POLITICA
Marchas y piquetes: los movimientos sociales cortarán accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo
“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes. Más 930.000 personas se quedan sin su salario y eso es muy grave. Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”. La que anuncia el plan de lucha que comenzará este miércoles es Johana Duarte, secretaria gremial de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación gremial que concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.
Los puntos elegidos para las protestas y los horarios se decidirán la noche anterior y no serán anunciados para evitar que la Policía se anticipe y despliegue un cerco perimetral o les impida llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas; Panamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida forma parte de un extenso cronograma que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.
Estas acciones estarán precedidas -junto a sectores sindicales- con la peregrinación del 7 de agosto, en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016.
La movilización fue catalogada como “histórica”. Fue en reclamo durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, casi medio millón de personas marcharon de 16 kilómetros en reclamo de “paz, pan tierra techo y trabajo”. Una consigna que tres años después, y a fuerza de protestas, se materializó en la Ley de “Emergencia Alimentaria”.
Los dirigentes de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, que tiene como secretario general Alejandro Gramajo, aspiran a que mañana las concentraciones en los puntos de bloqueo sean numerosas. El objetivo es doble: evitar la acción directa de las fuerzas de seguridad que intentarán desalojarlos y, en segundo lugar y quizás hasta más importante, demostrarle al gobierno de Javier Milei que aún conservan poder de convocatoria y ascendencia entre los sectores que representan.
Uno de los logros que La Libertad Avanza se ufana de haber conseguido es el de haber inactivado las marchas y piquetes semanales sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, el Obelisco y zonas aledañas.
El protocolo antipiquetes implementado desde el Ministerio de Seguridad, en época de Patricia Bullrich, y que Alejandra Monteoliva hace cumplir a rajatablas tuvo mucho que ver con el desaliento de los cortes de calles. Hasta los jubilados son obligados a abandonar la calzada cada miércoles de protesta frente al Congreso de la Nación.
La decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de suprimir programas como el Potenciar Trabajo -sobre el cual tenían injerencia los dirigentes sociales- y transformarlos en otros, como el Volver a Trabajar, que acaba de eliminar; y quitarle el manejo de la ayuda alimentaria estatal que realizaban los movimientos populares como el Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y entre otros, el Frente Popular Darío Santillán, tuvieron impacto sobre la concurrencia a las marchas y convocatorias.
Desde los espacios que integran la UTEP, devalúan esa visión con otras observaciones: “La gente ya no aguanta la represión policial y muchos no tienen ni para el pasaje”.
Los funcionarios de la ministra anticiparon que si los piqueteros cortan accesos de injerencia federal “van a ser desalojados”. Y recuerdan: “Como siempre se va a cumplir con el protocolo antipiquetes”.
En diálogo con este medio, Duarte insistió en que dejar casi a un millón de personas sin la percepción de los $78.000 mensual del programa Volver a Trabajar “es un llamado de atención urgente también a gobernadores e intendentes que si no denuncian este ajuste la crisis les va a explotar a ellos también en cada territorio donde no van a poder hacer frente al impacto que se genera al quitar este circulante de dinero en las economías regionales”. Por esa razón, opinó: “Si no hay salario para los más humildes no van a haber paz social para ningún gobierno”.
El Gobierno ya anunció su decisión de no dar marcha atrás con la medida, que fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la medida cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazar ese sistema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, también opinó sobre la determinación de la Casa Rosada: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.
Las protestas del miércoles 22 están precedidas por la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: ‘De Francisco a León XIV en tiempos de polarización’”, que se realizó el sábado en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en el municipio de Almirante Brown.
De la jornada de reflexión y diálogo sobre “los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, poniendo en el centro la dignidad humana, la inclusión y la búsqueda del bien común”, participaron las Pastorales Sociales de los 12 obispados de la zona Metropolitana de Buenos Aires; Mariano Cascallares , vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Monseñor Jorge Lugones, Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y Monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Entre otros, también estuvieron presentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.
Al finalizar la jornada, la Region Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un “mensaje final” de dos carilla en la que sostiene: “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida, existiendo una marcada disociación entre lo que discute la ‘clase dirigente’ y las necesidades de nuestro pueblo, agobiado por una situación cada vez más alarmante de falta de trabajo (o trabajo precario), pobreza y exclusión”.
POLITICA
Luis Juez cuestionó los recortes en Discapacidad y lanzó una advertencia sobre el Presupuesto 2027: “En el Senado no va a pasar”
El senador nacional Luis Juez se refirió al conflicto que generaron los cambios vinculados a Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y respaldó los cuestionamientos de Patricia Bullrich al Gobierno por la falta de coordinación política con el Congreso.
