POLITICA
“Saludos a Papá”: el significado real de la frase que envió el presidente de Bolivia a los generales que tenían cautivo al Che Guevara

La orden fue directa y llegó de boca del entonces presidente de Bolivia, general René Barrientos Ortuño, en la tarde del 8 de octubre de 1967. Fue transmitida en clave, apenas tres palabras: “Saludos a Papá”. Quería decir: “Maten al Che Guevara”. Se cumplió con estricta rigidez militar. Al día siguiente, 9 de octubre de hace cincuenta y nueve años, Guevara fue asesinado a balazos por un sargento del ejército en una escuela de La Higuera, un pequeño pueblo de los valles bolivianos, al sur de la provincia de Vallegrande y a sesenta kilómetros de su ciudad capital.
Así terminó el sueño de Guevara de exportar al sur del continente la Revolución Cubana de la que había sido líder. Su intención era la de instalar un foco guerrillero en Argentina y así se lo había confiado primero a Fidel Castro en los días de gloria del triunfo revolucionario, en enero de 1959, y luego al presidente Arturo Frondizi cuando lo visitó en secreto, o casi en secreto, en la residencia de Olivos en agosto de 1961.
Guevara había dejado Cuba, sus cargos públicos y su familia; había cambiado su fisonomía hasta hacerse ajeno hasta para quienes lo conocían; también era irreconocible en las fotos de sus falsos documentos personales; había ingresado en Bolivia en noviembre de 1966 como Adolfo Mena González, un economista uruguayo, para liderar un pequeño grupo de guerrilleros cubanos, bolivianos y argentinos, cerca de sesenta, organizados como el Ejército Nacional de Liberación (ENL): esa sería, confiaba el Che, la cuna de la insurrección continental.
El campamento base de Guevara ocupó una propiedad rural junto al río Ñancahuazú, a unos doscientos cincuenta kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Fue un desastre. Guevara y su grupo enfrentaron al ejército boliviano que tenía el asesoramiento militar y de inteligencia de Estados Unidos. Contra lo que el jefe guerrillero esperaba, no tuvo el apoyo de los campesinos locales, pequeños propietarios de sus tierras que en realidad colaboraron con el ejército; el Partido Comunista de Bolivia, también contra todo lo que Guevara esperaba, le retiró su apoyo formal por una disputa de poder sobre quién debía liderar aquella operación política y militar.
Desde antes de la llegada de Guevara a Bolivia, el gobierno de Estados Unidos había desplegado allí a un grupo de sus comandos “boinas verdes”, para que entrenaran, y algo más, a los “Rangers” bolivianos expertos en contrainsurgencia. Cuando la inteligencia boliviana supo de la presencia de Guevara en el país, la CIA destacó a uno de sus agentes, Félix Rodríguez, un cubano que había formado parte del ejército mercenario que había invadido Cuba por Bahía de Cochinos en abril de 1961. Rodríguez se consideraba un enemigo personal de Fidel Castro y de Guevara. Escribió luego un libro, “Shadow Warrior – Guerrero en las sombras”, sobre su experiencia como agente de la CIA y como figura central en la captura y el asesinato de Guevara.
POLITICA
La ayuda oficial para la huida de Bolsonaro complica cada vez más la relación bilateral entre la Argentina y Brasil

La reconocida participación del gobierno argentino en el operativo de salida del senador liberal Flavio Bolsonaro desde Brasil hacia los Estados Unidos le dio un duro golpe adicional a un vínculo político bilateral ya maltrecho desde hace años entre Buenos Aires y Brasilia.
