INTERNACIONAL
La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras

Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9.9 muertes de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, mientras madres y familiares denunciaron demoras en cesáreas, falta de medicamentos y condiciones deficientes en hospitales.
El deterioro del Programa de Atención Materno Infantil coincide con menos nacimientos y con una intervención internacional destinada a reforzar servicios obstétricos y neonatales, según Diario de Cuba.
Los 68,051 nacidos vivos comunicados de manera preliminar por el Ministerio de Salud Pública representaron 3,108 menos que en 2024. Aplicada a ese total, la tasa infantil equivale a unas 674 muertes de bebés menores de un año, una estimación derivada de ambos indicadores y no una cifra oficial de fallecimientos divulgada por separado.
La situación contrasta con los registros de 2017 y 2018, cuando el indicador era de cuatro muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El salto respecto de 2018 fue del 147.5%.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció en abril de 2026 la tendencia de deterioro de los indicadores cubanos, aunque sostuvo que el país mantenía resultados superiores a los promedios regionales.
La tasa preliminar cubana superó la de Chile, de 5.9 por cada 1,000 en ese año; Argentina había registrado 8.5 en 2024, y Costa Rica informó 8.56 entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
Cesáreas demoradas y muertes neonatales
Más de 24 horas de trabajo de parto precedieron el nacimiento de la hija de Dania, residente en Nuevitas cuya identidad fue modificada a pedido suyo. La bebé nació en el Hospital Materno de Camagüey con bajo peso y niveles muy bajos de oxígeno y glucosa, por lo que pasó varios días en una incubadora.

La madre afirmó que la intervención llegó demasiado tarde: “La niña nació azul, no respiraba, pensé que se moría”. También atribuyó las complicaciones a la demora para practicarle una cesárea: “Todo por la misma razón, por una decisión tardía, el equipo no quería hacer la cesárea, y la tuvieron que hacer, en el último momento”.
La hija de Dania sobrevivió, pero el hijo de Alina, otro nombre utilizado para preservar la identidad de la entrevistada, murió antes de que se realizara la operación. La mujer ingresó un sábado por la tarde con escasez de líquido amniótico y señaló que los especialistas la atendieron recién el lunes.
“Para resumir una historia que me sigue martirizando, me hicieron la cesárea cuando el niño ya había fallecido”, relató Alina. Tras años de intentos para quedar embarazada, describió la pérdida como un golpe para toda su familia: “Era el niño más deseado y esperado”.
Las denuncias de familiares incluyeron otros casos ocurridos en Camagüey. En septiembre de 2025, Leydys Marian Guerrero González denunció que su hija murió luego de que el personal del Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt demorara la atención ante la escasez de líquido amniótico y realizara la cesárea cuando la bebé ya había fallecido.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió ese caso en redes sociales. Un mes antes, Lianet Barranco había cuestionado la respuesta médica después de la muerte de su hija, tras presentar síntomas de alarma durante el embarazo.

Camila Leyva Obregón, residente en Bayamo, contó en enero de 2025 que pasó horas perdiendo líquido amniótico antes de recibir atención para el parto. Su bebé desarrolló complicaciones y murió a los 11 días de nacido.
Otra muerte neonatal fue reportada el 12 de octubre de 2026 en el Hospital Materno de Camagüey, a partir de fuentes consultadas por Tan Estrada. La inducción del parto se prolongó más de 24 horas y el recién nacido sufrió broncoaspiración de líquido amniótico meconial, hipertensión pulmonar y fallo multiorgánico.
El periodista denunció además más de 15 fallecimientos de recién nacidos en ese hospital entre enero y mayo de 2026. También señaló filtraciones de aguas albañales desde un baño de la planta superior hacia zonas cercanas a los bebés, presencia de insectos y falta de medicamentos para combatir infecciones.
El 29 de abril de ese año, Tan Estrada informó que embarazadas aguardaban para dar a luz en los pasillos de la Sala A, en un contexto de hacinamiento, calor y falta de higiene. Las denuncias familiares no determinan por sí solas la existencia de negligencia médica, pero exponen cuestionamientos sobre las demoras, la atención de síntomas de alarma y las explicaciones recibidas.
Diferencias territoriales y falta de medicamentos
La tasa de mortalidad infantil mostró contrastes dentro del país: La Habana registró 14,2 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2025 y Camagüey, 12,4, de acuerdo con indicadores demográficos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pinar del Río notificó 4,7.
La disponibilidad de tratamientos esenciales también fue cuestionada por familias de recién nacidos. Beba Cabrera denunció que su nieta, nacida el 28 de septiembre de 2025 en el Hospital Hijas de Galicia de La Habana, murió tras una hemorragia grave.
Los médicos diagnosticaron un déficit de vitamina K, necesaria para la coagulación de la sangre, según explicó el doctor Lucio Enriquez Nodarse. La familia sostuvo que el hospital no disponía del medicamento que se administra a los bebés para prevenir esas hemorragias.

