Veinte años después de aquel 18 de septiembre de 2006, Rubén López sigue buscando respuestas. Ese día, su padre, Jorge Julio López, iba a atravesar uno de los momentos más importantes de su vida: tenía que estar cara a cara al represor Miguel Etchecolatz, luego de haber declarado en su contra. Sin embargo, horas antes de la lectura de la sentencia, el testigo clave desapareció y nunca más se volvió a saber de él.

“Es una mancha en la democracia, el problema de no saber qué pasó con una persona que fue a dar su testimonio en un juicio tan importante contra los genocidas es algo que molesta, no solo como familia, a toda la sociedad”, sostiene Rubén en diálogo con TN.

Y marca una diferencia que, para él, resume la dimensión de lo ocurrido: “Lo raro de todo esto es que, luego de casi seis meses de la primera desaparición en dictadura sabíamos que estaba vivo. Hoy, a 20 años, no sabemos qué pasó”.

Rubén no estaba en La Plata el día que desapareció su padre, se encontraba trabajando en Capital, pero cuando le avisaron de la falta de noticias, no consideró en un primer momento que se debía al contexto que encontraba atravesando. “Creímos que le había pasado algo físico porque iba a estar frente a frente Etchecolatz. Tiempo después nos dimos cuenta que por la declaración, estos personajes pensaron en hacerle algo”, reconoce.

Diferente fue el relato del resto de los sobrevivientes que llevaban adelante el juicio. Nilda Eloy, otra testigo clave ya fallecida, había advertido acerca de los peligros a los que se enfrentaban y la falta de cuidados. Y sobre esta segunda desaparición, nunca dudó que se tratara de un ataque por parte de los genocidas: “Alguna vez la van a estudiar como el monumento a la impunidad”, aseveró.

Durante las semanas que duró el debate, tanto sobrevivientes como sus familiares recibían amenazas. Sin embargo, con la desaparición de López, las llamadas telefónicas aumentaron: eran durante la madrugada, brindaban datos personales y en muchas ocasiones les ponían audios de torturas, muchas, consideraban, correspondían a las ocurridas durante la dictadura. Es por eso que, a pesar de las décadas transcurridas, el reclamo sobre la apertura de los archivos del golpe y el pedido para que confiesen lo que hicieron, sigue vigente.

Las primeras hipótesis

En los primeros meses, la familia pensó que podía tratarse de un problema de salud o de una desorientación. “No entendíamos qué estaba sucediendo, por eso insistimos tanto tiempo con esa situación, con el tema físico”, recuerda Rubén.

Incluso, asegura que en un principio, entre los familiares, solo su madre pensó que detrás de la desaparición podía estar Etchecolatz. “Los fiscales tampoco nos lo dijeron, nadie nos lo dijo”, lamenta y agrega: “No teníamos otra cosa en la cabeza. Si nos hubiésemos dado cuenta que por esa declaración algo había pasado, hubiésemos accionado de otra manera”.

Para Rubén, uno de los principales problemas estuvo en cómo se actuó durante las primeras horas de la desaparición. “El problema radica en que la Policía pensó lo mismo que nosotros y en eso se quedó. Tenían que haber abierto el panorama en el marco de un juicio tan importante y no lo hicieron”, plantea.

Aunque destaca lo que ocurrió cuando su hermano fue a realizar la denuncia: “Hay gente que sí se había dado cuenta que era grave el tema. Por ejemplo, cuando mi hermano fue a hacer la denuncia, en aquel entonces te decían que había que esperar 48 horas para que la tomaran y lo aplicaban. Fue recién cuando se acercó a la Comisaría 3° de Los Hornos que un cabo le respondió ‘esto es otro tema’ y empezaron a actuar”, cuenta.

Sin embargo, asegura, ya se había perdido tiempo valioso: “No buscaron en forma inmediata. Si hubiesen investigado todas las hipótesis, quizás esas 48 horas que se perdieron al principio hubiesen sido clave, pero hoy no nos permite saber qué pasó”.