Es esta la sensación en ámbitos diplomáticos de ambos países, luego de conocido el discreto y breve paso de Bolsonaro por Misiones en su camino hacia Miami. Previo a este episodio, como otro antecedente de peso, sobresale el no reconocimiento por parte de Javier Milei del triunfo del domingo pasado de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Más allá de que ninguno de los dos presidentes se pronunció sobre el futuro del vínculo tras el nuevo episodio, la fuerte apuesta de Milei por Bolsonaro desde el principio de la campaña electoral–participó del lanzamiento oficial de su postulación, a fines de julio en San Pablo- sumó mucho más ruido a una relación ya de por sí áspera y conflictiva entre ambos presidentes. Milei y Lula se evitan desde hace rato en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden y rebajaron desde agosto pasado el vínculo diplomático a la categoría de encargados de Negocios.
Con los insultos de Milei hacia Lula en los días previos a la segunda vuelta del domingo pasado (lo tildó de “ladrón” y puso en duda la transparencia del conteo de votos) como último intercambio, nadie cree que, en el corto plazo, Daniel Raimondi pueda regresar a Brasilia como embajador, e igual de lejano se ve el retorno de Julio Bitelli como embajador de Brasil en Buenos Aires.
Luego de conocido el resultado de las elecciones, Milei dispuso que no hubiese reconocimiento oficial al ganador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el martes el portavoz Adrián Ravier, dejando claro que no habría comunicado de felicitación al ganador. “Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, para Javier Milei son más importantes los pueblos que las ideologías”, agregó Ravier, y estimó que “seguiremos trabajando como siempre dentro del Mercosur”, a pesar de “las diferencias ideológicas”.
La postura de no reconocimiento a Lula, en línea con las dudas que mostrara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (habló de una elección “amañada”), fue enarbolada sobre todo por el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no fue homogénea dentro del Gobierno.
La senadora Patricia Bullrich afirmó este miércoles que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”. Un modo concreto de reconocer el triunfo del presidente brasileño, aunque se mostró crítica de “la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición”, en referencia a las acusaciones judiciales contra los Bolsonaro.
Los aliados de Pro, más proclives a intentar mejorar el vínculo bilateral, afirmaron en un comunicado que “Brasil ya eligió”, y afirmaron que “Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, un sutil modo de diferenciarse de la reacción del gobierno de Milei ante el resultado electoral.
Desde ese sector, que se mantiene como aliado de La Libertad Avanza, se mostraron preocupados por la continuidad de la relación entre ambos países luego de la salida de Bolsonaro desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, hacia Guayaquil y Miami.
Desde el peronismo, en tanto, sugieren que con este episodio “Milei comenzó una etapa de aislamiento”, y dan como ejemplos los llamados al trabajo conjunto que Lula hizo después de su triunfo a presidentes de derecha, como el chileno José Antonio Kast y el colombiano Abelardo de la Espriella, ambos de buena sintonía con el libertario.
Milei y Lula podrían cruzarse en próximos eventos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana, en España, la semana que viene; la cumbre de presidentes del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre del G20, en Mar-a-Lago, diez días después. “Difícil que haya reconciliación entre ambos”, estimaron fuentes diplomáticas. Una curiosidad: el último encuentro del Mercosur en el que Lula y Milei coincidieron fue, precisamente, en Foz de Iguazú, en diciembre del año pasado. Todo fue distancia y frialdad entre ellos durante el breve lapso que compartieron, frente a las Cataratas del Iguazú.
Sin planes de reconocimiento oficial al ganador, desde el Gobierno destacan que, al margen de las cuestiones electorales, el vínculo comercial y diplomático entre la Argentina y Brasil continuará como hasta ahora. “A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, dijo una voz autorizada de la gestión libertaria, relativizando el impacto de este nuevo desencuentro, que ensombrece un poco más el vínculo político entre los principales socios del Mercosur.
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POLITICA
El Presupuesto y Biocombustibles se demoran en Diputados: los reclamos de aliados que podrían destrabar la negociación

El oficialismo se vio obligado a suspender la reunión prevista para esta tarde de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce “Bertie” Benegas Lynch, donde tenía planeado avanzar con el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El PRO, la UCR y los aliados provinciales se resistieron a aportar sus firmas porque aseguran que la Casa Rosada no respondió a la mayoría de sus reclamos. La falta de acuerdo también hizo naufragar la reunión de comisión en la que se discutió la nueva ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado.