La niña recibió transfusiones y ventilación mecánica, pero murió el 1 de octubre. Sus familiares afirmaron además que, tras el parto, el personal les pidió 5.000 pesos para garantizar una cama para la madre.
Las muertes alcanzaron también a mujeres embarazadas. La mortalidad materna subió de 40,6 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2024 a 44,1 en 2025, un aumento aproximado de 8,6%, según precisó el Ministerio de Salud Pública.
La diferencia absoluta fue de una muerte materna adicional. Aunque la reducción de nacimientos incide en el cálculo de la tasa, el número de mujeres fallecidas aumentó en un año con menos nacidos vivos.
En febrero de 2022, los familiares de Yanelis Medina Cardoza, de 30 años y con un embarazo avanzado, denunciaron irregularidades en la atención que recibió en La Habana. Según su testimonio, perdió al bebé después de una cesárea de urgencia y luego ella también murió.
Laura Castillo Zulueta falleció en mayo de 2024, a los 29 años y con 25 semanas de gestación. Su madre, Janet Zulueta Curbelo, denunció presuntas negligencias en el Hospital Hijas de Galicia antes del traslado de la joven al Hospital Nacional.
La dirección del centro rechazó las acusaciones y sostuvo que las complicaciones estaban relacionadas con una enfermedad previa, la enfermedad de Hirschsprung. También dio una versión diferente sobre las circunstancias del traslado y difundió información clínica de Laura para responder a la familia, una decisión que generó cuestionamientos sobre la privacidad de los datos de la paciente.
Daniela Aurora Ochoa Hernández, de 22 años, murió junto con su bebé en diciembre de 2025 en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en Ciego de Ávila. Sus familiares, citados por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo y el Observatorio de Género de Alas Tensas, indicaron que había acudido con dolor intenso de cabeza y entumecimiento de las extremidades.
La joven sufrió convulsiones y fue sometida a una cesárea de emergencia, pero los médicos no lograron salvarla ni al recién nacido. La familia cuestionó la evaluación inicial y las demoras para recibir atención especializada.
Dos millones de euros para reforzar la atención materna
La Unión Europea financia con dos millones de euros un proyecto conjunto de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer la atención materna y neonatal en Cuba. La iniciativa, anunciada en mayo de 2026, prevé alcanzar directamente a 310.685 personas.

El programa se denomina Salvar vidas al nacer: Prestación de Atención Vital Materna y Neonatal en Cuba y se desarrolla junto al Ministerio de Salud Pública en La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
La OPS vinculó el deterioro de los indicadores de salud materna y neonatal con la crisis prolongada del país, los problemas energéticos, los eventos climáticos recurrentes y los daños provocados por el huracán Melissa en octubre de 2025. Sus prioridades incluyen medicamentos e insumos esenciales, servicios obstétricos y neonatales de emergencia, rehabilitación de infraestructura, agua segura y saneamiento.
Maylin Fernández Suris, abogada de Diario de Cuba especializada en políticas sociales, sostuvo que las revisiones internas de los hospitales no bastan para responder a las familias. “Los hospitales cuentan con mecanismos internos para revisar fallecimientos y posibles deficiencias. Pero las familias necesitan algo más que una investigación administrativa: conocer las causas, acceder a información médica, recibir explicaciones suficientes y disponer de vías efectivas para reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”.
La letrada planteó que la respuesta estatal debe incluir suministros, servicios básicos, capacidad de atención, información pública y mecanismos de reclamación. “Las familias tienen derecho a conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y a reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”, afirmó.
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INTERNACIONAL
Un ciberataque masivo afectó a 178 empresas de todo el mundo: buscaban robar datos bancarios y criptomonedas

