Karina Milei se reunió este jueves en Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza para escuchar la hoja de ruta de las reformas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que configura una cumbre con alto componente simbólico. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirman en el oficialismo nacional.

En el resumen del encuentro publicado por la Casa Rosada se dio a conocer que desde la filial porteña transmitieron su “preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta última mención no es menor, ya que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado en más de una oportunidad que busca desarrollar ese sector de la Ciudad. Se trata de una de las demostraciones de autonomía que pretende realizar el armado karinista en un momento en el cual se están determinando cuáles serán las alianzas electorales en distintos puntos del país.

El comunicado de prensa indica que se presentaron “los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”. La conducción nacional libertaria no ha dado muestras de que pretende cerrar un acuerdo con el macrismo. No por el momento. Creen que aquello se terminará de decidir a principios del año próximo y con un panorama más acabado.

Karina Milei cree que tiene espacio para disputar la silla de Uspallata con una fórmula propia. Esta es una posibilidad que disminuyó con el tiempo debido al declive definitivo de la candidatura de Manuel Adorni, al mismo tiempo que en el sector ligado a Patricia Bullrich tampoco muestran entusiasmo por una postulación porteña. Al mismo tiempo, Jorge Macri reconvirtió su discurso de gestión, centralizándolo en la seguridad pública. Esto se trasladó a la Legislatura porteña, donde votaron junto a La Libertad Avanza iniciativas tales como el mayor control de los “trapitos“.

Ese proyecto fue presentado oportunamente por La Libertad Avanza y es uno de las tantas reformas que Ramírez y su equipo presentaron a comienzos de año internamente como para imponer volumen político en la Legislatura de la Ciudad. En la Casa Rosada consideraban que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como en el distrito porteño.

El encuentro comenzó a las 13 y se extendió por casi dos horas. Contó con la participación completa de los legisladores porteños y de funcionarios de la gestión nacional como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, o el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

Los legisladores bonaerenses de LLA habían sido convocados en un primer momento, pero no participaron por el llamado a sesiones en el Senado de la Provincia. La modificación dejó la reunión enfocada en los dirigentes de la Ciudad, uno de los principales distritos electorales del país.

La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses se profundizaron las diferencias entre el sector que responde a Milei y el armado político de Patricia Bullrich, sobre todo en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria.

Aunque ambas sostienen una relación institucional, dentro del oficialismo reconocen que conviven dos formas distintas de construir poder. Esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.

Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y de su vínculo con sectores del PRO. Karina Milei, en cambio, conserva el control del partido y de la expansión territorial, en una división de funciones que convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento libertario una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.

En Balcarce 50 sostienen que la prioridad inmediata sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y evitar que el debate interno interfiera con la agenda parlamentaria. La reunión de este jueves también buscaba transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político de los próximos meses.

Cecilia Devanna,Karina Milei,La Libertad Avanza,Conforme a

Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma de la Ley de Tierras Rurales para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros, los principales países de la región conservan esquemas que, con distintos alcances, regulan este tipo de operaciones. Brasil establece topes por municipio, Uruguay exige identificar a los propietarios de las sociedades y Paraguay mantiene normas específicas, pese al alto nivel de extranjerización de su superficie rural.

La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei será debatida recién el próximo 6 de agosto, luego de que se postergara la discusión prevista para este jueves en el Senado. El proyecto propone un cambio de fondo respecto del régimen vigente, ya que elimina las restricciones para que personas físicas y empresas privadas extranjeras puedan adquirir tierras rurales.

No obstante, mantiene e incluso refuerza los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades controladas por gobiernos.

La actual Ley 26.737 fija que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también se aplica en cada provincia y en cada municipio.

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Además, establece un tope equivalente a 1000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero y prohíbe la adquisición de inmuebles rurales ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas consideradas estratégicas de frontera.

El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente constituye una barrera para la llegada de inversiones vinculadas con actividades como la forestación, el desarrollo de sistemas de riego y los cultivos permanentes, especialmente en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.

En esa línea, el Gobierno plantea diferenciar el tratamiento de los inversores privados del que reciben los Estados extranjeros. Mientras los primeros podrían adquirir tierras sin los límites actuales, los gobiernos extranjeros, sus empresas y las sociedades bajo su control continuarían sujetos a autorizaciones especiales y a un esquema de control más estricto.

De acuerdo con datos oficiales, cerca del 6% de las tierras rurales argentinas pertenece actualmente a propietarios extranjeros, una cifra muy inferior al máximo permitido por la legislación.

Brasil: topes por municipio y por nacionalidad

Brasil cuenta con uno de los sistemas más restrictivos de Sudamérica para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La Ley 5.709 establece que la propiedad extranjera no puede superar el 25% de la superficie de un municipio. A su vez, los compradores de una misma nacionalidad tienen prohibido concentrar más del 10% del territorio municipal.

Las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de llevar el registro y controlar el cumplimiento de esos límites.

Si prospera la reforma impulsada por el Gobierno argentino, el esquema local quedaría considerablemente más abierto que el brasileño.

Uruguay: foco en la identificación de los propietarios

En Uruguay no existen prohibiciones generales para que extranjeros compren campos, aunque sí rigen exigencias vinculadas con la transparencia de las operaciones.

La normativa obliga a identificar a los accionistas de las sociedades titulares de tierras rurales, registrar la composición societaria y garantizar la trazabilidad de la propiedad.

Además, el Parlamento uruguayo analiza distintos proyectos para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas de frontera.

Con la modificación propuesta por el Ejecutivo argentino, el país pasaría a tener un régimen más flexible que el uruguayo.

Paraguay: elevada participación extranjera

Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural de la región.

Estudios sobre la materia estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros. En algunos departamentos fronterizos, ese porcentaje llega incluso al 60%, impulsado principalmente por inversiones provenientes de Brasil.

Sin embargo, especialistas señalan que ese nivel de extranjerización responde a un proceso desarrollado durante décadas y convive con regulaciones específicas para la adquisición de tierras, por lo que no equivale a un régimen de apertura irrestricta.

ley de tierras rurales, Gobierno, Congreso