Unidos le hicieron reclamos concretos por las sanciones a empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), se registró una tenue baja de la morosidad de los créditos de las familias, 0,1 puntos porcentuales en agosto, que llegó a 12,8% mensual. El documento indicó que “la dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales”.
A nivel total del sistema financiero, el atraso en los pagos se ubicó en agosto en 7,75% en la cartera de préstamos, contra el 7,73% del mes anterior. En préstamos personales fue del 17% del total, con un alza de 0,3% con respecto a julio (16,7%).
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
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