“No vamos a firmar nada porque no nos dieron ninguna respuesta sobre varios temas”, manifestó un diputado del PRO durante la tarde del martes. Sin embargo, los bloques aliados reconocieron que en principio se mantiene la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre y buscaron desdramatizar la situación. “Estamos negociando, también dejamos disponible el miércoles 25 de noviembre”, explicaron, dando a entender que la sanción de la “ley de leyes” no corre riesgo real de quedar frenada en Diputados.
La lista de reclamos del PRO está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. “Nos dicen que se puede arreglar por fuera del Presupuesto. Pero si es verdad que está la plata para arreglar todo, queremos que la incluyan en el Presupuesto”, señalaron a Infobae. El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri.
Por otro lado, los amarillos impulsan una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. “Es la única proteína que todavía paga el 21%”, argumentaron. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.

Las obras viales son un capítulo aparte y allí se acumulan reclamos de distintas fuerzas y provincias. En principio, tanto el PRO como la UCR y los bloques que responden directamente a gobernadores reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. “Nos cobran el impuesto, no hacen las obras y usan la plata para mostrar superávit fiscal, qué vivos”, ironizó un diputado del norte del país.
En la misma línea, las provincias reclaman mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.
Las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también exigen precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Por otro lado, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.
En tanto, la UCR insistió en mejorar las partidas previstas para financiar las universidades nacionales: a pesar de que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones, el presupuesto para el año que viene les asigna un poco más de $7 billones.
Los bloques aliados tampoco ven con buenos ojos la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales.
Por último, la diputada de Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, y otros diputados patagónicos pidieron una reducción de impuestos para el sector pesquero.
La discusión en torno a la ley de biocombustibles
La ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados la semana pasada tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.
Si bien no hay discrepancias respecto a los cambios para el bioetanol, la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

El corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% y se prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima). Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.
Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.
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El Consejo de la Magistratura posterga una definición sobre las denuncias contra un camarista cordobés

El camarista cordobés Abel Sánchez Torres, investigado por amañar causas y abuso de autoridad, no logró que el Consejo de la Magistratura cerrara las denuncias disciplinarias en su contra. El senador nacional Luis Juez, miembro del organismo, pidió que las acusaciones pasen a la Comisión de Acusación, donde los asuntos terminan en la promoción de un eventual juicio político.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura postergó el tratamiento de uno de los expedientes contra Sánchez Torres y Graciela Montesi, su pareja y camarista. Las actuaciones seguirán abiertas y en etapa de investigación, pero podría abrirse el camino para avanzar hacia un jury.
El camarista está procesado, acusado de manipular la integración de su sala con su pareja para favorecer a dos empresas sobre las que debía fallar. Además, está acusado de recibir dádivas por un vuelo a Punta del Este en avión privado, pagado por una de las firmas a las que tenía que investigar.
El dictamen sostiene que las conductas atribuidas al camarista “podrían comprometer gravemente los deberes inherentes a la función judicial”, si se corroboran.
El consejero Luis Juez tuvo en cuenta el procesamiento que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes le dictó el 25 de septiembre pasado. Aclaró, sin embargo, que no le asignaba “efectos determinantes”.
El expediente principal lo inició una secretaria de la cámara y tiene otros seis acumulados. Según los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, a mediados de 2023, Sánchez Torres y la camarista Montesi habrían acordado manipular la integración de las salas.
Su objetivo habría sido intervenir juntos en dos expedientes por evasión tributaria contra directivos de la cerealera, Padilla y Humanes, y así desplazar a la camarista Liliana Navarro, a quien le correspondía subrogar.
