Después de más de 36 años de incertidumbre, fueron identificados los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un integrante de las Fuerzas de Defensa de Panamá que falleció a los 21 años durante la invasión militar de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989.

El joven prestaba servicio en el Cuartel Central y su familia llevaba décadas intentando localizarlo.

La identificación fue anunciada este sábado 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la operación militar estadounidense.

El resultado fue posible mediante análisis genéticos especializados realizados con la participación de instituciones panameñas y guatemaltecas, después de un complejo proceso de recuperación de material óseo.

El trabajo científico estuvo a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y el Ministerio Público.

Las muestras fueron comparadas con perfiles genéticos aportados por familiares, lo que permitió establecer la identidad del joven pese al deterioro de los restos.

Aparicio Oliva era hijo de Félix Adolfo Aparicio Pérez y Lidia Maritza Oliva Gómez y residía en San Miguelito, en Cerro Batea.

Durante la invasión prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, donde desarrollaba funciones relacionadas con el abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares.

Después de iniciada la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, sus familiares recibieron información sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, según el comunicado oficial. Sin embargo, no consiguieron localizar sus restos, lo que dio inicio a una búsqueda que se prolongó durante más de tres décadas.

Durante ese período, la familia acudió a hospitales, cementerios y diligencias de exhumación con la esperanza de encontrar información sobre su paradero. Posteriormente, las autoridades recibieron datos que apuntaban a una posible sepultura en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las investigaciones forenses.

La identificación constituye una respuesta para sus familiares después de décadas de búsqueda, además de permitir que el joven reciba finalmente una sepultura con su identidad plenamente establecida.

Aparicio Oliva había sido ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990.

El hallazgo se suma a otras identificaciones realizadas durante 2026 mediante estudios de ADN. En julio, la Procuraduría General de la Nación entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, dos víctimas de la invasión cuyos cuerpos fueron identificados mediante análisis realizados en Panamá y Guatemala.

Las investigaciones también permitieron identificar anteriormente a Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias para esclarecer las desapariciones. Los trabajos incluyen exhumaciones, análisis de restos óseos y comparación genética, procedimientos necesarios para resolver casos que permanecieron sin identificación durante décadas.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos ejecutó la denominada Operación Causa Justa, cuyo principal objetivo era capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba de facto Panamá.

Aproximadamente 24.000 soldados participaron en el despliegue contra objetivos militares panameños, mientras los enfrentamientos y bombardeos afectaron sectores residenciales, especialmente en El Chorrillo.

El número de fallecidos continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos de aquella intervención militar. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños muertos, mientras organizaciones de derechos humanos formularon estimaciones considerablemente mayores.

La ausencia de registros completos y los entierros sin identificación dificultaron establecer un balance definitivo.

Hasta marzo de 2026, el Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre contenía 443 nombres en distintas etapas de verificación. De ellos, 238 correspondían a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras otros 205 permanecían bajo investigación, aunque algunas entradas podían coincidir con personas previamente registradas.

La Comisión fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de esclarecer la verdad sobre las víctimas de la invasión. Su labor comprende la recuperación de identidades, la investigación de desapariciones y la reconstrucción documental, en coordinación con organismos forenses y autoridades judiciales.

La identificación de Roberto Adolfo Aparicio Oliva representa un nuevo avance en una investigación que permanece abierta. Aunque su familia podrá finalmente darle sepultura, todavía existen restos pendientes de identificación y desapariciones sin esclarecer, más de tres décadas después de la intervención militar estadounidense en Panamá.

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Las organizaciones delictivas en El Salvador encontraron en las nuevas herramientas financieras una vía para movilizar dinero ilícito, un fenómeno que afecta principalmente a personas vulnerables y exhibe las debilidades de control en el sector corporativo. Así lo advirtió Walter Morales, especialista en finanzas y riesgos y director de la consultora Yancor Coaching & Mentory, en un diálogo con Infobae.

