Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.

Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.

Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.

Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.

Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.

De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.

Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.

Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.

Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.

También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.

Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.

Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.

Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.

“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.

La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.

En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.

Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.

El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.

La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.

En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.

La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.