POLITICA
Javier Milei afrontó en 2015 cuestionamientos de la AFIP por sospechas de facturación irregular como economista y debió entrar en una moratoria
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Durante al menos cinco años, el presidente Javier Milei afrontó una moratoria que significaba casi la mitad de su salario de entonces. Ocurrió después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) registró cuestionamientos por facturas que había emitido como economista. Sospechaba que había emitido facturas falsas, según reconstruyó en base a documentación fiscal y contable, y los testimonios de cinco fuentes al tanto de su situación tributaria y laboral consultadas por separado durante los últimos 12 meses.
Los inconvenientes tributarios de Milei se registraron a partir de 2015; es decir, en los años previos a su lanzamiento a la política profesional, y se extendieron hasta mediados de 2020, cuando ya era una figura pública que evaluaba candidatearse a diputado nacional. Contrató abogados y regularizó su situación con la AFIP para evitar problemas mayores. Entre ellos, un reclamo que terminara en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) o, incluso, en la Justicia.
El monto mensual de la moratoria a la que se acogió Milei refleja la situación. Abonó cerca de $50.000 por mes –unos 3600 dólares al tipo de cambio oficial de fines de 2015-, según dos allegados a los que el libertario expuso su situación, que definió como “complicada”. En aquellos momentos, sus ingresos netos en Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekián, rondaban los 110.000 pesos por mes.
Consultado por , el vocero presidencial Manuel Adorni pidió tiempo para preguntarle al Presidente sobre las consultas específicas remitidas por escrito. Indicó que debían “ubicar al contador [y] esperar que responda”, porque se trata de “cosas de hace 15 años”. Luego indicó que “estaba detrás” de las respuestas, pero al cierre de esta nota no dio una respuesta a los mensajes enviados, repetidas veces, por WhatsApp.
Los cuestionamientos se centraron, según reconstruyó , en las facturas que emitió como profesional mientras también se desempeñaba como “economista jefe” de la Fundación Acordar, la usina de ideas que montó el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para aportarle propuestas de políticas públicas al entonces gobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes nacional, Daniel Scioli.
Las facturas señaladas son al menos 25, que Milei emitió de manera casi correlativa y en formato papel –no electrónicas– a favor de Provincia Seguros. Van de la factura 0164 en enero de 2014 a la factura 194 en octubre de 2015, mes en que se celebró la primera vuelta electoral de aquel año por la Presidencia. Las emitió para cobrar servicios de “consultoría”, “gastos”, “estudios complementarios” y “otros honorarios por trabajos pedidos”, según consta en las copias de esas facturas que obtuvo .
En los archivos y biblioratos de Provincia Seguros no quedan constancias de los presuntos trabajos de “consultoría” de Milei, ni de ningún otro tipo de contraprestación de servicios o bienes del actual Presidente. Tampoco hay constancias de que alguna vez haya ingresado a la única sede de la compañía, en la calle Carlos Pellegrini número 71 de la ciudad de Buenos Aires, según reconstruyó .
El monto total
El monto global de esas 25 facturas casi correlativas ascendió a $601.000, que actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a principios de agosto de este año rondaría los $71,9 millones, monto que Milei habría recibido en momentos en que su trabajo para la Fundación Acordar era ad honorem, según él mismo dijo en varias ocasiones, y afrontaba dificultades para cubrir sus necesidades básicas, hasta el punto de haber optado entre alimentarse bien él o su perro, Conan, según él detalló en entrevistas televisivas anteriores a su asunción presidencial.
Esas no fueron todas las facturas que emitió a favor de Provincia Seguros. Durante 2012 emitió otras por un total de $32.480, monto que actualizado por el IPC equivale a $7,4 millones de principios de agosto de este año; y durante 2013 emitió más facturas por un total de $224.040, que actualizado por el mismo índice equivale a $43,1 millones.
Así, entre 2012 y 2015, Milei emitió facturas a favor de Provincia Seguros –una empresa que integraba el holding Grupo Provincia– por un total actualizado a agosto de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 120.383.868 pesos.
Las órdenes de pago para cada una de esas facturas de papel pasaron por las manos de varios ejecutivos de Provincia Seguros. Entre ellos, el entonces gerente de Administración de la compañía, Fernando Arana –de máxima confianza de Nicolás Scioli–, el entonces subgerente general, Pablo Asef, y el presidente mismo de Provincia Seguros, Alberto Haure.
Una vez autorizados, los pagos se concretaron por dos vías: cheque a nombre de Milei o transferencia electrónica a una cuenta bancaria del entonces economista jefe de la Fundación Acordar en el Banco Supervielle, según cotejó .
En Provincia Seguros, mientras tanto, la derrota de Scioli en las elecciones de 2015 y la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense golpeó fuerte. Carlos Guevara asumió al frente de la compañía, nueve de los 10 gerentes fueron removidos y se constató que cerca de 350 personas emitían facturas cada mes sin que existieran constancias de que trabajaran o brindaran contraprestaciones por esos pagos, según relataron por separado dos veteranos de alto nivel dentro de Provincia Seguros a .
