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POLITICA

Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una supuesta red de explotación sexual infantil deje su banca

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El escándalo político en Córdoba por la a investigación de una red de explotación sexual infantil contra niñas de 13 y 14 años en Villa María de Río Seco alcanzó esta semana al corazón del oficialismo provincial: la senadora Alejandra Vigo pidió públicamente que el legislador Ernesto Ramón Flores renuncie a su banca en la Unicameral.

La causa, que investiga una red de grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil contra al menos cuatro menores de edad de esa localidad del norte cordobés, estalló a principios de agosto cuando se detectó que el asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal —contratado en la nómina vinculada a Flores— era uno de los imputados. Desde entonces, la investigación no hizo más que escalar: hasta el momento, la fiscal Analía Cepede confirmó 14 detenidos —con uno aún prófugo— y no descartó nuevas detenciones ni víctimas.

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El legislador Flores aseguró que había pedido la baja del asesor, tras indicar que no era parte de su equipo personal

Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y figura de peso en el PJ provincial, fue contundente en declaraciones a Cadena 3: “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”. La senadora aclaró que habló a título personal. Además, reclamó revisar los mecanismos de contratación de asesores en el Poder Legislativo.

“Es la política la que tiene que dar ese paso”, sostuvo, y planteó la necesidad de revisar “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”. Para la dirigente, el debate adquiere especial relevancia porque la Legislatura constituye la “caja de resonancia de la política” y tiene entre sus funciones la elaboración de leyes.

La postura de Vigo no es la única voz crítica dentro del oficialismo. El miércoles, la Unicameral aprobó por 34 votos contra 31 la licencia de seis meses sin goce de sueldo pedida por Flores, con el apoyo de la aliada Karina Bruno. Pero esa resolución dejó un sabor amargo en sectores del propio peronismo.

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Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, tras haber sido imputado junto a otras ocho personas (Gentileza: El Doce.tv)

En el entorno del gobernador Martín Llaryora conviven quienes consideran que el asunto es estrictamente judicial y quienes entienden que Flores debería renunciar por la condena social, aunque no tenga causa penal abierta. Versiones internas, recogidas por La Voz del Interior, sugieren que el legislador podría presentar su renuncia en los próximos días.

El propio bloque oficialista acompañó el pedido de licencia, pero rechazó la exclusión. “Ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por causas que son de público conocimiento. Como bloque vamos a votar a favor”, señaló el legislador Luis Leonardo Limia a Cadena 3 antes de la votación.

En el bloque legislativo peronista las posiciones están fragmentadas. Las legisladoras justicialistas fueron especialmente duras: algunas llegaron a advertirle a la oposición que la causa “les repugna” y que no toleran que Flores siga, aun estando de licencia. Los más moderados defendieron la salida como un alejamiento temporario y recordaron que Flores no tiene imputación.

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La polémica también alcanzó a Ariel Alejandro Rodríguez, otro exasesor de Flores que continuó contratado hasta el 13 de agosto a pesar de tener una condena por usurpación y peculado. Ambos colaboradores fueron desvinculados de la Legislatura tras conocerse el escándalo. Según Cadena 3, algunos de los abusos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente al legislador, dato que abrió nuevos interrogantes sobre su eventual conocimiento de los hechos, aunque hasta el momento no hay acusación penal contra él.

Desde la oposición, la postura fue más terminante. Antes de la sesión, bloques opositores ya habían anticipado que no aceptarían la licencia y presentarían un proyecto de expulsión definitiva. La iniciativa se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución Provincial, con la causal de “indignidad” y deshonra de conducta en el ejercicio de las funciones. La legisladora radical Daniela Gudiño cuestionó con dureza el rol del oficialismo y señaló que la situación resulta insostenible para el cuerpo legislativo.

Tras aprobarse la licencia, la también radical Brenda Austin fue aún más directa: “El peronismo, casi en soledad, votó una licencia que es una señal de impunidad y de protección política”, afirmó en declaraciones a Cadena 3. Austin consideró que el respaldo al pedido convierte al oficialismo en “corresponsable” de la situación que atraviesa la comunidad de Villa de María del Río Seco y anticipó que el bloque insistirá con el proyecto de exclusión, aunque admitió que, en principio, la oposición no contaría con los votos necesarios para aprobarlo.

