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POLITICA

Guerra de facciones sin respiro

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La guerra de facciones que agita al gobierno de Javier Milei es tan vertiginosa que no da respiro para festejar triunfos propios o derrotas ajenas. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, podría solazarse en estas horas con la crisis política que desató su rival, Karina Milei, al pretender retirar del Senado el pliego de la candidata a camarista María Verónica Michelli, con el perverso argumento de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

“El Mago” no había llegado a descorchar una botella cuando estalló un incendio en su sala de máquinas. Ese incendio se llama Facundo Leal. Es el extitular de la agencia de control de los aeropuertos, ORSNA. También el empleado de planta de la empresa de telecomunicaciones Arsat, en cuyo directorio se sienta en calidad de representante del sindicato telefónico. Leal fue, en la gestión de Alberto Fernández, presidente de Arsat.

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Los padecimientos libertarios comenzaron cuando el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, pusieron bajo la lupa a Gerardo Boschin por el robo de material tecnológico en un depósito contratado por Arsat en San Fernando. Mientras ocurrían los hechos, Boschin era subgerente de contrataciones y compras de la compañía. Después fue presidente de la empresa Trenes Argentinos. Pero siguió figurando como subgerente de Arsat hasta el lunes pasado. Parecería ser un funcionario apreciado por sus superiores.

En esa línea de investigación se allanaron dos propiedades de Leal. Un departamento en el barrio porteño de Palermo y una casa en Mendoza. En esos domicilios se encontró dinero en efectivo por alrededor de 2,4 millones de dólares; varios tipos de droga: cocaína, ketamina y éxtasis; una balanza que se usaría para pesar drogas; y 19 aparatos electrónicos de los que se utilizan en las prácticas de espionaje.

La continuidad de Leal entre los gobiernos de Fernández, cuando presidió Arsat, y de Milei, cuando presidió el ORSNA, genera preocupaciones transversales. Esa permanencia deriva de un método: Santiago Caputo resolvió adquirir llave en mano planteles enteros de la gestión anterior, casi siempre ligados a Sergio Massa. A pesar de sus vicios. O a raíz de sus vicios.

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Bajo Fernández, Leal reportaba a Massa. Mas aún, cuando terminó la gestión peronista y los empresarios del sector le preguntaban por su eventual continuidad, él contestaba: “Voy a estar donde me diga Sergio”. Esa lealtad de Leal se debe a su antiguo vínculo con los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila, del entorno más cercano a Massa. Estas complicidades se desplegaban casi siempre en las noches de “Roldán”. Massa, que ya tenía bastantes disgustos con las fechorías de sus amigos Pablo Toviggino y Javier Faroni, en la AFA, ahora tiene que soportar los sobresaltos que llegan desde las telecomunicaciones.

En los últimos tiempos, Leal se había convertido en la sombra de otro mendocino allegado a Vila: el ex secretario de Transportes Luis Pierrini. En esta nueva especialidad habría adquirido otra dependencia: la de Leonardo Scatturice. Muy relacionado con el entorno de Donald Trump, este empresario es el dueño de la accidentada Flybondi y también contratista de Trenes Argentinos para el tendido de fibra óptica en las estaciones ferroviarias.

Scatturice tiene una relación estrechísima con el “Mago” Caputo, gracias a quien una de sus compañías, Tactic Global, consiguió un contrato con la SIDE para realizar actividades de lobbying. Es la consultora en la que presta servicios el supuesto amigo de Trump, Barry Bennett, quien dejó de visitar Buenos Aires con la frecuencia de otros tiempos. Ahora prefiere Asunción del Paraguay, donde Scatturice está más enfocado. La contratación de Tactic Global fue motivo de una denuncia de la dirigente liberal María Eugenia Talerico, que investiga la jueza Eugenia Capuchetti. El principal señalado es el extitular de la SIDE Sergio Neiffert, por violación de la ley de Inteligencia.

