POLITICA
Tres gobernadores influyeron en el Senado y le dieron el golpe de gracia a la extranjerización de tierras
Al calor de la creciente presión política de los sectores más duros de la oposición a la administración de Javier Milei, la mayoría que Patricia Bullrich creía tener para aprobar el aumento en los límites para la venta de tierras a extranjeros se derrumbó en cuestión de días como un castillo de naipes.
La situación había sido profetizada por una senadora de larga experiencia política durante una conversación reservada que mantuvo con Bullrich el último lunes. “¿Cómo están con los votos?“, preguntó la legisladora en un momento de la conversación.
–“Bien, estamos un voto arriba”, respondió la jefa del oficialismo en la Cámara alta.
–“Ojo, porque un voto arriba hoy es un voto abajo el jueves; no te van a aguantar la presión”, replicó la legisladora, conocedora del tablero en el que estaba jugándose la partida de la extranjerización de tierras.
En gran parte, la responsabilidad del nuevo fracaso oficialista descansa en la decisión adoptada por tres gobernadores que en la última semana y con el horizonte de la sesión del jueves acercándose se bajaron del barco oficialista para no pagar el costo que hubiese implicado aprobar un proyecto que se había convertido en una suerte de mancha voraz política que destruía todo lo que tocaba.
En una rauda sucesión y con apenas unas horas de diferencias las senadoras Flavia Royón (Salta), Beatriz Avila (Tucumán) y Julieta Corroza (Neuquén) hicieron llegar al campamento libertario su decisión de que no iban a votar el capítulo que habilitaba la denominada extranjerización de tierras.
Las legisladoras son las poleas de transmisión en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), que venían palpando desde hace al menos dos semanas el pulso de un tema que venía creciendo en exposición mediática y con una imagen más que negativa para quienes decían apoyar el proyecto.
El único que se pronunció en público fue el gobernador patagónico. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, destacó Figueroa en un video que grabó en una localidad del interior de su provincia y que subió a las redes sociales.
Las palabras de Figueroa bien podrían ser rubricadas por sus colegas norteños y por varios senadores que no tuvieron oportunidad de pronunciarse, pero que desde hacía varios días que venían manifestando en charlas privadas sus reparos a la estrategia del oficialismo de insistir con el tema tierras.
“Perdieron la batalla en los medios, ya está instalado que el que vota este tema es un vende patria o está vulnerando la soberanía”, le dijo a este diario una legisladora minutos antes de comunicarse con su gobernador para decidir qué camino iban a seguir. “La discusión ya no es técnica, es política”, sentenció.
En otro despacho, un legislador se mostraba molesto con la presión ejercida por el oficialismo para avanzar con un tema que, según su óptica, no reunía el consenso necesario para su aprobación. “Para mí esto es un tema de Bullrich”, opinó. “Me parece que quiere ofrecerle un triunfo al Gobierno aprobando esta ley a toda costa”, agregó el senador.
También empezó a hacer mella en el ánimo de los aliados las diferencias que se dejaban ver que había al interior del propio oficialismo, una percepción por demás acertada.
Como dio cuenta este diario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y mentor del proyecto, Federico Sturzenegger, no quería saber nada con las modificaciones que había negociado Bullrich con los bloques de la oposición dialoguista.
Los cortocircuitos entre el ministro y la senadora llegaron a hacer fracasar la sesión del pasado 19 de julio, cuando el proyecto estuvo a punto de tratarse, pero el oficialismo debió pedir un cuarto intermedio porque no lograba reunir los votos para aprobar el capítulo para habilitar la venta de tierras a extranjeros.
Según confiaron fuentes oficialistas, aquel día el ministro se preocupó por llamar a varios senadores para manifestarle su rechazo a que el proyecto contemplara una cláusula que ratificaba la facultad constitucional que tienen las provincias de aplicar límites diferentes a los contemplados en la ley marco nacional.
Malestar interno
El malestar por tener que votar algo a contramano de la opinión pública también se había extendido al interior del bloque oficialista.
“Entiendo que hay necesidades y prioridades para el Gobierno, pero también ellos deben entender que nosotros también tenemos necesidades y que no podemos aparecer en la provincia votando algo tan controvertido”, le comentó a este diario un senador libertario que se mostró visiblemente aliviado tras conocer que en la sesión de este jueves no se iba a el capítulo de la polémica.
pic.twitter.com/LTaxISdOun,August 5, 2026,Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas
Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.
La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.
Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.
Anuncios y expectativas
Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.
El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.
“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.
Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.
El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.
El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.
Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.
Operativo en marcha
Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.
El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.
“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.
Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.
En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.
Santilli,gobernadores,Norte Grande,Misiones,política,acto oficial
POLITICA
La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018
La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.
Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.
El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.
Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.
Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.
La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.
La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.
Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.
La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.
Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.
Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.
Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.
Hernán Cappiello,Mauricio Macri,FMI,Conforme a
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.
Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.
Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.
La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.
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