Con el paso del tiempo, la familia comenzó a advertir situaciones que hicieron cambiar aquella primera mirada. “Cuando aparecieron las llaves en el jardín, el momento en el que le quisieron abrir el auto a mi hermano. Nunca supimos si fueron casualidades o tuvieron que ver con su desaparición, pero estas cosas nos llevaron a pensar que algo más había pasado”.

Ninguna hipótesis cierra

A lo largo de estos 20 años aparecieron numerosas pistas, testimonios y versiones sobre el posible paradero de López. Nada permitió establecer qué ocurrió. “Ninguna hipótesis cierra, no tenemos algo certero de dónde investigar porque no lo hay”, afirma Rubén.

Y recuerda una de las búsquedas que más expectativas generó dentro de la familia: “Salvo alguna cosa, sabíamos que generalmente era información trucha. Lo que pasó en las vías del Tren Roca, en la estación del Parque Pereyra, que dijeron que había sido enterrado ahí, que lo había escuchado una tercera persona. Nos aferramos a esa idea porque queríamos encontrarlo”.

“Después empezamos a abrir el paraguas para no aferrarnos a una idea, que pasaron todas, pero siempre terminaban en la nada misma”, explica.

Rubén también diferencia entre quienes aportaron información de buena fe y quienes pudieron haberlo hecho con otras intenciones. Sin embargo, nada aportó datos certeros: “Lo cierto es que todas esas pistas nunca fueron algo concreto. Nunca estuvimos cerca de pensar en que lo íbamos a encontrar. Ninguna de todas las cosas te podían haber acercado”.

Actualmente, según cuenta el hijo de López, la investigación está enfocada en revisar el enorme volumen de información acumulada durante dos décadas en comunicaciones telefónicas.

“Hoy están trabajando mucho, depurando las llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006. La causa busca tratar de sacar cuerpos de anexos de investigación que son truchos y enturbian la causa. Están tratando de clarificar 10 millones de llamadas después de 20 años”, detalló.

Sumado a ello, en los últimos meses, la Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa, que pasó de 5 a 10 millones de pesos. “Los gobiernos siempre han tratado de colaborar, actualmente no pasa desde Nación, pero no esperamos mucho”, agrega.

Para Rubén, pese al paso del tiempo, todavía debería investigarse el entorno de Etchecolatz. “Cuando mostró un papelito que decía ‘Jorge Julio López’ y ‘secuestrar’ nunca se investigó. En esa oportunidad fui a hablar con el fiscal Molina. Me dijo que lo iba a convocar”, cuenta. “Todavía estamos esperando que lo convoquen”, agrega con ironía, debido a que el represor murió hace cuatro años en prisión.

Es por eso que hoy, para la familia, “todas las preguntas siguen sin respuestas”. “¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no se protegió a los testigos?, ¿por qué después de la desaparición de mi papá empezaron a cuidarlos?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué lo eligieron a él? Son las mismas de hace 20 años”, lamenta el hombre.

Para Rubén, la falta de respuestas está vinculada con el silencio de quienes podrían aportar información: “Esto es como el pacto de los genocidas de la dictadura: hay un manto de silencio que no se corrompe ni con toda la plata que les pongas. No hay más que dos o tres que ejecutaron y un instigador, porque esto sigue quedando impune como con los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”.

“Se fueron muriendo y nunca contaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron un signo de respeto hacia las familias. Nunca se arrepintieron”, sostiene.

Una ausencia que permanece en lo cotidiano

El hijo de López cuenta que la familia nunca pudo atravesar el duelo de la manera habitual. “Vivís con la misma esperanza de que en algún momento va a aparecer. Este año mi viejo cumpliría 97 años, quizás por la edad ya no estaría vivo, pero podría ser que sí y ahí estamos nosotros, pidiendo su aparición con vida hasta que algo demuestre lo contrario”.

