POLITICA
Convalidan la constitucionalidad del juicio en ausencia contra los prófugos por el ataque a la AMIA
La Cámara Federal de Casación Penal dio vía libre para la realización del juicio en ausencia para juzgar a los acusados prófugos por haber planificado el atentado terrorista de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.
Con este fallo, que firmaron los camaristas de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quedó firme la legitimidad y constitucionalidad del juicio en ausencia.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y a un libanés por el ataque a la AMIA y sobreseyó a otros dos que habían sido acusados por el fiscal Sebastián Basso.
Ahora, el fiscal Basso apelará esos dos sobreseimientos y el defensor oficial que representa a los iraníes y libaneses en ausencia apelará el procesamiento.
Cuando la Cámara Federal analice estas apelaciones y en el caso de que deje firmes los procesamientos, entonces el juez Rafecas podrá elevar la causa a juicio en ausencia.
Por los plazos del proceso, es probable que el caso esté en 2027 en un tribunal oral y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028 en un tribunal oral a designarse.
Así ahora se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994.
Los acusados a juzgar en ausencia son, por ahora: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.
Como cómplices necesarios quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.
Como coorganizador y agente operativo fue procesado Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah, por haber coordinado la fase final del ataque.
Resta sumar a este grupo a Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán. Hejazi es el principal acusado, junto con Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, número 1 y 2 del gobierno de Irán actualmente.
“El poder en las sombras”
Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní. Así se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado.
El Gobierno celebró los avances en este caso. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques -hijo de uno de los camaristas de Casación que votó hoy- dijo en un comunicado oficial que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”. Esta ley fue promovida por la comunidad judía y el Gobierno.
El Gobierno dijo que la justicia, con la intervención del fiscal Sebastián Basso, acreditó que la decisión estratégica del ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y ejecutada por Hezbollah.
La calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Además, se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente, el 19 de julio de 1994, con 20 muertos. Ambos ataques fueron reivindicados conjuntamente por Hezbollah.
El fallo de la Cámara Federal de Casación deja en pie el juicio en ausencia para avanzar con la causa AMIA. En el último acto para recordar a las víctimas del atentado, las autoridades de la comunidad y los familiares de los muertos les habían recordado a los jueces de Casación que tenían pendiente este fallo, conocido ahora.
Ledesma, Barroetaveña y Carlos Mahiques rechazaron el pedido de inconstitucionalidad de la ley 27784 planteada por la defensa oficial de los imputados, que cuestionaba que no pudiera volver a juzgarse a los acusados en caso de que se presentaran luego de un veredicto en ausencia.
En la sentencia, los camaristas dijeron que el planteo de la defensa era hipotético y conjetural porque suponía una serie de acontecimientos que a la fecha eran aún inciertos, porque en rigor es la persistente rebeldía de los acusados la que no había permitido avanzar con el proceso.
Los camaristas resaltaron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo.
La jueza Ledesma, que votó primero, habló de que las objeciones de la defensa eran conjeturales y que dependen de que se haga el juicio, haya condenas y que estas queden firmes, para que luego uno de los acusados se presente y quede detenido exigiendo un nuevo juicio.
Barroetaveña adhirió, pero enmarcó su voto en las obligaciones internacionales del Estado, como el informe de 2020 de la Comisión Interamericana, que responsabilizó a la Argentina por la impunidad del atentado, y la sentencia de enero de 2024 de la Corte Interamericana en el caso “Memoria Activa”, que ordenó remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantienen esa impunidad.
“La categoría aberrante de delitos que se juzga requiere también respuestas excepcionales, que exceden los límites concebidos hasta ahora, y justifica una nueva interpretación de las garantías del proceso penal”, dijo el camarista.
Carlos Mahiques recordó su propia intervención en abril de 2024, en la causa contra Carlos Telleldín por el ataque a la AMIA, cuando exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a sancionar una reforma que permitiera juzgar en ausencia hechos como el de la AMIA.
Sostuvo entonces, y lo citó ahora, que frente a delitos como el terrorismo el Estado debe adoptar procedimientos alternativos que eviten la impunidad de autores, instigadores y cómplices.
Definió la ley de juicio en ausencia como una herramienta legítima e imprescindible para conocer la verdad y la vinculó con el reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado y con las convenciones internacionales contra el terrorismo que firmó la Argentina.