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La causa tomó estado público el 1 de julio, cuando la madre de una adolescente de 14 años denunció su desaparición. La geolocalización del teléfono de la menor llevó a los investigadores hasta Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero, donde la encontraron junto a otra menor de la misma edad en una propiedad privada. Ambas fueron trasladadas al Polo de la Mujer y del Niño en Córdoba para recibir atención médica y psicológica. A partir de ese hallazgo, la fiscal Cepede amplió la investigación hacia los hechos de abuso y grooming ocurridos en Villa de María del Río Seco.

Entre los detenidos figuran remiseros, choferes de aplicaciones irregulares, un policía activo de la División Moto Zona Norte de la capital cordobesa —imputado solo por grooming— y Villarreal, el exasesor legislativo, quien enfrenta las acusaciones más graves: abuso sexual con acceso carnal y presunta participación en el traslado y sometimiento de las víctimas. Flores reconoció que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que solicitó su baja tras conocer la detención. Según informó Cadena 3, dijo haberse enterado de la situación a través de la radio.

El expediente suma además un testimonio que amplió el marco temporal de los hechos: una mujer identificada como Marfa, primera víctima de Villarreal según su propio relato, denunció haber sufrido maltratos desde los dos años y hasta los 16, cuando logró alejarse. Desde un hospital donde permanece internada por una grave enfermedad, declaró ante el Noticiero Doce: “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”. La denuncia formal la realizó en 2021 con el apoyo de su pareja. Tras conocer la detención de su agresor, expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años”.

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La investigación continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos. La fiscal Cepede no descartó que surjan nuevos imputados ni que aparezcan más víctimas. El lugar de Flores en la Unicameral fue ocupado provisoriamente por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había reemplazado durante una licencia anterior en 2025.

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El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras descomprimió las tensiones entre el Gobierno y sus aliados y podría cambiar la agenda legislativa

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La Corte Suprema le dio un salvavidas político al Gobierno al restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión llegó cuando el oficialismo enfrentaba la posibilidad de que sus aliados habituales acompañaran a la oposición en el Congreso para recuperar esos límites.

El problema para la Casa Rosada estaba en el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Con esa disposición, quedaron eliminadas las restricciones específicas que la norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

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Ese aspecto de la política libertaria no convencía al PRO, a la Unión Cívica Radical y a otros sectores que suelen votar con el Gobierno. Los aliados estaban dispuestos a dar quórum en la sesión convocada por la oposición para la semana próxima, con el objetivo de avanzar contra la derogación y restablecer límites a esas operaciones.

La amenaza había obligado al oficialismo a preparar una respuesta. La estrategia consistía en avanzar con una norma que recuperara ciertas restricciones y permitiera acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, estaba dispuesto a ceder para evitar que esa diferencia terminara en una nueva derrota parlamentaria.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino

Ahora, la Corte le simplificó el trabajo. Con una medida cautelar interina, suspendió los efectos del artículo que derogaba la ley y repuso sus restricciones. La resolución tiene carácter provisional: no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.

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Sin embargo, su efecto político es inmediato. El Gobierno encuentra una salida para una discusión que amenazaba con dividirlo de sus aliados y facilitarle a la oposición los votos necesarios para avanzar en el recinto.

Una salida para concentrarse en la eliminación de las PASO

La prioridad de la Casa Rosada es evitar quedar trabada en este tipo de controversias. La compra de tierras por extranjeros era uno de esos frentes; la discapacidad es otro asunto en el que el oficialismo también está dispuesto a hacer concesiones.

El objetivo central del Gobierno es avanzar con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, necesita ordenar su relación con los aliados y reducir las discusiones que consumen su margen de negociación parlamentaria.

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En ese escenario, el fallo descomprime el conflicto por las tierras. La restitución provisoria de las restricciones atiende el punto que preocupaba a los dialoguistas y reduce la presión sobre el oficialismo para ofrecer una solución legislativa inmediata.

