La Legislatura porteña convocó a las 11 a una a sesión con un temario que incluye proyectos de fuerte impacto para la vida cotidiana de los vecinos, tanto en el ámbito social como en lo económico.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, envió dos proyectos concretos: el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la Ley Antitrapitos.

La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos, la primera obra que se buscará realizar en la red subterránea en 25 años.

El proyecto contempla la posibilidad de acceder hasta 1.350 millones de dólares mediante financiamiento de organismos multilaterales, entidades financieras y la emisión de títulos de deuda. El objetivo es avanzar con una de las obras de infraestructura más relevantes para la Ciudad de Buenos Aires, orientada a mejorar la conectividad del sistema de transporte, facilitar la movilidad urbana y ampliar la red de subterráneos. La futura línea tendrá como objetivo unir los barrios de Palermo con el de Barracas, para permitir que haya una conexión con el sur de la ciudad más allá de Constitución.

La línea F se extenderá a lo largo de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones:

• Brandsen
• Constitución
• Cochabamba
• Chile
• Congreso
• Corrientes
• Santa Fe/Pizzurno
• Recoleta
• Pueyrredón/Hospital Rivadavia
• Parque Las Heras/Coronel Díaz
• Plaza Italia/Ecoparque
• Pacífico

Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes —A, B, C, D, E y H—, así como con los ferrocarriles Roca (en Plaza Constitución) y San Martín (en Palermo).

Otro proyecto del oficialismo es la Ley Antitrapitos, que plantea aumentar las sanciones para quienes realicen en el espacio público actividades no autorizadas de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios, prácticas conocidas como “trapitos” o “cuidacoches”.

Propuesto por el radicalismo y a través de la legisladora Manuela Thourte, en el temario también surge la iniciativa para la regulación del uso de vapeadores. En específico, la norma busca regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco y nicotina, con el objetivo de limitar su acceso a menores de 18 años.

“Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”, apuntó ayer la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires) desde Infobae a la Tarde.

La agenda de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza también incluyó dos proyectos en el temario de la jornada, ambos con autoría de María del Pilar Ramírez. El primero refiere a una reforma profunda a la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). El proyecto propone desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y ajustar los requisitos técnicos de acuerdo con los avances tecnológicos y la normativa nacional.

Entre los principales cambios, la iniciativa establece que los vehículos particulares 0 kilómetro realizarán la primera VTO a los cinco años del patentamiento, mientras que la frecuencia de las revisiones será cada dos años para unidades de hasta diez años de antigüedad y anual para las más antiguas. El control se organizará mensualmente según el último número de la patente para evitar congestiones. Además, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller, concesionario o importador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.

El proyecto también modifica el régimen de grabado de autopartes, haciéndolo obligatorio en seis partes de la carrocería, con la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo normas técnicas. El precio del grabado deja de estar regulado y los talleres habilitados deben constatar su cumplimiento antes de aprobar la VTO.

La reforma argumenta que un sistema cerrado y regulado eleva los costos sin garantizar mayor seguridad, por lo que el Estado mantendrá funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operatoria comercial.

El otro proyecto del partido violeta es la denominada Ley Hojarasca, que contempla la derogación de más de 20 normas que quedaron desactualizadas, sin aplicación efectiva o resultan redundantes en la gestión administrativa. Además, dispone que las partidas presupuestarias asociadas a estas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el fin de centralizar los recursos y promover una mayor eficiencia en su utilización.

La propuesta también instruye al Poder Ejecutivo a adecuar y armonizar toda la normativa reglamentaria y administrativa que se vea afectada por las derogaciones.

La propuesta del peronismo

Por último, Fuerza por Buenos Aires propone la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad de Buenos Aires, orientado a enfrentar el problema del sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Con autoría del diputado porteño Leandro Santoro, el plan busca restablecer la capacidad de pago de los hogares mediante líneas de crédito especiales con condiciones accesibles. Y que prioriza a quienes presentan mayor vulnerabilidad social, sin comprometer la sostenibilidad financiera del banco ni del presupuesto local.

La medida central es la implementación de una línea de crédito especial exenta de impuestos, destinada exclusivamente a cancelar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Podrán acceder quienes tengan deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, excluyendo a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores a la deuda u operaciones recientes de compra de divisas.

A su vez, el proyecto excluye deudas alimentarias, sanciones personales, obligaciones tributarias, hipotecarias y prendarias, así como las contraídas para la adquisición de vehículos o bienes registrados y aquellas posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El proceso establece la transferencia directa de fondos a los acreedores, la apertura de una ventanilla única física y digital, y una campaña de difusión para facilitar el acceso a la herramienta.

