POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba

Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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POLITICA
Ampliaron el programa de la ANSES que permite hacer trámites previsionales en el lugar de trabajo

La iniciativa de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), destinada a facilitar la gestión de trámites previsionales y asignaciones familiares en los espacios laborales que comenzó a implementarse en 2018, ampliará sus fronteras y alcanzará a más trabajadores.
La medida eliminó del programa “ANSES Va a Tu Trabajo” el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió la cobertura a los familiares directos de los empleados. En esa misma línea, incorporaron a las organizaciones del tercer sector como nuevas entidades elegibles.
Los cambios rigen desde hoy con la publicación en Boletín Oficial de la resolución 178/2026, que incorpora de forma expresa a los cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera. Con la definición tercer sector, el Gobierno incorpora organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones, lo cual representa una novedad respecto del diseño original, que solo contemplaba empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.

El programa funciona como un canal de atención descentralizada, con modalidad presencial y remota, a través del cual ANSES lleva sus servicios directamente a los lugares de trabajo para que los empleados puedan realizar trámites previsionales y de seguridad social sin concurrir a una oficina del organismo.
“La medida propuesta permite ampliar la atención al público en todo el territorio geográfico de la Nación, reduciendo el impacto de requerimientos presenciales en las Oficinas de ANSES y agilizando, en consecuencia, los trámites que deseen realizar”, explica el documento.
En el plano institucional, la resolución transfiere la gestión del programa de forma específica a la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo, dependiente de la Dirección General de Prestaciones Centralizadas, una decisión que se había comunicado en abril por la Resolución 108/2026 pero solo en términos generales.
Junto con las actualizaciones, la norma aprueba dos nuevos anexos que reemplazan a los originales. El primero es un modelo actualizado de Convenio de Adhesión y el Anexo II son las nuevas Condiciones Generales del programa.
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Qué dicen los principales puntos del programa
- Prioridad para organismos públicos, se establece de forma explícita que los organismos públicos tendrán prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión. Los criterios de admisión consideran la capacidad operativa de ANSES, la cantidad de empleados del solicitante y la extensión territorial.
- Canal de difusión y casilla de correo, se incorpora un mecanismo de comunicación formal y se habilita un e-mail tanto para solicitudes de adhesión como para el intercambio de novedades entre las partes.
- Control centralizado de los operadores, cada uno de estos no puede delegar sus funciones salvo autorización expresa de los responsables del programa.
- Representantes técnicos, cada entidad adherida debe designar dos, quienes interactúan directamente con los operadores de ANSES.
- Compromisos de ANSES, se obliga a designar un operador de enlace, controlar y validar la documentación presentada y otorgar a la entidad una Clave de Seguridad Social Corporativa, que solo permite consultas sobre el personal en relación de dependencia asociado al CUIT del empleador.
- Seguridad de los datos, ambas partes están obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida o acceso no autorizado a la información.
- Firma electrónica, la información transferida mediante mecanismos de firma electrónica definidos por ANSES tiene valor de plena prueba. Ninguna de las partes puede repudiar la información brindada ni desconocer las firmas electrónicas utilizadas.
- Vigencia y rescisión, el convenio entra en vigor desde su suscripción y se mantiene mientras rija el programa. Cualquiera de las partes puede rescindirlo de forma unilateral y sin expresión de causa, con un preaviso de 30 días. La rescisión no interrumpe los trámites en curso.
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POLITICA
Denuncian por estafas millonarias a un exfuncionario de Neuquén que prometió viviendas y habría beneficiado a sus familiares

Si la ciudad de Neuquén fuera una estancia, Jorge Salas sería el patrón. Hace 20 años era un vecino más y ahora, que acumula denuncias por estafas, se convirtió en un «intocable”.
Neuquén es una palabra palíndromo, recorre a la inversa. Como el drama-colmo de los habitantes de la Patagonia impotente: sobran las tierras y faltan las casas.
En la ciudad gris de polvo y piedra, donde los nombres de las calles tienen la mordacidad de juntar en la intersección de una esquina el nombre de un mapuche con el de un general de la Campaña del Desierto, Jorge Salas comenzó en la crisis de 2001 como dirigente social y se transformó en “el repartidor de casas” a través de la Cooperativa 127 hectáreas.