Los votos de la Corte y la lectura política sobre Mahiques

La decisión se tomó por cuatro votos contra uno. La mayoría estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue enviado al juzgado federal de Bariloche para que continúe su trámite.

Según pudo saber TN, Rosenkrantz diferenció la situación de la asociación ambiental demandante de la del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), pero consideró que la Corte no estaba habilitada para disponer una cautelar, aunque fuera transitoria. Su posición era remitir la causa a Bariloche sin establecer una protección mientras se tramitaba el reclamo. En la práctica, esa alternativa habría mantenido operativa la derogación de la Ley de Tierras.

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La Justicia suspende el fallo que declara inconstitucional el decreto de Milei, pero no la obligación de pagar

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El Gobierno apeló la sentencia que lo obliga a cumplir de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con un escrito de 42 páginas en el que reiteró su postura sobre la necesidad de indicar con qué ingresos se va a solventar el aumento del gasto público que provocará su implementación.

El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y, por lo tanto, quedó suspendida su decisión anterior que declaraba inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenaba el pago a las universidades.

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Sin embargo, la obligación de pagar por parte del Estado sigue vigente porque aún queda en pie la medida cautelar que había dispuesto el propio juez y que exigía recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.

Efectivamente, en su decisión, Cormick informó a las partes del juicio que se dará “continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento” sobre las obligaciones de pagar.

El recurso enviado al juez fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, y apunta contra el fallo del 6 de octubre que hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Esa sentencia declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir “de inmediato” la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias necesarias.

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Esto suma un nuevo capítulo a la historia del financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, que no solo acumula episodios en Tribunales y en el Congreso, sino también movilizaciones en las calles. La apelación del Gobierno recuerda esa historia, cuando en octubre del año pasado el Parlamento aprobó la normativa. Sus artículos 3 y 4, según la apelación presentada, aluden a una “recomposición presupuestaria” correspondiente al ejercicio 2024, así como una “actualización presupuestaria bimestral” de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para el ejercicio de 2025.

Clase abierta de la UBA frente a tribunales. La UBA realizó un reclamo con clases abiertas frente al Palacio de Tribunales, para pedir al Máximo Tribunal de la Nación que se expida a la brevedad sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

“Por su parte, el artículo 7 prevé –sin brindar mayores precisiones– la asignación de una partida especial destinada a la carrera de Investigador Científico”, continúa el racconto realizado por el Gobierno. Y agrega que el noveno artículo de la ley sostiene que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.

Menos de un mes después de que se aprobara la ley de financiamiento universitario, el Gobierno firmó el Decreto 759/2025, que es el declarado inconstitucional por la sentencia que ordenó el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo citó en su apelación contra esa sentencia que el texto de este decreto menciona que “la ley se ejecutará cuando el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

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El Gobierno señaló “no “condicionó” o “suspendió” la vigencia de la Ley», sino que, según su punto de vista, quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esta normativa establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”.

Cuarta marcha federal por la educacion pública universitaria apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos. Marcha del Congreso a Plaza de MayoMartín Cossarini

No es la primera vez que el Gobierno sale a defender el decreto sobre la ley de financiamiento universitario en los Tribunales. En diciembre del año pasado, según manifestó en su apelación, el juzgado a cargo de Martín Cormick había resuelto “inaplicar” el decreto.

El Gobierno cuestionó esa decisión y entonces debió intervenir la Cámara, que en marzo de este año mantuvo lo decidido en primera instancia. Entonces, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que el máximo tribunal desestimó.

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Luego de ese periplo judicial se llegó al fallo del pasado 6 de octubre que ordena al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario, lo que fue recientemente apelado por el oficialismo.




recurrió a la Corte Suprema,Conforme a

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Nuevo estallido interno en el PJ: el kirchnerismo acusó a Kicillof de querer que Cristina Kirchner continúe presa

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La posibilidad de lograr la unidad entre el sector Axel Kicillof y el que conduce Cristina Kirchner es cada vez más difícil. Por momentos, parece imposible. Inviable. Ya no solo se trata de la desconfianza que impera en ese vínculo tortuoso, sino que también está atravesada por acusaciones cada vez más espesas.

