POLITICA
El fuerte pedido del hijo de Jorge Julio López: “No permitamos que desaparezca por tercera vez”
Veinte años después de aquel 18 de septiembre de 2006, Rubén López sigue buscando respuestas. Ese día, su padre, Jorge Julio López, iba a atravesar uno de los momentos más importantes de su vida: tenía que estar cara a cara al represor Miguel Etchecolatz, luego de haber declarado en su contra. Sin embargo, horas antes de la lectura de la sentencia, el testigo clave desapareció y nunca más se volvió a saber de él.
“Es una mancha en la democracia, el problema de no saber qué pasó con una persona que fue a dar su testimonio en un juicio tan importante contra los genocidas es algo que molesta, no solo como familia, a toda la sociedad”, sostiene Rubén en diálogo con TN.
Y marca una diferencia que, para él, resume la dimensión de lo ocurrido: “Lo raro de todo esto es que, luego de casi seis meses de la primera desaparición en dictadura sabíamos que estaba vivo. Hoy, a 20 años, no sabemos qué pasó”.
Rubén no estaba en La Plata el día que desapareció su padre, se encontraba trabajando en Capital, pero cuando le avisaron de la falta de noticias, no consideró en un primer momento que se debía al contexto que encontraba atravesando. “Creímos que le había pasado algo físico porque iba a estar frente a frente Etchecolatz. Tiempo después nos dimos cuenta que por la declaración, estos personajes pensaron en hacerle algo”, reconoce.
Diferente fue el relato del resto de los sobrevivientes que llevaban adelante el juicio. Nilda Eloy, otra testigo clave ya fallecida, había advertido acerca de los peligros a los que se enfrentaban y la falta de cuidados. Y sobre esta segunda desaparición, nunca dudó que se tratara de un ataque por parte de los genocidas: “Alguna vez la van a estudiar como el monumento a la impunidad”, aseveró.
Durante las semanas que duró el debate, tanto sobrevivientes como sus familiares recibían amenazas. Sin embargo, con la desaparición de López, las llamadas telefónicas aumentaron: eran durante la madrugada, brindaban datos personales y en muchas ocasiones les ponían audios de torturas, muchas, consideraban, correspondían a las ocurridas durante la dictadura. Es por eso que, a pesar de las décadas transcurridas, el reclamo sobre la apertura de los archivos del golpe y el pedido para que confiesen lo que hicieron, sigue vigente.
Las primeras hipótesis
En los primeros meses, la familia pensó que podía tratarse de un problema de salud o de una desorientación. “No entendíamos qué estaba sucediendo, por eso insistimos tanto tiempo con esa situación, con el tema físico”, recuerda Rubén.
Incluso, asegura que en un principio, entre los familiares, solo su madre pensó que detrás de la desaparición podía estar Etchecolatz. “Los fiscales tampoco nos lo dijeron, nadie nos lo dijo”, lamenta y agrega: “No teníamos otra cosa en la cabeza. Si nos hubiésemos dado cuenta que por esa declaración algo había pasado, hubiésemos accionado de otra manera”.
Para Rubén, uno de los principales problemas estuvo en cómo se actuó durante las primeras horas de la desaparición. “El problema radica en que la Policía pensó lo mismo que nosotros y en eso se quedó. Tenían que haber abierto el panorama en el marco de un juicio tan importante y no lo hicieron”, plantea.
Aunque destaca lo que ocurrió cuando su hermano fue a realizar la denuncia: “Hay gente que sí se había dado cuenta que era grave el tema. Por ejemplo, cuando mi hermano fue a hacer la denuncia, en aquel entonces te decían que había que esperar 48 horas para que la tomaran y lo aplicaban. Fue recién cuando se acercó a la Comisaría 3° de Los Hornos que un cabo le respondió ‘esto es otro tema’ y empezaron a actuar”, cuenta.
Sin embargo, asegura, ya se había perdido tiempo valioso: “No buscaron en forma inmediata. Si hubiesen investigado todas las hipótesis, quizás esas 48 horas que se perdieron al principio hubiesen sido clave, pero hoy no nos permite saber qué pasó”.
Con el paso del tiempo, la familia comenzó a advertir situaciones que hicieron cambiar aquella primera mirada. “Cuando aparecieron las llaves en el jardín, el momento en el que le quisieron abrir el auto a mi hermano. Nunca supimos si fueron casualidades o tuvieron que ver con su desaparición, pero estas cosas nos llevaron a pensar que algo más había pasado”.
Ninguna hipótesis cierra
A lo largo de estos 20 años aparecieron numerosas pistas, testimonios y versiones sobre el posible paradero de López. Nada permitió establecer qué ocurrió. “Ninguna hipótesis cierra, no tenemos algo certero de dónde investigar porque no lo hay”, afirma Rubén.
Y recuerda una de las búsquedas que más expectativas generó dentro de la familia: “Salvo alguna cosa, sabíamos que generalmente era información trucha. Lo que pasó en las vías del Tren Roca, en la estación del Parque Pereyra, que dijeron que había sido enterrado ahí, que lo había escuchado una tercera persona. Nos aferramos a esa idea porque queríamos encontrarlo”.
