POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba
Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.
El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.
El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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POLITICA
Causa ANDIS: la Justicia fijó una nueva fecha para peritar los audios de Diego Spagnuolo
El juez federal Ariel Lijo dispuso que el peritaje sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, comience el 26 de agosto a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.
Lijo ordenó avanzar con la medida pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz y tras la postergación del peritaje originalmente previsto para el 22 de julio.
El análisis buscará determinar el origen y la autenticidad de los audios en los que se habla de sobornos y sobreprecios, grabaciones que contribuyeron a destapar la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo.
Los peritos deberán verificar si los archivos presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores e identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz o la síntesis automática.
Spagnuolo, a través de su defensa, confirmó que no aportara una muestra de su voz por entender que dicho acto vulnera la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material de cotejo cuatro entrevistas que Spagnuolo concedió en los canales Neura, La Nación+, Border y El Observador. La fiscalía sostiene, además, que los audios no iniciaron la causa ni fueron empleados para construir la acusación ni para solicitar los procesamientos de Spagnuolo y de otros integrantes de la presunta asociación ilícita.
La causa
La causa ANDIS investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo, con imputaciones por administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros delitos.
Hasta el momento hay alrededor de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo. En los audios, se oye una voz atribuida al exfuncionario referirse a cambios en los porcentajes de supuestas coimas, al circuito de fondos y a posibles destinos de esos recursos.
Spagnuolo, a través de su defensa, se negó a aportar una muestra de su voz para realizar el cotejo. Sostuvo que la medida vulneraría su derecho a no autoinculparse.
El juez Lijo rechazó ese planteo y dispuso que el peritaje avance con o sin la colaboración del imputado. El magistrado consideró contradictoria la postura de la defensa, que había cuestionado la autenticidad de las grabaciones y propuesto su propio perito de parte.
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Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
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POLITICA
Más fondos para Frigerio: el gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un acuerdo por $120.000 millones
CÓRDOBA.- Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, es uno de los que más avances en materia financiera logra con la Casa Rosada. Este martes firmó un nuevo convenio por el que la Anses le transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026.
Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre próximo y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.
La administración provincial ya tiene un convenio en marcha, por lo que hasta octubre inclusive recibirá $6.000 millones mensuales, para saltar después a los $10.000 millones que se extenderán casi hasta el final del mandato de Frigerio. Según los números oficiales, Entre Ríos junto a otras provincias con acuerdos con Anses no recibieron los pagos correspondientes a junio y julio.
Frigerio firmó el entendimiento con el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia. Fue calificado por la provincia como un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye “un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial”.
“Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, dijo el Gobernador.
Frigerio estuvo entre los primeros gobernadores en recibir un anticipo financiero. A finales de 2025, Nación le otorgó un adelanto de hasta 220.000 millones de pesos para “cubrir compromisos urgentes y pago de aguinaldos”. En junio recibió una “ampliación” de “hasta la suma” de 400.000 millones de pesos.
Entre enero y julio, además, recibió un total de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con este monto, se ubicó en el segundo puesto del ranking detrás de Misiones.
Por la Caja de Jubilaciones no transferida, Frigerio llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Según el comunicado provincial, la firma del convenio “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”.
El mandatario aclaró que los recursos “no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos”.
Las partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
La Legislatura entrerriana aprobó hace poco una reforma previsional lo que, junto al acuerdo, “garantizan mayor previsibilidad financiera”. Frigerio agradeció el trabajo de los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y Diego Santilli además de los funcionarios de Anses.
Gabriela Origlia,Rogelio Frigerio,Conforme a
POLITICA
Sofía Clerici pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde
Sofía Clerici, la modelo que acompañó en su viaje a Marbella al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en 2023, pidió ser sobreseída en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, ya que el peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario determinó que no le entregó nunca dinero.
Argumentó además Clerici que la única razón por la que permanece imputada en la causa es por su “rol profesional” como acompañante de ese viaje y su condición de mujer.
“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional” como acompañante, dice el letrado de Clerici en su escrito y señala que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En el escrito firmado por el letrado Martín Larralde se apoya en el punto 77 del informe pericial sobre los bienes de Insaurralde que concluyó que no existen constancias de entregas de dinero por 569.911 dólares a Clerici.
Sostuvo el letrado que apareció “prueba nueva y decisiva” que remueve el único obstáculo que impedía desvincular a Clerici del caso, que estalló cuando ella misma publicó la foto del video de Insaurralde en el yate El Bandido, navegando por el Mediterráneo.
Ese obstáculo era la pericia contable que apunta específicamente a la falta de una relación patrimonial entre Insaurralde y Clerici.
El escándalo político que desató esa imagen forzó la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof. El exintendente de Lomas de Zamora había llegado a ese ministerio por indicación de Cristina Kirchner, luego de la derrota legislativa del peronismo bonaerense en los comicios de 2021.
El relevamiento documental no identificó ningún elemento que dé cuenta de una o varias entregas de dinero de Insaurralde a Clerici por suma alguna, ni en relación con los objetos suntuarios secuestrados, dice el estudio.
Para el abogado de Clerici, la conclusión “aniquila” las hipótesis que originalmente se le atribuyeron a su asistida como haber intervenido en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito y supuestos “pagos realizados en nombre de Insaurralde con dinero provisto por él”.
En esta causa, el fiscal Sergio Mola y el fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Procelac, pidieron citar a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, a sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, y a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.
No así a Clerici, que según sus abogados su único rol fue acompañarlo en un “breve viaje” a España en septiembre de 2023, en calidad de acompañante.
La defensa sostuvo que el núcleo de la imputación reside exclusivamente en el ejercicio de la profesión de Clerici −acompañante desde hace más de veinte años, según consta en la causa− y en su condición de mujer.
La defensa acusa a la Fiscalía de reconocer su calidad de acompañante sin pedir su desvinculación ni explicar los motivos de su persecución, y sostiene que ello configura una “dinámica estructural de género”, en la que las mujeres quedan involucradas en maniobras sobre las que no tuvieron decisión ni control.
Dijo el abogado que aun de haber existido la recepción de dinero o regalos que la pericia descartó, acompañar a una persona a la que se le reprocha un delito “no constituye, por sí solo, un aporte penalmente relevante al lavado de activos”.
Hernán Cappiello,Sofía Clerici,Martín Insaurralde,Conforme a
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