El escándalo estalló cuando Salas se convirtió en 2023 en el director de Hábitat y Urbanismo de la provincia de Neuquén. Unas 340 familias lo denunciaron en la Justicia porque pagaron durante años y nunca recibieron su casa en el barrio La Sirena, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Y el súmmum: muchos familiares de Salas sí lograron el sueño del hogar propio. Telenoche viajó a Neuquén para contar esta historia y habló con Salas.
-¿Conoce a Mariela López Koller?
-Sí
-¿Quién es?
-Mi cuñada.
-¿Dónde vive?
-En la Sirena I
-¿Y a Nerea Salas?
-Mi hija
-¿Dónde vive?
-En la Sirena I
-¿Y Florencia Salas?
-Mi hija. Ella no es la adjudicataria sino su pareja.
-¿Dónde vive?
-En la Sirena
-¿Y Ana Laura Méndez?
No la conozco
¿No es su sobrina?
-No
-¿Qué otros familiares viven en la Sirena?
-Nadie más. ¿Por qué lo dice? Son familias que hace mucho están inscriptas. No es impedimento. El Presidente tiene a la hermana, que es la jefa de Gabinete (sic), la tiene trabajando. Cuál es el impedimento, digo.
-¿Silvana López Koller?
-Hermana de Mariela. No tiene nada que ver conmigo.
-Cómo que no tiene nada que ver con usted.
-No. Es la hermana de mi cuñada, digamos.
-¿Dónde vive?
-En la Sirena
¿Y Olga Salas?
-Mi hermana, que tiene 69 años y estuvo más de 20 años esperando su casa, quiero aclarar eso porque si no.
-¿Dónde vive?
-En la Sirena. Acá hay muchos familiares y vamos a encontrar un montón de socios que tienen a su hermano, a su hermana, a un familiar, porque es la única manera de poder acceder a una vivienda social.
“Sueños robados”
¿Cuál es la razón de ser de la Cooperativa si las casas las construye el Estado nacional o provincial?, preguntó Telenoche.
“Quien las solicitó e hizo todo el trámite es la Cooperativa”, respondió Salas.
-¿Hacían un uso político de la intermediación?
-No, para nada.
-Pero usted después se presentaba como candidato…
—Sí, ¿qué problema hay?
Según Salas, la Cooperativa 127 hectáreas llegó a tener 11 mil afiliados. “La gente me pregunta si tiene que ser socio de la Cooperativa para tener una casa. Yo les digo: siempre tienen que ser socios de la Cooperativa”, decía Salas en uno de los habituales actos en Neuquén capital.
Desde hace 20 años, creció apañado por todos los gobernadores del Movimiento Popular Neuquino y ahora, de Comunidad, un desprendimiento del partido que gobernó durante 60 años la provincia. También por el poder político local. Salas hacía valer el peso de los 11 mil afiliados en una ciudad que hoy tiene 290 mil habitantes.
“Acá hay un problema. Es el Estado el que no cumplió con las casas. Esto lo tiene que solucionar el Gobierno. Hay más de 900 familias a las que les tenemos que dar una solución. En 2027 debería estar todo resuelto», se excusa Salas.
-¿Usted denunció al Estado en la Justicia?
-No.
Como un martillero todopoderoso, Salas, a través de la Cooperativa, ofrecía el anhelo más preciado por los vecinos: la casa propia. Los vecinos tenían que asociarse a la Cooperativa, pagar la cuota todos los meses, abonar montos extraordinarios a la espera de la casa prometida y aguardar como mucho 5 años. Todos los pagos eran en efectivo en la oficina de Cooperativa.
Los desarrollos que Salas ofrecía con actos políticos son los barrios La Sirena I, La Sirena Unificada (II y III) y un loteo en La Meseta (Sirena IV). Las denuncias se amontonan sobre la Sirena Unificada y La Meseta.
En la Sirena Unificada se entregaron algunas casas. Pero, con la denuncia que presentaron los vecinos, la entrega quedó supeditada a la resolución de la Justicia. Los números no cierran: son 200 familias que reclaman y hay 90 casas terminadas.
En La Meseta, la Cooperativa ofreció 400 lotes y 120 familias fueron a la Justicia porque las tierras están por fuera del ejido municipal.
Pese a las denuncias, la Cooperativa que lidera Salas no para: anunció la Sirena V, 4500 viviendas, con “espacios verdes, escuela de Kayak, escuelas, anfiteatro, café-bar, canchas de fútbol y ciclovía”.