Con esta decisión y el procesamiento dictado por Rafecas, una vez firme, la causa queda en condiciones de avanzar hacia un juicio oral que podría realizarse aun sin los acusados en la sala.
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El fiscal apeló la decisión de separar las causas Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio para Cristina y Máximo Kirchner
El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces y busca que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un solo juicio oral.
La fiscalía sostiene que separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita contra los imputados y que pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada.
Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron de manera unánime que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre y que el de Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.
El TOF argumentó que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias.
Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente en contra del desdoblamiento de los juicios y pidió que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre y ante un mismo tribunal.
Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.
El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.
Hotesur
La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.
La denuncia formal la presentó la entonces la diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.
Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.
Los Sauces
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
POLITICA
ADEPA alertó sobre las posibles consecuencias del proyecto de defensa de Malvinas sobre la libertad de expresión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.
“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.
La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.
“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.
Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.
ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).
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Diputados: con apoyo del “ala política”, La Libertad Avanza apura un texto para una nueva ley de Discapacidad
Oficialismo y oposición aceleran las conversaciones. El próximo miércoles se deberían dictaminar los proyectos sobre la emergencia en discapacidad en medio de la “bomba” -como lo catalogó Patricia Bullrich– que fijó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinanciaba al sector.
En ese marco, la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria emplazó a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia, algo que según votaron los diputados por unanimidad se tiene que realizar este miércoles.
Por un lado, la oposición buscará avanzar con la prórroga. Por el otro, el oficialismo que asegura que trabaja en una ley “superadora” pero que tiene que desandar decisiones políticas.
“Está casi todo listo”, señaló una fuente del bloque de LLA que está al tanto de lo que sería el texto que llevarán a la comisión. “Mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, contó la misma fuente.
Tuvieron un rol clave Martín Menem, Diego Santilli y, con menos visibilidad pero con mayor exposición pública, Patricia Bullrich; avaló estos avances frente a los sectores “técnicos” que armaron el Presupuesto.
Uno de los puntos más importantes que elimina el proyecto de Presupuesto y que generó el reclamo fue el nomenclador, algo fundamental porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. Es decir, universaliza la prestación.
“Volveríamos con el nomenclador”, señaló la fuente libertaria. El punto no es solo reponerlo sino cómo será el ajuste del mismo. En el texto del Presupuesto se establece que será trimestral y que lo fijará de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad –hasta ahora era mensual y atado al IPC–. El proyecto de ley iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.
El otro punto es el acceso a la pensión por discapacidad. En ese sentido, el proyecto libertario endurece los requisitos. Aún resta saber si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad pueda mantener el beneficio si consigue un trabajo registrado o si, como establece el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.
El oficialismo apura las conversaciones con los aliados. La encargada es Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, dos ex PRO que se encolumnan con Patricia Bullrich, la senadora libertaria que lanzó fuertes críticas al Gobierno por el texto que incluyeron en el Presupuesto.
Un dato no menor y que tiene que ver con el apoyo del PRO y de la UCR es que estos están pidiendo que el gobierno salde la deuda con los prestadores que acumula desde que asumió en diciembre de 2024 y hasta finales de 2024. Tanto es así que en la última sesión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, solo tomó la palabra para exigirle al oficialismo que regularice la situación.
El oficialismo le baja el tono a la discusión. “El Presupuesto se armó cuando no estaba en el debate la prórroga de la ley”. Muchos entienden que eso no es así -como por ejemplo Bullrich- ya que todos los legisladores se enteraron cuando empezaron a leer el documento que envió Casa Rosada.
Lo que resta es una discusión política. Si prima el posicionamiento de los sectores que avanzaron con el ajuste o si los que vienen trabajando en una ley “superadora”.
Por las dudas avisan que si la oposición se impone “van seguro al veto, porque si la Casa Rosada lo vetó el año pasado lo hará este. Y nosotros este año tenemos el número para resistirlo”; y señalan que es mejor “tener una ley y salir de la emergencia. Que quede en el plexo normativo”.
La primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos: (la oposición, el oficialismo parlamentario y la Casa Rosada) será este miércoles cuando haya que dictaminar. Quien junte la mayor cantidad de firmas del plenario de comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.
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