“Hay que ser muy poco inteligente para no darse cuenta que es un tema extremadamente sensible”, expresó en diálogo con TN de Noche (TN).
Juez aseguró que lleva 25 años involucrado en la problemática y señaló: “No hace falta tener un hijo discapacitado, una hija como la que tengo yo para entender que es un tema sensible. Me parece correcto que (Bullrich) le diga a los muchachos que le avisen sobre las decisiones que toman. Malas comunicaciones, malas interpretaciones, malas decisiones después te generan dolor de cabeza en la labor parlamentaria”.
El senador contó que cuando se conocieron los cambios hubo una fuerte reacción y anticipó que el proyecto, tal como está planteado actualmente, podría encontrar resistencia en la Cámara alta.
“Cuando nos enteramos, generó un estrépito importante. Creo que el tema lo van a corregir porque yo ya me atrevería a decir que el tema así, como está planteado, en el Senado no va a pasar”, afirmó.
En ese sentido, Juez contó que habló sobre el tema con Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados: “Tengo una relación hermosa de cariño y trabajo con el presidente de la bancada libertaria. Nos juntamos para evaluar cómo contribuir y la semana pasada le dije ‘guarda con la ley de discapacidad porque es un tema delicado’”.
“La idea es salir del concepto de emergencia y darle la continuidad técnico legislativa, que no tenga los vaivenes de la emergencia”, explicó sobre el proyecto.
Según contó, esa conversación ocurrió el miércoles y al día siguiente se enteró de que el Presupuesto podía contemplar el tema de otra manera. “El jueves enteramos que en el presupuesto podía venir de otra manera. Pero estoy convencido de que se están moviendo para corregirlo”.
El senador también criticó que el ajuste alcance a un sector al que considera especialmente vulnerable: “Me entusiasman algunas cosas del Gobierno sobre el equilibrio fiscal y la no emisión, bajar el riesgo país. Pero veamos cómo hacemos el equilibrio; no me parece que el ajuste tenga que venir con los que menos se pueden defender”, planteó.
Juez, en tanto, recordó el conflicto que tuvo con dirigentes de La Libertad Avanza después de la votación de la Ley de Discapacidad y aseguró que, pese a las diferencias, mantuvo su respaldo al Gobierno. “Soy un aliado del presidente, tengo un compromiso con él”, remarcó.
POLITICA
Las elecciones en el Consejo de la Magistratura anticipan cambios en la distribución del poder en el organismo que designa y remueve jueces
La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
Se prevé que el kirchnerismo pierda poder, pues perderá integrantes y el oficialismo sumará al menos un legislador.
Un sector de los abogados, que lidera el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y reúne a diversas agrupaciones, incluida la del empresario y operador judicial Daniel Angelici, aspira a sumar un consejero más que ahora.
Y los jueces ahora elegirán representantes entre cuatro listas, y no las tres listas tradicionales, producto de la escisión de la lista Celeste, la más cercana al peronismo, lo que deja la incógnita acerca de si ese sector podrá sumar un consejero, como ahora, o si lo perderá a manos de la lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados que es mayoritaria.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.
Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.
El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados y el 8 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros jueces.
Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.
Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.
Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.
La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno.
Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.
Los abogados de esta lista insisten en que su rol es en defensa de la abogacía y se muestran separados de las agrupaciones políticas y de eventuales alianzas internas en el Consejo de la Magistratura en caso de ser electos. Hablan del debilitamiento de los partidos.
La lista tiene fuerte presencia federal y “colegial” por los representantes de Colegios de Abogados del interior del país. La segunda de la lista es Claudia Sarmiento, exsecretaria de Relaciones Institucionales del gobierno de San Juan, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre.
Completan Nazario Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, de la Caja Forense de Mendoza. Entre los suplentes, Carlos Mas Vélez, de la UCR porteña, y Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. En la lista está la influencia de Angelici a través del radicalismo porteño y la política colegial.
Llevan como premisa imponer cambios en el reglamento de selección de jueces, buscando idoneidad e igualdad para que los abogados puedan acceder a la magistratura; buscan la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas como consejeros y el acceso a la formación judicial.
Hoy cuentan con dos abogados en el Consejo (De la Torre y Maques) pero aspiran a colocar a un tercer abogado. Depende de la cantidad de votos que obtenga la lista en cargos que se reparten por sistema D’Hondt.
Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.
Allí pesan un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.