Ema Ibáñez Castillo es socia fundadora de la Cooperativa 127 hectáreas. “Al principio parecía algo genuino. Salas era un vecino más, pero, con el tiempo, se convirtió en un intocable. Somos muchos los vecinos que pagamos años y años y las casas nunca aparecieron. Yo me siento perjudicada”, dice.
El papá de Lorena Lepe vivía en la misma cuadra que Salas. “Yo confié porque veía que las casas se hacían. Mi familia lo conocía. Nos pedían plata para paredón, remover el suelo y cordón cuneta. Decían que con eso se iba a agilizar todo. Un día nos citó con otros vecinos. Se hacían actos. Me dijo ‘no alquiles que en 15 días tenés tu duplex’ y acá sigo esperando. Años y años”, cuenta.
Cristina Alonso tiene 76 años y durante 19 años pagó todos los meses la cuota de la Cooperativa. “Nunca me atrasé. Religiosamente pagaba. También vine a esos actos. Me dijo: ‘Vayan midiendo si quieren hacer un portón o reja. Yo salí y me fui a comprar el metro. Ahí lo tengo”, se quiebra “Negrita”, como la conocen en el barrio, y cierra: “Este hombre se ha burlado de nosotros”.
Víctor Guerrero se pierde cuando quiere volver a La Meseta, el loteo donde Salas le aseguró que allí podría construir su casa. A 12 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, en la estepa, sin acceso ni servicios, la Cooperativa compró 50 hectáreas. “En La Meseta compraron unas 400 familias. Son 120 las que están reclamando en la Justicia”, explica la abogada Agustina Procopo.
“Nos hacían pagar la seguridad del lugar. Mirá lo que es esto. Acá habita la nada”, dice Víctor. “Nos hicieron creer que esto iba a crecer y está por fuera del ejido municipal. Nos robaron los sueños”, señala.
Para Salas, La Meseta está ubicada “en medio de la urbanización”.
-¿Qué hay ahí?
-Urbanización, insistió.
Los vecinos coinciden: “Nosotros íbamos al Instituto de la Vivienda y nos decían que nos teníamos que anotar en la Cooperativa. Es una trampa tremenda. Como estamos inscriptos para esos barrios, no podemos anotarnos en otros planes que, por ahí, sí están avanzando”.
Esta es la historia oficial que publica la Cooperativa 127 hectáreas:
Jorge Salas como presidente de la comisión vecinal del 8 La Sirena motivó a los vecinos a que salieran a manifestarse a las calles y defendieran sus derechos reclamando al gobierno provincial respuestas concretas. Las reuniones vecinales se fueron multiplicando hasta convertirse en grandes manifestaciones que convocaban a cientos de personas
Guiados por Jorge Salas y la convicción de que la solución a los problemas que se vivían se daría a través del esfuerzo conjunto y de mantener un objetivo claro, es que en el año 2007 ese grupo de vecinos se instituyó oficialmente como Cooperativa obteniendo del INAES a Matricula Nº33081.
Ezequiel Otárola Douguett representa a las 340 familias que denunciaron a la Cooperativa 127 hectáreas. “El monto total de las demandas asciende a $1.300 millones. Los activos embargados a la fecha son $350 millones mediante el bloqueo de cuentas bancarias, hay una medida cautelar sobre 4 camionetas y un embargo preventivo sobre 80 lotes ubicados en los ejidos de Plottier y Centenario, a nombre de la Cooperativa”, detalla.
Marcha a marcha, decreto a decreto
Durante más de dos décadas, Salas consolidó el liderazgo de la Cooperativa 127 Hectáreas. Su poder quedó plasmado en una serie de decretos y resoluciones clave publicados en el Boletín Oficial de la provincia de Neuquén:
Decreto Nº 0790/10: El puntapié inicial. El gobierno reconoció la administración a favor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de las tierras denominadas “Chacra La Sirena” para desarrollar planes habitacionales junto a la Cooperativa.
Decreto Nº 2233/11: Autorizó la suscripción de convenios específicos de financiamiento entre ADUS-IPVU y la Cooperativa para la construcción en el sector sur.
Decreto Nº 0963/15: Uno de los más importantes. Amplió en 11,57 hectáreas la administración del IPVU en el predio “Chacra La Sirena” y autorizó expresamente a otorgar la tenencia precaria y provisoria de estas tierras a la cooperativa de Salas. Ese mismo año, mediante una resolución de ADUS-IPVU, se entregaron 71 créditos para autoconstrucción por un monto superior a 1.6 millones de pesos de la época.
