Después de una semana adversa en la Cámara de Diputados, el Gobierno se expondrá a un nuevo test de fortaleza, consistencia y credibilidad.

La presentación del presupuesto para el año electoral hará que Javier Milei muestre algunas de las cartas con las que jugará en el último tramo de su mandato, en el que se disputa su pretensión de continuar en el poder hasta 2031. A pesar de la provisionalidad y la creatividad que en la Argentina suele tener de hecho el cálculo de gastos y recursos, el presupuesto 2027 expondrá presente, pasado y futuro de la gestión libertaria.

La asignación de prioridades y los fondos que se le destinen, así como la previsión de ingresos, serán motivo de discusión para la aprobación por parte del Congreso. Pero también serán sometidas al juicio de confiabilidad que el Gobierno acreditó durante este año.

En esa materia, a Milei y su equipo económico en particular no le será fácil obtener un aprobado, ya que en las cuestiones centrales sus cálculos no fueron validados por la realidad. Inflación, crecimiento, niveles de ejecución presupuestaria muestran varios desvíos de importancia cuando todavía faltan tres meses para que concluya el período.

El aumento de precios calculado en el presupuesto para este año fue del 10,1% y en 8 meses ya acumuló más del doble. El crecimiento estimado fue del 5% y actualmente los analistas prevén que estará en menos de la mitad. En tanto, el dólar oficial fue calculado en $1423 y, como se sabe, el viernes cerró en $1535.

En esos puntos, que, además, incluyen incumplimientos y violaciones de leyes vigentes, hará eje la oposición, con menos chances de impedir la aprobación del presupuesto 2027 que de exponer las fallas de cálculo y las promesas incumplidas de la administración libertaria.

Aunque todavía no haya más precandidatos presidenciales confirmados que el propio Milei y el solitario macrista Hernán Lacunza, la campaña electoral ya se lanzó y se juega en todos los terrenos donde se pueda discutir la situación económica, social, política e institucional del país y su proyección hacia el corto, mediano y largo plazo. La economía, leit motiv de Milei, que dice aspirar al premio Nobel en la materia, será terreno de disputa sin que, por el momento, pueda avizorarse un ganador claro. La macro y la micro ofrecen argumentos para que el oficialismo y la oposición puedan llevar agua para sus respectivos molinos.

Ese debate, que se abrirá a partir de esta semana, se desarrollará con un telón de fondo demasiado abigarrado y con aristas que seguramente interferirán en el devenir del tratamiento.

Malvinas en todos lados

Ahí está la cuestión Malvinas con la que Milei y su fuerza sorprendieron hace solo diez días, en un arresto nacionalista sin precedente alguno en su propia historia política. Entrarán en discusión los recursos que se deberán asignar a los proyectos anunciados para sostener el reclamo soberano y reforzar la presencia en el sur austral y las capacidades de inteligencia y defensa.

Resulta una combinación desafiante para un país que en varias de esas materias (defensa e inteligencia) tiene déficits, fragilidades y deudas acumulados a lo largo de los años. Además, hay cuestiones sensibles insoslayables, sobre todo en temas de inteligencia, donde casi todos los gobiernos de turno (y este, en particular), parecen tener una pasión desmedida por controlar conductas y movimientos en su beneficio propio, no en el de interés general, a pesar de las restricciones que fija la ley para el espionaje interno.

Pero, sobre todo, implica un problema mayúsculo para una administración que tiene por prioridad no claudicar “ni un ápice” (Milei dixit) en el superávit y cuyos recursos fiscales son escasos y volverán a serlo, por varias razones, el año próximo.

La actividad económica generadora de ingresos fiscales que este año se mostró anémica y aportó menos recursos en materia de recaudación impositiva que los calculados no promete revertirse de manera sensible en 2027, según las previsiones de la mayoría de los economistas respecto de la fortaleza de la industria, la construcción y el comercio. Obviamente nada que admitan los funcionarios y los fanáticos propagandistas libertarios.

