El presidente Javier Milei protagonizará este viernes una recorrida por Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una jornada que servirá como puntapié para la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente debió cancelar por temas de agenda. En cambio, para reforzar el tono electoral de la visita, sí estará el diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito, Sebastián Pareja.

La visita del jefe de Estado comenzará a las 11 horas con una recorrida por la planta de Compañía Mega —un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras—, que viene de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas.

La iniciativa comprende una inversión de US$365 millones y prevé la creación de 800 puestos de trabajo, uno de los elementos que buscará destacar el mandatario como un resultado de la iniciativa que impulsó su gestión para atraer ese tipo de capitales privados al país.

Con esa misma lógica, la comitiva se trasladará luego, alrededor de las 12.20, a las instalaciones del gigante agroindustrial francés Louis Dreyfus Company, que anunció una inversión de US$400 millones para construir en la ciudad una planta de procesamiento de girasol y soja que, según sus propias proyecciones, estará entre las más grandes del mundo.

Ya por la tarde, la visita de Milei tomará por completo un tinte electoral cuando se reúna con militantes en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo de retomar las viejas recorridas del Presidente por el territorio como las que encabezó en 2023 y 2025.

En ese sentido, el mandatario ya tuvo encuentros similares con sus seguidores recientemente en Rosario y Misiones, aunque esta será la primera en Buenos Aires desde enero, cuando recorrió Mar del Plata en una camioneta como parte de su llamado “Tour de la Gratitud”. El proyecto, que implicaba múltiples visitas a las provincias, se vio frustrado al poco tiempo por el estallido del escándalo alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A su vez, es la primera vez que el Presidente pisa Bahía Blanca desde las inundaciones que golpearon la ciudad en marzo de 2025, cuando recorrió las zonas afectadas y supervisó las tareas de asistencia a los damnificados. La elección del destino no es casual: con su visita a las plantas industriales, busca marcar aún más su distancia con la gestión de Axel Kicillof, que nunca adhirió al RIGI. Además, es una de las ciudades donde el sello libertario mide con más fuerza en la Provincia: el año pasado se impuso tanto en las provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre (en esa ocasión, con el 54% de los votos).

Veinte años después de aquel 18 de septiembre de 2006, Rubén López sigue buscando respuestas. Ese día, su padre, Jorge Julio López, iba a atravesar uno de los momentos más importantes de su vida: tenía que estar cara a cara al represor Miguel Etchecolatz, luego de haber declarado en su contra. Sin embargo, horas antes de la lectura de la sentencia, el testigo clave desapareció y nunca más se volvió a saber de él.

“Es una mancha en la democracia, el problema de no saber qué pasó con una persona que fue a dar su testimonio en un juicio tan importante contra los genocidas es algo que molesta, no solo como familia, a toda la sociedad”, sostiene Rubén en diálogo con TN.

Y marca una diferencia que, para él, resume la dimensión de lo ocurrido: “Lo raro de todo esto es que, luego de casi seis meses de la primera desaparición en dictadura sabíamos que estaba vivo. Hoy, a 20 años, no sabemos qué pasó”.

Rubén no estaba en La Plata el día que desapareció su padre, se encontraba trabajando en Capital, pero cuando le avisaron de la falta de noticias, no consideró en un primer momento que se debía al contexto que encontraba atravesando. “Creímos que le había pasado algo físico porque iba a estar frente a frente Etchecolatz. Tiempo después nos dimos cuenta que por la declaración, estos personajes pensaron en hacerle algo”, reconoce.

Diferente fue el relato del resto de los sobrevivientes que llevaban adelante el juicio. Nilda Eloy, otra testigo clave ya fallecida, había advertido acerca de los peligros a los que se enfrentaban y la falta de cuidados. Y sobre esta segunda desaparición, nunca dudó que se tratara de un ataque por parte de los genocidas: “Alguna vez la van a estudiar como el monumento a la impunidad”, aseveró.

