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Bausili defendió en Diputados la reforma del BCRA: “Ya existe en los países que combatieron la inflación”

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La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir formalmente el proyecto del oficialismo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning. “Lo que proponemos son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de los países que ya fueron exitosos en combatir la inflación”, explicó Bausili.

Luego de esta primera reunión informativa, en la que los funcionarios contestaron preguntas de los bloques, el oficialismo apunta a realizar un nuevo plenario durante la semana que viene para firmar el dictamen y dejar listo el proyecto para debatirlo en el recinto el miércoles 19, junto con la ampliación de la Inocencia Fiscal.

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A diferencia de lo que ocurre con el proyecto de Inocencia Fiscal II, que recibió críticas de los aliados respecto a la posibilidad de que funcionarios puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias (como hizo Manuel Adorni en plena investigación por enriquecimiento ilícito), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuenta con apoyo mayoritario entre los bloques aliados y dialoguistas.

Tal como explicaron los funcionarios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

Plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas - Reforma del BCRA

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Pero ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

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Hoy la carta orgánica tiene más de un objetivo y nuestra propuesta es que tenga solo uno: preservar el valor de la moneda. El segundo elemento es eliminar el financiamiento al Tesoro. El artículo 20 establece cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, pero resultó ser lo más permanente. El tercer elemento es la restricción de las utilidades. Se atacan dos frentes: primero para que solo puedan ser utilizadas para pagar deuda, y segundo que se distribuyan sólo utilidades líquidas y realizadas, que no sean solo asientos contables. El cuarto punto tiene que ver con la gobernanza: proponemos, en línea con lo que hay en la mayoría de las cartas orgánicas del mundo, una combinación para la remoción que incluya al Ejecutivo y al Congreso para preservar de las presiones políticas cuando exista un conflicto de interés”, sintetizó Bausili.

Los principales cuestionamientos de la oposición dialoguista giraron en torno a la mayoría agravada de dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados para remover al presidente de la entidad y a los miembros del directorio.

Desde Unión por la Patria, que rechaza de plano el proyecto oficialista, insistieron en los problemas que podría generar un divergencia ideológica entre las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía. “Ustedes después de hacer durante dos años que el Banco Central sea un ministerio más del Gabinete, nos vienen a decir que hay que separar todo. ¿No ven el problema de tener una desconexión de la política del banco central y la política económica que define un gobierno?”, planteó Itai Hagman.

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“La coordinación es muy valiosa. Pero cuando aparece la imposición de financiar al Tesoro eso limita la capacidad del Central de definir su política monetaria de manera independiente”, contestó el titular del BCRA.

Por su parte, la la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz sostuvo que la modificación impulsada por el Gobierno responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y no a una necesidad de la economía argentina. En ese sentido, remarcó que la actual Carta Orgánica no impide llevar adelante la política monetaria del oficialismo y advirtió que eliminar objetivos vinculados al desarrollo económico, la producción y el empleo profundizará la recesión. “Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad”, señaló.

Finalmente, ante la pregunta del peronista Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria, sobre dónde está depositado el oro de las reservas, Bausili fue esquivo: “En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. SI los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Así como el BCRA no divulga las operaciones que hace, porque promueve que el mercado ‘tradee’ en contra del Central, tampoco se detalla dónde se reservan estas posiciones en oro”, señaló.

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Súper Niño: proponen usar fondos viales rurales para atender obras hídricas ante el riesgo de inundaciones y crecidas

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El bloque Unión y Libertad del Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para habilitar durante 180 días el uso de fondos viales rurales en obras hídricas urgentes. La iniciativa permitiría a los municipios reasignar hasta el 100% de esos recursos ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a una posible llegada del fenómeno de El Niño.

La propuesta fue impulsada por los senadores bonaerenses Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. El objetivo es dar a los intendentes una herramienta temporal para intervenir en zonas afectadas por anegamientos, con tareas de drenaje, limpieza de canales y reparación de infraestructura.

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El texto plantea una modificación excepcional y acotada en el tiempo del esquema establecido por la Ley 13.010, que asigna los fondos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento, mejorado y perfilado de los caminos de tierra.

De aprobarse, los municipios de la provincia de Buenos Aires quedarían habilitados para utilizar esos recursos en obras consideradas críticas ante excesos de agua. El permiso tendría una vigencia de 180 días corridos y contemplaría la reasignación de hasta el 100% de los fondos viales rurales.

Entre las intervenciones previstas figuran el drenaje pluvial, el dragado y la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas y la compra de equipamiento destinado a responder ante emergencias hídricas.

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“Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, apuntó uno de los autores, Carlos Kikuchi (REUTERS/Agustin Marcarian)

Kikuchi sostuvo que las reglas actuales no se corresponden con la situación que podrían enfrentar los distritos. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, afirmó el legislador.

Según los fundamentos de la iniciativa, el mantenimiento de la red vial rural pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada. Desde el bloque consideran que la normativa vigente limita la respuesta de los gobiernos locales frente a fenómenos climáticos de gran impacto.

Vargas señaló que la propuesta no incluye partidas adicionales ni cambios tributarios. “No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, indicó.

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El senador agregó que los intendentes conocen de cerca las necesidades de cada distrito y deben contar con margen para definir las prioridades frente a una emergencia. El proyecto busca mitigar posibles afectaciones sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y las comunidades del interior bonaerense.

Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina (REUTERS/Matias Baglietto)

La iniciativa deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo para reunir los respaldos necesarios en el Senado provincial.

Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que la influencia suele sentirse con mayor intensidad en el litoral y el noreste del país, regiones donde pueden darse períodos con más lluvias y tormentas de mayor intensidad.

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Por su parte, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, alertó que las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos pueden exceder la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana y rural. También remarcó que las lluvias en el sur de Brasil inciden en los caudales de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, un factor relevante para las zonas cercanas a esas cuencas.

Nature / Wildlife,Disasters / Accidents,South America / Central America

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Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

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El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.

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El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.

“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

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El juez Marcelo Martínez de GiorgiEnrique Garcia Medina

En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.

Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.

La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.

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Noticia en desarrollo




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La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.

Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.

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Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM y candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.

En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.

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Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.

La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Abel Furlán y María Soledad Calle son investigados por la Justicia

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

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Contraofensiva de Furlán

La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.

Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.

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