Por último, se prevé un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. Además, se contempla la eventual participación de otras entidades financieras públicas o privadas bajo los mismos estándares del programa.

gente,producto de vapeo de un solo uso,vapeadores

Javier Milei sostiene a Manuel Adorni en el cargo, pero en distintos sectores de la Casa Rosada ya trabajan bajo la hipótesis de una eventual salida del jefe de Gabinete. En Balcarce 50 aseguran que el Presidente no tiene previsto echarlo y que la definición dependerá, en todo caso, de una decisión personal del ministro coordinador. Sin embargo, primeras y segundas líneas del oficialismo reconocen que el caso paraliza la agenda de reformas y obliga a preparar escenarios alternativos.

“Milei no te pide la renuncia si sos cercano. A lo sumo lo hacen Santiago y Karina, pero capaz no te la toma. Lo acepta si anímicamente la persona no puede funcionar”, dijeron a TN en despachos oficiales. La frase muestra cómo leen cerca del oficialismo el vínculo personal del Presidente con Adorni y su resistencia a entregar a un funcionario propio bajo presión opositora, judicial o mediática.

Cerca del funcionario sostienen que sigue en funciones, que prepara su informe ante el Senado y que no analiza renunciar ni aceptar una salida lateral. En el oficialismo, sin embargo, reconocen que “las alarmas están prendidas”.

El primer objetivo del Gobierno fue ganar tiempo en el Senado. Bullrich logró un acuerdo con la oposición dialoguista para postergar una semana la sesión que estaba prevista para este jueves y evitar que el recinto quedara abierto a un pedido inmediato de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo. La Cámara alta volverá a sesionar el 25 de junio, pero como parte del entendimiento se aprobaría una citación a Adorni para el 2 de julio.

Ese punto modifica la estrategia original de la Casa Rosada. La Jefatura de Gabinete había informado que Adorni concurriría el 2 de julio para brindar su informe de gestión, pero el acuerdo parlamentario lo llevaría a presentarse bajo el formato de una interpelación. En los hechos, ya no se trataría solo de exponer datos sobre la marcha del Gobierno, sino de responder preguntas de los senadores sobre su crecimiento patrimonial, sus declaraciones juradas y las contradicciones de sus explicaciones públicas.

En las últimas horas, la mesa política activó movimientos para desmentir los rumores de salida que circularon con fuerza el miércoles por la mañana. El oficialismo intenta sostener una línea común: Adorni sigue, Milei lo respalda y cualquier definición dependerá de una decisión personal del jefe de Gabinete. Pero en privado, varios funcionarios hablan de un desgaste irreversible. “Adorni ya no tiene utilidad como jefe de Gabinete. Eso se rompió”, deslizó un funcionario muy cercano al Presidente.

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El vínculo con Karina Milei también aparece bajo revisión. En Balcarce 50 sostienen que Milei no lo va a soltar, pero en varios despachos advierten que la secretaria general ya no tolera la situación con el mismo respaldo que mostraba semanas atrás. La crisis golpea además a su propio sector: Adorni fue impulsado por el karinismo y su salida sería leída como una derrota interna, en momentos en que la secretaria general busca ordenar el armado partidario, la estrategia electoral y las áreas de gestión.

El gabinete se verá las caras el sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, donde Milei busca una foto de unidad con Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y el resto del gabinete ampliado. En el Gobierno aseguran que Adorni estará presente, aunque algunos funcionarios especulan con que podría no llegar al acto en funciones si la situación se acelera. En Balcarce 50 admiten que una aparición pública puede funcionar como respaldo, pero también como riesgo si recibe una reacción adversa.

En paralelo, el oficialismo puso en marcha un operativo de contención en el Congreso. Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt quedaron involucrados en las conversaciones para frenar o postergar pedidos de interpelación y moción de censura. La prioridad es evitar que el Senado o Diputados se conviertan en el escenario de una derrota política que obligue a Milei a tomar una decisión bajo presión.

La tensión con los aliados es el punto más delicado. En el Gobierno reconocen que PRO, UCR y bloques provinciales no quieren quedar como defensores de Adorni, pero tampoco necesariamente quieren aparecer alineados con una maniobra impulsada por el kirchnerismo. El acuerdo de Bullrich con la oposición dialoguista le dio aire al jefe de Gabinete, pero también dejó en claro que los aliados exigirán una instancia formal de rendición de cuentas.

El impacto también se siente en la comunicación oficial. En la Casa Rosada apostaban a que el inicio del Mundial desplazara el caso del centro de la conversación pública, pero en distintos despachos admiten que el efecto no fue el esperado. La lógica interna es que la explicación de Adorni pudo haber estado pensada para su estrategia judicial, pero no resolvió el problema político ni mediático.

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Adorni, mientras tanto, mantiene reuniones con su círculo íntimo para preparar las líneas discursivas de su reaparición. Todo indica que será directamente el 2 de julio en el Senado. En su entorno quieren que retome las conferencias de prensa y que recupere parte del perfil confrontativo que tuvo como vocero presidencial, pero en otros sectores del Ejecutivo creen que ese esquema ya no es viable. “La gente ya no lo tolera. Hay que bajar el perfil”, agregan en Nación.

