POLITICA
El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
Sofía Clerici pidió ser sobreseída porque el peritaje probó que no recibió dinero de Martín Insaurralde
Sofía Clerici, la modelo que acompañó en su viaje a Marbella al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en 2023, pidió ser sobreseída en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, ya que el peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario determinó que no le entregó nunca dinero.
Argumentó además Clerici que la única razón por la que permanece imputada en la causa es por su “rol profesional” como acompañante de ese viaje y su condición de mujer.
“El núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional” como acompañante, dice el letrado de Clerici en su escrito y señala que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
En el escrito firmado por el letrado Martín Larralde se apoya en el punto 77 del informe pericial sobre los bienes de Insaurralde que concluyó que no existen constancias de entregas de dinero por 569.911 dólares a Clerici.
Sostuvo el letrado que apareció “prueba nueva y decisiva” que remueve el único obstáculo que impedía desvincular a Clerici del caso, que estalló cuando ella misma publicó la foto del video de Insaurralde en el yate El Bandido, navegando por el Mediterráneo.
Ese obstáculo era la pericia contable que apunta específicamente a la falta de una relación patrimonial entre Insaurralde y Clerici.
El escándalo político que desató esa imagen forzó la salida de Insaurralde del gabinete de Axel Kicillof. El exintendente de Lomas de Zamora había llegado a ese ministerio por indicación de Cristina Kirchner, luego de la derrota legislativa del peronismo bonaerense en los comicios de 2021.
El relevamiento documental no identificó ningún elemento que dé cuenta de una o varias entregas de dinero de Insaurralde a Clerici por suma alguna, ni en relación con los objetos suntuarios secuestrados, dice el estudio.
Para el abogado de Clerici, la conclusión “aniquila” las hipótesis que originalmente se le atribuyeron a su asistida como haber intervenido en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito y supuestos “pagos realizados en nombre de Insaurralde con dinero provisto por él”.
En esta causa, el fiscal Sergio Mola y el fiscal general Diego Velasco, a cargo de la Procelac, pidieron citar a declaración indagatoria a Martín Insaurralde, a sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde, y a Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez.
No así a Clerici, que según sus abogados su único rol fue acompañarlo en un “breve viaje” a España en septiembre de 2023, en calidad de acompañante.
La defensa sostuvo que el núcleo de la imputación reside exclusivamente en el ejercicio de la profesión de Clerici −acompañante desde hace más de veinte años, según consta en la causa− y en su condición de mujer.
La defensa acusa a la Fiscalía de reconocer su calidad de acompañante sin pedir su desvinculación ni explicar los motivos de su persecución, y sostiene que ello configura una “dinámica estructural de género”, en la que las mujeres quedan involucradas en maniobras sobre las que no tuvieron decisión ni control.
Dijo el abogado que aun de haber existido la recepción de dinero o regalos que la pericia descartó, acompañar a una persona a la que se le reprocha un delito “no constituye, por sí solo, un aporte penalmente relevante al lavado de activos”.
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POLITICA
La Libertad Avanza quiere cerrar el Senado provincial si gana las elecciones en Buenos Aires
A meses del inicio de la campaña electoral, el gobierno nacional asegura que va a cerrar el Senado de la provincia de Buenos Aires si llega a ganar en ese territorio, por lo que convertiría a la Legislatura en un organismo unicameral, como sucede en la mayoría de los distritos del país.
La iniciativa surgió en las últimas horas como respuesta a un proyecto que estaría preparando el mandatario local, Axel Kicillof, y que es totalmente contrario, ya que en lugar de reducir, buscaría ampliar el número de representantes en el recinto.
La idea del oficialismo local es sumar un total de 12 bancas para que, de esta forma, la Cámara de Diputados pase de 92 a 100 miembros y la de Senadores, de 46 a 50.
La medida estaría incluida dentro del proyecto de reforma de todo el sistema político, que también volver a habilitar la reelección indefinida de los intendentes.
Está propuesta generó la reacción del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que volvió a poner en el debate la posibilidad de que la Legislatura pase a ser unicameral, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en varios otros lados del país.
En el bloque violeta, que encabeza Carlos Curestis, reconocen que por el momento no cuentan con los votos necesarios como para poder impulsar un cambio de este tipo, pero en el partido aseguran que será “uno de los ejes de la campaña”, independientemente de quién sea finalmente el candidato a suceder a Kicillof.
En el interior del espacio remarcan que la Cámara alta, según el Presupuesto que se aprobó para 2026, demanda un gasto de $156.204 millones, por lo que si se cierra, ese dinero podría destinarse a otras urgencias.
No obstante, en el partido remarcan que “no es una cuestión solamente de plata, sino también simbólica”, porque el recinto “no funciona como el Congreso, donde hay una cuestión federal”.
