El escándalo por las dudas sobre la justificación patrimonial en bitcoin del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, profundizó una crisis institucional en el gobierno argentino. Las tensiones se incrementaron entre miembros del gabinete y figuras del oficialismo, generando pedidos de renuncia y una ola de cuestionamientos públicos que agitó el escenario político en Buenos Aires.

“Hay un problema acá del nivel de explicaciones, creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de justificaciones tan poco serias”, afirmó en Infobae Al Mediodía Darío Nieto, referente del PRO y especialista en tecnología, al describir los aspectos técnicos fundamentales de la controversia.

Nieto explicó su postura desde su conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas. El legislador afirmó: “Hay un problema acá del nivel de berretes que creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de berretes en las explicaciones”. También señaló que busca aportar una mirada técnica sobre el funcionamiento de Bitcoin y la tecnología blockchain.

Nieto describió a blockchain como un registro transparente, trazable e inmutable y explicó que las operaciones pueden verificarse, aunque la identidad del titular de una billetera digital no queda asociada automáticamente a un nombre. Según expresó, una persona puede comprobar si una dirección realizó determinadas transacciones, pero necesita otros elementos para demostrar que era su propietario.

La explicación sobre Bitcoin y las hipótesis planteadas por Nieto

El legislador sostuvo que una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin durante 2013 habría resultado extraordinaria por el tamaño del mercado en ese momento. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera doscientas lucas en Bitcoin. Hubiera sido noticia mundial”, afirmó.

El legislador agregó que la comunidad vinculada a Bitcoin en Argentina era reducida y que sus integrantes mantenían contacto entre sí. En ese contexto, aseguró que ninguna de las personas que participaban de ese ámbito identificó a Manuel Adorni como parte de ese grupo.

Nieto planteó dos hipótesis personales sobre la documentación presentada por el funcionario. Según explicó, una posibilidad consiste en utilizar movimientos registrados en una billetera perteneciente a otra persona. La segunda alternativa, según su visión, sería identificar direcciones con operaciones antiguas y atribuirlas como propias sin acreditar la titularidad.

“Yo no descarto ninguna”, expresó el legislador al referirse a esas posibilidades. También indicó que una dirección de Bitcoin no se encuentra vinculada de manera automática a una identidad personal, sino a un código alfanumérico.

El reclamo de renuncia

Más allá de las cuestiones técnicas, Darío Nieto sostuvo que el eje principal del caso pasa por el impacto político. Según explicó, una parte de la sociedad realizó esfuerzos económicos mientras respalda el rumbo del Gobierno y podría interpretar las explicaciones del funcionario como una falta de transparencia.

“Para mí el tema acá de fondo, más allá del tema técnico, es que hay un montón de gente que cree en el rumbo de Milei”, afirmó.

El legislador sostuvo que Manuel Adorni “tiene que renunciar, sin dudas” y consideró que esa decisión evitaría un mayor desgaste institucional. También señaló que el presidente podría solicitar su salida para preservar el rumbo del Gobierno.

Nieto aclaró que comparte aspectos de la política económica nacional, aunque considera que esta situación perjudica esa agenda. “Comparto mucho lo que hace el Gobierno en economía, pero siento que esto daña todo ese rumbo”, expresó.

La postura del PRO y el debate en el Congreso

Consultado sobre una eventual moción de censura o destitución en el Congreso, Nieto aclaró que no existe una posición definida dentro del PRO. Sin embargo, manifestó su apoyo a una interpelación parlamentaria para que el funcionario responda sobre las inconsistencias señaladas durante la entrevista.

“Sin duda es interpelación. El tipo tiene que ser interpelado y tiene que dar respuestas que no ha dado”, afirmó el legislador. También expresó que preferiría una renuncia antes que una destitución impulsada por el Congreso.

Nieto explicó que considera más conveniente una salida voluntaria para evitar un conflicto institucional mayor. “Para mí es mucho más sano para la democracia argentina que el Congreso no le eche un jefe de Gabinete al presidente”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de una definición partidaria, indicó que no conversó ese tema con Mauricio Macri y aclaró que la decisión corresponderá a los legisladores nacionales cuando el asunto llegue al recinto.

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June 12, 2026,Gabriela Origlia,Conforme a

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.

Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. En ese contexto, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.

Durante ese procedimiento también se requirió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario en los distintos puestos que ocupó dentro de la administración pública.

La documentación incorporada al expediente incluye pedidos de información sobre su historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Marijuan había considerado “indispensable” contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.

La investigación se enfoca especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, el fiscal sostuvo que el objetivo es determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” durante esos años.

Como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.

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Además, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Los requerimientos incluyeron información sobre declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También se solicitaron datos sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.

La investigación alcanzó además al Banco Central, al que se le pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Asimismo, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.

La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios significativos respecto de la versión original correspondiente a 2025. En aquella oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.

Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de figurar un desendeudamiento de $73 millones y pasó a registrarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.

Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.

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La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados por el funcionario. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.

Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.

Francisco Adorni, Manuel Adorni