La discusión sobre su futuro ocurre además en medio de nombres que empiezan a circular como posibles reemplazantes. En distintos despachos mencionan a Sandra Pettovello y Pablo Quirno, aunque en la Casa Rosada insisten en que no hay una conversación formal ni una decisión tomada. Hay movimientos internos que indican que ya trabajan sobre escenarios posteriores, aun mientras la línea oficial repite que Adorni sigue.

El Gobierno quedó así atrapado entre dos estrategias. Hacia afuera, sostiene al jefe de Gabinete, busca mostrar unidad en Rosario y prepara una contraofensiva para el informe del Senado. Hacia adentro, admite que el caso paraliza la agenda, enciende alarmas con los aliados y obliga a prever un reemplazo si la presión escala. La decisión final sigue en manos de Milei, pero en Balcarce 50 ya nadie trata el caso Adorni como una crisis administrable solo con silencio, Mundial y respaldo presidencial.

Javier Milei, Manuel Adorni

El peronismo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar en un proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por Leandro Santoro, y que respaldan también la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas más bajas y plazos más extensos. Según supo Infobae, LLA se opondrá, aunque se comprometió a habilitar el tratamiento sobre tablas, y se prevé que se apruebe en la sesión de este jueves en la Legislatura.

La iniciativa establece que el Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran podrán otorgar créditos de refinanciación con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. El beneficio está dirigido a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, con foco en quienes acumulen atrasos de entre 60 y 180 días. Quedan excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión de la banca privada, el texto prevé una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Según las proyecciones de la iniciativa, una familia con ingresos de $3,68 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar alrededor de $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses frente a una refinanciación a tasas de mercado.

El proyecto de Santoro, pero sobre todo el aval de casi todo el espectro político porteño, replica la tendencia que se repite en varias provincias del país, impulsada por el avance sostenido de la morosidad, uno de los puntos débiles del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. La mora de las familias marcó un nuevo récord en abril y ya hay 5,3 millones de personas con problemas para pagar sus deudas.

Y responde, además, a la necesidad de los principales espacios políticos de mostrar capacidad de gestión y sensibilidad ante demandas urgentes de la sociedad. Eso acercó posiciones entre bloques con posiciones históricamente enfrentadas. “Los libertarios estaban furiosos por ese acuerdo con el PRO”, sostuvo un dirigente peronista ante la consulta de Infobae. Desde la bancada oficialista, a su vez, ironizaron: “Todo lo que es desendeudamiento, los libertarios deberían bancarlo, salvo que para ellos sea un gasto”. Desde LLA aseguran que el proyecto responde al acuerdo político entre Jorge Macri y Juan Manuel Olmos, peronista todo terreno, histórico del PJ porteño.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) puso en marcha un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual, con tasas de entre el 45% y el 70% según el plazo —de hasta 60 meses— y acceso tanto para empleados estatales como privados que cobren sus haberes en la entidad. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia (Bapro) ofrece refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses, y el gobierno bonaerense anunció recientemente una línea adicional con tasas del 39% anual para deudas con hasta 90 días de atraso y del 31% para casos de sobreendeudamiento con mora superior a ese período.

En Corrientes, el gobierno del gobernador Gustavo Valdés lanzó «Corrientes Sostiene“, un plan con una asistencia financiera superior a los $130.000 millones que permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales, con alcance a unos 89.000 correntinos.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalaqua prorrogó un esquema similar en conjunto con el Banco Macro, con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con mora en tarjetas y préstamos.

A nivel legislativo, el senador peronista mendocino Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”, con plazos de entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y el mismo límite de acceso que la iniciativa porteña: ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos.

En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsó el proyecto PL014/2026, orientado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut, con un fondo de garantía para subsidiar tasas y facilitar el acceso al crédito de refinanciación.

Este tipo de discusiones se analizan en el Congreso desde hace varios meses. Se fueron acumulando en paralelo a la gestión económica. Hay proyectos del peronismo, de Provincias Unidas, del bloque Coherencia, y también del PRO, preocupado por el crecimiento de las deudas, y que viene con una estrategia política de diferenciarse del gobierno nacional en temas puntuales. Quizá, la situación de Manuel Adorni es el mejor ejemplo: el partido liderado por Mauricio Macri ya anticipó que acompañará una eventual interpelación o moción de censura contra el Jefe de Gabinete si continúa en el Gobierno.

El proyecto de desendeudamiento no será el único tema en la agenda legislativa porteña. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista una sesión en la que se tratarán, además, el financiamiento de la Línea F de subte, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el proyecto conocido como «Hojarasca» —ambos de La Libertad Avanza (LLA)—, y la regulación de los denominados «trapitos». La sesión también contempla el ingreso de pliegos para la designación del defensor del pueblo, el fiscal general y las autoridades del ente regulador de la Ciudad.