Postulan a Sandra París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, exdiputada bonaerense y exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial. También van Eduardo Awad, expresidente del Colegio Público porteño, y Myriam Londero, de Córdoba.
Son los sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.
Segundo está Jorge Rizzo, expresidente durante décadas del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal e integrante del Consejo de la Magistratura porteño.
La lista la completan Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.
El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.
Sus rivales lo chicanean con que es más político que abogado, dado su rol en Vicente López.
Palomino es un hombre de Sebastián Pareja, diputado y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Segunda irá Valeria Fredes, exvicepresidenta ejecutiva del INTI. Le siguen Martín Buscemi, de San Rafael, y Alicia Colazo, matriculada en la Cámara Federal de Rosario. Entre los suplentes hay funcionarios y exapoderados del partido.
La política, así, muestra su fragmentación: el peronismo y el radicalismo quedaron distribuidos entre listas distintas y LLA decidió competir por su cuenta.
En este escenario es posible que los abogados del sector donde incide Angelici puedan sumar un consejero más que hasta ahora y es incierta la política de alianzas, pero será caso por caso, y más cerca de los jueces que del oficialismo.
Los jueces
Por el lado de los jueces, hoy esas bancas están en manos del presidente de la Cámara de Casación de la Lista Bordó, Diego Barroetaveña; el camarista de San Martín Alberto Lugones, de la lista Celeste; Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial; y Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó.
Entre los jueces, las elecciones se realizarán entre cuatro listas, otra situación inédita que abre interrogantes. La oficialista Lista Bordó logró dejar de lado las diferencias que dominaron los últimos meses antes del cierre de candidaturas.
La Bordó, dueña de dos de las cuatro bancas, lleva como primer candidato a Marcelo Gallo Tagle, un juez civil que ya fue presidente de la Asociación. Le sigue Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia.
La Lista Celeste, que representa al ala más cercana al peronismo y que hoy tiene al juez Lugones como consejero, llega partida en dos a las elecciones.
El camarista Walter Venditti, del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, llevarán el nombre de Lista Celeste, con el respaldo de Lugones, junto a sus socios históricos, Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola.
El otro sector peronista más progresista lleva a la jueza Gabriela Vázquez, camarista del Trabajo y expresidenta del propio Consejo, y al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.
El sector, más identificado con el kirchnerismo, reunió alrededor de 150 jueces en una asamblea el 12 de agosto para exigir que los candidatos se definieran por voto y no a dedo.
Armaron su propia lista y aspiran a llevarse los votos tradicionales de toda la lista Celeste. Aunque la particularidad de que este sector de los jueces llegue dividido alienta las esperanzas de la Lista Bordó de colocar a un tercer consejero.
Finalmente, Compromiso Judicial es la cuarta agrupación, que se define por su perfil profesional y sin alineamiento ideológico y ocupa una banca a través de Alejandra Provítola. La lista postula a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero y ex onsejero, y a la camarista del fuero Criminal y Correccional Laiño.
En 2022, la Bordó obtuvo 286 votos; la Celeste, 230, y Compromiso Judicial, 163. La división de la Celeste podría costarle su única banca.
Los legisladores
Las ocho bancas legislativas del Consejo no se votan, sino que las designan los presidentes de cada cámara a propuesta de los bloques. En los papeles, deberían respetar la representación parlamentaria, con dos lugares para el bloque mayoritario y uno para la primera y la segunda minoría, pero los bloques arman alianzas de último minuto que pueden alterar ese reparto.
Hoy, el peronismo tiene dos diputados en el Consejo, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, porque esa distribución todavía refleja el Congreso anterior.
Pero, en 2025, La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso en Diputados, así que los dos de la mayoría cambian de manos y al peronismo le quedaría, en el mejor de los casos, un lugar de minoría.
En el Senado, LLA y el bloque Justicialista de José Mayans están empatados en 21 integrantes. El peronismo reclama con aliados la primera minoría y el oficialismo hace lo propio.
Es una disputa que puede terminar judicializada, porque el peronismo busca retener sus dos consejeros. Aun si el peronismo retiene la dupla, hay una interna por los cargos: la senadora Anabel Fernández Sagasti no reúne aún consenso interno y Mariano Recalde busca ese lugar.
Así, el peronismo podría perder al menos un representante por el Congreso y otro por la lista Celeste, también está en riesgo por la división interna.
La Libertad Avanza, por el contrario, buscará sumar compañeros para su único representante legislativo, Gonzalo Roca. Las designaciones de legisladores se completarán el 18 de noviembre.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.
Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados
Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios
La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
Diego Santilli,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina,política
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