A eso se suma un factor de riesgo que opera a modo de amenaza real y concreta. Es la contingencia climática potenciada por el “Super Niño”, el fenómeno que augura lluvias excepcionales y que afectaría a una de las dos grandes usinas generadoras de divisas: la producción agropecuaria. A eso habrá que adicionar el impacto social y en infraestructura, con su correlato económico, que podría tener el fenómeno si alcanzara la severidad pronosticada.

Por otra parte, la cuestión Malvinas introducirá otros motivos agregados de discusión. La sombra que proyecta Donald Trump, disparador del giro nacionalista de Milei, vuelve a cobrar densidad.

Por un lado, están las dudas sobre la promocionada reanudación de la construcción de la base naval integrada de Ushuaia que se inicio durante la más que fallida gestión de Alberto Fernández y quedó en estado de cuasiabandono hasta ayer.

La aclaración de urgencia del gobierno mileísta acerca de que no será una base compartida con otros estados refuerza las suspicacias, que se alimentan del acompañamiento que hizo Milei hace dos años a la entonces jefa del Comando Sur de los EE.UU., la generala Laura Richardson, en su viaje a Ushuaia. En esa oportunidad, el presidente avaló la intención de que la base tuviera usos compartidos.

A eso se suma la insistencia de Trump sobre la cuestión Malvinas, reiterada ayer e interpretada no solo como parte de su nuevo arresto colérico contra el gobierno laborista británico, sino como parte de la estrategia geopolítica de su gestión destinada a ejercer su predominio sobre toda América y su proyección sobre la Antártida.

La autopostulación del presidente estadounidense como mediador para evitar un potencial, pero hasta ahora imprevisible conflicto bélico, abre otros interrogantes y sospechas.

“La intención de avanzar hacia una administración tripartita de las islas (británica-argentina-estadounidense) por un lapso que podría ser hasta de 50 años empieza a cobrar entidad y merece atención. Si ese fuera el corolario, sería todo ganancia para Estados Unidos, que obtendría derechos, beneficios y potestad sobre un territorio que le es absolutamente ajeno. En cambio, para la Argentina sería mucho menos de lo que le corresponde y reclama desde siempre, aunque podría oficiar como un golpe de efecto. Un algo es algo respecto de la nada actual, muy superior al paraguas de soberanía que negociaron Carlos Menem y su canciller, Guido Di Tella, a fines de los 90, con Gran Bretaña”, explica un diplomático en funciones con quien coinciden algunos expertos en temas internacionales. Un nuevo mundo en ciernes.

Claro que habrá que ver cuánto de todo eso queda en pie después de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, en la primera semana de noviembre, cuyas repercusiones en esta parte del mapa pueden ser demasiado relevantes, especialmente para un gobierno que adoptó un alineamiento acrítico con el polémico Trump, antes que con ese país. Incertidumbre tras incertidumbre.

Una señal a favor de Milei

Como contrapartida de estas incógnitas que se proyectan en varios escenarios, el viernes pasado la gestión libertaria recibió una buena noticia, con el agregado de que se hizo pública y envió una señal importante a todo el universo político.

El gobernador catamarqueño (autodefinido) peronista, Raúl Jalil, volvió a oficiar de dador voluntario (pero no gratuito) de gobernabilidad al anunciar antes que nadie que las elecciones en su provincia serán en simultáneo con las nacionales.

Fue un aporte muy importante para el ala política mileísta, encarnada por la hermanísima Karina y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vienen trajinando teléfonos provinciales, ayudas del Tesoro y recursos de distinta índole para allanar el calendario electoral oficialista y evitar cualquier triunfo anticipado de fuerzas no mileístas en las provincias.

Quieren impedir que un efecto cascada de victorias prematuras del peronismo u otras fuerzas no oficialistas envalentone a sus rivales, siembre dudas respecto de las posibilidades de reelección presidencial y dispare temores y desconfianza en los inversores y ahorristas. Cuanto más controlados tenga la calle, el dólar y los depósitos bancarios mejores perspectivas electorales tiene el oficialismo de turno.

