POLITICA
Cortocircuitos y hartazgo en el Gobierno por la interna entre Karina Milei y Bullrich a raíz del caso Adorni
Una serie de marchas y contramarchas en torno a la visita de Manuel Adorni al Senado expusieron ayer, nuevamente, la interna latente entre Karina Milei y Patricia Bullrich por el caso del jefe de Gabinete, y desembocaron en contradicciones en la vapuleada comunicación del Gobierno.
Experta en los tiempos de la comunicación política, Patricia Bullrich le marcó la agenda una vez más a Karina Milei ayer y no le dio espacio para comunicar oficialmente que el jefe de Gabinete no asistiría al Senado para dar su informe de gestión.
Es que en la Casa Rosada sopesaban que el ministro suspendiera la presentación ante la Cámara Alta que había programado para el 2 de julio. Pero las versiones de que finalmente no iría, en lugar de salir oficialmente de la sede del Gobierno, se iniciaron cerca de Bullrich. Donde, con poca sutileza, por lo bajo, dejaron entrever que había sido ella quien había instado al sospechado jefe de Gabinete a ausentarse. “Nadie, ningún senador quiere que venga”, deslizaron.
Para la Casa Rosada la jugada de Bullrich fue un cachetazo, que se sintió más fuerte porque, horas antes, la senadora había faltado a la serie de reuniones que había organizado Karina Milei, en tres tandas, con los senadores de La Libertad Avanza. Justamente, para pedirles mayor compromiso en la defensa de Adorni. Bullrich quería evitar el “show” que había montado la hermana del Presidente, según dijeron en su círculo. “Ya tiene bastantes problemas como para sumar eso”, agregaron.
En los últimos días, la Casa Rosada atribuyó a un problema de comunicación los avatares de la gestión del último tiempo. Por eso planteó cambios en el equipo: le quitó a Adorni las -intermitentes- conferencias de prensa para dárselas a un nuevo vocero, Adrián Ravier. Y dejó en manos de otro funcionario, Fabián Fernández, el contacto directo con la prensa, previo desplazamiento de Javier Lanari, el ex número dos de Adorni.
Así, en Balcarce 50 admitieron fallas en la comunicación, pero no un problema estructural, de liderazgo y relaciones en la cúpula del Gobierno. En cambio, la estrategia del Gobierno sigue siendo el disimulo. Por caso, anoche el Presidente se enfocó en resaltar una mejora en el equipo de comunicación con la designación de Ravier, que proviene de esas filas. Y Adorni, lejos de reprocharle algo a Patricia, se limitó a aclarar poco después de que surgieran los “rumores” de su ausencia, por X, que está a disposición del Senado.
Aunque poco después, en su círculo aclararon: “Excepto que el Senado así no lo requiera”. Es probable que no asista.
De todas formas, aunque están apurados por mejorar el aspecto comunicacional, los Milei aún no pueden poner en funciones aún al nuevo vocero Adrián Ravier. Es que la manta está muy corta para el oficialismo en el Congreso, donde lo necesitan en su actual rol como diputado nacional para que apoye el Super Rigi en la sesión de hoy. De hecho, hay un fuerte secretismo en el Gobierno sobre el momento en el que el pampeano renunciará a su banca para asumir como Secretario de Comunicación. También el organigrama es un misterio. “No estamos habilitados para hablar de eso”, dijeron en Balcarce 50 ante las consultas de Infobae. Por lo pronto, no está claro cuándo asume formalmente, y algunos hablan de la semana que viene. Esto a pesar de que hasta el sábado pasado el plan parecía ser que se hiciera cargo el mismo lunes.
Hay apuro, también, por que entre a la cancha Fabián Fernández, el otro secretario del área comunicacional, que responde a Santiago Caputo y tendrá un rol de contacto directo con la prensa pero no tanto de exposición pública. La demora es por un tema de “compliance” (el término en inglés para el cumplimiento normativo y de los procedimientos) en YPF, donde trabaja actualmente como vocero de Horacio Marín. Tanto Ravier como Fernández tuvieron dos largas reuniones con Karina Milei y con Caputo, por separado.
Milei, al tanto pero alejado de los avatares de estas discusiones, se refugió anoche al calor de la militancia, en la Fundación Faro. Y desde ayer empezó a enfocarse a pleno en el plano internacional. En la previa de su viaje a Europa, le dio una entrevista en la Casa Rosada al periodista cubano Ismael Cala, ex conductor de CNN. Y hoy parte rumbo a Madrid. Luego visitará Asunción, para participar de la cumbe del Mercosur. Y para el inicio de julio pisará Nueva York para participar de los festejos del Día de la Independencia con Trump.
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POLITICA
Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.
La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.
La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.
En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.
El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.
De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.
La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.
Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.
La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.
En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.
Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.
El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.
Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.
El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.
La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.
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POLITICA
La Justicia investiga si Adorni también se puso en contacto con la socia de Tabar después de que se activó la causa
La Justicia analiza un nuevo elemento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber TN, el foco ahora está puesto sobre un audio en el que la socia del contratista Matías Tabar le habría contado a este que el funcionario se contactó con ella para pedirle que borrara conversaciones que habían mantenido.
De acuerdo con la información del expediente, Adorni habría argumentado razones de privacidad para justificar el pedido. El supuesto contacto se habría producido dos semanas después de que se iniciara la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La situación es analizada por la Justicia en el marco de la revisión de unas 11 mil conversaciones intercambiadas entre Tabar y su socia, una mujer que participó en los arreglos de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Los investigadores consideran especialmente relevante el momento en que se habría producido ese supuesto contacto. La hipótesis bajo análisis es que la comunicación con la socia de Tabar se habría dado después de que el expediente judicial ya estuviera en marcha.
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El episodio guarda similitudes con otro hecho que ya forma parte de la investigación. En el expediente también consta que Adorni se comunicó con Tabar para ofrecerle asistencia o ponerse a disposición después de que se conociera el avance de la causa.
La revisión del contenido del teléfono de Tabar también incluye audios en los que el contratista hablaría sobre pagos en efectivo que le habría realizado el jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, se trataría de varios mensajes de voz en los que se mencionarían desembolsos en cuotas de entre 20 mil y 30 mil dólares.
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Fuentes judiciales consultadas por TN aseguraron que “el celular de Tabar demuestra el manejo de dinero en efectivo”. La información es parte del material que actualmente se encuentra bajo análisis.
En paralelo, todavía se espera que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) concluya el informe técnico sobre el patrimonio de Adorni. La elaboración de ese documento sufrió demoras porque la Justicia solicitó incorporar nuevos análisis relacionados con los supuestos 200 mil dólares que el jefe de Gabinete afirmó haber invertido en Bitcoin.
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La causa también registró movimientos en los últimos días a partir de la situación de Tabar. La semana pasada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista y le requirió que presente documentación vinculada con la justificación de sus ingresos, la actividad desarrollada y detalles de la obra realizada en la casa de Adorni en Indio Cuá.
El organismo le pidió, entre otros puntos, información sobre su facturación, compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025, justificación de la adquisición de vehículos y del origen de fondos utilizados para la compra de dólares en esos años, además de confirmaciones societarias.
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