“No tenés acá dos tipos de representatividad, como sucede a nivel nacional, que tenés que votar en nombre del pueblo y de las provincias”, precisó una fuente libertaria.
Según subrayan en este espacio, en la Legislatura ”el sistema de elección en este caso es el mismo para las dos Cámaras, entonces estás duplicando las funciones y no tiene sentido”.
“La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad. Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras”, escribió Pareja en sus redes sociales.
El diputado nacional cuestionó al gobernador y lo acusó de tener “intenciones de salvarse de por vida en el Estado, a costa del esfuerzo de quienes pagan impuestos“.
“Siempre encuentran recursos para sostener a la política. Que la casta esté en orden, aunque vivamos cada vez peor. Pero chocaron con una realidad. La sociedad quiere a la casta afuera. Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales“, criticó.
En esta línea, cerró con la propuesta contraria a la de Kicillof: “Vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico у devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos”.
La iniciativa no es nueva, sino que tiempo atrás ya había sido presentada por el legislador libertario Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero.
El dirigente, cercano a Patricia Bullrich, tuvo como campaña esta medida, pero con un bloque todavía en minoría, nunca prosperó.
En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con una bancada de 10 integrantes, solamente por detrás de Fuerza Patria, que cuenta con 24 representantes.
A pesar de ser el segundo espacio más grande, está lejos de alcanzar al peronismo, incluso si se junta con sus aliados del PRO, que tienen 5 bancas, y de la UCR, que tiene una más.
”Afortunadamente, siempre tuvimos la intención de impulsar un cambio profundo en la estructura actual de la Legislatura provincial, avanzando hacia la conformación de una cámara única que termine con la duplicación de estructuras, costos y trámites que hoy caracterizan al sistema bicameral bonaerense”, señaló uno de los referentes libertarios en la provincia.
Sin embargo, insistió con que “en la actualidad esa reforma no está en carpeta como tema de tratamiento inmediato”, sino que “se trata de una convicción de fondo, parte de la visión de transformación institucional que impulsamos para la Provincia”.
Al respecto, en diálogo con Infobae, el legislador explicó que “su instrumentación requiere de las mayorías y el consenso político necesarios para llevarla adelante con seriedad”.
“En ese marco, aclaramos que desde el Senado provincial no vamos a presentar un proyecto sobre este tema. Se trata de una convicción que sostenemos y que seguirá formando parte de nuestra visión de reforma institucional para la Provincia, pero no es, por el momento, una iniciativa que impulsemos formalmente desde esa Cámara”, aclaró.
Actualmente, en la Argentina solamente Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe tienen también legislaturas bicamerales.
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Caso Cuadernos: Iguacel declaró que cuando asumió en Vialidad encontró pistas de que hubo “contubernio” en el kirchnerismo
“Hay relatos en la ‘casa’, que no me constan, que decían que se pagaba el anticipo [de la obra] y el 100% del anticipo lo cargaban en baúles, se lo llevaban y lo repartían como coimas”.
La frase pertenece a quien estuvo al frente de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, que desde las 14 declara como testigo en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, donde se juzga un mecanismo de sobornos vinculado al reparto de obra pública.
En alusión a la maniobra que se investiga, Iguacel dijo: “Me consta que eso existía porque desde que eliminamos el curro del sistema de pliegos que había […] pasamos de tener sistemáticamente tres oferentes, que era el mínimo, a tener 12, 13, 15 oferentes, y los precios bajaron casi 40%“.
“La única explicación para que eso sucediera de un mes para el otro -siguió el exfuncionario-, en un contexto en el que la macroeconomía seguía siendo compleja y los costos de la construcción no habían bajado, era porque antes había contubernio, de otra manera es inexplicable”.
Con el cambio de Gobierno, en 2015, Iguacel fue quien sucedió en la administración de Vialidad a Nelson Periotti, uno de los funcionarios señalados por la acusación como parte de la maniobra.
Relató que al llegar al organismo se entrevistó con quien fue el gerente de Obra Pública, Sergio Hernán Passacantando, quien había llegado allí luego de trabajar para el financista Ernesto Clarens en la firma Ivernes. S.A.
“Me dijo que él había trabajado en una financiera, que en esa financiera él se ocupaba de llevarle el dinero o manejar el dinero del señor Lázaro Báez y que en un momento Nestor Kirchner le pide a Periotti que lo meta en Vialidad para manejar el dinero. Eso me lo confesó en una entrevista”, relató Iguacel.
Basado en una auditoría interna del organismo, el exfuncionario fue uno de los denunciantes originales de la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner cumple en su casa una pena de seis años de prisión.
Noticia en desarrollo
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