“Después empezamos a abrir el paraguas para no aferrarnos a una idea, que pasaron todas, pero siempre terminaban en la nada misma”, explica.
Rubén también diferencia entre quienes aportaron información de buena fe y quienes pudieron haberlo hecho con otras intenciones. Sin embargo, nada aportó datos certeros: “Lo cierto es que todas esas pistas nunca fueron algo concreto. Nunca estuvimos cerca de pensar en que lo íbamos a encontrar. Ninguna de todas las cosas te podían haber acercado”.
Actualmente, según cuenta el hijo de López, la investigación está enfocada en revisar el enorme volumen de información acumulada durante dos décadas en comunicaciones telefónicas.
“Hoy están trabajando mucho, depurando las llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006. La causa busca tratar de sacar cuerpos de anexos de investigación que son truchos y enturbian la causa. Están tratando de clarificar 10 millones de llamadas después de 20 años”, detalló.
Sumado a ello, en los últimos meses, la Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa, que pasó de 5 a 10 millones de pesos. “Los gobiernos siempre han tratado de colaborar, actualmente no pasa desde Nación, pero no esperamos mucho”, agrega.
Para Rubén, pese al paso del tiempo, todavía debería investigarse el entorno de Etchecolatz. “Cuando mostró un papelito que decía ‘Jorge Julio López’ y ‘secuestrar’ nunca se investigó. En esa oportunidad fui a hablar con el fiscal Molina. Me dijo que lo iba a convocar”, cuenta. “Todavía estamos esperando que lo convoquen”, agrega con ironía, debido a que el represor murió hace cuatro años en prisión.
Es por eso que hoy, para la familia, “todas las preguntas siguen sin respuestas”. “¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no se protegió a los testigos?, ¿por qué después de la desaparición de mi papá empezaron a cuidarlos?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué lo eligieron a él? Son las mismas de hace 20 años”, lamenta el hombre.
Para Rubén, la falta de respuestas está vinculada con el silencio de quienes podrían aportar información: “Esto es como el pacto de los genocidas de la dictadura: hay un manto de silencio que no se corrompe ni con toda la plata que les pongas. No hay más que dos o tres que ejecutaron y un instigador, porque esto sigue quedando impune como con los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”.
“Se fueron muriendo y nunca contaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron un signo de respeto hacia las familias. Nunca se arrepintieron”, sostiene.
Una ausencia que permanece en lo cotidiano
El hijo de López cuenta que la familia nunca pudo atravesar el duelo de la manera habitual. “Vivís con la misma esperanza de que en algún momento va a aparecer. Este año mi viejo cumpliría 97 años, quizás por la edad ya no estaría vivo, pero podría ser que sí y ahí estamos nosotros, pidiendo su aparición con vida hasta que algo demuestre lo contrario”.
“Los psicólogos dicen que las personas llevan un año de duelo luego de una pérdida. Nosotros hace 20 años esperamos el primer año de duelo”, lamenta, todavía con angustia.
La ausencia, dice, también aparece en las cosas más simples: “Él está en todo momento presente: cuando uso sus herramientas, su bicicleta, la carretilla, la pala, el limonero que cuidó tanto y se nos secó igual. Todo lo cotidiano que no le dábamos bola y hoy se extraña”.
Es por eso que, sostiene: “Seguir buscándolo significa un montón de cosas. López es bandera en muchos reclamos. Cuando pasó lo de Santiago Maldonado mi viejo fue bandera en muchas de las marchas, también cuando han pasado otras situaciones similares. En La Plata está siempre presente, varias plazas llevan su nombre por reclamos populares”.
Y ante un dato que pueda esclarecer el caso, el pedido es concreto: “Si alguien sabe algo le diría que aporte a la causa. Que cuente es un deber cívico, salvo que seas el perpetrador de la situación, aunque también te podés arrepentir”.
Para Rubén, mantener presente la historia de su padre también es una forma de impedir que su desaparición vuelva a repetirse en la memoria colectiva. “Esto que hacemos hoy y en cada aniversario lo mantiene en la memoria. En algún momento, en un documental, una señora dijo: ‘no permitan que López desaparezca por tercera vez’”.
Y cierra con el pedido que, veinte años después, sigue vigente: “Eso pedimos. Si sale de los medios, de las manifestaciones, de los reclamos, vuelve a desaparecer. No lo permitamos”.
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POLITICA
Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion
El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.
Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.
La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.
La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.
El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.
La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.
El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.
El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.
Qué puede pasar a partir del lunes
El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.
El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.
La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.
Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.
Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.
Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.
Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.
El antecedente de la Fragata Libertad
El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.
La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.
Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.
Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.
También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.
Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.
El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.
El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.
Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas
El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.
A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.
Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.
El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.
Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.
La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.
Los fundamentos jurídicos de la Argentina
El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.
La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.
Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.
Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.
Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.
Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.
Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal
El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.
Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.
El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.
La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.
Una decisión que podría llegar en noviembre
La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.
El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.
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POLITICA
Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte
Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.
La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.
Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.
A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.
La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.
En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
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