Bruselas, 30 abr (.).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aportó este jueves su impulso político a la iniciativa presentada por los regidores de Barcelona, París y Roma, que en nombre de una quincena de grandes ciudades de la UE reclaman medidas comunitarias y fondos europeos para afrontar la crisis de la vivienda en la UE.
«Déjenme garantizarles que este tema seguirá en la agenda de los líderes de la UE», dijo Costa tras la reunión con los impulsores de la Alianza de Alcaldes por la Vivienda.
El presidente del Consejo recordó que está previsto que el próximo noviembre, durante la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea, se celebre una reunión de alto nivel sobre vivienda en Dublín, coincidiendo con la cumbre informal de jefes de Estados y de Gobierno de la UE, y de la que por ahora no se conocen más detalles.
«La vivienda, su asequibilidad y accesibilidad, es una de las cuestiones más concretas para millones de europeos», insistió el portugués en rueda de prensa, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Roma, Roberto Gualtieri, y el de París, Emmanuel Grégoire, todos ellos socialistas.
Antes, Collboni, Gualtieri y Grégoire se habían reunido con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, de la misma familia política.
Costa insistió en que no actuar ante la crisis de la vivienda supondría «una desilusión para con las instituciones democráticas» para los ciudadanos europeos.
«Una Europa competitiva tiene que garantizar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para las generaciones jóvenes y las personas más vulnerables», añadió el presidente del Consejo Europeo y exalcalde de Lisboa.
Costa agregó que la vivienda será «uno de los temas en la cabeza de los líderes» cuando en el próximo mes de junio empiecen las duras negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, que hasta ahora no permitía financiar vivienda y que, según la propuesta de la CE, sí entrará esa partida en el período 2028-2034.
El alcalde de Barcelona, por su parte, subrayó que «el derecho a la movilidad que consagran los tratados de la UE hoy está en cuestión» porque el mercado expulsa de sus barrios o ciudades a «vulnerables, jóvenes y clases medias urbanas».
Collboni reclamó que la UE aporte «regulación» y «presupuesto» a la cuestión, y que implemente «un nuevo concepto que va más allá de la riqueza relativa que pueda tener una región a la hora de recibir fondos europeos», ampliándolo con zonas de mercado inmobiliario «tensionado».
Ese «estrés» se podría establecer, por ejemplo, si el alquiler o la compra de una vivienda suponga más de un tercio de los ingresos de un hogar, agregó.
El alcalde de Roma, en su intervención, reclamó que los fondos de apoyo a la competitividad de la UE puedan dedicarse también a inversión en vivienda.
Vivienda Europea
En Bruselas se insiste desde el arranque de la legislatura comunitaria en dos conceptos: la carestía de la vivienda es un problema que afecta a los Veintisiete Estados miembros de la UE, pero las competencias no son comunitarias, sino esencialmente nacionales, regionales y municipales.
Así lo resumió el Consejo en un informe publicado en vísperas de que, por primera vez, el pasado octubre se tratara el asunto en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Ese informe, no obstante, instaba a todos los niveles administrativos a colaborar, y señalaba que Lisboa, Madrid y Barcelona eran las ciudades de la UE con mayor presión en el mercado inmobiliario.
Semanas después, en diciembre, la Comisión Europea presentó un plan de vivienda asequible, dotado con unos 10.000 millones de euros para renovación y modernización de edificios en el Conjunto de la UE.
También el Parlamento Europeo adoptó el pasado marzo sus propias recomendaciones, no vinculantes, en un informe en el que pedía a la Comisión Europea modificaciones fiscales, menos burocracia y más fondos para rehabilitar edificios.
Además, el Ejecutivo comunitario trabaja en una batería de medidas para ayudar a las zonas más tensionadas por los alquileres turísticos a acotarlos legalmente.
(vídeo)