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Estas relaciones acentúan los interrogantes sobre la conducta de Leal. Su departamento de Palermo tenía todo el aspecto de haber funcionado como una “cueva” de Inteligencia. Sobre todo por los dispositivos electrónicos y el dinero en efectivo. Estos datos justifican algunas preguntas que se hacen quienes conocen de cerca este entramado. ¿Es verdad que Leal tenía una subordinación informal con el área de Contrainteligencia de la SIDE, donde opera “la voz sentimental de Buenos Aires”? ¿Los aparatos en su poder formaban parte del misterioso equipaje de Laura Belén Arrieta? Es la empleada de varias empresas de Scatturice que llegó como única pasajera de un vuelo que no fue inspeccionado por la Aduana. Es por esa irregularidad que se multiplican las especulaciones.

El vuelo se realizó en un avión del poderoso empresario radicado en Miami y la inspección pudo evitarse gracias a una orden informal que recibió una agente aduanera a través del teléfono de Arrieta. A pesar del paso de los meses, el juez Pablo Yadarola sigue con dificultades para identificar cuál fue el celular con el que se conectaron Arrieta y la funcionaria. Ahora se abriría otra posibilidad para desentrañar el acertijo. Si es verdad que intervino Leal, su teléfono tal vez registra la llamada recibida. Aunque aquí se presenta otro inconveniente: Leal no entregó la clave para que revisen su celular. Un alivio para una gran legión de poderosos que en estas horas se muestran aterrados. Porque, aunque se logre mantener bloqueado el teléfono, no es tan fácil bloquear la lengua del funcionario, que a la ansiedad por el trance que atraviesa agrega la de la abstinencia en el consumo de esas sustancias que atesoraba. “Pusimos la vara muy alta”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El calvario de Leal tiene desvelados a autoridades y empresarios de telecomunicaciones, pero también al sector de la construcción aeroportuaria. Habría testimonios de que su paso por el ORSNA coincidió con pedidos se sobornos a compañías que realizaban obras en estaciones aéreas. Todas las versiones señalan a un ingeniero civil, Juan Alberto Sosa, quien prestaría servicios como asesor del ORSNA con rango equivalente al de gerente. Sosa realizaría sus riesgosas manualidades a la vista de innumerables pasajeros de aeroparque en la confitería “Tostado”. Imprudencias del exhibicionismo.

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Es una ironía que Las Fuerzas del Cielo, que lidera el “Mago” Caputo, encuentren su tormento en el sector de la aeronavegación. La carga del desasosiego se deposita en las espaldas de la sucesora de Leal en el ORSNA, la intrépida Noelia Ruiz, autodenominada “la killer de Santi”. Por Caputo. Antigua colaboradora del opulento Federico Salvai y de Cristian Ritondo durante la gestión de María Eugenia Vidal, Ruiz fue designada en Arsat pero se dedicó durante meses a borrar cualquier rastro de las investigaciones que se habían ordenado, desde el Ministerio de Economía, sobre el fideicomiso del régimen de protección de Tierra del Fuego en el que operaban Rubén Cherñajovsky, socio hoy de Salvai, y Nicolás Caputo, tío del “Mago”.

Desde allí pasó al ORSNA, cargo que, en medio del escándalo Leal, le roba horas de sueño. Sin ir más lejos, el día en que se allanó la casa del funcionario en Mendoza “la killer” habría viajado por tierra a esa provincia. Seguro que fue una simple coincidencia. Pero la Ley de Murphy es implacable.

Era imprescindible, en especial para el “Mago” Caputo, que la gran extensión que cubren Arsat, Trenes y Privatizaciones no estuviera sometida a un terremoto como el de estos días. En especial porque se estaba planificando la privatización de Arsat, que ya casi tenía dueño. Ahora la curiosidad es retroactiva. Por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones circula la información sobre los giros multimillonarios que se habrían realizado desde el Enacom, el ente que controla las comunicaciones, hacia Arsat, con la excusa de financiar tendidos de fibra óptica con el Fondo del Servicio Universal. Es la caja destinada a subsidiar esas instalaciones en zonas que no atraen al mercado. ¿Es verdad que durante la gestión del massista Claudio Ambrosini en el Enacom y de Leal en la Arsat se crearon innumerables empresas para apropiarse de esos recursos? ¿Es cierto que muchas fueron puestas en manos de punteros bonaerenses para financiar estructuras dentro del PJ? Hay quien jura tener la lista y los montos. Habladurías.

