POLITICA
Manuel Adorni prepara su defensa en el Senado, pero en el Gobierno admiten que su caso generó desgaste interno
Javier Milei sostiene a Manuel Adorni en el cargo, pero en distintos sectores de la Casa Rosada ya trabajan bajo la hipótesis de una eventual salida del jefe de Gabinete. En Balcarce 50 aseguran que el Presidente no tiene previsto echarlo y que la definición dependerá, en todo caso, de una decisión personal del ministro coordinador. Sin embargo, primeras y segundas líneas del oficialismo reconocen que el caso paraliza la agenda de reformas y obliga a preparar escenarios alternativos.
“Milei no te pide la renuncia si sos cercano. A lo sumo lo hacen Santiago y Karina, pero capaz no te la toma. Lo acepta si anímicamente la persona no puede funcionar”, dijeron a TN en despachos oficiales. La frase muestra cómo leen cerca del oficialismo el vínculo personal del Presidente con Adorni y su resistencia a entregar a un funcionario propio bajo presión opositora, judicial o mediática.
Cerca del funcionario sostienen que sigue en funciones, que prepara su informe ante el Senado y que no analiza renunciar ni aceptar una salida lateral. En el oficialismo, sin embargo, reconocen que “las alarmas están prendidas”.
El primer objetivo del Gobierno fue ganar tiempo en el Senado. Bullrich logró un acuerdo con la oposición dialoguista para postergar una semana la sesión que estaba prevista para este jueves y evitar que el recinto quedara abierto a un pedido inmediato de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo. La Cámara alta volverá a sesionar el 25 de junio, pero como parte del entendimiento se aprobaría una citación a Adorni para el 2 de julio.
Ese punto modifica la estrategia original de la Casa Rosada. La Jefatura de Gabinete había informado que Adorni concurriría el 2 de julio para brindar su informe de gestión, pero el acuerdo parlamentario lo llevaría a presentarse bajo el formato de una interpelación. En los hechos, ya no se trataría solo de exponer datos sobre la marcha del Gobierno, sino de responder preguntas de los senadores sobre su crecimiento patrimonial, sus declaraciones juradas y las contradicciones de sus explicaciones públicas.
En las últimas horas, la mesa política activó movimientos para desmentir los rumores de salida que circularon con fuerza el miércoles por la mañana. El oficialismo intenta sostener una línea común: Adorni sigue, Milei lo respalda y cualquier definición dependerá de una decisión personal del jefe de Gabinete. Pero en privado, varios funcionarios hablan de un desgaste irreversible. “Adorni ya no tiene utilidad como jefe de Gabinete. Eso se rompió”, deslizó un funcionario muy cercano al Presidente.
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El vínculo con Karina Milei también aparece bajo revisión. En Balcarce 50 sostienen que Milei no lo va a soltar, pero en varios despachos advierten que la secretaria general ya no tolera la situación con el mismo respaldo que mostraba semanas atrás. La crisis golpea además a su propio sector: Adorni fue impulsado por el karinismo y su salida sería leída como una derrota interna, en momentos en que la secretaria general busca ordenar el armado partidario, la estrategia electoral y las áreas de gestión.
El gabinete se verá las caras el sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, donde Milei busca una foto de unidad con Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y el resto del gabinete ampliado. En el Gobierno aseguran que Adorni estará presente, aunque algunos funcionarios especulan con que podría no llegar al acto en funciones si la situación se acelera. En Balcarce 50 admiten que una aparición pública puede funcionar como respaldo, pero también como riesgo si recibe una reacción adversa.
En paralelo, el oficialismo puso en marcha un operativo de contención en el Congreso. Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt quedaron involucrados en las conversaciones para frenar o postergar pedidos de interpelación y moción de censura. La prioridad es evitar que el Senado o Diputados se conviertan en el escenario de una derrota política que obligue a Milei a tomar una decisión bajo presión.
La tensión con los aliados es el punto más delicado. En el Gobierno reconocen que PRO, UCR y bloques provinciales no quieren quedar como defensores de Adorni, pero tampoco necesariamente quieren aparecer alineados con una maniobra impulsada por el kirchnerismo. El acuerdo de Bullrich con la oposición dialoguista le dio aire al jefe de Gabinete, pero también dejó en claro que los aliados exigirán una instancia formal de rendición de cuentas.
El impacto también se siente en la comunicación oficial. En la Casa Rosada apostaban a que el inicio del Mundial desplazara el caso del centro de la conversación pública, pero en distintos despachos admiten que el efecto no fue el esperado. La lógica interna es que la explicación de Adorni pudo haber estado pensada para su estrategia judicial, pero no resolvió el problema político ni mediático.
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Adorni, mientras tanto, mantiene reuniones con su círculo íntimo para preparar las líneas discursivas de su reaparición. Todo indica que será directamente el 2 de julio en el Senado. En su entorno quieren que retome las conferencias de prensa y que recupere parte del perfil confrontativo que tuvo como vocero presidencial, pero en otros sectores del Ejecutivo creen que ese esquema ya no es viable. “La gente ya no lo tolera. Hay que bajar el perfil”, agregan en Nación.
La discusión sobre su futuro ocurre además en medio de nombres que empiezan a circular como posibles reemplazantes. En distintos despachos mencionan a Sandra Pettovello y Pablo Quirno, aunque en la Casa Rosada insisten en que no hay una conversación formal ni una decisión tomada. Hay movimientos internos que indican que ya trabajan sobre escenarios posteriores, aun mientras la línea oficial repite que Adorni sigue.
El Gobierno quedó así atrapado entre dos estrategias. Hacia afuera, sostiene al jefe de Gabinete, busca mostrar unidad en Rosario y prepara una contraofensiva para el informe del Senado. Hacia adentro, admite que el caso paraliza la agenda, enciende alarmas con los aliados y obliga a prever un reemplazo si la presión escala. La decisión final sigue en manos de Milei, pero en Balcarce 50 ya nadie trata el caso Adorni como una crisis administrable solo con silencio, Mundial y respaldo presidencial.
Javier Milei, Manuel Adorni
POLITICA
Tensa discusión con insultos entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch: “No te hagas el canchero”
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se convirtió en escenario de una discusión cargada de tensión entre los diputados Juan Grabois (Fuerza Patria) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), durante el debate sobre los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.
Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.
El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.
La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.
Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela… Pero si querés que me apure…”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.
La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.
El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts
Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.
Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.
Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.
Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.
El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.
El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.
Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos».
En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.
La agenda legislativa y el caso Adorni
El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.
El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.
En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede a Pilar. La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
La AFA se había presentado en la Justicia en rechazo a la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La institución consideró que la designación de funcionarios ajenos a su estructura es una medida “ilegítima”, tomada con una “finalidad política ajena a la ley”.
Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y determinó que los controles de la institución pasan a estar bajo la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Fue a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en jurisdicción bonaerense.
Para el tribunal “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en relación a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que depende del gobierno de Axel Kicillof.
El tribunal admitió las quejas de la AFA, declaró “la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – ‘Asociación del Fútbol Argentino’ del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
La cámara consideró que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras, sobre su par, organismo que goza de las mismas facultades de control y fiscalización dentro del ámbito de su jurisdicción en la cual no tenía competencia la Inspección General de Justicia».
AFA
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