POLITICA
El juicio Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner se encamina a su reunificación

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, se encamina a su reunificación, aunque hay dudas si hay tiempo para que comience en la fecha prevista del 23 de octubre, en tres semanas.
Es que hay una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.
Los jueces del tribunal oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.
Pero el fiscal Velasco se opuso, porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena. Teme que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.
Por eso es que el fiscal impugnó en un escrito esa medida y planteó un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.
El TOF 5 decidió el viernes a última hora conceder el recurso del fiscal para que sea la Cámara Federal de Casación la que decida. Todo se encamina a la reunificación, que se discutirá en 15 días.
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción de fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
La Cámara de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó en 2024 a hacer el juicio lo antes posible.
Ahora nuevamente Petrone y Barroetaveña pueden ser quienes destraben el asunto. Ambos convocaron a una audiencia para el 15 de octubre próximo.
Esta audiencia ya estaba agendada antes de la decisión de partir el juicio en dos. La habían dispuesto los camaristas a pedido del fiscal Velasco para exhortar al tribunal a que pusieran fecha de inicio al juicio oral.
El mismo día en que se conocía esta audiencia, los jueces del tribunal oral federal difundieron la decisión sobre la que venían trabajando de comenzar el juicio el 23 de octubre, pero partido en dos procesos.
El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar avisó entonces que la audiencia del 15 de octubre debía mantenerse en pie porque estaba indefinida aún la fecha de inicio de juicio por el desdoblamiento en dos partes del proceso.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Por la mayoría votaron Petrone y Barroetaveña, que entendieron que deben tratarse en esa audiencia si mantienen o revocan el desdoblamiento.
“No ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia. Por el contrario, la cuestión conserva actualidad”, dijo Petrone, y agregó que el desdoblamiento de la causa en las fechas diferenciadas para la realización de los dos juicios “no permite considerar agotada la controversia”.
“Permanece vigente el interés en obtener una respuesta jurisdiccional sobre el agravio oportunamente planteado”, sostuvo.
Su colega Barroetaveña señaló que “el asunto conserva actualidad” y consideró que “corresponde continuar el trámite casatorio de este legajo y, atendiendo la proximidad de las fechas de debate ya señaladas, resulta prudente estar a la audiencia asignada oportunamente” el 15 de octubre.
Allí se debatirá todo: la reunificación del juicio y la fecha de inicio. El fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a fuentes judiciales.
Los jueces de la Casación, con la misma mayoría que en la decisión de la semana pasada, se inclinarían por unificar las causas nuevamente, con la idea de que el juicio conjunto de Hotesur y Los Sauces comience el 23 de octubre.
El problema es que “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son, porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, planteó el fiscal.
Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.
Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.
Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.
Ese peritaje contable, en parte exhibido por la fiscalía en 2021, determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.
No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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Bullrich volvió a pedir un “refuerzo” para las familias: “El factor más importante para ganar una elección es la economía”

En un nuevo mensaje al Gobierno, Patricia Bullrich volvió a insistir este martes con la necesidad de que los cambios macroeconómicos impulsados por la Casa Rosada se traduzcan en mejoras concretas para los hogares para poder lograr la reelección del “proyecto”.
“Yo soy una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, enfatizó la senadora en el Finance Summit, un evento con empresarios realizado en el Palacio Libertad.
En su exposición, la exministra de Seguridad puso el foco en el bolsillo como variable electoral. “El factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”, explicó.
Bullrich vinculó ese reclamo con la continuidad del Gobierno. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, subrayó. Además, agregó que para ganar una elección hay que sostener la esperanza de la gente en que estos años significaron “un cambio muy fuerte”. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, afirmó.
Según pudo saber este medio, en el evento la senadora destacó las oportunidades económicas que se abrieron a partir de los cambios estructurales que impulsó el oficialismo, entre los que destacó al superávit fiscal, la política antiinflacionaria y la posibilidad de que las familias vuelvan a planificar sus ingresos.
También reconoció que todo proceso de estabilización atraviesa momentos difíciles y que el reordenamiento impacta de manera desigual según el sector. Por eso planteó que la recuperación llegue a la industria, las empresas y el comercio y, en especial, a los trabajadores y a quienes dependen del mercado interno y de actividades como la construcción. “Este año tenemos que construir el sentido, para que la sociedad crea que su elección tuvo sentido”, sostuvo.
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, dijo el Presidente

La escena transcurrió en un salón conjunto al recinto del teatro donde se presentó una confluencia de sectores del PJ que, hasta ahora, venían recorriendo caminos paralelos. Formando una fila, casi como un trencito, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey arrancaron hacia el escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, gritó el exministro de Economía, mientras rectificaba el rumbo.
Massa organizó el acto en el teatro Otamendi de San Fernando con la lógica de acumular músculo político en la interna del peronismo y para enviar un mensaje al gobierno de Javier Milei. La señal, interpretada por un dirigente que habló con tras bambalinas, es que pese a que los distintos sectores parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial lo dijo al cabo del encuentro, en una escueta declaración ante las cámaras.
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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.
“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.
Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.
“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.
La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.
Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.
En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.
La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.
También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.
La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.
Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.
La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.
La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.
El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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