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La situación penal de Leal fue confiada a Marcelo Rochetti. Este penalista tiene derecho a repetir la humorada de uno de sus más lúcidos colegas cuando dice: “Mi estudio se precia de jamás haber defendido a un inocente”. Rochetti patrocinó, entre otros, al célebre barrabrava “Rafa” Di Zeo. Fue por eso que debió renunciar a la jefatura de Gabinete de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense de la gestión Vidal, después de una denuncia de Elisa Carrió. La razón por la que el logorreico Leal quedó a cargo de Rochetti es sencilla: Rochetti es el alter ego de Ritondo, Ritondo es un satélite de Manzano, y Manzano es el padrino empresarial de Leal.

Para que el blindaje tenga un seguro adicional, Ritondo es un aliado sistemático del “Mago” Caputo. Bennett fue testigo de esa amistad en las oficinas de Scatturice. La alianza Caputo/Ritondo desata paranoias en el entorno de la señorita Milei. Porque Rochetti defiende también a Toviggino. Es decir, defiende al presunto dueño de la plataforma desde la que se divulgaron los tórridos audios de Diego Spagnuolo, que hablan de que la hermana del Presidente y los Menem cobraban coimas del 3% para asignar negocios en el área de Discapacidad. 3%: una limosna al lado de lo que movía Leal. Habrá que ver si el funcionario detenido, además de contar con la pericia de Rochetti, se beneficia también con una supuesta propensión a la clemencia del juez Mirabelli. Se ganó esa fama cuando examinó con infinita misericordia aquel brindis “de mi querida Fabiola que nunca debió realizarse”.

Las sospechas que despierta la camaradería del “Mago” con Ritondo van más allá de esas expansiones de Spagnuolo. La jueza Capuchetti está a cargo de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade contra Adorni por los servicios domésticos que su custodia policial habría prestado a su esposa Bettina Angeletti, otra célebre aeronavegante. Ritondo tiene una antigua relación con Capuchetti, heredada de una amistad con el padre de la magistrada. La señorita Milei teme que los Adorni caigan en el abismo de esa afinidad. Es decir, que Ritondo trabaje para el “Mago” castigando a Bettina y a Manuel. Pero Ritondo esta vez no la tiene tan fácil. Desde el lado de Karina Milei presiona la controvertida Silvia Majdalani, unida a Pilar Ramírez y Darío Wasserman a través de un amigo común: el ecuménico Daniel Angelici. Ritondo vs Majdalani. “Pochoclo”, diría “Pepe” Albistur, otro viejo conocido de Leal. Conclusión: Capuchetti está tupacamarizada en estas horas por la feroz guerra libertaria.

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El mundo del fútbol atraviesa todo el mapa del poder. El simpatiquísimo “Turco” Alejandro Calián, compañero de correrías de De Paul, acompañó al mediocampista del Inter Miami en infinitas travesías, casi siempre en el avión que se imputa a Toviggino y que pilotea ese gran administrador de silencios que es Gustavo Carmona. “El Turco” sería quien se encargó de trasladar hasta Buenos Aires una millonada de dólares obtenida por los capitostes de la AFA de la reventa de entradas del mundial de Qatar.

Además, Calián se precia entre sus amigos de haber acumulado 25 millones de dólares en muy pocos meses uniendo puntas entre el universo del lavado de dinero y las financieras de personajes como Elías Piccirillo o Ariel Vallejo. Por esas travesuras María Servini y Ariel Lijo allanaron sus oficinas y su departamento. “Es raro, porque él no tiene ni el DNI a su nombre”, comentó su biógrafo. “El Turco” estuvo seis meses a la sombra por un negocio de importación fraudulenta de motos Harley Davidson. Sus compinches dicen que sueña con volver a los sótanos de la Aduana y que creyó encontrar la puerta en Scatturice, que también es sponsor de Gimnasia y Esgrima La Plata. Seguro compró la fantasía de que el empresario, que recomendó como jefe de ARCA a Andrés Vázquez, podría ser cómplice de esas picardías.