Para comprender este escenario, conviene definir con sencillez qué son los activos digitales. Se trata de representaciones de valor que existen únicamente en formato electrónico, como las monedas virtuales, las transferencias por billeteras en teléfonos móviles y cualquier saldo que circule a través de plataformas en internet.

Aunque estas herramientas agilizan los cobros y pagos cotidianos, también abren la puerta a que redes criminales oculten el origen ilícito de sus fondos si las compañías carecen de controles adecuados.

Uno de los mecanismos que cobró mayor fuerza en los últimos cinco años consiste en reclutar a ciudadanos con ingresos escasos o deudas elevadas para que presten sus cuentas corrientes o billeteras electrónicas.

Estas personas, conocidas en la jerga financiera como mulas, reciben depósitos que luego transfieren a otros destinos o al exterior a cambio de pagos diarios o mensuales.

De acuerdo con el especialista, la gran mayoría de quienes caen en estas trampas no dimensionan que cometen un delito grave. “En términos de mula financiera, por así decirlo, de diez personas en un proceso involucrado, normalmente siete son mujeres y tres son hombres”, explicó Walter Morales a Infobae. El experto recordó que en un operativo reciente que derivó en 296 órdenes de captura, el 70% de las imputadas correspondió al sexo femenino.

A este esquema se suma el fraccionamiento de dinero mediante remesas familiares y aplicaciones de pago, donde los sospechosos dividen montos pequeños, de 150 a 400 dólares, hacia destinatarios sin ningún lazo de parentesco. Además, proliferan empresas ficticias que contratan a personas locales como presuntos directivos o representantes legales con el objetivo de encubrir actividades ilícitas y eludir a la justicia.

Siete de cada diez entidades enfrentan un rezago en tecnología preventiva

El uso de mecanismos modernos como la inteligencia artificial para vigilar operaciones sospechosas presenta una brecha notable en el país. Cerca del 30% del sector, dominado por bancos de capital internacional, cuenta con sistemas automatizados para evaluar riesgos.

En contraste, el 70% restante, conformado por:

• Lotificadoras
• Importadoras
• Firmas de bienes raíces y pequeños operadores de activos virtuales, supervisa sus transacciones de forma manual o con planillas básicas.

“El problema en este sentido no es el costo de la IA, sino también es la cultura de la gestión de datos. Porque no podemos poner IA donde no tenemos datos limpios”, remarcó el director de Yancor Coaching & Mentory. Para el analista, el paso previo a cualquier automatización exige estructurar los registros internos y capacitar al personal para que detecte patrones fraudulentos.

Frente a este panorama, la normativa salvadoreña impone diversas obligaciones que las compañías deben cumplir con rigor. Morales citó la Ley de Protección de Datos Personales, un estatuto que obliga a resguardar la identidad de los usuarios frente a robos informáticos.

Aunque una modificación legislativa suprimió la figura del delegado de protección, el experto recalcó que las exigencias y sanciones penales siguen plenamente vigentes para las entidades privadas.

El marco legal del país centroamericano comprende también la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, vinculada a la ciberseguridad, y la Ley de Prevención, Control y Sanción del Delito de Lavado de Activos. El especialista recomendó la realización de auditorías independientes periódicas para verificar los protocolos antes de que intervengan las autoridades estatales.

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El 97.5% de los trámites consulares de nicaragüenses en el exilio no recibió una respuesta favorable o fue denegado, según un estudio presentado el miércoles 21 de octubre en Madrid, que expone cómo la falta de documentos deja a cientos de personas sin posibilidades de regularizar su situación fuera de Nicaragua.

La encuesta incluyó a 41 nicaragüenses residentes principalmente en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Solo una persona informó haber obtenido un resultado positivo en sus gestiones ante las sedes diplomáticas, informó Divergentes.

El relevamiento fue elaborado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International, y se presentó durante el conversatorio “La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea”.

