POLITICA
El peronismo, el PRO, la UCR y el bloque de Larreta negociaron un proyecto para refinanciar deudas en CABA
El peronismo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar en un proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por Leandro Santoro, y que respaldan también la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas más bajas y plazos más extensos. Según supo Infobae, LLA se opondrá, aunque se comprometió a habilitar el tratamiento sobre tablas, y se prevé que se apruebe en la sesión de este jueves en la Legislatura.
La iniciativa establece que el Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran podrán otorgar créditos de refinanciación con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. El beneficio está dirigido a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, con foco en quienes acumulen atrasos de entre 60 y 180 días. Quedan excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.
Para incentivar la adhesión de la banca privada, el texto prevé una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Según las proyecciones de la iniciativa, una familia con ingresos de $3,68 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar alrededor de $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses frente a una refinanciación a tasas de mercado.
El proyecto de Santoro, pero sobre todo el aval de casi todo el espectro político porteño, replica la tendencia que se repite en varias provincias del país, impulsada por el avance sostenido de la morosidad, uno de los puntos débiles del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. La mora de las familias marcó un nuevo récord en abril y ya hay 5,3 millones de personas con problemas para pagar sus deudas.
Y responde, además, a la necesidad de los principales espacios políticos de mostrar capacidad de gestión y sensibilidad ante demandas urgentes de la sociedad. Eso acercó posiciones entre bloques con posiciones históricamente enfrentadas. “Los libertarios estaban furiosos por ese acuerdo con el PRO”, sostuvo un dirigente peronista ante la consulta de Infobae. Desde la bancada oficialista, a su vez, ironizaron: “Todo lo que es desendeudamiento, los libertarios deberían bancarlo, salvo que para ellos sea un gasto”. Desde LLA aseguran que el proyecto responde al acuerdo político entre Jorge Macri y Juan Manuel Olmos, peronista todo terreno, histórico del PJ porteño.
En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) puso en marcha un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual, con tasas de entre el 45% y el 70% según el plazo —de hasta 60 meses— y acceso tanto para empleados estatales como privados que cobren sus haberes en la entidad. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia (Bapro) ofrece refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses, y el gobierno bonaerense anunció recientemente una línea adicional con tasas del 39% anual para deudas con hasta 90 días de atraso y del 31% para casos de sobreendeudamiento con mora superior a ese período.
En Corrientes, el gobierno del gobernador Gustavo Valdés lanzó «Corrientes Sostiene“, un plan con una asistencia financiera superior a los $130.000 millones que permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales, con alcance a unos 89.000 correntinos.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalaqua prorrogó un esquema similar en conjunto con el Banco Macro, con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con mora en tarjetas y préstamos.
A nivel legislativo, el senador peronista mendocino Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”, con plazos de entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y el mismo límite de acceso que la iniciativa porteña: ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos.
En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsó el proyecto PL014/2026, orientado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut, con un fondo de garantía para subsidiar tasas y facilitar el acceso al crédito de refinanciación.
Este tipo de discusiones se analizan en el Congreso desde hace varios meses. Se fueron acumulando en paralelo a la gestión económica. Hay proyectos del peronismo, de Provincias Unidas, del bloque Coherencia, y también del PRO, preocupado por el crecimiento de las deudas, y que viene con una estrategia política de diferenciarse del gobierno nacional en temas puntuales. Quizá, la situación de Manuel Adorni es el mejor ejemplo: el partido liderado por Mauricio Macri ya anticipó que acompañará una eventual interpelación o moción de censura contra el Jefe de Gabinete si continúa en el Gobierno.
El proyecto de desendeudamiento no será el único tema en la agenda legislativa porteña. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista una sesión en la que se tratarán, además, el financiamiento de la Línea F de subte, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el proyecto conocido como «Hojarasca» —ambos de La Libertad Avanza (LLA)—, y la regulación de los denominados «trapitos». La sesión también contempla el ingreso de pliegos para la designación del defensor del pueblo, el fiscal general y las autoridades del ente regulador de la Ciudad.
POLITICA
Sueños Compartidos: el fiscal pidió la pena máxima para Julio De Vido, los hermanos Schoklender y José López
El fiscal federal Diego Velasco pidió este miércoles una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la causa Sueños Compartidos.
Por otra parte, una pena de cuatro años para el resto de los imputados.
El juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py entró en la recta final y en la jornada de este miércoles el fiscal expuso sus alegatos por más de 10 horas.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Velasco sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
La causa investiga además la realización de obras públicas con sobreprecios y, en algunos casos, sin licitación.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre.
Están imputados también los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
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La acusación sostiene que los fondos fueron asignados para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”, pero que gran parte del dinero fue desviado mediante un sistema de contrataciones irregulares que benefició a los administradores de la Fundación y a funcionarios del área de Obras Públicas.
Tras la exposición de la fiscalía, las audiencias continuarán con los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, y posteriormente con las exposiciones de los abogados defensores.
Las claves del juicio
- El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
- Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
- De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
Sueños Compartidos, Julio De Vido, José López
POLITICA
Cómo funciona el mecanismo de shutdown en EE.UU. y por qué los demócratas acusan a Trump de usarlo políticamente
WASHINGTON.- El adelanto del presidente Javier Milei de que el Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown (como se denomina al cierre del gobierno federal) al estilo norteamericano para ser aplicado en la Argentina llevó inevitablemente las miradas a los últimos casos que se registraron en la segunda administración de Donald Trump, el principal aliado internacional del líder libertario.