Las relaciones con el subsuelo del fútbol contaminan todos los rincones de la vida pública y comprometen también al sector judicial. En la actualidad hay un ejemplo sobresaliente y es el que ofrecen los Mahiques. Juan Bautista, el ministro de Justicia, tuvo responsabilidades en la FIFA por delegación de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quien llama, con cariño, “Tovi”. Su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, fue señalado por muchos testigos por haber festejado su cumpleaños en la ostentosa mansión que se atribuye a Toviggino en la localidad de Villa Rosa.

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Ayer el camarista volvió a abrazar su hobby de legendario “Boxindanga”, se calzó los guantes, y redactó una insólita carta a Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara que integra. Allí Mahiques solicita que el máximo tribunal penal del país reflexione sobre las relaciones entre el periodismo y la Justicia para garantizar que la libertad de expresión quede limitada a las coberturas que son “rectas y objetivas”. No indica quién determinaría que se cumplen esas condiciones tan vidriosas. Mahiques se queja de que el periodismo informe sobre la vida de los jueces, que los retrate con sentido crítico o con ironía, y pide que se establezcan sanciones para evitar que se dañe la imagen del Poder Judicial.

La presentación de Mahiques ofrece innumerables curiosidades. Para empezar por las más superficiales, llama la atención que utilice las comillas para enfatizar algunos conceptos. Con sólo apelar al chat GPT se podría evitar ese desagradable error estilístico. Minucias. Hay peculiaridades más sustantivas en el texto. Por ejemplo, no se entiende por qué esa garantía de censura que pretende para los funcionarios judiciales no la extiende a otros servidores del Estado que trabajan en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Tampoco queda claro por qué agrede a los ministros de la Corte reclamando la creación de una oficina de prensa que comunique con profesionalismo las noticias judiciales. Esa dependencia ya existe y es la Dirección de Comunicación de la Corte, a cargo de Ariel Neuman, que ha mejorado muchísimo la relación entre los tribunales y la prensa.

En su nota, Mahiques también propone que se elabore un código para reglamentar la ética de los jueces. En este caso, tampoco se entiende por qué el juez es tan peyorativo con el Consejo de la Magistratura, que integra Barroetaveña en representación de sus pares, y que es el encargado de esa regulación con procedimientos específicos.

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El legendario “Boxindanga” pretende, además, que haya algún tipo de amonestación para los funcionarios judiciales que suministran informaciones a los periodistas. Por ahí comienza a mostrar la hilacha de su drama. El enemigo no sería la prensa, sino los jueces que Mahiques tiene del otro lado del pasillo. Con ese reclamo desnuda la encarnizada pelea que divide a la corporación de Comodoro Py, de la que él forma parte, con enfrentamientos históricos que involucran a la misma Cámara de Casación.

Más allá de sus inconsistencias conceptuales y operativas, la solicitud de Mahiques sorprende por su falta de ductilidad política. Ese déficit llama en serio la atención porque de este camarista pueden discutirse su solidez teórica o su moralidad profesional, pero es indudable su pericia para navegar en el poder. A tal punto que ocupa su cargo como producto de un traslado y ha logrado que no se cuestione esa situación, que es más visible que la de Leopoldo Bruglia o la de Pablo Bertuzzi, ya que él ni siquiera procede del fuero federal.