Un ciberataque a gran escala alcanzó los sitios web de 178 empresas de todo el mundo, entre ellas algunas de las empresas y medios de comunicación más conocidos, como CNN, Fox News, BBC, Zoom, HSBC y Salesforce.
Los atacantes utilizaron una vulnerabilidad en una plataforma de terceros para distribuir un código malicioso con el objetivo de robar información financiera, acceder a datos de tarjetas de crédito y apropiarse de criptomonedas.
La campaña fue detectada por investigadores en ciberseguridad, que identificaron modificaciones no autorizadas en archivos utilizados por los sitios afectados. El código también incluía herramientas diseñadas para atacar dispositivos de Apple, especialmente iPhones y iPads que funcionan con versiones vulnerables de iOS.
El incidente puso en evidencia los riesgos de seguridad que pueden generar los servicios externos que utilizan grandes compañías para administrar sus páginas web. Aunque los sitios involucrados son de organizaciones reconocidas, eso no impidió que los visitantes quedaran potencialmente expuestos a las amenazas.
Cómo fue el ciberataque que afectó a CNN, Fox News y Zoom
Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en Optimizely, una plataforma que las empresas utilizan para probar distintas versiones de sus páginas web, realizar modificaciones y personalizar la experiencia de los usuarios.
Según explicó la compañía a BleepingComputer, una persona no autorizada explotó una falla en el proceso de registro de cuentas de su servicio Experimentation. De esa manera, consiguió insertar código JavaScript malicioso en los proyectos de algunos clientes.
El problema es que las páginas de las empresas afectadas cargaban esos archivos desde los servidores legítimos de Optimizely. Por eso, el código malicioso podía llegar a los visitantes a través de una herramienta que los sitios ya utilizaban habitualmente.
El investigador de seguridad Scott Helme, de Report URI, detectó 188 archivos infectados correspondientes a 178 organizaciones, después de analizar 1611 scripts de la plataforma. Los especialistas advirtieron que la cantidad real de sitios involucrados podría ser mayor.
Qué información buscaban robar los hackers
El código malicioso estaba preparado para ejecutar distintas acciones según el dispositivo y la actividad de cada visitante. Entre sus principales objetivos estaban:
- Robar criptomonedas: podía reemplazar las direcciones de billeteras digitales que aparecían en una página o que los usuarios copiaban para realizar transferencias. Así, el dinero podía terminar en cuentas controladas por los atacantes.
- Capturar datos bancarios: buscaba obtener números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad ingresados en formularios de pago.
- Acceder a información de navegación: podía recopilar cookies del navegador y tomar capturas de pantalla de los dispositivos.
- Atacar dispositivos Apple: incluía herramientas de explotación conocidas como Coruna y DarkSword, destinadas a aprovechar vulnerabilidades en versiones anteriores de iOS.
De acuerdo con los investigadores, las billeteras vinculadas a los atacantes recibieron alrededor de US$7000 en criptomonedas durante el período analizado. Sin embargo, todavía no se pudo determinar cuánto dinero consiguieron robar efectivamente ni cuántos datos personales o financieros lograron obtener.
Qué empresas fueron afectadas y qué medidas tomaron
La investigación identificó páginas de organizaciones de distintos sectores, entre ellas medios de comunicación, compañías tecnológicas, entidades financieras y empresas comerciales.
Además de CNN, Fox News, BBC y Zoom, en el listado aparecen HSBC, Equifax, IKEA, GitLab, Salesforce, Air France y UNICEF USA, entre otras.
Algunas compañías comenzaron a tomar medidas preventivas. Salesforce informó que desactivó los scripts de Optimizely en sus entornos de prueba y producción mientras investigaba las modificaciones no autorizadas.
Hackeo
INTERNACIONAL
Bush-appointed judge torpedoes Trump immigration rule, rips DHS for overstepping its authority

