POLITICA
Cristina Kirchner hizo 194 vuelos a Santa Cruz en los cuatro años como vicepresidenta, a cargo del erario público

Guadalupe Vázquez y Federico D. Teijeiro
8‘minutos de lectura
Durante los 12 años consecutivos del primer kirchnerismo el uso discrecional de los aviones presidenciales, que iban desde Buenos Aires a Río Gallegos o El Calafate, generó polémica y causas judiciales. Los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner marcaron un regreso a esa dinámica. No tanto por la actividad del Presidente, sino por el uso que hicieron tanto la primera dama, Fabiola Yáñez, como la propia vicepresidenta y, hasta hace unos días, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
El caso de Cristina Kirchner retrata la magnitud de este uso discrecional de la flota presidencial: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate, a 3000 kilómetros de la Casa Rosada y del Congreso. Para ello, la vicepresidenta no solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.
El gasto total de esos viajes -en promedio, uno por semana- le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cìvica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.
Ahora accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación -a cargo de la logística y traslados del primer mandatario- y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de -entre otras tareas- relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como “Flighradar24″) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.
El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02″ a toda aeronave que traslada a un vicepresidenta.
Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023.
Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al Sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados -cotizados en dólares- fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 -en plena pandemia- por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta el 15 de diciembre de 2020, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz: el fin de semana largo del 1 de mayo, el 2 y 7 de junio y el 25 de julio. Todos ellos en aeronaves de la Agrupación Aérea Presidencial. Con permiso de circulación por ser considerada “trabajadora esencial”, la expresidenta estaba autorizada a viajar, como cualquier funcionario, por motivos laborales. Sin embargo, en ninguno de esos casos tuvo algún tipo de agenda oficial.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” -esto es, vacías- tanto por haber tenido que ir a buscarla al Sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos.
El caso del T-10 y T-11 es curioso: son dos Learjet 60 que habían sido comprados originalmente por la Fuerza Aérea para realizar tareas de verificación aérea, pero fueron rápidamente derivados a Presidencia para traslados vip. Esta “apropiación” por parte de Presidencia de dos aviones que en primera instancia habían sido adquiridos para cumplir tareas relacionadas con la seguridad operacional argentina también fue denunciada ante la Justicia el 14 de octubre por la fundación Apolo, por considerar que el gobierno actuó en desmedro de la prevención de incidentes y accidentes de aviación.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini e incluye a otros asiduos usuarios de los emblemáticos Tango 10 y Tango 11: Yáñez, quien los utilizó para ir a visitar a su familia en Misiones, y Massa, quien los usó para recorrer el país durante su campaña electoral. El costo operativo de los 93 vuelos que realizó el excandidato en campaña, según calculan los expertos consultados, es de no menos de 2.378.074 dólares.

Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal): un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado como LV-KGJ. Este último avión le costó a la compañía 20 millones de dólares. Según fuentes consultadas, era el favorito de Cristina.
Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares sólo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la Bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.
El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la Ciudad de Buenos Aires a La Plata.

Cabe destacar que el uso de la flota aérea presidencial le genera al país más costos que los estrictamente operativos antes mencionados: hace que las aeronaves ingresen a mantenimiento programado antes de tiempo, se descompongan más o necesiten reparaciones menores y utilicen más combustible, entre otros gastos extra. De acuerdo a las licitaciones y contrataciones publicadas por el gobierno en el portal “Compr.Ar”, en este período el Estado debió comprar para la flota presidencial combustible extra, seguros de aeronaves y de hangar, mantenimientos programados, no programados, repuestos y catering. Este último incluyó productos premium de la más alta calidad para degustar a bordo, y un “menú infantil” pedido expresamente ya que, según lo confirmado por fuentes cercanas a LADE, Helena, hija de Florencia Kirchner y nieta de la vicepresidenta, viaja asiduamente con su abuela a Santa Cruz. De acuerdo a fuentes de Presidencia, Cristina viajaba, además de con su nieta, con una niñera, su secretario privado, un custodio y Simón, el caniche que le regaló el gobierno de Venezuela.
Así como el martes la vicepresidenta se despidió del personal del Senado, el próximo domingo, 10 de diciembre, deberá despedirse también de este beneficio.
LA NACION,Política
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Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”

En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.
Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.
“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.
Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.
Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).
“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.
Jorge Macri, Metrodelegados, Subte
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía

“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.
En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.
En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.
“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.
“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.
En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.
Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.
Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.
“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.
Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.
El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.
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Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.
“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.
La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.
El origen del conflicto
El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.
La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.
El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.
El argumento del Estado y la decisión de la Cámara
La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.
Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.
La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.
El trámite que sigue
Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.
La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.
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