Es notable que Mahíques decida abrir un cuestionamiento por momentos insultante al trabajo de la prensa cuando su hijo Juan Bautista es ministro de un gobierno que se propone odiar al periodismo más de lo que ya lo odia. Más torpe todavía resulta que lo haga en el exacto momento en que ese hijo debe guardar un silencio vergonzoso, después de haber recomendado al Presidente enviar al Senado el pliego de una profesional, María Verónica Michelli, que ve cómo ahora la discriminan por ser pariente de un periodista que ejerce su oficio con ejemplar independencia. Ser cuñada de un periodista es una incompatibilidad para ejercer la magistratura. ¿Y ser padre de un ministro? No hacía falta que los Mahiques siguieran ilustrando con actitudes novedosas el poco aprecio que tienen por la libertad de expresión. Condolencias para Juan Bautista, que retrocede 20 casilleros en su carrera hacia la Procuración General de la Nación.

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Pero lo más increíble de la falta de astucia de Mahiques es que pretenda abrir un debate sobre las relaciones entre los jueces y el periodismo desde una butaca del avión que lo llevó a Lago Escondido. Como se demostró en la audiencia del Senado en la que le prorrogaron su cargo en la Justicia, si hay una materia sobre la que sería mejor que este magistrado guarde silencio es aquella sobre la que quiere discutir. Como dirían los grandes penalistas, con su carta “Mahiques volvió al lugar del crimen”. Eterno Freud.




Carlos Pagni,Justicia Federal,SIDE,Mendoza,Conforme a,Justicia Federal,,Revés para el Gobierno. Un juez frenó el cierre de una unidad del INTA y suspendió la venta de inmuebles,,Involucrado en el AFAgate. Quién es Carlos Mahiques, el juez que denunció “persecución mediática”,,$LIBRA. La oposición le pide al jefe de los fiscales que gire los fondos para reanudar la investigación

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POLITICA

Un “teléfono explosivo”, valijas misteriosas y la sombra de Scatturice: las nuevas ramificaciones del caso Arsat

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Si la Justicia logra acceder al teléfono de Facundo Leal, entra a su WhatsApp y busca entre sus stickers más utilizados, es muy probable que encuentre entre ellos uno de Jaime Stiuso. De sus favoritos. Claro está que la prioridad de los investigadores no será esa nimiedad, sino hallar en sus dispositivos pruebas para determinar si los aparatos de espionaje secuestrados en el domicilio del expresidente de Arsat al momento de detenerlo fueron utilizados con fines ilegales. Es decir, para grabar, filmar o seguir a personas de forma clandestina. Buscarán esto en paralelo con la investigación por las drogas que tenía en su casa y con la causa original, por coimas, que motivó los allanamientos.

Es posible, también, que no encuentren información que se remonte más allá de unos meses. Según varios testimonios a los que accedió , Leal se jactaba de ser meticuloso en su hábito de cambiar el teléfono cada trimestre. Todo será objeto de análisis pericial cuando -si lo logran- los peritos consigan quebrar las barreras de seguridad de sus dispositivos. Aún no han podido. Leal se negó a entregar las claves.

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La PFA halló dispositivos de espionaje ilegal en la casa de Facundo Leal

El exfuncionario contaba con una importante cantidad de tecnología de espionaje. Presuntamente, utilizaba los aparatos para producir material comprometedor de terceros, con fines todavía no conocidos, según sospechan los investigadores. Algunos de los aparatos encontrados en su domicilio, como el teléfono satelital, son de primera calidad, de acuerdo a conocedores consultados. Otros están relativamente disponibles en el mercado. Su complejidad será analizada por la Justicia.

Hay historias distintas sobre cómo obtuvo los equipos. Por estas horas, circula en ámbitos de la política una versión que no descarta una relación directa entre dos valijas que se le secuestraron a Leal -una con US$1,7 millones, encontrada en su casa de Mendoza, y otra con dispositivos de inteligencia-, con los bultos que entraron a Aeroparque sin control de las autoridades en febrero del año pasado. Quienes viajaron en el avión que aterrizó en el aeropuerto Jorge Newbery, de propiedad del empresario Leonardo Scatturice, tuvieron el beneficio de un trámite exprés por fuera de la norma. Sus valijas, de acuerdo con el dictamen de los fiscales intervinientes en la causa que investigó ese viaje, no fueron revisadas.