An immigration rule drafted by the Trump administration to plug an alleged gap in the visa system has met its end at the hands of a federal judge appointed by former President George W. Bush.
District Judge F. Dennis Saylor IV of Massachusetts ruled Monday that the Department of Homeland Security overstepped its authority by promulgating a rule that placed greater restrictions on visas for international students, exchange visitors and foreign journalists. His ruling represents a victory for the labor unions and university presidents that challenged the rule, and another loss in the Trump administration’s legal crusade to crack down on immigration.
The DHS rule would have replaced a longstanding policy by only allowing international students to study in America for a fixed timeframe, generally capped at four years, requiring them to apply for an extension if they wish to continue their studies. Previously, there was no fixed time limit for international students so long as they remained enrolled in a university and otherwise maintained legal status. The rule also would have imposed new restrictions on transferring schools, changing academic programs and pursuing additional degrees, while subjecting students to additional immigration reviews intended to combat fraud and national security threats.
TRUMP ADMIN SUED OVER VISA TIME RESTRICTIONS FOR FOREIGN STUDENTS, JOURNALISTS
«DHS acknowledges that there are legitimate reasons why a student may pursue another academic degree at the same or lower level as the one he or she has completed — for example, pursuing an M.B.A. after a J.D.,» the judge wrote. «But the Final Rule would effectively prohibit such a student from entering the United States to pursue those studies. And the purported reasons given by DHS for doing so — protecting national security and preventing fraud — are not reasonably related to the nature and purpose of the F-1 visa program.»
«Put bluntly, DHS is seeking to prevent or discourage the very activity — providing educational opportunities for foreign students in the United States — that Congress sought to permit and encourage,» Saylor continued. «The statute simply does not grant DHS such broad and open-ended authority to undermine the F-1 visa program.»
US STATE DEPARTMENT HAS YANKED MORE THAN 175K VISAS UNDER TRUMP ADMINISTRATION SO FAR
Saylor had already blocked the rule from taking effect in September, but Monday’s ruling went further by striking it down entirely after finding that DHS violated federal administrative law.
Lawyers representing the department disagreed with the judge’s characterization, arguing that indefinite admission periods prevent immigration officials from periodically reassessing whether foreign nationals are complying with the conditions of their visas. Mandatory extensions, in the telling of the agency, would create additional opportunities to identify fraud, security risks and immigration violations — risks it says are substantiated by past cases of fraud and abuse in the student visa system.
«The performative outrage is incredible. Where was the outrage when foreign nationals were abusing the system, violating the terms of their student visas, and making a mockery of our immigration laws? If the media really cared about legitimate international students, they would be thanking President Trump for cracking down on the rampant fraud to ensure only those truly intending to study in the United States are given the privilege,» a DHS spokesperson told Digital.
Saylor, however, further argued that DHS failed to establish how its new rule would constitute an improvement over existing systems meant to catch visa fraud.
«But DHS has not adequately explained how implementing an unreviewable, completely discretionary renewal system — after a foreign student has already been in the country for four years — meaningfully enhances the ability of DHS to root out cases of fraud, or how the benefits of such a system outweigh the immense costs of abandoning the existing system,» he wrote.
DHS PROPOSES MASSIVE $70K FEE FOR FOREIGN STUDENTS SEEKING WORK AUTHORIZATION
Currently, DHS relies on the Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) to monitor student visa fraud. SEVIS is a federal database that monitors international students and exchange visitors, tracking their enrollment, immigration status and compliance with visa requirements through information reported by schools and program sponsors. The agency argued that the system is a «data-reporting system for schools» that is «not designed for performing all relevant fraud and security screening.»
Saylor was identified as a Republican in a 2014 profile piece. The same piece noted Saylor had close ties to former Massachusetts Gov. Mitt Romney and that he was reportedly considered for a position in the Bush administration. He was confirmed by a bipartisan vote in the Senate, even winning the support of Democratic Sen. Ted Kennedy, a noted liberal, who praised him for his fair-mindedness and independence.
DHS did not tell Digital whether it intended to appeal Saylor’s ruling.
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INTERNACIONAL
Alerta en Ecuador: las inundaciones elevan el riesgo de dengue, leptospirosis y hepatitis A