Durante las semanas que duró el debate, tanto sobrevivientes como sus familiares recibían amenazas. Sin embargo, con la desaparición de López, las llamadas telefónicas aumentaron: eran durante la madrugada, brindaban datos personales y en muchas ocasiones les ponían audios de torturas, muchas, consideraban, correspondían a las ocurridas durante la dictadura. Es por eso que, a pesar de las décadas transcurridas, el reclamo sobre la apertura de los archivos del golpe y el pedido para que confiesen lo que hicieron, sigue vigente.

Las primeras hipótesis

En los primeros meses, la familia pensó que podía tratarse de un problema de salud o de una desorientación. “No entendíamos qué estaba sucediendo, por eso insistimos tanto tiempo con esa situación, con el tema físico”, recuerda Rubén.

Incluso, asegura que en un principio, entre los familiares, solo su madre pensó que detrás de la desaparición podía estar Etchecolatz. “Los fiscales tampoco nos lo dijeron, nadie nos lo dijo”, lamenta y agrega: “No teníamos otra cosa en la cabeza. Si nos hubiésemos dado cuenta que por esa declaración algo había pasado, hubiésemos accionado de otra manera”.

Para Rubén, uno de los principales problemas estuvo en cómo se actuó durante las primeras horas de la desaparición. “El problema radica en que la Policía pensó lo mismo que nosotros y en eso se quedó. Tenían que haber abierto el panorama en el marco de un juicio tan importante y no lo hicieron”, plantea.

Aunque destaca lo que ocurrió cuando su hermano fue a realizar la denuncia: “Hay gente que sí se había dado cuenta que era grave el tema. Por ejemplo, cuando mi hermano fue a hacer la denuncia, en aquel entonces te decían que había que esperar 48 horas para que la tomaran y lo aplicaban. Fue recién cuando se acercó a la Comisaría 3° de Los Hornos que un cabo le respondió ‘esto es otro tema’ y empezaron a actuar”, cuenta.

Sin embargo, asegura, ya se había perdido tiempo valioso: “No buscaron en forma inmediata. Si hubiesen investigado todas las hipótesis, quizás esas 48 horas que se perdieron al principio hubiesen sido clave, pero hoy no nos permite saber qué pasó”.

Con el paso del tiempo, la familia comenzó a advertir situaciones que hicieron cambiar aquella primera mirada. “Cuando aparecieron las llaves en el jardín, el momento en el que le quisieron abrir el auto a mi hermano. Nunca supimos si fueron casualidades o tuvieron que ver con su desaparición, pero estas cosas nos llevaron a pensar que algo más había pasado”.

Ninguna hipótesis cierra

A lo largo de estos 20 años aparecieron numerosas pistas, testimonios y versiones sobre el posible paradero de López. Nada permitió establecer qué ocurrió. “Ninguna hipótesis cierra, no tenemos algo certero de dónde investigar porque no lo hay”, afirma Rubén.

Y recuerda una de las búsquedas que más expectativas generó dentro de la familia: “Salvo alguna cosa, sabíamos que generalmente era información trucha. Lo que pasó en las vías del Tren Roca, en la estación del Parque Pereyra, que dijeron que había sido enterrado ahí, que lo había escuchado una tercera persona. Nos aferramos a esa idea porque queríamos encontrarlo”.

“Después empezamos a abrir el paraguas para no aferrarnos a una idea, que pasaron todas, pero siempre terminaban en la nada misma”, explica.

Rubén también diferencia entre quienes aportaron información de buena fe y quienes pudieron haberlo hecho con otras intenciones. Sin embargo, nada aportó datos certeros: “Lo cierto es que todas esas pistas nunca fueron algo concreto. Nunca estuvimos cerca de pensar en que lo íbamos a encontrar. Ninguna de todas las cosas te podían haber acercado”.