En los últimos tiempos, sobre todo con el shutdown récord de 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasados, los cierres del gobierno -totales o parciales- avivaron la polarización en el Congreso norteamericano.
En el Capitolio se dispararon duras acusaciones de la oposición demócrata a los republicanos por el uso de la medida, por parte de la Casa Blanca, como una herramienta de presión política y para reestructurar, de paso, las agencias federales.
En Estados Unidos, el cierre del gobierno se produce cuando la legislación necesaria para financiarlo no se promulga a tiempo en el Congreso antes del inicio del siguiente año fiscal (van del 1 de octubre al 30 de septiembre). En el lapso que dura el shutdown, se restringen las actividades y servicios de agencias federales, se suspenden operaciones no esenciales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores, entre otras restricciones que afectan la vida diaria de millones de personas.
El cierre se termina una vez que los legisladores de ambos partidos alcanzan un nuevo acuerdo. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, en el Senado no cuentan con los 60 votos necesarios para superar el bloqueo parlamentario y aprobar la ley de gastos sin el apoyo de al menos un puñado de demócratas.
El año pasado, varios legisladores demócratas apuntaron contra el gobierno republicano por “tomar a los estadounidenses como rehenes” en la disputa presupuestaria, mientras que Trump ha responsabilizado a la oposición de bloquear fondos por los desacuerdos en políticas de salud, migración y recortes de gastos.
“Reducir el tamaño del gobierno”
“Buscaremos oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal”, había advertido el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, uno de los principales señalados por los demócratas por el presunto uso de la parálisis gubernamental como justificación legal para amenazar con el despido permanente de miles de empleados federales “no esenciales” y debilitar el aparato estatal tradicional.
“En conjunto, las acciones del gobierno pusieron de manifiesto los riesgos y las consecuencias de un estancamiento fiscal prolongado bajo Trump. Con una visión expansiva del Poder Ejecutivo, el presidente no escatimó oportunidades en su segundo mandato para cerrar agencias, reducir la fuerza de trabajo federal y reconfigurar el presupuesto, con tácticas agresivas que pusieron a prueba a los tribunales y que a veces desafiaron al Congreso”, analizó The New York Times sobre el shutdown total del año pasado.
Tras convertirse en el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, en noviembre pasado un grupo de senadores demócratas moderados rompieron filas con su partido para unirse a los republicanos y aprobar una medida de gasto que reabrió el gobierno federal, lo que generó tensiones internas dentro del liderazgo opositor.
En Estados Unidos también hubo cierres de gobierno parciales, que afectan a agencias particulares. Un caso emblemático se produjo este año, entre el 14 de febrero y el 30 de abril, cuando durante 76 días un shutdown afectó principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por las fuertes disputas en el Congreso sobre la política migratoria del gobierno.
Los demócratas bloquearon la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para exigir reformas operativas y rechazar las estrictas políticas migratorias de la administración Trump, uno de sus principales ejes de campaña.
Los republicanos, por su parte, se negaban a aprobar la ley de financiación a menos que incluyera un respaldo total a esas agencias, lo que dio lugar a un extenso bloqueo.
La asignación y el control de los fondos gubernamentales para Estados Unidos son responsabilidad del Congreso, que inicia el proceso con la propuesta de un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias que determina los niveles de gasto para cada agencia federal y programa gubernamental.
La versión final es sometida a votación de la Cámara de Representantes y del Senado, y una vez aprobada por ambas cámaras, es enviada al presidente para su promulgación.
Al explicar la iniciativa del Gobierno -que se remitiría al Congreso como un proyecto de ley-, Milei afirmó en el streaming Neura que implicaría que si el presupuesto pautado se agotara, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública. El mandatario no dio más detalles al respecto, pero luego trató la iniciativa con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, hasta donde llegaron el martes Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.
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POLITICA
Cristina Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de casi $16 millones, mientras el Gobierno espera una decisión de la Corte
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia, mientras el Gobierno mantuvo abierta la disputa judicial para que la Corte Suprema dejara sin efecto ese beneficio. Según información a la que accedió Infobae, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá la prestación, aunque ya interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal y esperó una definición sobre el fondo de la controversia.
La decisión implicó que el organismo previsional cumpliera la orden judicial vigente sin modificar la estrategia que sostuvo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex mandataria. En la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resultó incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.
Información oficial a la que accedió Infobae indicó que el haber mensual bruto correspondiente al beneficio ascendió a $15.683.154,06, monto sobre el que se practicarán los descuentos previstos por la legislación vigente.
La liquidación incluyó, además, una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de los fondos que la ANSES sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente. Ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.
Descuentos y exclusión del adicional por zona austral
Ese no será el único recorte. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo consideró que ese suplemento no correspondió porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.
De esa manera, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.
La resolución administrativa constituyó el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES. El organismo, sin embargo, dejó asentado ante la Justicia que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revisara esa resolución.
Cómo se originó la disputa judicial
La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la consecuente inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.
Cristina Kirchner cuestionó esa decisión en la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.
Esa resolución fue recurrida por la ANSES mediante un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. A partir de esa decisión, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, expediente que se encontró bajo análisis del máximo tribunal.
Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte
En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no es vinculante para los jueces, representó el último paso procesal antes de que el máximo tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.
Mientras esa definición permaneció pendiente, la ANSES deberá ejecutar la medida cautelar y restablecer el pago de la pensión. El expediente quedará atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta; por otro, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la validez de la cautelar y el alcance que una condena firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes.
La resolución que finalmente adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno consideró de fuerte impacto institucional.
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