El 48.7% de las personas consultadas evita acudir a los consulados nicaragüenses por temor a represalias contra ellas o sus familiares que permanecen en Nicaragua. Otro 24% intentó regresar al país, pero se le impidió el ingreso.

La investigación registró seis casos en los que aerolíneas prohibieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones que, de acuerdo con el estudio, procedían del régimen sandinista.

El cuestionario digital se aplicó entre septiembre de 2025 y enero de 2026 e incorporó 21 variables, con preguntas de selección múltiple y respuestas abiertas. La mayoría de los encuestados considera que la salida más urgente para recuperar seguridad jurídica no es renovar sus documentos nicaragüenses, sino acceder a una nueva nacionalidad.

El 75% señaló la obtención de otra ciudadanía como la principal respuesta a su situación, frente al 46% que priorizó la renovación de documentos emitidos por Nicaragua.

La dificultad para conseguir pasaportes, certificados y otros papeles ocurre en una diáspora que creció tras las protestas de abril de 2018 y la posterior represión estatal. En 2021, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que más de 108,000 nicaragüenses habían abandonado el país desde el inicio de la crisis; dos tercios se dirigieron a Costa Rica.

Una comunicación de expertos de Naciones Unidas publicada en 2025 elevó la dimensión del éxodo: alrededor de 800 mil nicaragüenses habían salido del país desde 2018, muchos de ellos por temor a la persecución y con necesidad de protección internacional.

La apatridia de facto ante pasaportes vencidos

Las organizaciones califican esta situación como “apatridia de facto”: personas que mantienen formalmente la nacionalidad nicaragüense, pero no logran renovar el pasaporte ni obtener documentos esenciales cuando los necesitan en los países donde residen.

El fenómeno es distinto de las desnacionalizaciones aplicadas desde febrero de 2023 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otras voces críticas.

El 9 de febrero de ese año, 222 presos políticos fueron excarcelados, enviados a Estados Unidos y luego privados de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron desnacionalizadas, según Divergentes.

En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron liberados y trasladados a Guatemala. Cinco días más tarde, la justicia nicaragüense ordenó retirarles la nacionalidad y confiscar sus bienes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 453 nicaragüenses privados de su ciudadanía y desterrados entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. De ese total, 153 eran líderes de movimientos políticos, sociales o defensores de derechos humanos, mientras que 44 pertenecían a comunidades religiosas.

La CIDH consideró que esas decisiones constituyeron una privación arbitraria de la nacionalidad y advirtió que estuvieron acompañadas por confiscaciones de bienes, cancelaciones de registros civiles y otras restricciones de derechos.

José Denis Cruz, periodista nicaragüense exiliado en España y coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, vinculó la falta de documentación con una política de persecución estatal. “La crisis migratoria y el desplazamiento forzado de los nicaragüenses no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada de persecución y desmantelamiento de la identidad jurídica por parte del régimen de Ortega y Murillo”, afirmó en declaraciones recogidas por Divergentes.

La solicitud de nacionalidad española para periodistas exiliados

Durante el encuentro en Madrid, las organizaciones solicitaron al Gobierno español que resuelva la petición de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en situación de apatridia de facto.

“Pedimos a España que atienda de manera urgente la solicitud formal de nacionalidad por carta de naturaleza presentada por el grupo de periodistas nicaragüenses exiliados en apatridia de facto”, dijo Cruz. La solicitud cuenta con el respaldo de la Asociación de la Prensa de Madrid y Reporteros Sin Fronteras.

Recientemente, España concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

España también ha recibido a 1,400 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica a través del Plan Nacional de Reasentamiento. Para las dos organizaciones, esas medidas no cubren a quienes conservan la nacionalidad nicaragüense en los registros, pero no pueden acceder a la documentación que necesitan.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y Refugees International pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros que coordinen mecanismos de protección, flexibilicen los requisitos documentales, armonicen los procedimientos entre países europeos y garanticen vías seguras para las personas sin protección efectiva de Nicaragua.

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