Las cámaras de seguridad revelaron todo el camino que hicieron las maletas desde que salieron del jet hasta que dejaron el aeropuerto, incluido un momento clave: cuando Laura Belén Arrieta, empleada y persona cercana a Scatturice, hizo el llamado que habría facilitado el ingreso sin control. El interlocutor de esa comunicación no fue descubierto por el juez Pablo Yadarola, que lleva la causa.

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Si bien nadie supo a ciencia cierta qué trajeron las valijas de aquel vuelo, habría habido un informe de una dependencia del Ministerio de Seguridad que advirtió sobre la existencia de artefactos de espionaje en el equipaje. Esta versión existe desde antes del allanamiento a Leal y le habría valido, al oficial responsable de haber producido la información, su puesto de trabajo.

Cuatro meses después del vuelo de Arrieta, Leal fue designado por Javier Milei como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Otro dato resulta de interés frente a las sospechas que ha despertado el caso. Los US$1,7 millones que fueron hallados en la casa de Mendoza de Leal se encontraban todos juntos, en una valija. Estaban divididos en ladrillos de US$10.000 con fajas y, a su vez, conglomerados en termosellados de US$100.000 por bloque. accedió a las imágenes del hallazgo y contrastó un detalle con fuentes especializadas. Estas corroboraron que las fajas que envuelven a los billetes son las que utiliza la Reserva Federal estadounidense. Es muy improbable que un banco (luego de recibirlo así del Banco Central) haya entregado dinero de esta forma a un cliente. Mucho menos a una persona políticamente expuesta como Leal, que no tenía blanqueado este monto en su declaración jurada patrimonial. Ahí cabría preguntarse si una hipotética operación de extracción de efectivo de este tipo no produjo un reporte de operación sospechosa de un banco. Las obvias dificultades de la maniobra hacen pensar que es posible que el dinero no haya provenido del circuito formal.

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La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

Leal y Scatturice se conocen desde hace por lo menos cinco años, mucho antes de la gestión libertaria y del empujón de éxito empresarial del actual dueño de Flybondi, OCA y Flechabus.

Se reunieron durante el tiempo de Leal al frente de Arsat y compartieron encuentros relacionados con otro lugar de interés para Scatturice durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese entonces, Scatturice tenía un vínculo en las segundas líneas del Ministerio Público Fiscal que le habrían permitido colocar a gente de su confianza. Habría acudido a Leal para que él seleccione perfiles para entrar a esas dependencias. La complicidad entre ellos era importante, a tal punto que Scatturice habría oficiado de asesor de negocios en Estados Unidos para Leal. Sugerencias de inversión.

Otra versión que recogió de fuentes políticas apunta a que Leal habría adquirido los artefactos vía una empresa de seguridad privada israelí. La compañía se especializa en vigilancia física y monitoreo, según su página web, y colaboró en eventos deportivos. Habría sido la proveedora del primer inhibidor de señal que tuvo Leal. También, la que cada cierta cantidad de meses revisaba que no hubiera cámaras o micrófonos en las instalaciones.

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Todo el material de espionaje encontrado en la casa de Leal se peritará. Estas tareas corresponden a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del MPF. Tratarán de averiguar si los aparatos se usaron, su origen y si tienen contenido guardado. Según información de , el almacenamiento principal de material de Leal sería una sofisticada aplicación instalada en su teléfono, cuyo sistema autodestruye todo el contenido si hay un intento de apertura sin el acceso con biometría correcta. El análisis debería suceder en las próximas semanas.




entraron a Aeroparque,Camila Dolabjian,Conforme a

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POLITICA

En clave electoral, Kicillof se mostró con Valdés en Corrientes y volvió a hablar de una alternativa a Milei

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La gira de Axel Kicillof por distintas provincias tuvo este miércoles una escala en Corrientes. El gobernador bonaerense se reunió con su par Juan Pablo Valdés, firmó convenios de cooperación productiva y comercial, y mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales, en el marco de una agenda que incluyó actividades institucionales y reuniones políticas.