Actualmente, según cuenta el hijo de López, la investigación está enfocada en revisar el enorme volumen de información acumulada durante dos décadas en comunicaciones telefónicas.

“Hoy están trabajando mucho, depurando las llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006. La causa busca tratar de sacar cuerpos de anexos de investigación que son truchos y enturbian la causa. Están tratando de clarificar 10 millones de llamadas después de 20 años”, detalló.

Sumado a ello, en los últimos meses, la Provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa, que pasó de 5 a 10 millones de pesos. “Los gobiernos siempre han tratado de colaborar, actualmente no pasa desde Nación, pero no esperamos mucho”, agrega.

Para Rubén, pese al paso del tiempo, todavía debería investigarse el entorno de Etchecolatz. “Cuando mostró un papelito que decía ‘Jorge Julio López’ y ‘secuestrar’ nunca se investigó. En esa oportunidad fui a hablar con el fiscal Molina. Me dijo que lo iba a convocar”, cuenta. “Todavía estamos esperando que lo convoquen”, agrega con ironía, debido a que el represor murió hace cuatro años en prisión.

Es por eso que hoy, para la familia, “todas las preguntas siguen sin respuestas”. “¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿por qué no se protegió a los testigos?, ¿por qué después de la desaparición de mi papá empezaron a cuidarlos?, ¿por qué le pasó a él?, ¿por qué lo eligieron a él? Son las mismas de hace 20 años”, lamenta el hombre.

Para Rubén, la falta de respuestas está vinculada con el silencio de quienes podrían aportar información: “Esto es como el pacto de los genocidas de la dictadura: hay un manto de silencio que no se corrompe ni con toda la plata que les pongas. No hay más que dos o tres que ejecutaron y un instigador, porque esto sigue quedando impune como con los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”.

“Se fueron muriendo y nunca contaron, nunca dijeron nada, nunca tuvieron un signo de respeto hacia las familias. Nunca se arrepintieron”, sostiene.

Una ausencia que permanece en lo cotidiano

El hijo de López cuenta que la familia nunca pudo atravesar el duelo de la manera habitual. “Vivís con la misma esperanza de que en algún momento va a aparecer. Este año mi viejo cumpliría 97 años, quizás por la edad ya no estaría vivo, pero podría ser que sí y ahí estamos nosotros, pidiendo su aparición con vida hasta que algo demuestre lo contrario”.

“Los psicólogos dicen que las personas llevan un año de duelo luego de una pérdida. Nosotros hace 20 años esperamos el primer año de duelo”, lamenta, todavía con angustia.

La ausencia, dice, también aparece en las cosas más simples: “Él está en todo momento presente: cuando uso sus herramientas, su bicicleta, la carretilla, la pala, el limonero que cuidó tanto y se nos secó igual. Todo lo cotidiano que no le dábamos bola y hoy se extraña”.

Es por eso que, sostiene: “Seguir buscándolo significa un montón de cosas. López es bandera en muchos reclamos. Cuando pasó lo de Santiago Maldonado mi viejo fue bandera en muchas de las marchas, también cuando han pasado otras situaciones similares. En La Plata está siempre presente, varias plazas llevan su nombre por reclamos populares”.

Y ante un dato que pueda esclarecer el caso, el pedido es concreto: “Si alguien sabe algo le diría que aporte a la causa. Que cuente es un deber cívico, salvo que seas el perpetrador de la situación, aunque también te podés arrepentir”.

Para Rubén, mantener presente la historia de su padre también es una forma de impedir que su desaparición vuelva a repetirse en la memoria colectiva. “Esto que hacemos hoy y en cada aniversario lo mantiene en la memoria. En algún momento, en un documental, una señora dijo: ‘no permitan que López desaparezca por tercera vez’”.

Y cierra con el pedido que, veinte años después, sigue vigente: “Eso pedimos. Si sale de los medios, de las manifestaciones, de los reclamos, vuelve a desaparecer. No lo permitamos”.