Facturas y el Grupo Banco Provincia
Según indicaron dos fuentes consultadas, uno de los cuestionamientos de la AFIP se habría centrado en las facturas de papel que emitió Milei después de entrar en vigencia la obligación de consignar en cada factura el “código de autorización de impresión” (CAI), con posterioridad al 1 de noviembre de 2014. Es decir, las que emitió a Provincia Seguros en simultáneo con el lanzamiento y desarrollo de la campaña presidencial de Scioli.
Una figura clave dentro de Provincia Seguros durante los años en que Milei emitió las facturas aludidas fue Ricardo Martínez Peñoñori, quien también integró Provincia NET por aquellos años y presidió una tercera empresa del holding, Provincia Leasing, en tanto que hoy ocupa el cargo de director independiente en Provincia ART.
Licenciado en Administración de Empresas y con más de 20 años en posiciones de conducción de empresas nacionales (privadas y de capital mixto), Martínez Peñoñori mantiene vínculos estrechos con Francos desde hace años; en particular, desde los tiempos en que compartieron vivencias, también, en los pasillos del Grupo Banco Provincia.
En ese contexto, según confirmaron tres de las fuentes consultadas, Martínez Peñoñori fue uno de los enlaces entre el Grupo Banco Provincia y la Fundación Acordar. También habría sido uno de los responsables de canalizar las facturas del economista jefe de la Fundación Acordar que quedaron luego bajo la lupa de los sabuesos de la AFIP.
( procuró consultar a Martínez Peñoñori durante los últimos meses, pero no respondió los múltiples mensajes enviados por WhatsApp a su teléfono celular).
Giro sustancial
Por aquellos años, Milei criticaba ya en duros términos el déficit fiscal como referente de la Fundación Acordar y ya tenía a los keynesianos como enemigos. Todavía no había incorporado las diatribas contra la “casta política”.
La Fundación Acordar para Crecer con Equidad –tal su nombre completo– abrió sus puertas entre fines de 2012 y principios de 2013. La impulsó Francos, un veterano de la política que había militado con Francisco Manrique y Domingo Cavallo, y que al término del gobierno de Carlos Menem recaló en Corporación América, donde conoció a Milei. Recién en 2007, junto a Scioli volvió a la función pública como presidente del Banco Provincia.
De la mano de Francos, Milei sintió que su vida registró un giro sustancial. “La oportunidad de conocer al doctor Guillermo Francos fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, escribió en “Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo”, el libro que sacó en 2014. “No sólo me rescató como macroeconomista al confiarme el lugar de Economista Jefe de la Fundación Acordar, sino que además me permitió conocer a Domingo Cavallo, el Padre de la Convertibilidad”, remarcó con mayúsculas para destacar su propio rol y el del exsuperministro de Menem y Fernando de la Rúa.
La Fundación Acordar fijó domicilio en la calle Reconquista 629, piso 1, departamento 2, de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, la usina se convirtió pronto en un insumo de ideas e iniciativas para Scioli, que mantuvo reuniones con sus expertos –entre ellos, Milei–, aunque el candidato presidencial delegó las gestiones cotidianas en su hermano, José “Pepe” Scioli.
A esas reuniones con alguno de los hermanos Scioli acudía Francos. También, Ricardo Martínez Peñoñori y Lisandro Catalán, quien en 2020 asumiría al frente del Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Alberto Fernández y, ya con Milei en la Casa Rosada, se convirtió en el número dos de Francos en el Ministerio del Interior.
Dentro de la Fundación Acordar, Milei conformó una “mesa económica” con algunos colaboradores y allegados. Entre ellos, Federico Ferrelli Mazza y Hernán García, quien quedó a cargo del área fiscal. Juntos se abocaron a desarrollar análisis de la coyuntura, evaluar la macroeconomía, tirarle ideas a “Pepe” Scioli y, en ocasiones, participar en charlas lideradas por Cavallo o por el también economista Juan Carlos de Pablo.
De aquellos años queda, también, la edición de “Política económica contrarreloj” que Milei publicó en coautoría con Ferrelli Mazza y Diego Giacomini, su amigo más cercano por aquellos años, aunque luego se distanciaron. En la tapa del libro figura el auspicio de la fundación. Por entonces, también, los inspectores de la AFIP tocaron a la puerta del libertario.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.
Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados
Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios
La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
Diego Santilli,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina,política
POLITICA
El 66% de las causas iniciadas en el fuero civil y comercial son reclamos contra obras sociales o prepagas
El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.
Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.
“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.
Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.
El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.
No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.
Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.
El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.
Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.
Sistema en tensión
“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.
La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .
Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.
Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.
“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.
En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.
A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.
La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.
“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.
Promesa
El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.
Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.
Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.
Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.
columna publicada en LA NACION,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores aliados a un foro de inversiones en París mientras negocia el Presupuesto 2027
En medio de las negociaciones por los distintos proyectos legislativos que busca aprobar el oficialismo, la Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores dialoguistas para que acompañen a Javier Milei en su viaje a París para celebrar una nueva edición de la Argentina Week.
El foro ideado por la Cancillería para atraer inversiones extranjeras al país se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. En ese escenario, tal como lo hizo en Nueva York, el Gobierno quiere mostrar mayor amplitud política en un momento donde además está en plenas negociaciones con las provincias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.
En la carpeta del oficialismo, las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.
Según pudo saber TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e incluye a 15 mandatarios invitados. “Todavía no está cerrada”, aclararon desde Balcarce 50.
Hasta el momento, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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