POLITICA
Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.
El requerimiento, al que accedió , lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.
Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.
Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.
ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.
El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.
El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.
El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.
La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.
Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.
El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.
El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.
Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.
Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.
Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.
El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.
Hernán Cappiello,Casos de corrupción,Conforme a
POLITICA
Beligoy invirtió US$261.000 en una desarrolladora inmobiliaria bajo investigación y enfrenta dudas por el origen del dinero
Federico Beligoy tiene un problema con la plata en La Plata. El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) perdió más de un US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero su problema es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la fortuna que perdió está en negro. ¿Conclusión? Beligoy no aparece entre quienes se presentaron en los tribunales para reclamar el dinero comprometido, según reconstruyó sobre la base de documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses.
La trama, que abre preguntas sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos que Beligoy declaró ante el fisco, comenzó a gestarse el 3 de mayo de 2024. Ese viernes, Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. Total: 261.490 dólares.
Las operaciones quedaron documentadas en dos “compromisos de aporte de fiduciante clase C para la incorporación al fideicomiso al costo Abes Lucero con renta garantizada”. Todo fue sonrisas y promesas entre Beligoy y los desarrolladores, que aceptaron hacer una excepción. ¿Cuál? A diferencia de todos los demás contratos, en los que firmaron subalternos de Abes, el contrato suscripto con el dirigente arbitral lo firmó uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. De hecho, fue el único contrato que recuperaron los investigadores durante los allanamientos en el que aparece su firma, según surge de las probanzas judiciales. ¿Por qué? “Porque así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.
Los pagos de Beligoy por más de un cuarto de millón de dólares constan en un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora, según reconstruyó . Identificaron en un cuadro a los inversores, las unidades inmobiliarias que les correspondían y los montos que aportaron. Ese registro permitió a los investigadores reconstruir quiénes habían colocado dinero en los distintos emprendimientos de Abes y constituye una evidencia independiente de la existencia de las operaciones atribuidas a Beligoy.
De clase media trabajadora, Beligoy vivió durante años en Santos Lugares, en una vivienda modesta, de una planta, a la sumó luego un primer piso. Pero durante los últimos años, a medida que fortaleció sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el exárbitro internacional evidenció un incremento patrimonial importante, al igual que su entorno familiar, según reconstruyó durante los últimos meses .
Beligoy no respondió los mensajes que le envió para consultarlo sobre las inversiones, el origen de los fondos, la modalidad de pago, las razones por las que no reclamó judicialmente y si procuró recuperarlos por otra vía.
Mundillo de la pelota
Aquel viernes de mayo de 2024, mientras Beligoy y Lacki firmaban los contratos fiduciarios, un escándalo concentraba la atención de la prensa. Había salido a la luz que la entonces directora general de Aduanas designada por el presidente Javier Milei había tomado una deuda por US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. Tres semanas después, la funcionaria renunció.
En La Plata, la desarrolladora Abes también cayó, pero recién a principios de 2026, envuelta en un escándalo que sacudió a la capital bonaerense. Se abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso múltiples medidas de prueba, requirió allanamientos y secuestró documentación de la inmobiliaria.
Con el paso de los días, quedó claro que la operatoria de “Abes Desarrolladora de Negocios SRL”, tal su nombre formal, dejó entre 150 y 160 inversores damnificados. Entre ellos, el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros futbolistas locales, con pérdidas de varios millones de dólares por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.
Ahora, la investigación comprende al menos cinco fideicomisos: Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. Los investigadores procuran determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y si parte de ese dinero terminó destinado a gastos operativos de la desarrolladora, obligaciones de otros emprendimientos o sociedades vinculadas. También se investigan movimientos contables y asignaciones de unidades funcionales que podrían haber servido para compensar deudas.
La empresa, según constataron los investigadores, ofrecía oportunidades desde el pozo a inversores como Beligoy y Troglio, con la promesa de entregarles departamentos terminados en plazos cortos y con rentas mensuales actualizables hasta la culminación de las obras.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, expuso Troglio en su denuncia, acompañado por su abogado, Miguel Molina, quienes expusieron en los tribunales que, con el paso del tiempo, las promesas mutaron en obras sin avances o abandonadas.
“Nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detallaron Troglio y Molina en su presentación judicial. “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”. Entre ellos, ahora sale a la luz, también estaba Beligoy, quien comprometió US$261.490 en dos departamentos del emprendimiento.
La situación de Beligoy adquiere una dimensión adicional por los cargos que ocupa en el fútbol argentino. No sólo es el secretario general de uno de los gremios que representan a los árbitros: también es el director Nacional de Arbitraje de la AFA, una estructura desde la que ejerce responsabilidades sobre quienes, al mismo tiempo, representa sindicalmente.
Como máximo referente arbitral del país, Beligoy afronta cuestionamientos desde hace años. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Es parte central del problema”, sostuvo. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo”.
Ahora, a esos cuestionamientos se suma una incógnita patrimonial: cómo financió Beligoy dos inversiones inmobiliarias por más de un cuarto de millón de dólares, cuál es el origen de ese dinero y por qué, a diferencia de otros damnificados, no acudió a los tribunales, al menos hasta ahora, para reclamarlo.
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Con la colaboración de Ignacio Grimaldi y Ricardo Brom.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca los votos del PRO y la UCR para conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado
Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.
Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.
Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.
Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales
Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).
“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).
Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.
Este viernes a la madrugada, el Gobierno nacional dispuso el traslado del embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de la publicación del Decreto N° 1357/2026.
“Trasládase desde la Embajada de la República ante los Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Agustín Molina Arambarri”, informaron.
De este modo, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno determinaron que el funcionario deberá estar en el país para el próximo 8 de diciembre. Asimismo, remarcaron que el cambio responde a “razones de servicio”.
Según el documento, Molina Arambarri se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2019. Su nombramiento había quedado oficializado por medio del Decreto N° 503/2019.
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Por otro lado, las autoridades no precisaron cuáles serán sus nuevas funciones dentro del ministerio ni quién lo reemplazará en la misión ante el país árabe.
La vacante se abre mientras crece la agenda económica con Emiratos Árabes Unidos
El regreso de Molina Arambarri se produce en un período de mayor actividad bilateral entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, ambos gobiernos iniciaron negociaciones para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, con el objetivo de ampliar el comercio, promover inversiones y generar un marco de cooperación económica.
Las conversaciones tuvieron un paso formal en septiembre, durante una reunión en Nueva York entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se expresó la intención de profundizar los vínculos comerciales y se anunció el inicio de las tratativas para ese entendimiento.
El acuerdo en discusión abarca sectores que el Gobierno argentino considera prioritarios para la llegada de capitales externos. Entre ellos figuran la minería, los minerales estratégicos, la energía, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial.
De acuerdo con datos oficiales de Emiratos Árabes Unidos, el comercio no petrolero entre los dos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un incremento interanual del 42,6% en comparación con el año anterior.
De hecho, la salida del embajador argentino ocurrió pocas semanas después de que la nueva representante de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, presentara sus cartas credenciales ante el canciller argentino.
Alulama asumió su misión diplomática en octubre, en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su gestión en mayo después de cinco años en el cargo. Antes de llegar a la Argentina, la embajadora se desempeñó en misiones de su país en Montenegro, Brasil y Alemania, además de haber trabajado en el sector financiero.
Durante el encuentro con la nueva representante, la Cancillería argentina planteó la necesidad de profundizar la agenda bilateral a partir de las conversaciones por el acuerdo comercial. La llegada de Alulama coincidió así con una etapa de contactos políticos y económicos entre ambos gobiernos.
El vínculo entre los países ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversiones y un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Según el balance difundido por el embajador saliente, durante su mandato se firmaron 36 acuerdos bilaterales en materias como comercio, energía, cultura y educación.
Uno de los principales proyectos vinculados con la relación económica bilateral es la asociación entre YPF y XRG, una filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para el desarrollo de Argentina LNG.
La iniciativa también contempla la participación de la compañía italiana Eni y prevé inversiones totales cercanas a USD 51.000 millones. El plan apunta a producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta y exportarlo desde dos unidades flotantes de licuefacción ubicadas frente a la costa de Río Negro.
La capacidad inicial prevista es de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Las primeras exportaciones del proyecto están proyectadas para 2030 o 2031, según la información difundida sobre la iniciativa.
discurso,evento,Jorge Agustín Molina Arambarri
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