POLITICA
El secretario de Discapacidad presentó su renuncia en medio de la puja por el rumbo del área
En medio de la puja por el rumbo de la política de discapacidad, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área, cargo que asumió tras la salida de Diego Spagnuolo, en agosto del año pasado.
El Gobierno confirmó su salida y aún no se conoce quién será su reemplazante.
En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.
La presentación ocurre menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.
Su decisión se conoce, además, tras la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. Tras el escándalo que provocó, incluso hacia adentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con aliados.
Es que la inclusión de esos puntos en el proyecto de presupuesto tomó por sorpresa hasta a los integrantes de la mesa política del Gobierno y dejó expuestas las diferencias que imperan dentro del oficialismo.
La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.
También habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. La mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá mañana tras estos cortocircuitos que expuso Bullrich.
El episodio también desacomodó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con Pro, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para discapacidad que quedó en contradicción con el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y transmitieron a sus aliados que los artículos cuestionados del presupuesto serán reemplazados por lo que finalmente se acuerde en comisión.
La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.
El oficialismo plantea que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, asegura LLA, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.
La dimisión de Vilches abre otro frente interno en el Gobierno por la política del área. El funcionario asumió el cargo en agosto de 2025 tras la salida de Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización.
Además, se conoció hoy que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
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POLITICA
El fiscal apeló la decisión de separar las causas Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio para Cristina y Máximo Kirchner
El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces y busca que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un solo juicio oral.
La fiscalía sostiene que separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita contra los imputados y que pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada.
Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron de manera unánime que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre y que el de Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.
El TOF argumentó que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias.
Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente en contra del desdoblamiento de los juicios y pidió que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre y ante un mismo tribunal.
Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.
El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.
Hotesur
La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.
La denuncia formal la presentó la entonces la diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.
Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.
Los Sauces
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
POLITICA
ADEPA alertó sobre las posibles consecuencias del proyecto de defensa de Malvinas sobre la libertad de expresión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.
“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.
La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.
“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.
Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.
ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).
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POLITICA
Diputados: con apoyo del “ala política”, La Libertad Avanza apura un texto para una nueva ley de Discapacidad
Oficialismo y oposición aceleran las conversaciones. El próximo miércoles se deberían dictaminar los proyectos sobre la emergencia en discapacidad en medio de la “bomba” -como lo catalogó Patricia Bullrich– que fijó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinanciaba al sector.
En ese marco, la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria emplazó a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia, algo que según votaron los diputados por unanimidad se tiene que realizar este miércoles.
Por un lado, la oposición buscará avanzar con la prórroga. Por el otro, el oficialismo que asegura que trabaja en una ley “superadora” pero que tiene que desandar decisiones políticas.
“Está casi todo listo”, señaló una fuente del bloque de LLA que está al tanto de lo que sería el texto que llevarán a la comisión. “Mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, contó la misma fuente.
Tuvieron un rol clave Martín Menem, Diego Santilli y, con menos visibilidad pero con mayor exposición pública, Patricia Bullrich; avaló estos avances frente a los sectores “técnicos” que armaron el Presupuesto.
Uno de los puntos más importantes que elimina el proyecto de Presupuesto y que generó el reclamo fue el nomenclador, algo fundamental porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. Es decir, universaliza la prestación.
“Volveríamos con el nomenclador”, señaló la fuente libertaria. El punto no es solo reponerlo sino cómo será el ajuste del mismo. En el texto del Presupuesto se establece que será trimestral y que lo fijará de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad –hasta ahora era mensual y atado al IPC–. El proyecto de ley iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.
El otro punto es el acceso a la pensión por discapacidad. En ese sentido, el proyecto libertario endurece los requisitos. Aún resta saber si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad pueda mantener el beneficio si consigue un trabajo registrado o si, como establece el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.
El oficialismo apura las conversaciones con los aliados. La encargada es Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, dos ex PRO que se encolumnan con Patricia Bullrich, la senadora libertaria que lanzó fuertes críticas al Gobierno por el texto que incluyeron en el Presupuesto.
Un dato no menor y que tiene que ver con el apoyo del PRO y de la UCR es que estos están pidiendo que el gobierno salde la deuda con los prestadores que acumula desde que asumió en diciembre de 2024 y hasta finales de 2024. Tanto es así que en la última sesión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, solo tomó la palabra para exigirle al oficialismo que regularice la situación.
El oficialismo le baja el tono a la discusión. “El Presupuesto se armó cuando no estaba en el debate la prórroga de la ley”. Muchos entienden que eso no es así -como por ejemplo Bullrich- ya que todos los legisladores se enteraron cuando empezaron a leer el documento que envió Casa Rosada.
Lo que resta es una discusión política. Si prima el posicionamiento de los sectores que avanzaron con el ajuste o si los que vienen trabajando en una ley “superadora”.
Por las dudas avisan que si la oposición se impone “van seguro al veto, porque si la Casa Rosada lo vetó el año pasado lo hará este. Y nosotros este año tenemos el número para resistirlo”; y señalan que es mejor “tener una ley y salir de la emergencia. Que quede en el plexo normativo”.
La primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos: (la oposición, el oficialismo parlamentario y la Casa Rosada) será este miércoles cuando haya que dictaminar. Quien junte la mayor cantidad de firmas del plenario de comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.
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