La visita se da en un contexto de creciente diálogo entre gobernadores de distinto signo político, atravesado por los reclamos de las provincias por la caída de recursos, la paralización de obras públicas y las dificultades que las administraciones provinciales atribuyen al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

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Para Kicillof, además, la recorrida se inscribe en una serie de viajes que viene realizando fuera de Buenos Aires, como parte de su armado político de cara a 2027. En los últimos meses visitó Córdoba y Tierra del Fuego y en su entorno destacan que es un dirigente con diálogo aceitado con distintos sectores políticos y sociales del país.

Un encuentro con fuerte peso político

La foto entre Kicillof y Valdés se produjo apenas un día después de que el correntino participara de una reunión de gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que hubo reclamos por obras de infraestructura, acceso al gas natural y la implementación de una tarifa diferencial de energía eléctrica para las provincias de la región.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina, ambos mandatarios suscribieron convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario (Foto: Prensa PBA).

Valdés mantiene diálogo con distintos actores del escenario político nacional, tiene contactos con el Gobierno de Milei y hace unos días cenó con Mauricio Macri. Al igual que otros mandatarios provinciales, viene impulsando reclamos vinculados con obras y recursos para las provincias.

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Si bien tanto Valdés como Kicillof evitaron referencias electorales directas durante la actividad oficial y pusieron el foco en la cooperación institucional, la política se filtró en varias intervenciones. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, sostuvo el correntino.

Kicillof transmitió un mensaje similar. “Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos”, afirmó.

Ppoco antes, desde Empedrado, el gobernador bonaerense había hablado del camino hacia 2027: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.

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Defensa del federalismo

La jornada de Kicillof en Corrientes comenzó en Empedrado, donde firmó un convenio de cooperación turística y cultural con el intendente Fernando Echeverría. Más tarde se trasladó a la capital correntina para encabezar junto a Valdés la firma de convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario.

Uno de los acuerdos permitirá incorporar productores arroceros correntinos al programa Mercados Bonaerenses, mientras que otro establece mecanismos de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y material genético bovino y ovino.

Tras la firma, Kicillof sostuvo que el encuentro buscó fortalecer la cooperación entre provincias. “Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración”, afirmó.

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“Las provincias formamos parte del mismo país y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades”, agregó.

Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales (Foto: Captura de X/@Kicillofok).
Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales (Foto: Captura de X/@Kicillofok).

Valdés, por su parte, destacó el intercambio institucional entre ambas administraciones. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando con los gobernadores y fortaleciendo el federalismo. Debemos conversar más y profundizar el diálogo para construir una Argentina mejor”, señaló.

El mandatario correntino también recordó la asistencia que recibió la provincia de Buenos Aires durante los incendios forestales que afectaron la provincia años atrás.

Reuniones con intendentes y sindicatos

Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes políticos locales. Desde sus redes sociales planteó que en esas reuniones apareció una preocupación compartida por la situación económica. “Hay un denominador común, que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional”, escribió en X.

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Al respecto, advirtió que quedó plasmado que la crisis “no es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que seguirá trabajando con todos los sectores “para seguir construyendo una alternativa que vuelva a poner a la industria, el trabajo y la producción como motor del desarrollo en todo el país”.

Axel Kicillof, Juan Pablo Valdes, Corrientes

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El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces

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La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.

Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.

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El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.

“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.

El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.

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Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.

“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.

Miguel Pichetto, autor de uno de los proyectos sobre lobby

Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.

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La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.

Karina Banfi reclamó fortalecer el régimen de declaraciones juradas patrimoniales y deslizó una crítica al vocero presidencial, Manuel Adorni, que todavía no presentó la suya

“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.

El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.

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Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.

Sebastián Galmarini presentó un proyecto integral para fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y regular el lobby en todo el Estado

También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.

Los detalles del proyecto

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El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.

La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.

La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.

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Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.

El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.




Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales

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