Decreto Nº 1549/18: Publicado en septiembre de 2018, este documento detalló las operatorias de financiamiento por 19 viviendas en Barrio La Sirena, otras 100 en el mismo sector y 79 más en Neuquén Capital.
El primer escándalo
El primer gran escándalo estalló en 2019. El entonces intendente Horacio Quiroga denunció penalmente a Salas por vender lotes en tierras pertenecientes al Ejército Argentino que no formaban parte del patrimonio de la Cooperativa. Pero el armado y la carrera del dirigente no solo no se detuvieron; Salas fue por más.
En febrero de 2022, bajo la gestión del intendente Mariano Gaido, Salas dio el salto a la función pública al ser nombrado Director en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). El cargo generó fuertes controversias: estaba de los dos lados del mostrador.
Su techo de influencia llegó en diciembre de 2023. Con la asunción de Rolando Figueroa en la Gobernación, Salas fue designado como Director Provincial de Hábitat y Urbanismo.
Mientras tanto, los problemas en los barrios de la Cooperativa se hacían insostenibles: en una de las entregas de 37 viviendas en las “127 Hectáreas”, las familias se mudaron en condiciones precarias y denunciaron públicamente estar completamente sin servicio de agua potable. Aún hoy no tienen gas.
Aluvión de denuncias, allanamientos y renuncia
El esquema colapsó a principios de 2025. Ante un aluvión de denuncias por estafas y la fuerte presión ejercida por el estudio de abogados de Mariano Mansilla, Salas renunció en febrero de ese año para enfrentar el avance judicial.
“Quiero dejar en claro que mi renuncia no fue solicitada por nadie. Juro por mis hijos que el Gobernador jamás me llamó para pedirme que dejara el cargo. La única conversación que tuvimos fue sobre la difícil situación económica del gobierno nacional, que afecta los proyectos provinciales”, señaló entonces Salas públicamente.
Entre mayo de 2025 y los primeros meses de 2026, la justicia penal avanzó con allanamientos en la sede de la cooperativa y en propiedades particulares del exfuncionario.
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La acusación formal pasó a ser masiva: se lo investiga por la supuesta estafa a más de 340 familias mediante la sobreventa de lotes y el cobro sostenido de cuotas por obras de infraestructura.
El 23 de mayo de 2025, el gobernador Figueroa y el ministro de Economía, Guillermo Koenig, desplazaron por decreto a empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Neuquén, amparándose en la facultad del Ejecutivo de reestructurar las áreas bajo “criterios de eficiencia y eficacia”.
ATE había denunciado que dentro del IPVU filtraban a la Cooperativa de Salas información reservada sobre terrenos fiscales clave para facilitar tomas de tierras en la provincia.
En la ciudad de Neuquén, unas 1200 familias vivían a principio de año en terrenos fiscales municipales. Se calcula otro tanto en tierras que pertenecen a la provincia.
El secreto de las mochilas con billetes
En febrero de 2026, la Fiscalía declaró cerrada la instancia de mediación. La Cooperativa no presentó ninguna propuesta ni plazos de devolución del dinero a las familias.
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Con la vía del diálogo agotada, la Fiscalía quedó habilitada para avanzar de forma directa hacia el juicio oral en la causa penal por estafas reiteradas, en paralelo a las demandas civiles por daños y perjuicios que buscan embargar los bienes del entorno de Salas.
Un exempleado que, entre sereno y cajero, trabajó durante ocho años en la Cooperativa declaró en la causa penal: “Yo les cobraba a los socios y les hacía el comprobante. Todos los días yo hacía el cierre de caja y me decían: ‘Ahora viene Jorge a buscar el dinero’. Jorge se lo llevaba en una mochila a su casa”.
Salas lo niega: “Eso es falso. No tiene cómo comprobarlo”.
Equipo Telenoche
Maximiliano Heiderscheid
Matías Ravella
Gonzalo “Junior” San Honorio
Neuquén, viviendas
POLITICA
Un sector de la CGT impulsa un paro de 36 horas y propone que el Estado se haga cargo de las obras sociales

La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.
Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).
Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).
En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.
En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.
Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.
La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.
La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.
Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.
En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.
En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.
En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.
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