Lo que desató el último capítulo de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires fue la definición que brindó el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en el canal de streaming Cenital.

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“Se hablaba de un dictamen en octubre (del consejo de Derechos Humanos de la ONU), ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Al ser consultado por la posibilidad de alienearse a una eventual candidatura de CFK, en el caso de que haya un cambio en su situación judicial, Bianco fue contundente: “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”.

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La mano derecha de Kicillof dejó en claro que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será muy cauto en sus movimientos, más allá de si Cristina Kirchner puede ser candidata o no. No cambian la postura. Se definirá el año que viene y se verá, cuando se reúnan todos alrededor de la mesa, quién tiene más espalda para ser el candidato del peronismo.

Las expresiones de Bianco desataron el enojo en el corazón de La Cámpora, que le contestaron a través de las redes sociales. El primero en hacerlo fue el ex senador nacional Martín Doñate, quien hizo un recuento de los motivos por los que es importante lo que diga la ONU y dejó entrever que el funcionario bonaerense pretende que la ex presidenta no quede libre.

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo el dirigente de Río Negro. En ese sentido, agregó: “Se trata de la proscripción y persecución a Cristina, conductora de nuestro movimiento, dos veces presidenta y amada por millones de argentinos, a la que intentaron asesinar y hoy someten a la muerte civil mediante el escarnio mediático y judicial”.

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El mensaje que escribió Facundo Tignanelli en sus redes sociales

Acto seguido a esa definición, Doñate precisó: “Pese a todo eso, Cristina aun conserva un enorme respaldo popular y electoral. Defender su libertad es defender el derecho del pueblo a elegirla. Frente a eso, tu posición pública es, como mínimo, irresponsable e ingrata. Y la porfiada ingratitud, como enseña la secular historia, repta en el subsuelo de la traición y el olvido”. El contenido del mensaje fue extremadamente duro.

“Poner en duda todo esto es un grave daño para la democracia y para el Estado de derecho. Hablamos de compromisos internacionales que la Argentina asumió y debe honrar, aunque sus consecuencias incomoden, y hay dudas jurídicas que dicen más de una posición política que del derecho”, sostuvo el rionegrino respecto a la postura de Bianco sobre si es o no vinculante.

En esa línea, agregó: “La Argentina ya conoció elecciones con el peronismo y sus líderes proscriptos, y quienes ganaron así gobernaron con la legitimidad prestada. Llegar a 2027 con Cristina presa e inhabilitada sería repetir ese simulacro de democracia, con el agravante de que esta vez habría quienes, desde nuestras filas, estarían dispuestos a ser parte de esa coreografía”

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El ex senador nacional Martín Doñate cuestionó con dureza a Carlos Bianco

Otro que apuntó contra Bianco, aunque sin nombrarlo, fue el diputado provincial Facundo Tignanelli, hombre fuerte de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. “Al final la corte si revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana. Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de “imposibilidad jurídica de participación electoral” son aquellos a los que les conviene que este presa», aseguró.

En el cristinismo están convencidos que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado. Y ellos lo traducen como la conveniencia de que Cristina Kirchner siga presa para que su condición judicial le abra paso a una candidatura presidencial del gobernador bonaerense. En los hechos, el Jefe de Gabinete explicó lo que distintos abogados han dicho en público respecto a la influencia de lo que pueda decir la ONU. El problema es su nombre, su rol y la interna, que genera otra dimensión en sus expresiones.

El clima está caldeado desde ayer, cuando desde un sector del kicillofismo dejaron entrever que no estaba asegurado el acuerdo con el cristinismo para que Máximo Kirchner sea el presidente del congreso en el PJ Bonaerense. La información generó ruido en las arterias del sector de CFK y el enojo empezó a crecer. Sin embargo, Kicillof bajó una orden rápida, dejó sin efecto cualquier especulación y aseguró que el acuerdo se cumplirá tal cuál estaba hablado.

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“Jugó bien Axel ahí”, reconocen en La Cámpora. Un día después, la tensión volvió a aumentar a la máxima expresión y desató un ola de cuestionamientos a Bianco y, en consecuencia, a Kicillof. La interna nunca termina. Y, difícilmente, pueda culminar el año que viene.

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