Las inundaciones que afectan a distintas zonas de Ecuador han encendido las alertas sanitarias por el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas en comunidades expuestas a aguas contaminadas, acumulación de desechos y proliferación de mosquitos. El dengue, la leptospirosis y la hepatitis A concentran las principales preocupaciones de los especialistas, en un país que acumula casi 45.000 casos de dengue durante 2026 y enfrenta nuevas emergencias provocadas por las precipitaciones.
Según la información del Ministerio de Salud Pública, difundida por El Comercio, Ecuador registró 44.984 casos de dengue y 47 fallecidos hasta el 31 de octubre de 2026, correspondientes a la semana epidemiológica 43. La cifra representa un incremento del 26,37 % frente al mismo período del año anterior y evidencia la persistencia de esta enfermedad transmitida por mosquitos, particularmente en las provincias de la Costa.
Manabí encabeza los registros nacionales con 12.977 contagios, seguida de Guayas, con 10.559; Los Ríos, con 4.760; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 3.485; y Esmeraldas, con 2.120. Aunque estas provincias concentran el mayor número absoluto de pacientes, Galápagos presenta la incidencia más elevada, con 2.230,03 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los reportes epidemiológicos oficiales.
Las lluvias intensas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, cuando dejan depósitos de agua estancada en recipientes, neumáticos y otros objetos. Sin embargo, las cifras acumuladas durante el año no permiten atribuir directamente los contagios a las inundaciones recientes, cuya repercusión epidemiológica requiere un seguimiento específico.
La preocupación también alcanza a la leptospirosis, una infección bacteriana transmitida principalmente mediante el contacto con agua o suelo contaminados por orina de animales infectados. Según la gaceta epidemiológica del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 42, Ecuador contabilizaba 814 casos probables y confirmados, con una concentración importante en Manabí, Guayas y Orellana.
Manabí registraba 238 casos; Guayas, 109; Orellana, 75; Esmeraldas, 66; Loja, 42; y Santo Domingo de los Tsáchilas, 41. Estas cifras corresponden a una categoría de vigilancia que incluye tanto casos probables como confirmados y, por tanto, no deben confundirse con los 421 contagios confirmados mencionados en reportes periodísticos recientes.
El presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Héctor Rosero, advirtió, según declaraciones recogidas por Ecuavisa el 16 de noviembre, que los niños que caminan descalzos por sectores inundados enfrentan una exposición particular cuando las aguas se mezclan con residuos de alcantarillado y desechos asociados a la presencia de roedores.
La leptospirosis puede comenzar con fiebre, dolores musculares y malestar general, síntomas que dificultan su diferenciación inicial de otras infecciones. En sus manifestaciones graves puede provocar insuficiencia renal, hemorragias y complicaciones hepáticas, por lo que el diagnóstico oportuno resulta determinante.
Otra enfermedad bajo vigilancia es la hepatitis A, cuya transmisión ocurre principalmente mediante el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal. De acuerdo con información epidemiológica citada por Ecuavisa, el país acumulaba 1.105 casos, mientras que el Ministerio de Salud identifica el saneamiento deficiente y el acceso insuficiente a agua segura como factores relacionados con su propagación.

En Guayaquil, las consecuencias sanitarias de las inundaciones ya generan inquietud entre los habitantes de sectores vulnerables. Según información publicada por Diario Extra, familias de Las Orquídeas reportaron episodios de fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales después de las precipitaciones registradas a principios de noviembre.
Las inundaciones también han dejado víctimas y daños materiales. Según el balance de Segura EP difundido por Ecuavisa, las precipitaciones del 14 y 15 de noviembre ocasionaron dos fallecidos y afectaciones en 135 inmuebles de Guayaquil, una de las principales ciudades del país y especialmente vulnerable a los anegamientos en determinados sectores urbanos.
El escenario obliga a diferenciar entre enfermedades que ya registran una circulación importante en Ecuador y nuevos contagios que podrían estar asociados a las emergencias climáticas. Los datos oficiales documentan la magnitud del dengue y la presencia de leptospirosis y hepatitis A, pero todavía no establecen que las inundaciones de noviembre hayan provocado brotes simultáneos de estas tres enfermedades.
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