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La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Marcelo Severini, el presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones por daño moral. El fallo concluyó que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.

En línea con esto, la sentencia dispuso medidas destinadas a reparar los perjuicios que el tribunal consideró derivados de la difusión pública de aquella presentación. Entre ellas, ordenó la eliminación de menciones vinculadas a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de la ex funcionaria.

De esta manera, el juzgado fijó un plazo de diez días para el cumplimiento de esa medida. En caso de que no se concrete, Ruiz quedará bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso, en tanto, fueron impuestas a la demandada.

La decisión representa un nuevo capítulo judicial relacionado con la ex vicegobernadora, luego de la crisis institucional que atravesó la Legislatura provincial hacia el final de 2024. El expediente civil se apoyó, entre otros antecedentes, en el archivo de la causa penal que había sido iniciada en la Justicia Federal y luego remitida al fuero provincial.

De acuerdo con la información del medio local Diario Río Negro, el origen del conflicto se remonta a los primeros días de diciembre de 2024. En ese período, Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura de Neuquén, en el marco de un proceso institucional que más adelante derivó en su separación de la presidencia del cuerpo.

Tras esa decisión, la entonces vicegobernadora anunció acciones judiciales y presentó una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires. El escrito apuntó contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales. Entre las personas mencionadas figuraba Severini, titular de la cooperativa eléctrica neuquina.

La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman. En ella se incluyeron acusaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.

Según el planteo de la defensa, los denunciados habrían intervenido en una maniobra dirigida a apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura. La ex funcionaria vinculó esa secuencia con lo que definió como un intento de alterar el funcionamiento institucional de la provincia.

Sin embargo, de acuerdo con los argumentos que luego fueron considerados en el proceso civil, la denuncia no describió hechos concretos que permitieran establecer cuál habría sido la intervención material de Severini en los delitos señalados. Tampoco se habrían aportado elementos mínimos de convicción para sostener la imputación en su contra.

La denuncia se había comenzado a tramitar en el fuero federal porteño, hasta que el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente por razón del territorio y resolvió remitir el expediente a los tribunales federales de Neuquén, donde correspondía analizar los hechos.

En esa jurisdicción, intervino la fiscal Mariana Querejeta, quien también declinó la competencia. La fiscal entendió que el caso no contenía materia federal, por lo que el legajo debía continuar su recorrido dentro de la Justicia provincial.

El expediente llegó finalmente a la Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate. Allí, se dispuso el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad, es decir, porque los hechos expuestos no encuadraban en una figura penal que justificara la continuidad de la investigación.

Ese archivo tuvo relevancia en la demanda posterior que Severini promovió por daños y perjuicios. En este sentido, el presidente de CALF sostuvo que la denuncia y su difusión pública habían afectado su honor y reclamó una reparación económica, junto con medidas para limitar la permanencia de las publicaciones en entornos digitales.

En este sentido, la acción civil también incluyó el pedido de suprimir contenidos que el funcionario público consideró injuriosos y de divulgar los aspectos principales de la sentencia en medios gráficos regionales. El tribunal admitió parcialmente el reclamo.

Al resolver el caso, el magistrado valoró que la denuncia original fue archivada sin que avanzara una investigación penal. La sentencia señaló la ausencia de pruebas y la falta de precisión sobre las conductas que se atribuían al demandante.

El juez sostuvo que el derecho a denunciar no habilita la formulación de acusaciones sin una descripción concreta de los hechos ni elementos que permitan respaldarlas. Bajo esa interpretación, consideró que el caso excedió el ejercicio regular de ese derecho y encuadró la conducta dentro de los parámetros de la acusación calumniosa.

De esta manera, la resolución ordenó que Ruiz pague a Severini una indemnización de $5 millones por daño moral. A esa suma deberán agregarse intereses, calculados mediante tasa pura y tasa activa del Banco Provincia del Neuquén.