Ahora habrá que ver si se produce el efecto dominó, que esperan en la Casa Rosada, y caen con similares anuncios de alineamiento otros gobernadores colaboracionistas. Hasta ahora, la desconfianza de mandatarios subnacionales (gobernadores e intendentes) ponía en duda la efectividad de la promesa mileísta de no entorpecer el control de los territorios que están en manos ajenas y donde sus referentes locales carecen de aptitudes electorales suficientes para tratar de teñir de violeta nuevas administraciones.

Ese estado de desconfianza sobre el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno nacional, cimentada a base de numerosas promesas impagas, se extendió muy especialmente al bando de los aliados que comparten parte de sus electorados. Es lo que ocurre en el macrismo donde admiten que, de no ir juntos con LLA corren el riesgo de que el peronismo u otra fuerza emergente los derrote, pero carecen de certezas sobre la confiabilidad de los violetas.

El deseo no oculto de Karina Milei por sumar a su cartera expansible el bastión macrista porteño oficia de señal de alarma ejemplar para los amarillos que todavía conservan poder territorial. En la provincia de Buenos Aires son varios los intendentes que miran con preocupación los movimientos del voraz armador karinista Sebastián Pareja y del ambicioso Santilli, que se caracteriza por sus férreas lealtades sucesivas a cada jefe que adoptó.

Estos movimientos son parte de la discusión que se dará en el Congreso sobre los principales proyectos del Gobierno. Empezando ahora por la ley de presupuesto y siguiendo por la reforma política electoral, que apunta, especialmente, a eliminar las PASO o, de mínima, volver a suspenderlas.

La discusión promete ser mucha, pero, al menos, en cuanto al cálculo de gastos y recursos de la Nación, todo indicaría que al final será sancionado, con el aporte de gobernadores amigables y de los aliados macristas.

El catamarqueño Jalil dio, de manera oblicua, la primera señal para que el Gobierno se ilusione, pero también para que empiece a afinar el lápiz de los recursos actuales y futuros y sobre la manera en los que los distribuirá. Nada es gratis. Milei tiene que mostrar las cartas y someterse a examen. Así serán los próximos meses.

Los tiempos se acortan. El próximo martes se debatirá la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El Gobierno tiene como como máximo objetivo la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para lograrlo, la Casa Rosada transmitió la orden de acelerar las negociaciones.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, bajó la premisa que debe guiar las tratativas.

“La definición de Karina es que no va a haber acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política”, dijo a una voz de Balcarce 50 muy cercana a la funcionaria. “Es una postura muy razonable, lógica”, completó otro miembro del Gabinete.

En diferentes terminales del oficialismo advierten que el escenario para tener los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales no es fácil. Y por delante se espera una fuerte negociación por los distintos aspectos del proyecto.

Para el oficialismo, la meta es una: que la oposición no tenga la herramienta de las PASO para dirimir sus internas en 2027. Inicialmente, el objetivo trazado era la eliminación de las PASO. Desde hace semanas, en la Casa Rosada se plantearon como meta posible la suspensión, como lo lograron en 2025.

La idea de supeditar cualquier entendimiento electoral al apoyo a la reforma política en el Congreso había circulado en el oficialismo cuando se presentó el proyecto de ley, en abril. Pero el desgaste que la Casa Rosada y la imagen presidencial experimentaban por la marcha de la actividad económica y el caso Adorni, entre otros factores, morigeraron las ambiciones. También pospusieron el debate del proyecto, que no tuvo avances desde mayo.

Ahora, con los tiempos parlamentarios acortándose hacia el comienzo del año electoral, la Casa Rosada volvió a lanzar la embestida, presentándola como un ultimátum.

La propia Patricia Bullrich, líder del bloque de LLA en el Senado, lleva semanas advirtiendo sobre las dificultades para reunir los votos. En Balcarce 50 contraponen el “optimismo” del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabeza el diálogo con los gobernadores y los partidos dialoguistas.