En Padilla, el expediente habría sido retenido hasta que llegó el turno de Sánchez Torres. Según la fiscalía, el camarista recibió la causa a las 11:48 del 7 de diciembre de 2023 y la devolvió cerrada a las 11:49. En ese voto realizado en un minuto confirmó la falta de mérito del imputado.
En Humanes, Sánchez Torres le habría ordenado a la secretaria de la Cámara certificar una integración del tribunal con Montesi, que sería irregular. Cuando ella se negó, la habría dispuesto él mismo por decreto. La tercera camarista, Liliana Navarro, objetó esa integración meses después.
Con la sala ya corregida, el directivo de Bunge que estaba investigado terminó procesado, con la disidencia de Sánchez Torres.
Los fiscales sostienen que la negativa de la secretaria de cámara a certificar la integración de la sala, irregular, le valió casi dos años de hostigamiento.
Describieron gritos, descalificaciones frente a empleados, quita de funciones y su traslado a una oficina sin ventanas. También presionó para que aceptara cambiar su cargo por uno de menor jerarquía. Según la fiscalía, eso le provocó un deterioro de salud que la obligó a tomar sucesivas licencias.
El dictamen suma la denuncia del secretario Francisco Juárez Rouviere. Según su declaración, Sánchez Torres lo presionó para que declarara contra la secretaria de Cámara denunciante e intentó manipular el sorteo de los jueces que debían revisar su propia causa.
El juez Sánchez Freytes consideró que esa conducta habría justificado detener a cualquier otro imputado, algo que los fueros impiden. Por eso le prohibió acercarse al testigo.
Se acumularon además otros tres expedientes. En uno de ellos, los fiscales imputaron a Sánchez Torres y su pareja jueza por un viaje en avión privado a Punta del Este en 2024, valuado en unos 34.000 dólares.
La aeronave en la que hicieron el viaje estaba vinculada a directivos de Porta Hnos. y del Grupo Astori, empresas con causas ante la Cámara. Una de esas decisiones fue el fallo que en 2025 dejó sin efecto una multa a Porta.
Hay además otra denuncia de Elisa Carrió, que reclama investigar el patrimonio de Sánchez Torres, incluida una casa en el barrio El Terrón.
También pide indagar un vuelco con su camioneta en la Circunvalación de Córdoba en junio pasado, del que se habría retirado antes de la llegada de la policía.
Y finalmente, en una tercera denuncia, vecinos del barrio San Antonio piden investigar los vínculos de los jueces con Porta Hnos., en un caso de amparo ambiental contra la empresa.
Juez sostuvo en la reunión que la situación procesal de Sánchez Torres “debe ser rápidamente esclarecida”. Anticipó que el caso “más tarde que temprano terminará en Acusación”.
El consejero Hugo Galderisi presentó una alternativa: desestimar también lo de Montesi, desestimar en parte las denuncias contra Sánchez Torres y seguir investigando el resto en Disciplina.
Ante la falta de acuerdo, el presidente de la comisión de Disciplina, César Grau, propuso postergar todos los expedientes por tratarse de “temas complejos y en constante desarrollo”.
El consejero Eduardo Vischi argumentó que, si el caso seguía en Disciplina, se podrían reunir más pruebas para un eventual pase a Acusación.
Alberto Lugones coincidió y dijo que el caso merecía un estudio en profundidad. La consejera instructora Agustina Díaz Cordero apoyó, junto con Alejandra Provítola, el pase a Acusación que impulsaba Juez, aunque reconoció que estaban en minoría.
Diego Barroetaveña describió a la jurisdicción de Córdoba como compleja y en proceso de ordenamiento, y dijo que lo resuelto “no define nada”. Aun así, votó en contra de postergar.
Finalmente, votaron por postergar los consejeros César Grau, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Hugo Galderisi y Alberto Lugones. Y se pronunciaron en contra de postergar Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Luis Juez y Alejandra Provítola.
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