POLITICA
Conflicto en Medio Oriente: el Gobierno condenó los ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin
El Gobierno condenó “en los términos más enérgicos” este miércoles los recientes ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin en medio de la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que la ofensiva infringió los principios del derecho internacional.
“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por el régimen de la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, enfatizó la Cancillería a través de un comunicado.
En ese contexto, la cartera que conduce Pablo Quirno consideró que los ataques iraníes fueron “actos injustificados” contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, hechos que infringen “los principios fundamentales del derecho internacional”.
“La Argentina expresa su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional”, concluyó el posicionamiento oficial.
En paralelo, Quirno ratificó en sus redes la importancia de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y pidió estabilizar la seguridad regional.
Un muerto y 63 heridos: el saldo del ataque iraní al Aeropuerto Internacional de Kuwait
El nuevo posicionamiento del Gobierno en el conflicto de Medio Oriente se produjo luego de que drones iraníes atacaran el Aeropuerto Internacional de Kuwait, con un saldo de un muerto, 63 heridos y la suspensión de los vuelos comerciales.
A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní realizó ataques en la madrugada del miércoles contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin junto con otras bases aéreas de Oriente Próximo a modo de “respuesta” por agresiones previas del Ejército estadounidense.
Los ataques ocurrieron luego de que agencias de noticias iraníes semioficiales informaran que Teherán había suspendido las negociaciones para extender la tregua con Estados Unidos e Israel hasta que se cumpliera el cese al fuego en Líbano.
Leé también: En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, Javier Milei respaldó a Israel: “Debemos defenderlo”
Sin embargo, Donald Trump anunció nuevos compromisos en el frente del país árabe y este miércoles las delegaciones de Israel y Líbano acordaron “la implementación de un alto el fuego” condicionado a “un cese completo” del fuego de Hezbollah.
Por su parte, Javier Milei había vuelto a interceder en el conflicto este lunes cuando llamó a defender a Israel, al que definió como un “bastión de Occidente”.
Medio Oriente, Irán, kuwait
POLITICA
En clave electoral, Kicillof se mostró con Valdés en Corrientes y volvió a hablar de una alternativa a Milei
La gira de Axel Kicillof por distintas provincias tuvo este miércoles una escala en Corrientes. El gobernador bonaerense se reunió con su par Juan Pablo Valdés, firmó convenios de cooperación productiva y comercial, y mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales, en el marco de una agenda que incluyó actividades institucionales y reuniones políticas.
La visita se da en un contexto de creciente diálogo entre gobernadores de distinto signo político, atravesado por los reclamos de las provincias por la caída de recursos, la paralización de obras públicas y las dificultades que las administraciones provinciales atribuyen al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Para Kicillof, además, la recorrida se inscribe en una serie de viajes que viene realizando fuera de Buenos Aires, como parte de su armado político de cara a 2027. En los últimos meses visitó Córdoba y Tierra del Fuego y en su entorno destacan que es un dirigente con diálogo aceitado con distintos sectores políticos y sociales del país.
Un encuentro con fuerte peso político
La foto entre Kicillof y Valdés se produjo apenas un día después de que el correntino participara de una reunión de gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que hubo reclamos por obras de infraestructura, acceso al gas natural y la implementación de una tarifa diferencial de energía eléctrica para las provincias de la región.
Valdés mantiene diálogo con distintos actores del escenario político nacional, tiene contactos con el Gobierno de Milei y hace unos días cenó con Mauricio Macri. Al igual que otros mandatarios provinciales, viene impulsando reclamos vinculados con obras y recursos para las provincias.
Si bien tanto Valdés como Kicillof evitaron referencias electorales directas durante la actividad oficial y pusieron el foco en la cooperación institucional, la política se filtró en varias intervenciones. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, sostuvo el correntino.
Kicillof transmitió un mensaje similar. “Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos”, afirmó.
Ppoco antes, desde Empedrado, el gobernador bonaerense había hablado del camino hacia 2027: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.
Defensa del federalismo
La jornada de Kicillof en Corrientes comenzó en Empedrado, donde firmó un convenio de cooperación turística y cultural con el intendente Fernando Echeverría. Más tarde se trasladó a la capital correntina para encabezar junto a Valdés la firma de convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario.
Uno de los acuerdos permitirá incorporar productores arroceros correntinos al programa Mercados Bonaerenses, mientras que otro establece mecanismos de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y material genético bovino y ovino.
Tras la firma, Kicillof sostuvo que el encuentro buscó fortalecer la cooperación entre provincias. “Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración”, afirmó.
“Las provincias formamos parte del mismo país y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades”, agregó.
Valdés, por su parte, destacó el intercambio institucional entre ambas administraciones. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando con los gobernadores y fortaleciendo el federalismo. Debemos conversar más y profundizar el diálogo para construir una Argentina mejor”, señaló.
El mandatario correntino también recordó la asistencia que recibió la provincia de Buenos Aires durante los incendios forestales que afectaron la provincia años atrás.
Reuniones con intendentes y sindicatos
Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes políticos locales. Desde sus redes sociales planteó que en esas reuniones apareció una preocupación compartida por la situación económica. “Hay un denominador común, que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional”, escribió en X.
Al respecto, advirtió que quedó plasmado que la crisis “no es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que seguirá trabajando con todos los sectores “para seguir construyendo una alternativa que vuelva a poner a la industria, el trabajo y la producción como motor del desarrollo en todo el país”.
Axel Kicillof, Juan Pablo Valdes, Corrientes
POLITICA
El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba
Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.
El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.
El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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