“Los psicólogos dicen que las personas llevan un año de duelo luego de una pérdida. Nosotros hace 20 años esperamos el primer año de duelo”, lamenta, todavía con angustia.

La ausencia, dice, también aparece en las cosas más simples: “Él está en todo momento presente: cuando uso sus herramientas, su bicicleta, la carretilla, la pala, el limonero que cuidó tanto y se nos secó igual. Todo lo cotidiano que no le dábamos bola y hoy se extraña”.

Es por eso que, sostiene: “Seguir buscándolo significa un montón de cosas. López es bandera en muchos reclamos. Cuando pasó lo de Santiago Maldonado mi viejo fue bandera en muchas de las marchas, también cuando han pasado otras situaciones similares. En La Plata está siempre presente, varias plazas llevan su nombre por reclamos populares”.

Y ante un dato que pueda esclarecer el caso, el pedido es concreto: “Si alguien sabe algo le diría que aporte a la causa. Que cuente es un deber cívico, salvo que seas el perpetrador de la situación, aunque también te podés arrepentir”.

Para Rubén, mantener presente la historia de su padre también es una forma de impedir que su desaparición vuelva a repetirse en la memoria colectiva. “Esto que hacemos hoy y en cada aniversario lo mantiene en la memoria. En algún momento, en un documental, una señora dijo: ‘no permitan que López desaparezca por tercera vez’”.

Y cierra con el pedido que, veinte años después, sigue vigente: “Eso pedimos. Si sale de los medios, de las manifestaciones, de los reclamos, vuelve a desaparecer. No lo permitamos”.

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El Ministerio Público Fiscal reclamó que varias entidades completen los informes que el Banco Central y el juzgado ya solicitaron en el marco de la causa Sira, ya que, sin esa información, no se puede seguir el rastro del dinero.

En el escrito adjuntado en las últimas horas al expediente, al que tuvo acceso TN, el auxiliar fiscal Ignacio Mendizábal advirtió que algunas entidades todavía no cumplieron por completo lo que se les pidió a través de circulares del Banco Central y de los levantamientos de secreto que ya ordenó el juez Ariel Lijo.

En ese sentido, pidió que se las intime para que manden, cuanto antes, lo que falta.

Hace meses que la investigación insiste con lo mismo: cuentas, movimientos, productos financieros y cualquier rastro que permita cruzar a los investigados con las autorizaciones de los permisos de importación y con las casas de cambio. El problema, según la fiscalía, es que parte de esa documentación sigue incompleta.

La causa está en el juzgado de Lijo y la impulsa el fiscal Franco Picardi. Lo que se investiga es si durante el cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández, un grupo de financistas y funcionarios armaron un esquema para conseguir dólares baratos.

De un lado, casas de cambio que accedían al tipo oficial y después vendían en el mercado informal, conocido popularmente como blue. Del otro, empresas que pagaban para que les autoricen un permiso SIRA en días, cuando el trámite normal podía tardar meses.

Los porcentajes que aparecen en el expediente van del 10 al 15% del valor de la operación.

Algunos de los involucrados en la causa son los financistas Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque. El SIRA estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, en la gestión de Sergio Massa en Economía.

Lo que pide la fiscalía

Picardi pidió en el último tiempo que levanten los secretos fiscal, bancario, bursátil y el previsto en la ley antilavado respecto de Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma Cowdin S.A.

El requerimiento, formulado originalmente en abril y junio, apunta a avanzar sobre dos tramos de la investigación: la operatoria de agencias de cambio y la tramitación irregular de permisos SIRA durante el cepo cambiario.

Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial, es una de las compañías que el Gobierno informó a la Justicia que llegó a concretar operaciones de importación con acceso al dólar oficial.

En paralelo, la fiscalía reiteró oficios a cinco Agentes de Liquidación y Compensación que no contestaron: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores. Les fijó un plazo máximo de 72 horas para remitir la información ya requerida.