POLITICA
La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: seguirá cumpliendo su condena en San José 1111
La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad.
En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.
El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
Según el informe trimestral de la DCAEP, en las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria, Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”. En ese período tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para una consulta médica, que se realizó “sin inconvenientes”.
Las visitas “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con la demora de una visitante que fue debidamente explicada, y el monitoreo electrónico no registró irregularidades.
El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos. El pasado 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111 en el que aseguró que la expresidenta se está preparando para competir en 2027. La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que hay pruebas nuevas en la causas que podrían beneficiar a la expresidenta.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.
La decisión se conoce luego de que el TOF 2 confirmara el embargo preventivo de varios bienes de la expresidenta y de los otros condenados en la causa, entre ellos el departamento de San José 1111.
La medida apunta a alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, correspondientes al perjuicio económico causado al Estado por los delitos juzgados en el expediente. Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia para frenar un posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
En paralelo, se investiga la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Ante la Justicia, Calle dijo que lo adquirió para que funcione una fundación, sin dar mayores precisiones. También se supo que el senador nacional del PJ Mariano Recalde es propietario de un departamento en el primer piso del mismo edificio.
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POLITICA
El fiscal apeló la decisión de separar las causas Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio para Cristina y Máximo Kirchner
El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces y busca que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un solo juicio oral.
La fiscalía sostiene que separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita contra los imputados y que pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada.
Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron de manera unánime que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre y que el de Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.
El TOF argumentó que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias.
Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente en contra del desdoblamiento de los juicios y pidió que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre y ante un mismo tribunal.
Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.
El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.
Hotesur
La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.
La denuncia formal la presentó la entonces la diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.
Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.
Los Sauces
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
POLITICA
ADEPA alertó sobre las posibles consecuencias del proyecto de defensa de Malvinas sobre la libertad de expresión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.
“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.
La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.
“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.
Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.
ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).
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POLITICA
Diputados: con apoyo del “ala política”, La Libertad Avanza apura un texto para una nueva ley de Discapacidad
Oficialismo y oposición aceleran las conversaciones. El próximo miércoles se deberían dictaminar los proyectos sobre la emergencia en discapacidad en medio de la “bomba” -como lo catalogó Patricia Bullrich– que fijó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinanciaba al sector.
En ese marco, la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria emplazó a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia, algo que según votaron los diputados por unanimidad se tiene que realizar este miércoles.
Por un lado, la oposición buscará avanzar con la prórroga. Por el otro, el oficialismo que asegura que trabaja en una ley “superadora” pero que tiene que desandar decisiones políticas.
“Está casi todo listo”, señaló una fuente del bloque de LLA que está al tanto de lo que sería el texto que llevarán a la comisión. “Mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, contó la misma fuente.
Tuvieron un rol clave Martín Menem, Diego Santilli y, con menos visibilidad pero con mayor exposición pública, Patricia Bullrich; avaló estos avances frente a los sectores “técnicos” que armaron el Presupuesto.
Uno de los puntos más importantes que elimina el proyecto de Presupuesto y que generó el reclamo fue el nomenclador, algo fundamental porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. Es decir, universaliza la prestación.
“Volveríamos con el nomenclador”, señaló la fuente libertaria. El punto no es solo reponerlo sino cómo será el ajuste del mismo. En el texto del Presupuesto se establece que será trimestral y que lo fijará de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad –hasta ahora era mensual y atado al IPC–. El proyecto de ley iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.
El otro punto es el acceso a la pensión por discapacidad. En ese sentido, el proyecto libertario endurece los requisitos. Aún resta saber si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad pueda mantener el beneficio si consigue un trabajo registrado o si, como establece el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.
El oficialismo apura las conversaciones con los aliados. La encargada es Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, dos ex PRO que se encolumnan con Patricia Bullrich, la senadora libertaria que lanzó fuertes críticas al Gobierno por el texto que incluyeron en el Presupuesto.
Un dato no menor y que tiene que ver con el apoyo del PRO y de la UCR es que estos están pidiendo que el gobierno salde la deuda con los prestadores que acumula desde que asumió en diciembre de 2024 y hasta finales de 2024. Tanto es así que en la última sesión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, solo tomó la palabra para exigirle al oficialismo que regularice la situación.
El oficialismo le baja el tono a la discusión. “El Presupuesto se armó cuando no estaba en el debate la prórroga de la ley”. Muchos entienden que eso no es así -como por ejemplo Bullrich- ya que todos los legisladores se enteraron cuando empezaron a leer el documento que envió Casa Rosada.
Lo que resta es una discusión política. Si prima el posicionamiento de los sectores que avanzaron con el ajuste o si los que vienen trabajando en una ley “superadora”.
Por las dudas avisan que si la oposición se impone “van seguro al veto, porque si la Casa Rosada lo vetó el año pasado lo hará este. Y nosotros este año tenemos el número para resistirlo”; y señalan que es mejor “tener una ley y salir de la emergencia. Que quede en el plexo normativo”.
La primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos: (la oposición, el oficialismo parlamentario y la Casa Rosada) será este miércoles cuando haya que dictaminar. Quien junte la mayor cantidad de firmas del plenario de comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.
El fiscal apeló la decisión de separar las causas Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio para Cristina y Máximo Kirchner
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