Madrid, 13 abr (.).- El pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que blinda la revisión de los precios del transporte de mercancías por carretera en función de los precios de los carburantes y establece nuevas ayudas para mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles por la guerra en Oriente Próximo.

El decreto ley ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que ha votado en contra.

La norma convierte en obligatoria y automática la revisión del precio del transporte de mercancías por carretera en función de la variación del precio del combustible y asegura que siempre que haya variaciones superiores al 5 % se trasladarán de forma efectiva al precio del transporte, es decir, a los cargadores. Hasta ahora esta revisión se producía cada tres meses.

Asimismo, obliga a desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante -para evitar que se pacten precios alternativos- y establece un régimen sancionador en caso de incumplimiento, con especial agravación de la reincidencia.

Transporte ferroviario y marítimo

Además recoge un nuevo sistema de ayudas, que se suman a la de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas aprobada el pasado 20 de marzo, y que incorpora también al transporte ferroviario y el marítimo.

En el transporte de mercancías por ferrocarril, establece una línea de ayudas directas para este año para compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel, con 15.000 euros por locomotora activa y una dotación total de 3,15 millones de euros.

También amplía la actual dotación de ayudas para el transporte marítimo con 7 millones de euros adicionales, sobre los 30 millones inicialmente previstos, que cubrirán los servicios de carga, incluidos expresamente los de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla y entre puertos de los archipiélagos.

Además introduce otros ajustes en el marco normativo, entre ellos la inclusión en el sistema de ayudas aprobado en marzo de eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida y la adaptación de las medidas a territorios con características específicas, como Ceuta y Melilla.

Pactado con el sector

El ministro de Hacienda, Arcadi España, hecho hincapié ante el pleno en que estas medidas no están «diseñadas en un despacho ni impuestas unilateralmente», sino que son el resultado de un proceso de «diálogo intenso» con el sector, lo que, a su juicio, ha permitido evitar «escenarios de conflicto» y demuestra que el diálogo social «permite alcanzar la mejores soluciones posibles».

España ha dicho que este decreto es «urgente socialmente» e «imprescindible económicamente», lo que han respaldado los socios parlamentarios, aunque todos ellos también han coincidido en que es «insuficiente».

En esa línea, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha reclamado aplicar el mismo criterio a otros ámbitos como los contratos de servicios del sector publico, mientras que Mikel Otero (Bildu) ha pedido vigilancia suficiente para que la revisión de precios funcione también cuando baja el de los carburantes y un impulso a la electrificación de la movilidad.

La portavoz económica de ERC, Inés Granollers, ha llamado la atención sobre la «distancia entre lo que dice la norma y lo que pasa en la calle» y ha puesto como ejemplo que las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible aprobadas en el anterior decreto todavía no están llegando a los transportistas.

Isidre Gavin (Junts) ha subrayado que junto a estas medidas «imprescindibles, pero coyunturales» hacen falta otras estructurales, como solucionar el problema de la baja ejecución presupuestaria en infraestructuras en Cataluña.

Desde Sumar Félix Alonso ha planteado que, si el Gobierno puede «bajar» el precio del combustible, puede hacer lo mismo con el precio de la «comida sana y de proximidad», con ayudas a las familias vulnerables y «supermercados municipales sin ánimo de lucro como acaba de poner en marcha el alcalde de Nueva York.

Llega tarde

También el PP y Vox han considerado «insuficiente» el decreto, además de coincidir en que «llega tarde».

El ’popular’ Celso Delgado ha dicho que echa de menos ayudas directas como las que existieron con la crisis de Ucrania y ha pedido al Gobierno medidas de flexibilidad en las normas que regulan las ayudas estatales, ya que la Unión Europea está dando «margen», para que no se consideren ayudas de Estado.

Carina Mejía (Vox) ha señalado que el Ejecutivo llega «tarde y mal y con soluciones a medias», al tiempo que ha criticado la «urgencia de legislar por la puerta de atrás» y ha defendido otras medidas, como la bajada del impuesto sobre hidrocarburos.