Junto a Santilli opera el subsecretario de Gestión Institucional y armador político de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Eduardo “Lule” Menem.

En el mapa de aliados con los que Santilli y Lule Menem buscan negociar se inscriben Pro, un sector de la UCR y una parte de los mandatarios provinciales.

“Se están acelerando conversaciones. Santilli viene hablando hace mucho y no hay que volver a hacer agenda de bilaterales [con gobernadores]”, explicaron cerca del ministro coordinador.

Ficha limpia

La Casa Rosada ya ensayó distintas alternativas para que el proyecto de ley de reforma política mostrara algún avance parlamentario. La primera fue incluir la “ficha limpia” dentro del proyecto, un anzuelo para captar el apoyo de Pro y la UCR, que entonces aún despotricaban por el giro de dos senadores misioneros −aliados de LLA− que, un año antes, habían hecho caer la ficha limpia en el recinto.

La segunda fue ofrecer reinstaurar el sistema de listas colectoras, para que los gobernadores pudieran colgar a sus candidatos de la boleta presidencial de Javier Milei, a la vez que “colectarían” votos para la reelección del Presidente. Pero esa opción requería un salto de fe de los gobernadores: que llegado el momento del cierre de listas, LLA los aceptaría como colectoras. El desgaste de la imagen libertaria tampoco colaboró con la idea, que fue descartada.

Ahora, en la Casa Rosada hay quienes apuntan a revivir una tercera alternativa si la suspensión de las PASO se complicara más de la cuenta; que las primarias sean optativas para los partidos.

“Se va por la suspensión de las PASO y se deja abierta también la posibilidad de, llegado el caso, avanzar con una PASO no obligatoria, una PAS”, deslizó un hombre que orbita en torno a la mesa política libertaria.

Más que como una alternativa, en algunos sectores del oficialismo evalúan la opción de las PAS también como una chicana para exponer al peronismo: “Si utilizaran las primarias no obligatorias, lo más probable es que vaya a votar el 20% del padrón. Sería un papelón”, apuntan.

De lograr los apoyos para suspender las PASO, en el Palacio de Gobierno señalan que se definirán entonces los diferentes tipos de acuerdo según las negociaciones con cada gobernador y partido aliado.

“Hay gobernadores que quieren ir juntos; otros que plantean una competencia con LLA con límites, con golpes pero ‘por arriba del cinturón’; mientras algunos piden colectoras”, describen en la Casa Rosada.

En cuanto a los plazos, fines octubre aparece como un momento deseable para la discusión de la reforma.

“Ni para después de octubre, ni antes de noviembre”, bromeó un funcionario con responsabilidades políticas, que no dejó pasar un nuevo ingrediente que podría complicar o facilitar la discusión, según las artes que emplee el oficialismo: con esos plazos, la discusión electoral se verá entrelazada con el debate y los intercambios alrededor del presupuesto 2027, que debería enviarse al Congreso este martes.

En el Gobierno tomaron nota de la advertencia que lanzó la semana pasada la Cámara Nacional Electoral (CNE). A través de una acordada, indicó que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales.

En otras palabras, la Cámara señaló que la reforma electoral debería concretarse antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.

“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.

La convocatoria del martes

Al momento de convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bullrich volvió a advertir las dificultades que enfrenta el proyecto oficialista para suspender o eliminar las PASO.

“No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos”, respondió la senadora ante una consulta de sobre si ya había conseguido los votos para suspender las primarias.

“Por eso vamos, a empezar con la reforma a paso moderado, trayendo invitados, especialistas, discutiendo todas las reformas de la ley de los partidos, políticos, la digitalización de las afiliaciones, y el financiamiento”, agregó la legisladora la pasada semana.

Además de eliminar las PASO e instaurar la ficha limpia, el proyecto del oficialismo reduce el aporte estatal a los partidos y eleva la participación de los aportantes privados, a la vez que impulsa la afiliación digital y eleva los requisitos mínimos de presencia territorial para que los partidos puedan competir en las elecciones